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Confieso que cuando leí el título del libro más reciente de John Ackerman, El mito de la transición democráticaNuevas coordenadas para la transformación del régimen mexicano (México, Planeta, 2015), me sedujo de inmediato. Pensé entonces en las tesis de otros analistas que también han buscado desmitificar la supuesta transición mexicana, como Lorenzo Meyer en su libro Nuestra tragedia persistente. La democracia autoritaria en México, o Jo Tuckman en su México, democracia interrumpida, o incluso mi propia tentativa en El evangelio de la transición (autores y obras que por lo demás brillan por su ausencia en dicho trabajo). Más aún, el título de Ackerman es de esos que a más de un analista nos hubiera gustado emplear en alguno de nuestros libros sobre el tema. Sin embargo, a poco andar en la lectura del libro de Ackerman, el lector se percata sin remedio de que se trata de un nuevo panfleto —como si no hubiera suficientes— a favor de Andrés Manuel López Obrador, un pasquín sin análisis ni reflexión seria, un libelo propagandístico sin pies ni cabeza igual de frívolo, superficial y tendencioso que los análisis de otros autores que Ackerman deplora sin mencionar —en un signo de prudencia del autor que contrasta con el tono envalentonado de sus afirmaciones— por ser unos “viles manipuladores y serviles” del “Estado corrupto mexicano”. Es una lástima que el politólogo Ackerman no entienda que no se puede pretender desmitificar un mito desde otro mito, por más persuasivo que éste sea, pues el resultado no puede ser otro que un panegírico. En ese sentido, lo mejor hubiera sido que Ackerman titulara su libro como: “Manifiesto para derrocar al mal gobierno y colocar en su lugar al nuevo salvador de la patria”, así, al menos, el lector sabría a qué atenerse antes de desembolsar su lana para comprarlo (sobre todo los más desprotegidos que tanto azuza Ackerman, que tendrían que gastar tres días de salario mínimo para comer propaganda mesiánica).

Por momentos el libro de Ackerman me recuerda por su tono radical y encendido a algunos trabajos de viejos marxistas mexicanos en los años sesenta y setenta del siglo pasado que buscaban afanosamente develar los resortes autoritarios, nacionalistas y oligárquicos del Estado posrevolucionario, pero reconociéndole en todo momento, por paradójico que parezca, el mérito de haber enarbolado la etérea justicia social como uno de sus postulados fundacionales, aunque en la práctica ello no pasara de ser pura propaganda. Pienso, por ejemplo, en Adolfo Gilly, Pablo González Casanova, Arnaldo Córdova, Carlos Pereyra y, un poco antes, José Revueltas, entre muchos otros. Sin embargo, a diferencia de estos autores, en el libro de Ackerman no hay teoría (ni marxista ni de cualquier otra) ni análisis, sólo un recuento de hechos deshilvanados y frases incendiarias que le permiten al autor justificar la necesidad de un nuevo alzamiento popular en contra de los malosos, o sea: el “neoliberalismo autoritario del Estado mexicano corrupto, impopular y entreguista a los Estados Unidos” (sic). Al menos, los viejos marxistas habían leído apasionadamente a Marx, Lenin, Trotsky, Gramsci, Mao…, y los citaban con profusión para argumentar a favor de sus interpretaciones de la realidad y sus convicciones políticas. Pienso por ejemplo en el famoso libro de José Revueltas, Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, aplaudido por propios y extraños no tanto por su análisis demasiado tendencioso del comunismo en México sino por su dominio incuestionable del pensamiento marxista, un auténtico deleite para los que en esa época gustaban de los debates teóricos de izquierda. Lejos de ello, Ackerman aparece en su libro como un advenedizo del marxismo, alguien que se dice de izquierda pero que no conoce ni cita a sus padres y cultivadores intelectuales, alguien que sólo repite de oídas lo que otros le han contado, un marxista de ocasión, lo que lo convierte en un pseudocrítico del establishment igual de tendencioso y superficial que los que lo defienden a ultranza y que él dice criticar. En suma, quien se aproxime a las páginas del libro de Ackerman solo encontrará en ellas propaganda subversiva, un ejemplo fehaciente del pensamiento simple, del infantilismo de izquierda más ramplón y obtuso y que por lo visto se niega a morir: capitalista malo/proletario bueno; derecha mala/izquierda buena; gobierno malo/pueblo bueno… La verdad, se necesita mucho más que un manifiesto insustancial como éste para mover a las conciencias hacia un cambio de actitud a favor de una transformación del país en todos los órdenes, como pretende Ackerman, por más necesaria y trascendental que sea ésta en el actual momento nacional de excesos autoritarios, crisis política, desvaríos socioeconómicos y tumbos gubernamentales.

La ausencia de teoría y reflexión en el libro de Ackerman lo lleva a defender de principio a fin ideas francamente insustanciales, por superficiales e imprecisas. Por ello, para no extenderme demasiado, sólo concentraré mi crítica en dos o tres ideas centrales del autor. Comencemos con la tesis que da título al libro: el mito de la transición democrática. Según Ackerman, con el regreso del PRI al poder en el 2012 y la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia “se ha consolidado el sistema corrupto de autoritarismo neoliberal en el poder”, vigente desde la fundación del PRI. Por ello, más que transición a la democracia lo que tuvimos fue “la infiltración de la lógica priista en toda la oposición”, incluida la que llegó al poder en el 2000, o sea el PAN, y más recientemente el PRD al decidir sus dirigentes firmar con el PRI y el PAN las “contrarreformas entreguistas y antipopulares de Peña Nieto”. Por eso, prosigue Ackerman, el regreso del PRI al poder en el 2012 fue un “desenlace natural” de este proceso. Además, afirma el autor sin chistar —aunque no presente ninguna prueba de ello—, existió un pacto secreto entre Carlos Salinas de Gortari, el PRI, el PAN y Vicente Fox para perpetuar al régimen priista, incluso sin el PRI. Muestra de ello es que los respectivos gabinetes de los panistas Fox y Felipe Calderón estaban llenos de priistas, ergo el PRI y el PAN son iguales, o sea son el PRIAN (“PRIANRD”, si añadimos al PRD en la misma mafia, corrige más adelante el autor). La verdad no se si tenga caso siquiera criticar argumentos tan obtusos como estos. En fin…

Habría que destacar primero que si el PAN en el poder no satisfizo a nadie, pues, entre otras cosas, no estuvo a la altura del desafío que representaba la alternancia después de setenta años de dictadura priista y evadió encabezar la realización de un pacto nacional que definiera para el país un nuevo ordenamiento institucional democrático que hiciera tabla rasa del viejo régimen autoritario, o sea una nueva Constitución, no es razón suficiente para descalificar en automático la alternancia. En los hechos, la alternancia existió y no se puede invalidar por el hecho de que el partido que sustituyó al PRI en el poder fuera un partido de derecha y no uno de izquierda, como sugiere en algún lugar Ackerman, con más vísceras que sesos. Si acaso, se puede descalificar al PAN por, una vez en el poder, haberse acomodado convenientemente a la normatividad vigente de naturaleza autoritaria (naturaleza definida no tanto por el espíritu liberal y social de la Constitución del 17 sino por las más de 400 reformas que sufrió ésta durante setenta años para asegurar la reproducción en el poder de la clase gobernante) sin intentar transformarla un ápice, pero no a la alternancia en sí misma, que como tal marca un punto de inflexión incuestionable entre el viejo régimen priista y un nuevo régimen democrático in nuce. El problema está en que el PAN en el poder y los gobiernos emanados de ese partido no quisieron o no pudieron construir el nuevo régimen, auspiciando en su lugar la afirmación de un híbrido institucional y normativo a medio camino entre el autoritarismo y la democracia, un ordenamiento que hereda muchas de las lógicas autoritarias del viejo régimen, pues nunca se intentó derogarlas mediante una nueva Constitución, y prácticas electorales más competitivas y plurales que en alguna medida permiten la alternancia entre distintas fuerzas políticas, aunque ni siquiera los comicios en nuestro país han conquistado la credibilidad y la autenticidad mínimas como para considerarlos legítimos y correctos, cuestión esta última que habrá que concederle a Ackerman (…y a cincuenta millones de mexicanos que piensan lo mismo). Por otra parte, cuestionar al PAN en el poder, como lo hace el autor, por seguir las políticas “entreguistas” propias del neoliberalismo autoritario a favor de los intereses de una pequeña elite económica y política, según los criterios instrumentados desde los tiempos de Salinas de Gortari, es un despropósito, pues el PAN es un partido de derecha al que no se le puede pedir lo contrario sin traicionarse a sí mismo, pese a la doctrina social católica que profesó en sus orígenes remotos.

En suma, caracterizar el momento político que vive el país después de la alternancia del 2000 y del retorno del PRI al poder en el 2012 exige mucho más que intuiciones y ocurrencias, sobre todo si se emplean las categorías provenientes de la literatura sobre transiciones a la democracia, la cual el autor simplemente ignora o pasa por alto. Como he dicho en otras partes, se puede o no estar de acuerdo con dicha literatura especializada (yo en lo personal difiero en muchas cosas), pero si se van a emplear sus categorías con fines de análisis se debe hacer correctamente, o sea con rigor y objetividad, para evitar violencias interpretativas o caracterizaciones interesadas y a modo, como la que ensaya el propio Ackerman en su libro.

No es este el lugar para desarrollar una caracterización exhaustiva del caso mexicano con las exigencias que impone la teoría de las transiciones. Baste señalar que todos los que recurren a la misma concluyen que la alternancia del 2000 en México marcó el fin de la “transición democrática” y el inicio de la “instauración democrática”, o sea la etapa de destitución autoritaria y de discusión y aprobación de una nueva normatividad (generalmente una nueva Constitución) acorde con las exigencias y la necesidades de un nuevo ordenamiento de naturaleza democrática. Sin embargo, por muchas razones en las que no me detendré aquí, la instauración no prosperó, posponiéndose indefinidamente la construcción de una auténtica democracia e instalando al país, como ya dijimos, a medio camino entre el autoritarismo y la democracia. Prueba de ello es que ni las elecciones, que fueron el eje que definió los tiempos y el ritmo de la transición democrática en el país, o sea todas las reformas electorales desde 1977 al 2000, han conquistado la legitimidad y la autenticidad que exige cualquier democracia electoral. Obviamente, en este contexto de incertidumbres y dudas, de resabios autoritarios e impulsos democráticos que no logran despuntar, el regreso del PRI al poder no hace sino alimentar más dudas. Al respecto, todo parece indicar que al regresar el PRI al poder sin haberse instaurado una nueva normatividad claramente democrática, el país se aproxima más a una peligrosa regresión autoritaria que a la posibilidad de retomar el camino sinuoso y hasta ahora inconcluso de una instauración democrática.

En suma, por estos desenlaces, la teoría de las transiciones podría concederle a Ackerman que la transición ha sido un mito. Sin embargo, en honor a la precisión, lo que no se ha concretado en México no es la transición en sí misma sino la construcción de la democracia después de la alternancia. Más específicamente, lo que no prosperó en México a diferencia de todas las transiciones exitosas en el mundo fue el pacto entre todos los actores —tanto los del viejo régimen como los emergentes—, que diera lugar a una reforma integral de la Constitución, o sea a una nueva normatividad democrática en sustitución de la normatividad autoritaria precedente. En lugar de ello, es fácil inferir que el regreso del PRI al poder nos acerca más al autoritarismo que a la democracia, aunque en estricto sentido ello no sea un derrotero definitivo. Obviamente, en ese escenario, estaremos atestiguando no el mito de la transición, pues ésta sí existió, sino una “instauración democrática fallida”, o sea una instauración que al no concretarse coloca al país en la antesala de una regresión autoritaria o incluso de una restauración autoritaria, en caso de que volviéramos en unos cuantos años al esquema de partido hegemónico del siglo pasado.

Por otra parte, afirmar que con Peña Nieto “se ha consolidado el sistema corrupto de autoritarismo neoliberal en el poder”, es inexacto. En efecto, si algo caracteriza el presente mexicano es que nada está consolidado, mucho menos el actual régimen político, que experimenta una de las peores crisis de su historia, a juzgar por el débil apoyo que conserva el actual titular del ejecutivo y el repudio que concita el gobierno en su conjunto por sus muchas inconsistencias y excesos. Si algún día el así llamado por Ackerman “régimen autoritario neoliberal” se consolidó en México, fue precisamente durante el gobierno de Salinas de Gortari, que a pesar de impulsar políticas claramente neoliberales y excluyentes para las mayorías llegó a tener una gran legitimidad y respaldo popular, al menos hasta la irrupción del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) en el escenario nacional y el tristemente célebre “error de diciembre”. Ackerman debería saber que hablar de “consolidación” supone para un gobierno o un régimen o un líder apoyo popular (legitimidad) y estabilidad por más impopulares y arbitrarias que sean sus políticas económicas y sociales, o por más autoritario que sea en los hechos, pero eso es mucho pedir a un analista de ocurrencias.

Finalmente, decir que más que transición a la democracia lo que tuvimos fue “la infiltración de la lógica priista en toda la oposición” también es incorrecto, pues el PRI se sostuvo durante décadas con oposiciones leales y sistémicas, y sólo empezó a modificar sus patrones de competencia cuando una parte de la oposición pasó a ser desleal y antisistémica. Que en los hechos la mayoría de los partidos haya optado en los tiempos recientes por abandonar sus propias estrategias y convicciones ideológicas particulares para reproducir en su lugar patrones similares a los del PRI, se debe más al pragmatismo de los partidos obligados a sobrevivir en condiciones de competencia imperfecta e inequitativa que a un proceso de mimetismo orquestado deliberadamente por el PRI. Lo que sí es cierto es que en ausencia de una reforma integral a la Constitución en clave democrática pareciera que los rasgos autoritarios del pasado se recondujeron por todos los vasos linfáticos del nuevo régimen, en perjuicio de los impulsos democráticos renovadores de la era de la alternancia.

Otros argumentos esgrimidos por Ackerman en favor de su tesis sobre el mito de la transición son los siguientes: el retorno del PRI al poder fue un “resultado natural” dada la ausencia de una verdadera transición; hoy las “contrarreformas estructurales, la corrupción, la violencia, la represión, los crímenes de Estado han ratificado el carácter fantasioso de la supuesta transición”; en lugar de democratización el poder se ha “concentrado en una elite reducida”; como mito, “la transición desmoviliza a la sociedad y cancela la posibilidad de imaginar una transformación real del país”; hoy “nadie puede comprobar que los ciudadanos tienen más poder que antes de la transición”, ergo no hay transición; los poderes fácticos y las instituciones electorales siguen obstaculizando la llegada al poder de un “verdadero” candidato de oposición.

La tentación de reaccionar a cada una de estas afirmaciones tan hueras como imprecisas es muy fuerte, pero me limitaré a unos cuantos cuestionamientos breves. Ackerman no se puede colocar del lado de los ciudadanos como pretende si no es capaz de concederles algún protagonismo, más allá de azuzarlos a la rebelión. Me explico. Si el retorno del PRI era inevitable, entonces, en la lógica de Ackerman, los ciudadanos no tuvieron nada que ver en ello, ni siquiera los millones de votantes que expresaron en las urnas su malestar hacia el PAN por los dos sexenios de pesadilla que este partido nos obsequió. La pregunta aquí no es si estaba escrito o no el retorno del PRI al poder por la vía de las elecciones, con todo y sus imperfecciones e inconsistencias, sino de qué tamaño habrá sido el malestar hacia el PAN (y las desconfianzas hacia el candidato del PRD, López Obrador) que la inmensa mayoría de los mexicanos prefirió reposicionar al PRI en el poder pese a haberlo mandado a retiro 12 años antes, cansados todos de tanta corrupción y demagogia.

Que hoy el gobierno de Peña Nieto sea un fracaso en todos los órdenes y una gran desilusión para muchos no tiene que ver necesariamente con la ausencia de transición, como sostiene Ackerman, sino principalmente con la incompetencia del personaje y de su gobierno. No hay que olvidar que ningún gobierno desea para sí una espiral de descalificaciones que amenace su continuidad o lo conduzca a endurecimientos riesgosos con tal de perpetuarse en el poder. Estos desenlaces no forman parte de un guión preestablecido de ningún gobierno supuestamente legítimo para exhibir deliberadamente su verdadero rostro autoritario oculto por las simulaciones del poder. Lejos de ello, sólo constituye un despropósito de un gobernante que, como Peña Nieto, ha sido incapaz de jugar siquiera el viejo juego de las apariencias democráticas y progresistas que de manera tan conveniente practicaron todos los gobernantes priistas que lo antecedieron en el trono.

La concentración del poder en México ha sido antes y después de la alternancia del 2000 igual de excesiva, o sea que no tiene nada que ver con la ausencia o no de transición sino con los privilegios de los que han gozado las elites económicas que monopolizan la riqueza desde hace siglos, favorecidos por el Estado y en detrimento de las mayorías.

Para fines prácticos o políticos quizá es mejor hablar de un discurso dominante sobre la transición, articulado por muchos intelectuales y comentaristas mediáticos por convenir a sus interés y gozar así de ciertos privilegios, que de un “mito de la transición”, pues no basta con desmitificar una idea dominante para conquistar adeptos a una causa sino que es necesario dar la batalla en el terreno teórico, desnudando las inconsistencias de los discursos dominantes y construyendo una interpretación alternativa bien argumentada y fundamentada como para persuadir a los interesados.

Es indudable que existen todavía en México muchos déficit en materia de derechos humanos y garantías individuales y muchos abusos de autoridad como para afirmar que ya hemos alcanzado en el país los requisitos mínimos de un auténtico Estado de derecho, como vociferan las autoridades. Sin embargo, tampoco considero que se puedan descalificar a ultranza los pocos pero no por ello irrelevantes avances alcanzados en la materia, pese a los muchos obstáculos e inercias autoritarias que aún persisten en todos los órdenes. Pongo un ejemplo concreto. Hace cincuenta años José Revueltas fue encarcelado con lujo de violencia por escribir libros contra el régimen publicados en pequeñas editoriales clandestinas, hoy Ackerman puede escribir libros contra el régimen, publicados por emporios editoriales trasnacionales, y nadie lo va a encarcelar por ello. Es más, hasta será reconocido por su trabajo, como ocurrió con el Premio Nacional de Periodismo, otorgado por sus artículos en Proceso, una publicación que ha subsistido pese a sus ácidas críticas a todos y a todo, pese a incurrir en los mismos excesos que crítica, como el haber censurado y despedido arbitraria e injustificadamente de sus páginas a la reconocida periodista Sanjuana Martínez. ¡Qué lejos está Proceso de lo que fue con Julio Scherer!, hoy sólo queda un panfleto amarillista igual de corrupto y tendencioso que todo lo que toca. Ciertamente, en México se sigue censurando en los medios sometidos al Estado a las voces críticas e incomodas, pero que también lo hagan los medios supuestamente progresistas e independientes como Proceso ya es una locura. Obviamente, Ackerman no entra en la lista negra, pues sus artículos suelen moverse dentro de lo políticamente correcto. Ejemplo de ello son algunas afirmaciones de Ackerman en el libro que comentamos aquí sobre lo que él llama “comentaristas mediáticos manipuladores”. Al respecto, Ackerman es implacable: “la mayor parte de los analistas toman el camino fácil de esconderse detrás del silencio cómplice, las buenas maneras y la neutralidad conformista, son hipócritas y se agachan frente a los intereses de la oligarquía y participan plenamente del autoritarismo mediático”. Esto suena muy bien y yo mismo lo firmaría sin chistar. El problema es que Ackerman avienta la granada a ver a quién le cae, pero se cuida de no decir nombres, pues sabe que a la postre una osadía de ese tamaño lo condenaría al ostracismo y el olvido, dado el enorme poder e influencia que tienen las mafias mediáticas e intelectuales en el país. ¿Cobardía? No, simple oportunismo, algo que, al igual que el servilismo o el silencio que critica, también empaña la credibilidad de los intelectuales y opinadores mediáticos.

No cabe duda que junto a los intelectuales vendidos del sistema, o sea los intelectuales mediáticos que vemos todos los días repitiendo las mismas sandeces, que utilizan todo tipo de argucias para legitimar y edulcorar los excesos y los abusos del poder (tipo Leo Zuckermann, Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles y cientos más) existe otra categoría de intelectuales que puede ser igual o más rentable económica y mediáticamente que la de los intelectuales orgánicos. Me refiero a los intelectuales pseudocríticos del régimen, que supuestamente se colocan del lado de las grandes causas sociales, y se conciben como los auténticos exhibidores y denunciantes de la podredumbre del sistema, y como los paladines de la justicia. Obviamente, desde el momento que estos intelectuales asumen esta posición de manera interesada, ya sea para preparar o apuntalar el ascenso de un líder o un partido de oposición con los que simpatizan, o simplemente para ganarse un espacio en algunos medios explotando con más habilidad que convencimiento en sus artículos y alocuciones todo lo que a la mayoría de la gente le molesta e indigna, se trata de intelectuales igual de oportunistas y mercenarios que los otros. En otras palabras, la crítica y la incorrección política se han vuelto rentables para algunos intelectuales, pues gracias a ellas éstos se presentan ante la sociedad como irreverentes con los poderosos y sensibles a las causas ciudadanas, con lo que se ganan las simpatías de quienes los ven y escuchan. Pero cuando la crítica política no va acompañada de congruencia e independencia se vuelve una mera mercancía para atraer incautos. Por eso, se trata de intelectuales pseudocríticos o de fachada, pues su presunta incorrección política es sólo un afeite, y su supuesta afinidad con los ciudadanos en realidad encubre un profundo desprecio hacia los mismos, al querer imponerles sus propias verdades. Cabe señalar que en México, sólo un puñado de intelectuales le da valor a la congruencia y la independencia intelectual. Obviamente, entre ellos no está Ackerman. Nada que ver con las decenas de periodistas asesinados en México desde hace varios años, verdaderos críticos de la corrupción y la podredumbre de los gobernantes y la delincuencia organizada, víctimas de la cerrazón autoritaria del régimen, por más que Ackerman los exalte en su libro y pretenda ponerse de su lado.

Es más, quizá el propio Ackerman constituye hoy, junto con intelectuales como Denise Dresser y Sergio Aguayo, entre otros muchos, el mejor prototipo en México para ensayar una tipología de los intelectuales pseudocríticos. Veamos. Un pseudocrítico es un intelectual que: 1) critica todo lo que sea rentable criticar, que no es otra cosa que lo que muchas personas indignadas quisieran escuchar, pero más para ganar seguidores y alimentar su estatus de crítico que por convicción; 2) es dócil con los medios en los que participa y no cuestiona la calidad moral de los mismos, para seguir figurando en ellos; 3) se codea con los mandarines de la cultura y los medios pero no polemiza con ellos, para seguir mereciendo su interlocución; 4) publica en cuanta revista o diario se le ocurra, sin importar su calidad moral, congruencia o trayectoria; 5) en momentos cruciales, rehuye confrontarse con sus colegas para no arriesgar su propia promoción; 6) asiste a todas las invitaciones muy lucrativas que le hacen los mismos partidos y políticos que suele criticar y figura como “asesor” en todas las dependencias públicas posibles, cobrando cuantiosos honorarios; 7) utiliza las redes sociales para promover su obra y alimentar su avatar más que para debatir seriamente con sus seguidores; 8) al igual que los intelectuales del sistema, el pseudocrítico se dice independiente, pero en realidad apoya abierta o soterradamente a ciertos políticos y partidos con los que simpatiza o para los que de plano trabaja; 9) es políticamente correcto con líderes de opinión con rating, sin importar cuán corruptos o embusteros sean; y 10) entra al juego de los elogios mutuos con sus pares más influyentes, pero nunca debate con sus críticos, a los cuales simplemente ignora.

En suma, aunque dicen moverse en diferentes pistas, de los Ackerman a los Zuckermann sólo hay un paso. De hecho, son más las cosas que emparentan a ambos tipos de intelectuales que lo que los separa; a saber: 1) son cínicos, pues navegan con la bandera de intelectuales independientes, pero en realidad mantienen compromisos ya sea con un gobierno, un gobernante, un partido, un gobernador, un líder político, etcétera; 2) son mediáticos y tienen en los medios en los que trabajan su principal fuente de ingresos, por lo que mantienen compromisos de lealtad con los mismos y de prudencia de acuerdo a los intereses de los dueños de dichos medios; 3) siguen las reglas de la corrección política, pues entre ellos no se ven ni se tocan, o sea evitan cualquier tipo de confrontación o debate, a no ser que estén preparados con antelación; 4) suavizan o endurecen el tono de sus afirmaciones o críticas de acuerdo a las circunstancias, pues verse siempre demasiado condescendientes o intransigentes puede restarles credibilidad; 5) suelen percibir ingresos muy rentables como asesores o consultores de diversas dependencias públicas, actividad que para ellos es sólo —lo cual es ridículo desde cualquier punto de vista— un trabajo profesional que no interfiere con sus convicciones políticas ni con el ejercicio de su libertad de expresión; 6) esconden un profundo desprecio por la sociedad, pues creen que ésta es fácilmente manipulable y que pueden engañarla, ya sea endilgándole las mentiras oficiales o guardando silencios cómplices o desviando su atención hacia temas irrelevantes o de plano engatusándola hacia los fines o propósitos que ellos persiguen; 7) suelen dominar la escena intelectual del país, pero no porque hayan realizado grandes contribuciones científicas o humanísticas ni escrito grandes libros o ensayos, sino solo porque fueron hábiles para ascender en el “trepadero” nacional, o sea, fueron lambiscones, agachados y prudentes con las mafias intelectuales; 8) suelen tener un pie en la academia, ámbito en el que son percibidos con desdén, como oportunistas y arribistas, como académicos mediocres sin estatura moral e intelectual, aunque ellos gustan de exhibir en público sus credenciales académicas a la menor provocación; 9) debido a su fama mediática creen merecer honorarios muy altos cuando se les contrata para impartir conferencias, sin darse cuenta que entre más altos sean éstos más bajo es el nivel cultural de sus audiencias, que sólo consumen lo que ven y oyen en los medios, aunque sea pura chatarra; y 10) el quehacer intelectual es para ellos sólo un medio para ascender en sus posiciones y estatus, o sea que sus supuestas causas sociales y políticas son francamente irrelevantes o secundarias por más que se presenten como sus principales portavoces.

Muy lejos está pues Ackerman del prototipo de intelectual independiente y congruente que, para entendernos, resumo a continuación, inspirado en intelectuales como Gabriel Zaid y Lorenzo Meyer. Un intelectual independiente es aquel que: 1) no sucumbe ante las tentaciones del poder ni se deja seducir por los poderosos; 2) no vende su pluma a los gobernantes ni a los partidos, ni cobra como asesor en el sector público; 3) crítica la acción o el discurso de los gobernantes sin estar apoyando directa o indirectamente a otros grupos o líderes políticos; 4) hace política pero desde una tribuna que no es la del partido o el parlamento; 5) sólo se compromete con la verdad pública, donde quiera que ésta se encuentre; 6) sabe que la crítica al poder de los gobernantes sólo es creíble desde la autonomía y la libertad; 7) sabe que su poder radica en las ideas y que trabajar para el poder es sacrificar su libertad; 8) no trabaja en medios vendidos al sistema y que limitan la libertad de expresión de sus colaboradores; 9) prefiere trabajar en los márgenes antes que tolerar que sus opiniones sean censuradas en medios influyentes, pero timoratos y oportunistas; 10) es políticamente incorrecto y combate sin ambages a las mafias intelectuales y mediáticas. Obviamente, lo contrario vale para los intelectuales orgánicos del régimen.

Pero volviendo a la prudencia que exhibe Ackerman al criticar a los “intelectuales vendidos” sin mencionarlos, esta actitud se entiende mejor cuando vemos en su libro los muchos elogios que prohíja a sus santos redentores, como Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis. ¿Acaso Ackerman no conoce el triste y vergonzoso papel que cumplieron estos dos “intelectuales de izquierda” para apuntalar al régimen autoritario en tiempos de Echeverría, cuando éste era fuertemente cuestionado por sus propensiones represoras? Lo cual nos lleva a una segunda interrogante: ¿Acaso la batalla de Ackerman contra el autoritarismo mexicano tiene algunas excepciones? Todo indica que sí. De hecho, además de elogiar a intelectuales oportunistas como Fuentes y Monsiváis, Ackerman rinde culto a Lázaro Cárdenas por su gesta nacionalizadora y sus políticas socialistas, algo que sería imperdonable no hacer entre intelectuales y activistas de izquierda, aunque ello los lleve a minimizar o de plano eclipsar otras “contribuciones” del general que nos han metido en muchos entuertos, como el haber adoptado para México un régimen totalitario que es la síntesis perfecta del régimen estalinista y el régimen fascista italiano, y que tanto admiraba Cárdenas. ¿Acaso el general no tuvo otros referentes menos totalitarios, como algunas democracias europeas o incluso la de su vecino del norte, a la hora de edificar el sistema político mexicano? Quizá nos hubiéramos ahorrado muchos problemas, pero sobre todo mucha tinta de quienes se dicen críticos del autoritarismo pero con excepciones.

Para no extenderme más, quisiera referirme por último a una serie de afirmaciones de Ackerman demasiado optimistas pero poco realistas sobre el destino de la patria y a otras ideas sueltas igualmente inverosímiles. Según Ackerman, México juega un papel similar al de España durante la Guerra Civil, pues al igual que la derrota de la república española condujo a una nueva ola fascista en el mundo, la derrota de la democracia en México puede apuntalar el neoliberalismo autoritario global y el fascismo internacional. En caso contrario, si los mexicanos se movilizan para impulsar las transformaciones que el país requiere, obviamente de la mano de un líder popular genuino y legítimo (¿quién será?), México se habrá convertido en la vanguardia mundial del cambio popular y genuinamente democrático, igual que lo fue con la Revolución mexicana, la Constitución del 17, la expropiación petrolera de Cárdenas o la irrupción de los zapatistas en el escenario nacional. Está bien pensar en grande, pero no podríamos primero limpiar un poco la casa antes de aspirar a limpiar todo el barrio. No es con promesas de humo como avanzan las revoluciones. Además, seguir pensando el enfrentamiento contra el “autoritarismo neoliberal e imperialista” en términos de una lucha de hegemonías, una dominante y otras popular contestaría de izquierda, es una violencia interpretativa que no refleja la creciente complejidad de las sociedades actuales. Hoy lo que tenemos en todas partes son sociedades heterogéneas, diversas, plurales… cuyos integrantes no pueden ser homologados en sus intereses y fines, como aspiran los redentores altermundistas. Hoy las verdaderas revueltas son ciudadanas y se dan todos los días en los espacios públicos, y pasan por reconocer la radical diferencia de los individuos y la propia indeterminación de la democracia. Lo contrario sería permanecer en las fronteras del pensamiento único, de las verdades impuestas, o sea del totalitarismo, aunque esté disfrazado de progresismo o mesianismo. Pero esto es algo simplemente inaceptable para los activistas de izquierda, propensos siempre a convertirse en la “vanguardia del proletariado”, o de los “más desposeídos y desprotegidos”, para usar una expresión del propio Ackerman.

Pero la perspectiva redentora y mesiánica de Ackerman no podía ser otra desde el momento que coloca como ejemplos mundiales de lucha contra los embates del autoritarismo neoliberal y el imperialismo yanqui a los gobiernos “populares y progresistas” de Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador, Brasil… La pregunta aquí es inevitable: ¿acaso Ackerman no se ha dado cuenta que dichos gobiernos no son ejemplo de nada para el mundo, que se están cayendo a pedazos, víctimas de la corrupción y la voracidad de sus gobernantes, gobiernos que tienen sumidas a sus naciones en condiciones económicas oprobiosas, sin mencionar que se han convertido muchos de ellos en auténticas tiranías represoras y personalistas? ¿Acaso Ackerman no se ha dado cuenta que es precisamente por tiranos populistas como Hugo Chávez, Rafael Correa o Evo Morales que muchos mexicanos le tienen pavor a López Obrador, por un simple ejercicio de contrastación? Es indudable que el análisis de Ackerman requiere más seriedad y mejores argumentos si aspira a ser persuasivo, incluso a la hora de apuntalar las virtudes de su gran tlatoani.

Muchas cosas se me quedan en el tintero, como la propensión de Ackerman a demonizar al neoliberalismo y culparlo de todos nuestros males recurriendo solo a descalificaciones viscerales; o su defensa airada de la Constitución del 17 por sus contenidos sociales, sin advertir, aunque sea someramente, sus muchas inconsistencias, contradicciones y ambigüedades; sus elogios desmedidos a supuestos movimientos sociales que en lo los hechos han sido francamente retrógrados en sus demandas; su confianza no fundamentada en la “tendencia libertaria y rebelde” del pueblo mexicano; sus elogios desproporcionados a la izquierda y sus causas en contraste con una derecha que “ha perdido la brújula”, entre muchos otros temas que ni siquiera vale la pena comentar.

Al final de su libro Ackerman invita a los mexicanos a luchar por una democracia verdadera y apoyar a una oposición verdadera y a un líder verdadero. Obviamente, se refiere a una democracia con justicia social, a un movimiento popular y participativo como el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y a un líder nacionalista como López Obrador… Si esta es la brillante conclusión de Ackerman, me parece que la podía escribir en la primera página y saber a que atenernos sus lectores desde el principio. Lamentablemente, por libelos como este, independientemente de sus posiciones ideológicas, los analistas políticos en México están tan desacreditados que nadie los lee. Mejor así, pues casi todos estilan lugares comunes, descripciones superficiales y afirmaciones tendenciosas.

Hasta ahora he mantenido una buena relación con Ackerman. Espero que después de que lea la presente reseña, en caso de que lo haga, las cosas no cambien entre nosotros. La persona, o sea John, merece todo mi respeto, pero las ideas están para ser criticadas. Pecata minuta.

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Hace exactamente treinta años, el filósofo político italiano Norberto Bobbio publicó uno de sus libros más conocidos y citados, sobre todo en América Latina: El futuro de la democracia.[1] Probablemente ni el propio Bobbio imaginó el enorme impacto que esta obra alcanzaría en nuestra convulsionada región al poco tiempo de publicarse en su edición en español, el cual contrasta visiblemente con el que llegó a alcanzar en Europa, donde si bien Bobbio era un pensador respetado y reconocido, no era tan influyente como otros en los grandes debates intelectuales de los años ochenta del siglo pasado. De hecho, Bobbio prefería concentrar sus esfuerzos escribiendo sobre historia de las ideas y filosofía del derecho, más que participar puntualmente en los debates de su tiempo, pero cuando lo hacía sus opiniones nunca pasaban totalmente desapercibidas, sobre todo cuando escribía sobre los conflictos internacionales y el papel de los organismos multinacionales en la búsqueda casi siempre infructuosa de la paz y la distención,[2] o cuando escribía sobre el socialismo y sus contradicciones.[3]

Ciertamente, El futuro de la democracia es un libro que analiza y disecciona magistralmente el saber acumulado durante la modernidad sobre la democracia, una obra que muestra el profundo conocimiento que sobre el tema tenía el pensador italiano. Sin embargo, no es en estricto sentido un libro que introduzca al debate una posición original sobre la democracia o una manera innovadora de entenderla. De ahí su escasa repercusión en la inteligencia europea de su tiempo. Pero esta ausencia era suplida con una dosis inconmensurable de claridad expositiva y eficacia argumentativa, virtudes que Bobbio supo cultivar como pocos a lo largo de su magisterio. Y es precisamente aquí donde reside el principal mérito de El futuro de la democracia, y que colocó a Bobbio en los cuernos de la luna en América Latina. Más precisamente, nunca nadie antes que Bobbio nos había explicado a los latinoamericanos de manera tan clara como precisa lo que la democracia es y lo que no es, cuestión que fue altamente apreciada en esta parte del mundo, donde dicha noción había sido el centro de interpretaciones y disputas tan farragosas como insustanciales, en las que la democracia terminaba siendo todo y nada al mismo tiempo.[4]

Es evidente que el abuso indiscriminado de la palabra democracia por parte de partidos, actores políticos, activistas, gobernantes, etcétera, no es exclusivo de América Latina, pero aquí llegó a adquirir manifestaciones francamente delirantes, como la empleada por auténticos tiranos antediluvianos que se llenaban la boca de democracia para justificar sus brutalidades, o la de gobiernos supuestamente revolucionarios que al enarbolar la bandera de la justicia social se erigían como democráticos, aunque sus pueblos no gozaran de los derechos individuales más elementales. Además, la obra de Bobbio llegó en un momento crucial para la región, justo cuando empezaban a caer las dictaduras militares y se abría un horizonte democrático promisorio, motivado por las democratizaciones alcanzadas en el sur de Europa, pero sobre todo en España y Portugal, hacía apenas unos cuantos años atrás.

Por todo ello, si algo necesitaban nuestros países en esos años decisivos eran conceptos más que propaganda, era claridad más que ambigüedad, eran definiciones más que ficciones, eran razones más que ideología. De ahí que el libro de Bobbio cayó como anillo al dedo. Quién lo leyó entonces seguramente recordará su convincente distinción entre democracia formal y democracia sustantiva, o sea entre la democracia entendida como un conjunto de procedimientos que posibilitan la toma de decisiones colectivas por parte de un elevado número de ciudadanos, y la democracia entendida como un conjunto de principios y valores que marcan los fines vinculantes en una sociedad.

Asimismo, es muy probable que muchos recuerden la definición mínima de democracia aportada por Bobbio y que hasta la fecha sigue siendo enormemente clarificadora: conjunto de reglas que establece quién está autorizado a tomar las decisiones colectivas y con qué procedimientos, como el de facultar a un número elevado de ciudadanos el poder de tomar decisiones colectivas, el principio de mayoría, el respeto a los derechos individuales y la existencia de alternativas reales de entre las cuales los que deciden deberán elegir.

Pero sobre todo, ese lector acucioso muy seguramente recordará las muy sugerentes páginas de Bobbio dedicadas al tema de las promesas no cumplidas de la democracia o, parafraseando al pensador italiano, de las “promesas de marinero” de la democracia, que resultan de contrastar el ideal de la democracia (los valores que la definen) con la democracia realmente existente: a) lejos de garantizar que los individuos se afirmen como los verdaderos sujetos de la política, ésta ha sido asaltada por poderosos grupos de interés (sindicatos, partidos, asociaciones…); b) lejos de permitir la afirmación de un Estado representativo del todo social, el Estado se ha vuelto un mero mediador de los verdaderos intereses en disputa defendidos por poderosos grupos y corporaciones; c) lejos de hacer valer el ideal de un gobierno del pueblo, lo que realmente existe son oligarquías, aunque en un contexto más competitivo; d) lejos de ampliarse el sufragio a todos los ámbitos de la sociedad, éste se ha restringido al ámbito político electoral, debido las muchas resistencias e intereses que cruzan a las empresas o a las organizaciones de todo tipo; e) lejos de afirmarse la visibilidad del Estado por el principio del control de los ciudadanos sobre el poder, se ha afirmado un poder invisible (mafias, logias, etcétera) al lado del poder visible del Estado; y f) lejos de propiciar una ciudadanía más informada y participativa en los asuntos públicos, ha terminado por imponerse una creciente apatía y desinterés por parte de los ciudadanos.

En principio, conviene recordar, Bobbio atribuía las promesas incumplidas de la democracia a la creciente complejización de la sociedad, lo cual hizo estallar sin remedio los presupuestos previstos en el ideal de la democracia. Así, por ejemplo, se afirmaron gobiernos tecnócratas en todas partes dadas las exigencias de regular el mercado y la economía, lo que excluyó cada vez más a los ciudadanos de las decisiones colectivas por carecer estos del expertise necesario; simultáneamente, el Estado se burocratizó cada vez más por el impulso de las reivindicaciones sociales en la era de las políticas bienestaristas; y, finalmente, creció la ineficacia gubernamental por incapacidad para atender el creciente número de demandas sociales (crisis de gobernabilidad).

Como dijimos, han pasado exactamente treinta años desde que Bobbio expuso estas tesis, lo cual constituye un formidable pretexto para volver a ellas y evaluar su derrotero en las democracias realmente existentes del presente, sobre todo latinoamericanas, no tanto para resignificar la estatura intelectual de Bobbio a diez años de su muerte, pues no lo necesita, sino para repensar el tema de las promesas de la democracia en la actualidad. A primera vista, es muy probable que arribemos a la conclusión de que hoy la democracia acumula más pasivos que activos, o sea que cada vez son mayores y más visibles sus promesas no cumplidas que sus logros o conquistas. Sin embargo, bien miradas las cosas, quizá haya hoy más razones que hace treinta años para ser más optimistas que fatalistas. Veamos.

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Ciertamente, aunque la democracia ha terminado por imponerse en casi todo el planeta como la única forma de gobierno legítima y preferible, incluso en países donde hace unos cuantos años parecía un derrotero inverosímil, hoy no podemos más que aceptar que las democracias realmente existentes están en crisis en todas partes.[5] En mi opinión, se trata ante todo de una crisis de representación, pues los ciudadanos nos sentimos cada vez menos representados por nuestras autoridades, menos incluidos en los asuntos que nos atañen por parte de quienes nos representan y toman decisiones en nuestro nombre. Además, las democracias han tenido que lidiar con fenómenos de todo tipo que las debilitan sin remedio: incremento descomunal de los poderes fácticos o invisibles que terminan rebasando y suplantando al Estado en muchas de sus funciones sustantivas; supresión más o menos velada de algunos derechos elementales en nombre de la preservación de la seguridad nacional en tiempos de amenazas terroristas; ingobernabilidad creciente por incapacidad de los gobiernos para enfrentar la actual crisis económica del capitalismo; la afirmación global del sector financiero que somete a sus caprichos a todos los gobiernos del planeta; la incapacidad real de los gobiernos para frenar la creciente inequidad social y los muchos rezagos acumulados, entre otros muchos fenómenos.

En este sentido, es indudable que Bobbio acertó en prácticamente todo. Su diagnóstico sobre las promesas incumplidas de la democracia no podía ser más premonitorio. A la distancia de treinta años, hay muy poco que rebatirle. Y sin embargo, encuentro en Bobbio al menos un asunto que sí requiere un ajuste de cuentas, el que se refiere al papel que están llamados a representar los ciudadanos en el contexto de democracias crecientemente excluyentes y altamente deficitarias de representación política. Mi tesis aquí es que, contrariamente al fatalismo que subyacía en Bobbio al respecto, la crisis de representación de la democracia en lugar de alimentar la apatía de los ciudadanos o su inexorable desmovilización o exclusión política, ha propiciado múltiples formas de activación social en todas partes como expresión de un nuevo tipo de protagonismo de los ciudadanos en los asuntos públicos, desde la creación de organizaciones de todo tipo de la sociedad civil hasta movilizaciones masivas y acciones de resistencia cada vez más vigorosos e influyentes. Además, en los últimos años este creciente activismo social ha contado a su favor con las nuevas tecnologías de la comunicación, como las redes sociales, gracias a las cuales los ciudadanos en general han conquistado mayor visibilidad y centralidad. Pienso, por ejemplo, en los movimientos sociales tanto de la Primavera árabe como de los indignados alrededor del mundo a partir del 2011.[6] De hecho, como he sostenido en otras sedes, captar la novedad que la moderna cuestión social introduce para la democracia constituye en la actualidad un desafío ineludible para las ciencias sociales y el pensamiento político.[7]

Para entendernos, pongamos el caso de América Latina. Si en algún lugar se juega hoy la persistencia de la democracia en América Latina, pese a la crisis que padece y los enormes peligros que la amenazan y acechan, ese es precisamente el espacio de lo público-político (llámese la calle, la plaza, la escuela, la fábrica, la ONG, el barrio, el chat, el Twitter…), o sea el lugar donde los ciudadanos ratifican cotidianamente su voluntad de ser libres, el ámbito donde se producen los contenidos simbólicos cuya resonancia coloca cada vez más en vilo al poder instituido. Que las formas de articular y canalizar demandas sociales ya no pase como antes, en la era del Estado benefactor, por el partido de masas o la central sindical o las grandes corporaciones, no significa que la sociedad haya renunciado a agregar intereses y a demandar soluciones, si acaso lo hace de manera distinta, desde la radical diferencia de los individuos, desde la pluralidad de sus intereses que ya no pueden ser homologados por agencias o agentes externos. En ese sentido, la deliberación pública y la cuestión social cobran un nuevo significado. La gestión de los conflictos pasa a ser inseparable de un esfuerzo colectivo para encontrar consensos sobre lo que es justo e injusto; y la política democrática se vuelve un camino común entre una maraña de preferencias individuales, escalas de valores y conceptos raramente coincidentes. En suma, la política democrática es un esfuerzo por hablar una misma lengua y ponerse de acuerdo sobre lo justo y lo injusto, cuestión que en América Latina no tendría sentido si no mediante el reconocimiento de una enorme deuda social dramática y lacerante.

Si la democracia se ha mantenido en la región, pese a sus muchas inconsistencias y graves problemas, es gracias precisamente —lo cual no deja de ser paradójico—, a la sociedad civil, a su creciente politización e involucramiento en los asuntos públicos y a una percepción muy clara de lo que significa vivir (y no vivir) en democracia, o sea a una cultura política cada vez más democrática. Es cierto que no se puede generalizar, que el grueso de nuestras poblaciones está tan ensimismado en resolver el día a día que lo menos que le interesa es la política, pero el dinamismo de aquella parte de la sociedad cada vez más consciente de su condición de ciudadano es tal que termina por “contaminarlo” todo, por apuntalar un andamiaje institucional y normativo que, aunque maltrecho, nos da cobijo y resguardo. Es más, este nuevo protagonismo o activismo social ni siquiera se debe a un acto voluntario, o no sólo, sino sobre todo a una nueva realidad histórica que no dejaba más alternativa: el tránsito de un Estado social y proveedor a uno desobligado de dicha responsabilidad, el tránsito de la política de intereses colectivos al de intereses individuales, el tránsito de sistemas cerrados a sistemas abiertos, de regímenes autoritarios donde se pisoteaban indiscriminadamente los derechos civiles y políticos a regímenes democráticos que garantizan condiciones mínimas de libertad e igualdad a sus ciudadanos, el tránsito de sociedades articuladas por el Estado-fuerza a sociedades secularizadas donde más que el orden predomina el conflicto, el tránsito de modelos y patrones de conducta patrimonialistas y paternalistas fuertemente arraigados a otros donde los ciudadanos no tenemos más remedio que valernos por nosotros mismos.

En ese mismo tenor, así como debe constatarse la existencia de una nueva y prometedora cuestión social, también debe advertirse que la profunda crisis política, económica y social de nuestros países se ha traducido de igual forma en una profunda crisis moral. En efecto, el malestar, la pobreza y la ignorancia van de la mano de una creciente violencia y descomposición social. Por eso, hay poco espacio para el optimismo en América Latina. Y sin embargo, pensar la democracia como forma de vida y a la política, o sea al espacio público, como el lugar decisivo de la existencia humana, no deja de tener un ingrediente optimista. En efecto, aunque no tengo ningún argumento para demostrarlo, estoy convencido que las sociedades que avanzan, que conquistan mayores y mejores márgenes de democracia y libertad, difícilmente pueden preferir algo que las haga retroceder, algo que las perjudique; las sociedades que hicieron valer en algún momento su deseo de ser libres, difícilmente regresarán —no al menos voluntariamente— a la servidumbre del pasado autoritario. Es por eso que sostengo que así como la democracia aspira a cada vez más y mejor democracia, también las sociedades libres aspiran a cada vez más y mejor libertad. Con todo, tengo claro que hablar de la democracia desde lo social supone reconocer la total indeterminación de lo político.

Cualquiera que sea el derrotero de nuestros países en el futuro inmediato, una cosa es cierta: nada preexiste al momento del encuentro o la interacción de los ciudadanos; es aquí, en el espacio público, donde se definen y afirman los valores (y los contenidos de esos valores) que como tales han de articular a la sociedad. Es más, reconocer la centralidad del espacio público para la democracia es reconocer que todo, absolutamente todo, es o puede ser politizable, a condición de que sea debatible, que se convierta en un asunto de deliberación pública e interés social.

Así como no puede entenderse la persistencia de nuestras democracias sin la concurrencia de la sociedad civil, los escasos avances alcanzados hasta ahora —ya sea la ampliación de derechos a sectores antes discriminados o la extensión de derechos civiles y políticos a grupos sociales minoritarios o cualquier otro logro—, todos sin excepción, son conquistas sociales que ningún político puede abrogarse como éxitos propios sin faltar a la verdad; son conquistas sociales porque primero fue la idea y luego la acción, y la idea no es una ocurrencia de un tecnócrata sino una necesidad sentida de la sociedad. En suma, el Estado de derecho o incluso una Constitución sólo pueden perfeccionarse o reformarse en tensión creativa con la sociedad, con sus necesidades, anhelos y sueños.

En otras palabras, si la democracia institucional se mantiene en la región y además muestra algunos avances aunque lentos es debido primordialmente a la intervención de la sociedad civil más que a las virtudes y el compromiso social de los políticos profesionales, y si la democracia se mantiene como está, o sea atravesada por enormes problemas e inconsistencias, es debido primordialmente a la incompetencia, las ambiciones desmedidas o simplemente el desinterés de la clase política en su conjunto más que a la ignorancia, la desinformación o la apatía de la sociedad. En efecto, no conozco todavía a ningún ciudadano que no aspire a tener mejores gobernantes, mejores partidos, mejores representantes, mejores leyes, mejores garantías y mejores libertades, pero sí conozco a muchos políticos profesionales que sólo aspiran a ascender en sus carreras políticas, con o sin el respaldo social.

Si esto es así, habría que poner en tela de juicio aquellas posiciones que miran con desdén el aporte ciudadano a la democracia en América Latina, y que se refieren a los ciudadanos de nuestra región como “ciudadanos de baja intensidad”[8] o “ciudadanos precarios”.[9] En contra de este tipo de posiciones, considero que no es poca cosa para cualquier sociedad tener que cargar sobre sus espaldas con todo el peso que significa mantener democracias tan endebles y frágiles como las latinoamericanas (sometidas a tantos embates que la amenazan permanentemente, empezando por la ineficacia y el desinterés de las elites políticas). Es más, en contraste con lo que ocurre en democracias consolidadas, donde las instituciones y las prácticas democráticas, por así decirlo, caminan solas, en democracias no consolidadas, el papel de la ciudadanía es por necesidad más activo y decisivo, pues si los individuos en estas realidades insuficientemente democráticas flaquean y no se hacen cargo de dichas inconsistencias lo más probable es que se retrocedería a estadios predemocráticos a los que la mayoría no quisiera regresar bajo ninguna circunstancia.

Sin embargo, como hemos visto aquí, vivir en democracia en América Latina es vivir al borde, en el filo frágil y breve de un vaso que corta y que en cualquier momento puede quebrarse. Los peligros que la amenazan son tantos que apostar por su consolidación resulta en ocasiones ingenuo. Ahí están, por ejemplo, los peligros de la (re)militarización, del predominio de los poderes fácticos, de la corrupción desmedida, del populismo y la personificación de la política, de la desigualdad social y de la informalización de la política. Pero vivir en democracia en América Latina, además del desencanto y la frustración que ha supuesto para muchos, es conquista y afirmación permanente de ciudadanía, es decir de hombres y mujeres libres que nos sabemos cada vez más artífices de nuestro destino, que intuimos que cualquier decisión que no haya emanado de la propia sociedad, de sus necesidades y expectativas, de sus valores y posicionamientos, será ilegítima e impopular. Vivir en democracia es en suma, hacer democracia, inventarla todos los días en los espacios públicos, en el encuentro cotidiano con los otros; es corroborar que somos nosotros, los ciudadanos, los verdaderos sujetos de la política, a condición de participar en los asuntos públicos, o sea de debatir y opinar; es un reclamo permanente de ciudadanía contra todos aquellos que nos la expropian arbitrariamente.

3

Visto desde Europa o Estados Unidos, que desde hacía mucho tiempo no resentían los embates de una crisis económica tan compleja como la actual, es hasta cierto punto lógico que la mayoría de los cuestionamientos se dirijan hacia la propia democracia, o sea hacia los gobernantes electos democráticamente, incapaces todos de enfrentar con un margen aceptable de eficacia las arremetidas de la crisis, independientemente de su origen partidista o ideológico. No sorprende, por ejemplo, que varios intelectuales europeos y estadounidenses propongan hoy, después de décadas de políticas neoliberales, un retorno a las políticas bienestaristas de antaño o que se introduzcan auténticas e innovadoras fórmulas redistributivas para compensar la creciente inequidad y malestar social que está dejando la crisis económica en todas partes y que de paso vulnera la legitimidad de la democracia.[10] Tampoco sorprende que otros autores empiecen a considerar a la democracia como una ficción que ha dejado de ser confortable, pues si antes prevalecía entre los ciudadanos en las democracias avanzadas una confianza básica en las instituciones que desalentaba su participación, hoy se ha incrementado la desconfianza, aunque eso no significa necesariamente que ahora los ciudadanos deseen involucrarse políticamente más que antes.[11] Y, finalmente, tampoco desconcierta que hoy muchos piensen que la democracia únicamente es una forma de gobierno que permite que la gente tome malas decisiones sin destruir el orden político en su conjunto, o sea que es una ilusión pensar que la democracia garantiza, a diferencia de otros regímenes, mejores resultados políticos o económicos.[12]

Pero desde América Latina, donde más que un accidente la crisis económica y social es un modus vivendi, las cosas se ven relativamente distintas que en Europa y Estados Unidos. La democracia puede ser aquí un auténtico desastre (tentaciones autoritarias, ingobernabilidad, corrupción, ilegalidad, opacidad, abusos de autoridad, impunidad, inseguridad, ineficacia gubernamental, etcétera), pero siempre será preferible a los excesos y atrocidades autoritarios del pasado no muy remoto. Los ciudadanos en América Latina hemos aprendido mejor que en otros países que cuentan con democracias más estables que lo que no hagamos nosotros para capotear cotidianamente la crisis económica y la inequidad social no lo hará nadie, que si no somos nosotros los que hacemos valer nuestros derechos frente a la insensibilidad y la sordina de las autoridades e instituciones políticas y jurídicas seremos condenados al ostracismo, que si no tendemos puentes entre nosotros para hacernos escuchar nadie nos tomara en cuenta… En una palabra, hemos aprendido a punta de infortunios, que siempre será preferible vivir en condiciones imperfectas de libertad e igualdad como las que hoy existen en la mayoría de nuestros países que en condiciones en las que simplemente estén ausentes las garantías individuales más elementales. Esta certeza nos permite afirmarnos como ciudadanos y aferrarnos a la democracia aunque por momentos parezca que todo está por hacerse.

Pero incluso un país tan poderoso como Estados Unidos, al que hoy se le achacan nuevas y terribles tribulaciones políticas, es un ejemplo insuperable para documentar un cierto optimismo hacia la democracia, a condición de entenderla no sólo como una forma de gobierno sino sobre todo como una forma de vida o de sociedad. En efecto, después de décadas en las que parecía que con la democracia representativa no pasaba nada nuevo, pues prevalecía intacta una confianza básica en las instituciones y en la grandeza de la nación, en menos de una década muchas de estas convicciones se tambalearon aparatosamente y en su lugar aparecieron nuevas esperanzas y lecciones. Después del trauma provocado por los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001, el pueblo estadounidense decidió reinventarse, dejar en el pasado dos siglos de discriminaciones y resabios raciales y étnicos para darle un nuevo contenido a los valores de la igualdad, la tolerancia y el reconocimiento. Precisamente por ello, la elección de Barack Obama el 4 de noviembre de 2008, como primer presidente negro en la historia de América, es mucho más que un hecho circunstancial, es la constatación material de un cambio de mentalidades inusitado. Que la oferta política de Obama haya movido las fibras más sensibles de un pueblo a la deriva, urgido de nuevas esperanzas y certezas, es incuestionable, pero el dato realmente relevante es que por primera vez no importaron para la mayoría de los estadounidenses, empezando por los anglosajones, consideraciones raciales o religiosas o de cualquier otro tipo. He ahí, precisamente, la novedad de la democracia en América en este principio de siglo, una novedad que reconcilia a los estadounidenses con la política y con la democracia, y que marca el único derrotero posible para el resto del planeta. La lección es clara: sin tolerancia y pleno reconocimiento de los derechos de todos sin distinción, la democracia es tan sólo una quimera. Si hace apenas setenta años no se podía hablar de democracia plena en la medida que a la mitad de la población le eran negados sus derechos políticos más elementales, me refiero a las mujeres, ahora sólo se puede hablar de democracia plena cuando se hayan abandonado por completo los resabios raciales, religiosos o de cualquier otro tipo. Una lección seguramente difícil de aprender para las democracias europeas, tan acomplejadas como prejuiciosas, pero ineludible para las nuevas generaciones en todas partes.[13]

4

Si la democracia ha de ser concebida, como proponía Tocqueville, como algo más que una forma de gobierno, o sea como una forma de sociedad, de vida social, entonces los cambios en su seno, los más profundos y trascendentes, son los que acontecen en las percepciones y los imaginarios colectivos de los ciudadanos, o sea en sus valores. Sólo en la democracia, es decir en condiciones mínimas de libertad e igualdad, toca a los ciudadanos instituir desde el debate público y el diálogo permanente entre pares, los valores (y los contenidos de esos valores) que han de regir el todo social, incluida no sólo la ciudadanía sino sobre todo la autoridad. Esta perspectiva no sólo le hace justicia a la idea de soberanía popular inherente a la democracia sino que permite aprehender de manera más realista que otros enfoques, como los meramente institucionalistas, las verdaderas transformaciones que acontecen en las democracias modernas. Cambios en el sistema de partidos o en la composición de los poderes o incluso reformas constitucionales más o menos amplias son cambios morfológicos inherentes a todo régimen democrático, pero los verdaderos cambios de fondo son siempre los cambios culturales, los que tienen lugar en las mentalidades de los pueblos, en sus percepciones y anhelos. Y es precisamente aquí donde podemos reconocer lo verdaderamente “nuevo” de la democracia en este siglo XXI.

En suma, Bobbio tenía razón. La democracia que él anticipo hace treinta años no podía estar más amenazada y vulnerada que como lo está ahora en todas partes. En realidad, hay pocas razones para ser optimistas. A las viejas promesas incumplidas de la democracia que muy bien ensayó Bobbio hay que sumar nuevas y cada vez más terribles. Sin embargo, las democracias de hoy cuentan con un activo que mal haríamos en desdeñar: una ciudadanía cada vez más informada, crítica y participativa que se percibe cada vez más como la protagonista de su tiempo y su destino. Sobra decir que si la democracia ha de ser todavía una promesa realizable para el futuro depende solamente de nosotros.

[1] N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Turín, Giulio Einaudi Editore, 1984. La traducción al español apareció poco después: N. Bobbio, El futuro de la democracia, México, FCE, 1986.

[2] Prueba de ello son sus libros: N. Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace, Boloña, Il Mulino, 1979 (trad. castellana: El problema de la guerra y las vías de la paz, Barcelona, Gedisa, 1982) o N. Bobbio, Il terzo assente. Saggi e discorsi sulla pace e sulla guerra, Turín, Giulio Einaudi Editore, 1989 (trad. castellana: El tercero ausente, Madrid, Cátedra, 2000).

[3] N. Bobbio, Quale socialismo? Discussione di un’alternativa, Turín, Giulio Einaudi Editore, 1976 (trad. castellana: Qué socialismo. Discusión de una alternativa, Madrid, Plaza y Janes, 1977).

[4] Otro autor que ensayó para México poco antes que Bobbio una definición mínima de la democracia, despojada de la propaganda política que prevalecía en esos años en América Latina, fue Enrique Krauze con su conocido ensayo “Por una democracia sin adjetivos”, Vuelta, México, núm. 86, enero de 1984, pp. 4-13.

[5] El debate intelectual sobre la crisis de la democracia podría llenar bibliotecas enteras. En tiempos más recientes destacan las siguientes contribuciones: P. Rossanvallon,  La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, París, Seuil, 2006; P. Rossanvallon, La Légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, París, Le Seuil, 2008; P. Rossanvallon, La Société des égaux, París, Le Seuil, 2011; D. Runciman, The Confidence Trap. A History of Democracy in Crisis from World War I to the Present, Princeton, Princeton University Press, 2013. Habría que incluir también el muy comentado libro de Thomas Piketty, por cuanto sugiere que la democracia tendrá que sobrevivir en una era de crisis económica prolongada: T. Piketty, Le Capital au XXIème siècle, Paris, Seuil, 2013. Véase también el polémico ensayo de Thomas Meaney y Yascha Mounk, “What was Democracy?”, The Nation, 13 de mayo de 2014 (www.thenation.com/article/179851/ what-was-democracy).

[6] Véase, por ejemplo, C. Cansino, S. Schmidt y G. Nares (eds.), ¿Democratizando la democracia? De la Primavera árabe a los Indignados, México, Juan Pablos/BUAP, 2014.

[7] A los interesados en este tema los remito a los siguientes libros: C. Cansino, La revuelta silenciosa. Democracia, espacio público y ciudadanía en América Latina, México, BUAP/CEPCOM/ALED, 2011 y C. Cansino, La nueva democracia en América, México, Juan Pablos, 2013.

[8] G. O’Donnell, “Delegative Democracy”, Journal of Democracy, vol. 5, núm. 1, pp. 13-23.

[9] V.M. Durand Ponte, Desigualdad social y ciudadanía precaria. ¿Estado de excepción permanente?, México, Siglo XXI/UNAM, 2010.

[10] Véase, por ejemplo, A. Roberts, The Logic of Discipline. Global Capitalism and the Arquitecture of Government, Oxford, Oxford University Press, 2013; U. Beck, German Europe, Londres, Polity Press, 2013.

[11] Véase T. Meaney y Y. Mounk, “What was… cit.

[12] Ibíd.

[13] Más sobre este tema puede encontrarse en C. Cansino, La nueva democracia… cit.

maquiaveloQue Maquiavelo haya sido tan maquiavélico es algo que prácticamente ninguna tradición de pensamiento de la modernidad, salvo alguna rara excepción, le ha perdonado al escritor florentino durante quinientos años. Y es que tanto realismo como el que satura las páginas de su obra más emblemática, El Príncipe, abruma y afrenta a una filosofía occidental que en buena medida permanece instalada en un idealismo reificador y mojigato con el que justifica, además, su propia razón de ser. En efecto, para una filosofía política que durante cinco siglos ha buscado afanosamente las claves superiores de un orden social justo, donde lo justo no es otra cosa que vivir de acuerdo a ciertos cánones morales de convivencia que posibiliten la plena realización de todos, el realismo de Maquiavelo resultaba demasiado pedant, un pensamiento distópico poco atraído por los fines superiores del ser y muy ensimismado en el puro y desnudo poder, que como tal está en las antípodas de cualquier floritura o devaneo ético.

Y sin embargo, más allá de los clichés con los que suele asociarse a El Príncipe de Maquiavelo, el presunto maquiavelismo del florentino, que el vulgo terminó definiendo como lecciones despiadadas para conquistar, ejercer y conservar el poder pasando para ello sobre quien haya que pasar y empleando los medios más idóneos sin reparo alguno en los posibles perjuicios que el ejercicio del poder pudiera tener para terceros, aún es motivo de dilucidación. Para empezar, como se ha reconocido en innumerables ocasiones,[1] quedarse sólo con el Maquiavelo de El Príncipe no le hace justicia a un pensador que mostró gran erudición filosófica y sensibilidad historiográfica en otros trabajos de su autoría y que lamentablemente nunca alcanzaron los reflectores que iluminaron sus famosos consejos al Soberano, como señaladamente los Discursos sobre la primera década de Tito Livio, obra en la que podemos reconocer un Maquiavelo interesado en desentrañar los alcances normativos y prácticos de la república romana antigua y que lejos de perderse en los tiempos medioevales para nunca jamás bien podrían —piensa Maquiavelo— seguir inspirando y sustentando sociedades más virtuosas y prósperas en una época renacentista que estaba por parir a los Estados-nación modernos. En segundo lugar, el peso de las interpretaciones maquiavélicas de El Príncipe generadas durante cinco siglos es tan abrumador que terminó eclipsando cualquier otra interpretación que desafiara la pertinencia de aquéllas, siendo que, valga la expresión, no todo en El Príncipe de Maquiavelo es maquiavélico, como han reconocido muchos estudiosos de sus ideas.[2]

Es aquí precisamente donde pretendo moverme en este ensayo, pues más allá de los consejos cargados de realismo al Príncipe, encuentro en Maquiavelo algunas intuiciones geniales y ciertamente muy avanzadas para su tiempo que nos permiten desentrañar algunos aspectos inherentes a las democracias de los modernos. Más específicamente, sostengo que la división perenne e irresoluble que establece Maquiavelo en El Príncipe entre los “grandes” (los poderosos, los pudientes, los adinerados, etcétera) y el “pueblo” (el resto de la sociedad), tiene un valor simbólico de la mayor importancia para comprender no sólo las tensiones que anidan en todas las sociedades habidas y por haber sino también la propia actividad política, entendida en este contexto discursivo como la expresión de esas tensiones a sabiendas de que nunca podrán conjurarse plenamente. Con ello sostengo que hay en El Príncipe no sólo un discurso explícitamente dirigido al soberano, sino también, entre líneas, al pueblo, lo cual sólo se puede apreciar a condición de desenfadarnos un poco del peso de las interpretaciones maquiavélicas, sin que eso signifique cancelar o refutar lo mucho que indudablemente tienen de verdad.

Cabe señalar que mi búsqueda intelectual en este ensayo se nutre de algunas orientaciones metodológicas que he desarrollado en varios trabajos precedentes con el objetivo de incursionar en el pensamiento de los clásicos.[3] En particular, sostengo que la mejor relación que podemos mantener con los clásicos es convertirlos en nuestros contemporáneos; es decir, descurtir sus obras y dialogar con ellos desde los problemas inherentes a las circunstancias actuales que nos han tocado vivir. De hecho, un pensador se vuelve clásico en la medida que las reflexiones que hizo para su tiempo siguen estando vigentes y resultan sugerentes para comprender mejor nuestro presente, o sea el aquí y ahora. Con una reflexión al respecto abro este ensayo, para después dar paso a la interpretación personal que sobre El Príncipe pretendo arriesgar aquí, y concluir con lo que considero son algunas lecciones intemporales de esta obra tan cautivante como intrigante.

I. Volver a los clásicos

La historia de las ideas que no se plantea problemas presentes a la hora de incursionar en el pensamiento de un clásico es pura y estéril escolástica, un ejercicio intelectual de iniciados del que sólo se ocuparán otro puñado de iniciados, en un diálogo de sordos excitados. Estoy convencido que demasiado textualismo o contextualismo o demasiada hermenéutica o exégesis inhibe la imaginación creativa que debería motivar la lectura de un clásico.[4] Es por eso que sostengo que, para que valga la pena leerlos, a los clásicos hay que hacerlos nuestros contemporáneos, dialogar con ellos desde nuestras circunstancias, sin las pretensiones hiperespecializadas o eruditas de los iniciados. Como he mostrado en otra parte, las interpretaciones más ricas y sugerentes de los clásicos han sido aquellas en las que sus creadores intelectuales buscaban en los pensadores del pasado algunas claves para intervenir en su propio presente. Pienso, por ejemplo, en la lectura que de Aristóteles realizó Hannah Arendt, quien encontró en aquél la sabiduría necesaria para repensar a la política en nuestros tiempos y concebirla como el lugar decisivo de la existencia humana, como la acción en libertad; o en la lectura de Thomas Hobbes por parte de Carl Schmidt, quien encontró en aquél las ideas-fuerzas que sustentan y dan viabilidad a los Estados de excepción, como el nacional-socialismo en su tiempo.[5]

No deja de ser curioso constatar que los clásicos resurgen con nueva fuerza cada vez que se intenta soslayarlos para colocar en su lugar a otro tipo de producción de saberes, como las ciencias sociales con sus excesos positivistas o la filosofía analítica con sus excesos metafísicos tan de moda en los claustros de filosofía actuales. Pero resulta que ni las ciencias sociales ni la filosofía analítica han podido culminar con algún éxito su pretensión de convertirse en faros de la verdad. De ahí precisamente el renovado interés que despiertan los clásicos. Pongo un ejemplo, la democracia en Estados Unidos ha motivado todo tipo de estudios científicos especializados, pero ninguno de ellos ha podido esclarecer con más elocuencia que La democracia en América de Alexis de Tocqueville las razones de su perdurabilidad y los misterios de su eficacia, pese haber sido escrito a principios del siglo XIX.[6]

A aquellos pensadores que han resistido el resplandor cegador de una Ciencia capaz de determinar los fines últimos de la sociedad y la política hemos de darles pues, la razón de sus reservas.[7] Pero eso no significa que en su lugar debamos entronizar a la filosofía política, hoy tan acartonada y vacía de vida política, como la propia ciencia política, como nueva administradora de la Verdad.[8] Lo realmente valioso ahora es hacer resurgir una nueva dignidad para el pensamiento político, en su riqueza individual, sin las camisas de fuerza del método científico y las anteojeras de la filosofía analítica.

Entonces, si hemos de volver a los clásicos habrá que hacerlo más allá de sus contextos y tiempos, o sea más allá de cualquier historia historicista, con un espíritu tentativo e indagatorio, desde nuestro presente y nuestra circunstancia.[9] Esto no debe interpretarse necesariamente como una opción a favor o en contra de los clásicos, sino como una crítica a una atmósfera intelectual que desde hace años ha convertido al saber sobre lo político en un asunto pragmático al margen no sólo de la historia de las ideas, sino de lo que dijeron sobre la política los grandes pensadores.[10] En ese sentido, soy de los que considera que es imposible pensar, sobre todo pensar lo político, sin la lectura de los clásicos.[11]

Lo que hace a un autor del pasado actual, o sea clásico, no es tanto que supiera responder acertadamente a los problemas de su tiempo, cuanto que sus respuestas, a unas circunstancias totalmente ajenas a las nuestras, aún pueden valorarse para que nosotros respondamos a los problemas de nuestro tiempo. La actualidad de un clásico no reside en una posible intemporalidad de su verdad, sino en los modos y procedimientos que nos aporta para alcanzar cierta verosimilitud. Nadie lo ha dicho mejor que Merleau-Ponty: “Frente a la búsqueda de los saberes eternos, frente a los que destacan lo irreductible de los Maestros…, lo que cuenta es la vida literaria o filosófica (pensante) que llamamos Cervantes o Descartes, o sea la obra que nos ayuda a pensar aquí y ahora”.[12] Lo importante no son pues las preguntas y las respuestas, sino la forma de responder de un autor, en sintonía con su propia peripecia biográfica. Como alguna vez dijo Hegel: “Estudiando a un clásico no aprendemos una verdad, sino la manera de descubrir verdades”, o como sostuvo Kant: “No se aprende filosofía sino a filosofar”.

Llegados a este punto sostengo que sí es posible leer a un clásico más allá de la veneración acrítica del texto. Sí, a condición de abandonar el ensimismamiento filosófico, el verse permanentemente al ombligo, esa perversión que lleva al filósofo a olvidar que la realidad es inagotable y la vida breve (también la vida del filósofo); es decir, adoptando una posición más escéptica y relajada, pues parece que al profesional de la filosofía le resulta intolerable reconocer que la vida es breve, pero más intolerable le parece que la filosofía nos permita vivir esa brevedad con cierto talante de inmortalidad.[13]

II. Volver a Maquiavelo

Es indudable que de todos los clásicos, Maquiavelo ocupa un sitial destacado como interlocutor de varias generaciones de lectores de su obra, al grado de que ésta ha propiciado todo tipo de interpretaciones, muchas veces contradictorias entre sí. Hoy resulta muy difícil distinguir entre lo que realmente dijo Maquiavelo y las múltiples variedades de maquiavelismo, que se mueven entre el rechazo y la diatriba, el elogio y la exaltación. Como suele decirse, “Dime cómo interpretas a Maquiavelo y te diré quién eres”.

Pero, ¿en dónde reside la variedad de interpretaciones de Maquiavelo? Sin duda, en su realismo político, el cual no debe confundirse con el cinismo que caracteriza al adjetivo “maquiavélico” del lenguaje cotidiano. Se trata de un realismo basado en el rechazo al principio metafísico según el cual existe un solo principio capaz de dar cuenta de lo existente y que, por lo tanto, propone asumir que el primer atributo de lo real es su complejidad. Como hombre dominado por una vocación práctica, Maquiavelo rechaza cualquier pretensión de acceder a una teoría coherente, capaz de agotar la pluralidad de facetas de la vida social, como sí lo hicieron un San Agustín o un Vico, para referirme a dos pensadores casi contemporáneos de Maquiavelo. Su objetivo intelectual era más bien fortalecer la capacidad de juicio ante las circunstancias siempre cambiantes de la dinámica política. En ese sentido su teoría sobre el poder es lo opuesto a los sistemas ideológicos o filosóficos. Su propósito no es ofrecer seguridades o certezas sino enfrentarnos a la experiencia de la incertidumbre ligada a la acción. De ahí que su obra suscite tantas interpretaciones y reacciones, pues es un pensamiento abierto a la contingencia.

Casi sin darnos cuenta, al encontrar en el realismo la clave de la vigencia intelectual de Maquiavelo, hemos entrado en la disputa de interpretaciones que la obra del florentino ha generado durante quinientos años, cuestión que en ningún momento me he propuesto emprender en este escrito. Mi intención es más modesta, la de ofrecer una clave de lectura personal de El Príncipe, obra en la que encuentro algunas lecciones intemporales sobre la dimensión simbólica de la política, que no es otra cosa que lo que los individuos desean y anhelan para proyectarse en su comunidad, desde los imaginarios simbólicos que construyen colectivamente, la tradición, la historia y todo aquello que los aproxima o divide. Huelga decir que mi lectura está motivada por problemas del presente, como la siempre deseada y nunca acabada construcción de ciudadanía, incluso en las democracias más avanzadas del planeta. Mi punto es que hay en Maquiavelo algunas intuiciones en esa dirección que nos llevan a colocar el conflicto perenne que cruza a las sociedades como un punto de partida para entender los límites y alcances de la vida pública ahí donde se han conquistado los derechos más elementales de los seres humanos. Desde esta óptica, habría incluso que repensar la concepción del poder que convencionalmente se reconoce en Maquiavelo, pues si el poder se funda en el conflicto irresoluble que divide a las sociedades, su concentración o conservación no depende sólo de la virtud y la fortuna de un soberano, sino también de los propios ciudadanos, que no sólo son los interlocutores o destinatarios retóricos del poder ocupado sino actores políticos capaces de instituir in nuce los valores que han de regir en el todo social, incluyendo a los monarcas.

El lector más acucioso quizá ya haya reconocido en esta tentativa la influencia que ejercen en mi razonamiento autores como Hannah Arendt, Claude Lefort, Cornelius Castoriadis y Agapito Maestre, entre otros, todos ellos referentes intelectuales fundamentales para repensar la política desde la res pública, desde los ciudadanos y sus imaginarios sociales, desde los espacios público-políticos. Lo admito, pero a final de cuentas, si hemos de leer a los clásicos desde problemáticas presentes no podemos prescindir tampoco de nuestras convicciones personales afirmadas en la confrontación teórica con nuestros contemporáneos. Que ello sesgue en alguna medida nuestra interpretación de los clásicos es algo con lo que tenemos que vivir quienes nos ocupamos de pensar la política, aunque sin renunciar a cierto escepticismo de partida que nos impida caer en los dogmatismos tan frecuentados por el pensamiento único.[14]

¿Qué lectura de Maquiavelo sería entonces a estas alturas la más pertinente, o sea la que tenga algún sentido para nosotros aquí y ahora? En primer lugar yo le daría un no rotundo a todas aquellas interpretaciones que caen en la diatriba o la descalificación superficiales o viscerales. A estas alturas, seguir sosteniendo que Maquiavelo es sólo un “técnico de la política”, un “Maestro del mal”, un “pensador amoral”, etcétera, es permanecer en los clichés que sólo entorpecen la comprensión de un pensamiento tan rico como el del florentino. En segundo lugar, le diría no a lo obvio, a los lugares comunes, a la simplificación y la vulgarización de su obra. A estas alturas no tiene ninguna utilidad conceder algún estatuto de validez definitivo a lugares comunes como: “no importan los medios para alcanzar los fines”, “la política camina por un lado y la moral por otro”, “la política es puro engaño y mentira”, “lo importante es el éxito de la acción no los principios”. Del mismo modo, resulta ocioso sostener que Maquiavelo es el padre de la filosofía política moderna o de la ciencia política moderna, pues además de que no es cierto, totemiza un pensamiento que si algo ha mostrado a lo largo de cinco siglos es una gran vitalidad. Finalmente, como ya lo adelante, le diría no a todas las tentativas historicistas sobradamente ilustradas de aproximarse a su obra y que poco contribuyen a repensar la política desde el presente. Contrariamente a todo ello, le diría sí a toda tentativa de lectura que busque desentrañar en su obra los elementos finos de su concepción del poder, las formas de ejercerlo, el papel del pueblo y el lugar de la política, y que resulten reveladores para entender nuestro propio presente.

III. La dimensión simbólica de lo político

Mi tesis en este ensayo es que Maquiavelo nos descubre como ningún otro pensador clásico el ser de lo político en los propios principios de su constitución, o sea en la división de poder y sociedad, por lo que toda sociedad es sociedad política. La diferenciación de la sociedad respecto del poder señala la dimensión simbólica de lo social: su afuera constituyente. La sociedad sólo se abre paso a sí misma a través de la exterioridad simbólica del poder. En la escisión del poder, la sociedad localiza simbólicamente fuera de sí a su otro: el poder. En ese sentido, como vio muy bien Lefort, el Estado es tanto poder instituyente como instituido, y la comunidad simbólica que configura no puede desprenderse de la división, pues ésta es constitutiva de la sociedad, es el principio de la ciudad.[15] El vínculo político no elimina pues, la división social, la transforma en diferencia política, en oposición política, y así contiene su violencia y la amenaza constante de insumisión o guerra civil. Hay política en la medida que se acepta que ni la diferencia social ni la diferencia de poder y sociedad son erradicables.

Que para Maquiavelo todas las sociedades estén divididas de origen y que la división de Estado y sociedad civil define el modo como se constituye la sociedad política, queda muy bien expuesto en el siguiente pasaje muy conocido de El Príncipe: “En toda ciudad hay dos humores diferentes, el del pueblo y el de los grandes: el pueblo no quiere ser dirigido y oprimido por los grandes; los grandes quieren dirigir y someter al pueblo. Y de estos dos diferentes apetitos nace en las ciudades uno de estos tres efectos: principado, libertad o anarquía”.[16] De lo que se desprende que toda sociedad política se eleva sobre un abismo que no puede cerrar, su fondo está sellado por una división que resume la oposición irreductible de dos deseos: el deseo de dominar y el deseo de no ser dominado. El Estado se funda en el choque de estos dos apetitos insaciables.

Ahora bien, la división de ambos deseos puede engendrar tres tipos de organización: el poder de uno (principado), el anónimo poder de la ley (república) o por no llegar a conformar ningún poder desembocan en la anarquía. Para Maquiavelo, ni el principado ni la república pueden levantarse sobre suelo firme, sólo pueden encontrar asiento en el inestable flujo que dibuja la oposición de los deseos. Este movedizo terreno impide que el poder del Príncipe devenga poder absoluto y que la ley republicana se sustraiga al debate que suscita la ausencia de una determinación positiva de lo social. En la medida que se evita que el deseo de dominación pueda cumplirse, el Príncipe y la república se destacan de la sociedad civil, de la oposición de clases. Sólo ese trabajo de mediación los puede convertir en los extremos instituyentes de una comunidad política. Por lo tanto, el poder nunca puede ser rebajado al plano de la realidad fáctica, nunca puede ser localizado en el interior de la sociedad, confundido con alguno de sus componentes.

En el caso del poder del Príncipe éste se instituye a partir de un vacío, la experiencia de un vacío que ninguna política puede llenar, por el reconocimiento de la imposibilidad en que está el Estado de reducir la sociedad a la unidad. Pero que el poder del Príncipe se perciba en esa dependencia de la sociedad no significa que su dominio sea una ficción. El Príncipe ha de elegir siempre a quién apoyar. Inversamente, el pueblo puede someterse a la autoridad del Príncipe no sólo porque percibe su poder de una naturaleza diferente al de los grandes, sino porque su fin no es dominar, sino no ser dominado. Así es como el deseo del pueblo de no ser dominado conecta con el deseo de dominar del Príncipe, así es como “el no-poder y el poder absoluto se pegan uno a otro”.[17]

De lo dicho hasta aquí queda claro lo distante que estaba Maquiavelo de las visiones contractualistas que alcanzaron su apogeo en los siglos XVII y XVIII. Así, por ejemplo, la imagen de un contrato hipotético donde se intercambia obediencia por protección (Hobbes) no está presente en Maquiavelo. Si acaso, éste admite cierta cesión, cuando el pueblo cede a la dominación del Estado en favor de su defensa contra la opresión de los grandes. En efecto, según Maquiavelo, cuando el pueblo lucha para no ser oprimido está preparándose, sin embargo, para una opresión de nuevo género, cuando imagina el bien, alcanza, empero, otro mal, pero menor que aquel que se incuba en el seno de la sociedad civil. Más aún, el pueblo, reducido a su condición de rechazar la dominación, no está en condiciones de contratar o pactar nada, sólo de ceder. Asimismo, contrariamente al principio contractualista según el cual el estado de naturaleza se resuelve en un contrato para neutralizar la amenaza de ambos humores, confiriendo al Estado el papel de solución al conflicto, Maquiavelo concibe al conflicto como inherente a la división social, y como tal irreductible e irresoluble. Con ello cae por tierra la apreciación de varios especialistas según la cual Maquiavelo es el padre de la filosofía política moderna, pues ésta, como advirtió muy bien el historiador de las ideas Norberto Bobbio, tuvo su impulso inicial en el iusnaturalismo, el cual estaba muy distante de las inquietudes intelectuales del autor de El Príncipe.[18]

Queda por dilucidar una cuestión crucial: ¿si para Maquiavelo el pueblo se deja defender en ciertas circunstancias por el Estado, el cual no es el objeto del deseo del pueblo sino sólo el poder que en ciertas circunstancias puede contener el deseo de opresión de los grandes, significa esto que el pueblo es ciego para percibir la opresión que en él se esconde o, más bien, se consiente voluntariamente en ese engaño? Maquiavelo no tiene una respuesta explícita a este dilema, como sí la tuvo su contemporáneo francés Éttienne de La Boétie en su célebre Discurso sobre la servidumbre voluntaria, el cual deja muy mal parado al pueblo.[19] Sin embargo, Maquiavelo apunta algo cuando dilucida sobre las características ideales para que el soberano pueda conquistar el respaldo del pueblo, o sea para que su ejercicio de poder sea eficaz. Así, por ejemplo, sostiene que en el terreno político están mezclados apariencia y realidad, bien y mal. La dominación del Príncipe no sería en sí misma un mal, sino el mal menor que el pueblo acoge a la luz de la dominación de los grandes. Ese mal menor tendría la apariencia del bien, ocuparía temporalmente su lugar. El pueblo es engañado en la misma medida en que se deja engañar; el Príncipe no puede quitarse la máscara, dejar de ser un “simulador”, mostrar al desnudo su deseo de dominar sin ser considerado como un opresor más entre otros.

De lo visto hasta aquí queda claro que para Maquiavelo la división social es imborrable, pues no se debe a circunstancias históricas particulares, sino que es constitutiva del ser social, sea cual sea su forma política. En el fondo de cualquier sociedad encontramos la oposición de esos deseos igualmente insaciables: el deseo de dominar y el deseo de no ser dominado. Ambos se oponen, pero ninguno se da sin el otro, se requieren; ambos constituyen al ser humano, uno remite al otro y el otro al uno.

De ser correcta esta interpretación, hay en Maquiavelo una serie de intuiciones muy valiosas que bien leídas nos permitirían entender mejor la complejidad de lo político en nuestros días. Así, por ejemplo, si el poder está instalado en el corazón de lo inestable siempre existe la posibilidad de la lucha social, de la insumisión, de la emergencia de un imaginario simbólico que propicie el tránsito de una sociedad civil a una sociedad política, dando una salida a los deseos desencadenados que, de otro modo, hundirían a la sociedad en una guerra civil. En efecto, allí donde los conflictos se centran alrededor de la oposición del pueblo y los grandes, sigue existiendo la función de lo imaginario de recubrir un abismo que nunca puede ser colmado, dar su identidad a lo que de suyo no la tiene. Como diría Lefort, “el poder se inserta siempre en un vacío social y sólo se mantiene en movimiento”.[20]

Por otra parte, si el trabajo del poder es impedir que pueda ser satisfecho el deseo de opresión, son las republicas más que los principados las que mejor la desempeñan. En efecto, al asociar la libertad a la ley la república se presenta como el régimen que puede satisfacer durante más tiempo la libertad. En la república el deseo de la libertad es un deseo sin objeto y nunca llega a colmarse porque la libertad no es un objeto. Sólo puede ser definida como negación de otro deseo. El deseo de libertad no es deseo de tener, sino de ser. La libertad no puede poseerse como la riqueza, la gloria o la influencia. Por el deseo de ser el ser de la sociedad excede cualquier realidad dada. De ahí que la política es siempre incertidumbre, pues se funda perennemente en la división social y el conflicto.

IV. Un Maquiavelo más allá del maquiavelismo

La interpretación de El Príncipe de Maquiavelo propuesta arriba implica un ajuste de cuentas con ciertos aspectos de la visión dominante de esta obra. En primer lugar cuestiona la idea muy generalizada de que hay en Maquiavelo una tentativa explícita de establecer unas supuestas leyes o claves o reglas sobre la política. Esta idea es imprecisa porque Maquiavelo reconocía precisamente la incertidumbre de la política, y de la incertidumbre no pueden extraerse leyes, si acaso algunas intuiciones. Pero esta idea no sólo es imprecisa sino también desafortunada, pues es precisamente ese tipo de asociaciones mecánicas las que han conducido a tergiversar el pensamiento de Maquiavelo, a simplificarlo o estigmatizarlo, generando todo tipo de vulgarizaciones y lugares comunes, empezando por concebirlo como el padre de la ciencia política o de la filosofía política moderna, o como un “técnico” de la política. Que Maquiavelo haya escrito sin reparos de ningún tipo sus intuiciones sobre el ejercicio del poder no significa que les confiriera un estatuto de leyes universales infalibles. Maquiavelo entendía mejor que nadie que la política se debe a sus circunstancias. Además, si la ciencia política ha dado tantos tumbos en su devenir es precisamente porque se propuso ilusamente descubrir algo así como las leyes de la política, siendo que de la política no se pueden hacer leyes, como advirtió muy bien Max Weber.[21]

Otra idea muy generalizada sostiene que Maquiavelo depositaba en el elemento de la fuerza su concepción del poder. Según esta idea con sólo la voluntad o sus creencias los seres humanos no darían forma a las sociedades, por lo que se requiere de la fuerza que los obligue y de esta manera preserve a la sociedad y salvaguarde al Estado. El tema sin duda está presente en El Príncipe, pero no considero que sea tan decisivo como suele creerse. En mi opinión, más que la fuerza como factor necesario para formar a las sociedades, supuestamente incapaces de entretejer por sí solas relaciones de interés y cooperación, el verdadero meollo para Maquiavelo es la división social entre los grandes y el pueblo, una división irresoluble que realmente constituye a la sociedad. Dicho de otra manera, no considero que sea la fuerza la condición que para Maquiavelo forme a las sociedades (la que la preserve y salvaguarde), sino que el movimiento social se crea por la división social y el conflicto permanente que de ahí deriva.

Por último, suele pensarse que Maquiavelo expulsa al pueblo de cualquier tipo de vida política, en la medida que el Príncipe se afirma en su poder sometiendo a aquél. Pero esta apreciación requiere alguna matización, pues con frecuencia Maquiavelo señalaba que el Príncipe requería de un pueblo para ser Príncipe así como proyectar ciertas virtudes para no ser odiado por el pueblo. Mi objeción consiste en que Maquiavelo no necesariamente concebía al pueblo gravitando inexorablemente en torno al Príncipe, como suele creerse, pues al reconocer en el pueblo el deseo de no ser oprimido, le concede un protagonismo que no puede soslayarse. El deseo de no ser oprimido es un deseo de libertad, deseo que como tal es más fuerte que la libertad misma, y ese es el verdadero motor contra la opresión absoluta, sobre todo porque permanece irresoluble en la división que constituye a la sociedad.

V. Lecciones intemporales

Como hemos visto en este ensayo, contrariamente a lo que suele pensarse, Maquiavelo sí se interesa por el problema de la fundación y la institución de las ciudades. Pero a diferencia de los contractualistas no se ocupa del problema del origen de lo social, pues para él el mundo social ya está dado. La dimensión social es constitutiva de la sociedad política y, por tanto, insuperable e irresoluble. Maquiavelo no califica al pueblo, no dice que es bueno o malo, él sólo cree en la fecundidad del conflicto. La institución de la ciudad depende de las relaciones que establece el detentador de la autoridad con el pueblo, el conjunto de los miembros de la ciudad, y más específicamente entre aquellos cuya condición es superior (los grandes) y la mayoría, entre los que quieren dominar y los que no quieren ser dominados.

Si esta lectura tiene alguna validez debemos reconocer también que hay en Maquiavelo in nuce algunas intuiciones muy sugerentes para comprender algunos aspectos constitutivos de las democracias modernas y que parecen tener una gran actualidad. Aquí apunto tres, a manera de lecciones intemporales.

En primer lugar, está la idea de que el poder siempre permanece en vilo, nunca es definitivo ni seguro, pues está conectado continuamente con una sociedad dividida de origen por un conflicto irresoluble. El poder puede ser ocupado por una autoridad o por la ley, puede ser más o menos violento, puede ejercer mayor o menor fuerza, pero nunca puede sustraerse de la dinámica social, nunca puede eliminar el conflicto y la división social. El poder siempre está en tensión con lo social, por lo que la sociedad siempre es sociedad política.

En segundo lugar, si la política se constituye en la división y el conflicto sociales entonces la política es indeterminación, incertidumbre, tránsito, movimiento. Nada es para siempre. Aún en las tiranías más absolutistas existe un resquicio a través del cual el pueblo puede afirmarse en su deseo de no ser oprimido. El pueblo, en determinadas circunstancias, puede ceder incluso voluntariamente a la dominación de un tirano, pero nunca renuncia a su deseo de ser libre, pues este lo determina de origen.

Finalmente, el poder aspira siempre a más poder, pero el deseo de libertad de las mayorías siempre aspira a alcanzar más y mejor libertad. En esa tensión irresoluble tiene lugar el ejercicio del poder, su eficacia o su colapso. A su favor el poder cuenta con la fuerza, pero en un momento dado nada hay más poderoso que el deseo de ser libre, incluso más que la propia libertad.


[1] Véase, por ejemplo, J.A.G. Pocock, The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and theAtlantic Republican Tradition, Princeton, Princeton University Press, 1975; M. Viroli (ed.), Libertà politica e virtù civile. Significati e percorsi del repubblicanesimo classico, Turín, Fondazione Giovanni Agnelli, 2004; R. del Aguila y S. Chaparro, La república de Maquiavelo, Madrid, Tecnos, 2006; M. Viroli, La sonrisa de Maquiavelo, Barcelona, Tusquets, 2000; C. Lefort, Maquiavelo. Lecturas de lo político, Madrid, Trotta, 2010; J. Sánchez-Parga, Poder y política en Maquiavelo, Rosario, Homo Sapiens, 2005.

[2] Véase, por ejemplo, E. Serrano Gómez, “Maquiavelo más allá del maquiavelismo”, Metapolítica, México, núm. 23, mayo-junio, 2002, pp. 63-73; C. Lefort, “Maquiavelo no es un técnico de la política”, Metapolítica, México, núm. 23, mayo-junio, 2002, pp. 55-60; H. Arendt, “Una bitácora para leer a Maquiavelo”, Metapolítica, México, núm. 23, mayo-junio, 2002, pp. 38.45; R. Sánchez Benítez, “Maquiavelo y el mal”, Metapolítica, México, núm. 23, mayo-junio, 2002, pp. 97-105.

[3] C. Cansino, Historia de las ideas políticas. Fundamentos filosóficos y dilemas metodológicos, México, Cepcom, 1998; C. Cansino, “Hannah Arendt, lectora de los clásicos antiguos y modernos”, Metapolítica, México, núm. 13, enero-marzo, 2000, pp. 110-119; C. Cansino y V. Alarcón (eds.), Carl Schmitt. Enfoques críticos, México, UAM-Iztapalapa, 1987.

[4] Véase C. Cansino, Historia de las…, cit., pp. 11-24.

[5] C. Cansino, “Hannah Arendt…”, cit., pp. 110-111; C. Cansino, “Carl Schmitt y la doctrina del Estado absoluto”, en G. Ávalos Tenorio y M. D. Paris (eds.), Política y Estado en el pensamiento moderno, México, UAM-Xochimilco, pp. 289-300.

[6] Véase, C. Cansino, La nueva democracia en América, México, Juan Pablos, 2013.

[7] Sobre la obsolescencia de las ciencias sociales véase C. Cansino, La muerte de la ciencia política, Buenos Aires, Sudamericana, 2008.

[8] He entregado recientemente a la imprenta un libro intitulado La muerte de la filosofía política.

[9] Véase A. Maestre, “¿Cómo leer a los clásicos? El alcance político de la lectura y la modelación lectora del pensamiento”, Metapolítica, México, núm. 13, enero-marzo, 2000, pp. 11-26.

[10] Véase D.M. Ricci, The Tragedy of Political Science, Londres, Yale University Press, 1984.

[11] Véase C. Cansino, La muerte de la…, cit., pp. 255.271.

[12] M. Merleau-Ponty, Signos, Barcelona, Seix Barral, 1964, p. 157.

[13] Véase al respecto A. Maestre, “¿Cómo leer…?”, cit., p. 17.

[14] Entre las obras más importantes de estos autores están H. Arendt, ¿Qué es la política?, Barcelona, Paidós, 1999; H. Arendt, La condición humana, Barcelona, Paidós, 1988; C. Lefort, L’invention démocratique, París, Fayard, 1942; C. Lefort, Essais sur le politique, París, Du Seuil, 1986; C. Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, Madrid, Tusquets, 1983; A. Maestre, Escribir la política, México, Cepcom, 2001; A. Maestre, El poder el vilo, Madrid, Tecnos, 1998.

[15] C. Lefort, Maquiavelo. Lecturas…, cit., p. 112.

[16] N. Maquiavelo, El Príncipe, Madrid, Tecnos, 1991, p. 18.

[17] E. Molina, “Maquiavelo en la obra de Claude Lefort”, Metapolítica, México, núm. 13, enero-marzo, 2000, pp. 64-75.

[18] Bobbio, Liberalismo y democracia, México, FCE.

[19] E. de La Boétie, Discurso sobre la servidumbre voluntaria, Buenos Aires, Terramar, 2008.

[20] C. Lefort, Maquiavelo, Lecturas…, cit., p. 79.

[21] M. Weber, Economía y sociedad, vol. 1, México, FCE, 1976, p. 329.

LETRA_~11. Introducción

Nada hay más intangible e insustancial que los discursos políticos, más aún si son parte de una campaña electoral, o sea cuando están confeccionados deliberadamente para persuadir a los ciudadanos de las bondades de votar por un determinado partido o candidato, para lo cual los políticos suelen contratar los servicios profesionales de una nueva clase de mercaderes de la política, mejor conocidos como “consejeros”, “asesores” o “consultores”, auténticos charlatanes y oportunistas que diseñan campañas y fabrican la imagen pública de los candidatos con supuestas bases científicas emanadas de la comunicación de masas y el marketing político, y que le añaden la palabra “estrategia” a todo lo que proponen.[1] Por esta vía la política profesional termina siendo una mera técnica de persuasión muy distante de los objetivos superiores con los que llegó a asociarse alguna vez, como el arte de gobernar, la resolución de conflictos, la búsqueda del bien común, la defensa de la dignidad humana, la representación de intereses colectivos, etcétera.

Pero si el discurso político en las democracias modernas se ha vuelto algo tan superficial y vacuo, pretender analizarlo y calificarlo con supuestas bases científicas se vuelve, en mi opinión, un ejercicio tan insustancial como el propio objeto que examina. Francamente, no veo por ningún lado la utilidad de calificar las características finas de un discurso político, como su consistencia, su coherencia, su lógica argumentativa, su tono emocional, etcétera, ni de compararlos con otros discursos para ver cuál fue mejor y cuál peor, como si con ello se pudiera modificar la percepción que en su momento tuvo la sociedad sobre tal o cual discurso o sobre los políticos que los presentaron. En la actualidad, las sociedades suelen ser muy críticas y escépticas, y difícilmente se dejan engañar o seducir por el dicho de sus políticos. De ahí que la calificación rigurosa de los discursos políticos en campaña termina siendo una sofisticación para especialistas y curiosos, con escasa relevancia o impacto social.

No es casual que en cada nación del mundo la historia sólo registra un puñado de discursos políticos realmente memorables y que han pasado a la posteridad en el mar de palabras que se lleva el viento. Ahí quedan, por ejemplo, “Los sentimientos de la nación” de un Morelos o el discurso de Benito Juárez ante el Congreso para motivar la promulgación de las Leyes de Reforma, o el discurso del general Cárdenas para expropiar el petróleo o, más recientemente, el VI Informe de López Portillo donde planteaba la estatización de la Banca, o el apasionado discurso de Colosio en aquel funesto marzo: “veo un México…”, o el no menos recordado discurso en tribuna de Muñoz Ledo en respuesta al Primer Informe de Zedillo. A estos discursos habrá que sumar otros cinco o seis igualmente memorables y párele de contar. La verdad es que son muy pocos para una historia de tantos siglos y tantas gestas. Digamos pues, que los buenos discursos, los que serán recordados y transmitidos de generación en generación, no se dan en maseta, y que son los pueblos y nadie más los que los colocan en ese sitial de honor y gloria.

En virtud de lo anterior, en lugar de un análisis cuantitativista para evaluar y calificar los discursos de campaña en el proceso electoral federal de 2012, o sea un análisis del discurso basado en alguno de los muchos modelos que la literatura especializada ha generado para ello, me propongo en este artículo desarrollar un análisis sobre la consistencia y viabilidad de dichos discursos en contraste con el país que bocetan para el porvenir. Más específicamente, propongo un análisis del discurso político basado en tres interrogantes: a) ¿qué nos dicen los discursos de campaña sobre el futuro del país?, b) ¿qué tanto se corresponden los discursos de campaña sobre el futuro del país con los deseos y percepciones de la sociedad en general?, y c) ¿cuál es el grado de veracidad y la viabilidad real de dicha idea de futuro bocetado en el discurso? Mi tesis al respecto es que los discursos de campaña con los que nos bombardearon los candidatos a la presidencia de la República durante el proceso electoral de 2012 ni siquiera califican para un análisis serio de este tipo, pues la inmensa mayoría de ellos careció del más elemental principio de realidad, abusó de una retórica simplificadora y épica, exhibió una ignorancia apabullante sobre la problemática nacional y apeló más a sentimientos que a hechos duros y concretos, en una lógica implícita de subestimación de las capacidades de discernimiento de los electores.

Me queda claro que un análisis de este tipo ofrece muchas posibilidades para la reflexión, dependiendo de su profundidad y alcance. Lo ideal sería aplicarlo a todos los candidatos y a todos sus discursos de campaña, para establecer comparaciones sobre el grado de viabilidad de los mismos. Proceder así nos permitiría incluso establecer correlaciones significativas entre preferencias electorales y viabilidad de los discursos, o sobre las percepciones sociales de los problemas que aquejan a la sociedad y el país que anhelan y la capacidad de los discursos de reflejarlos con alguna fidelidad. Sin embargo, un análisis de este tipo rebasa por mucho las posibilidades de tiempo y espacio de este ensayo. En virtud de ello, me concentraré en el discurso político del candidato que a la postre se llevó el triunfo electoral, el candidato del PRI-PVEM (Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México), Enrique Peña Nieto. La razón es obvia. Sólo uno de los proyectos de futuro de los esbozados por los candidatos presidenciales en sus discursos de campaña, podrá ensayarse en el fututo inmediato, siempre y cuando así lo disponga el candidato ganador, y los demás quedarán en el olvido. Mejor concentrarse pues, en un discurso al que se le puede dar seguimiento durante los próximos seis años que en los discursos que se quedaron en la orilla.

Para tal efecto, debemos aceptar en principio que a un discurso de campaña no se le puede pedir más de lo que es: una propuesta retórica para el futuro, deliberadamente persuasiva, emotiva y estentórea, que busca concitar apoyos en forma de votos. Perder de vista esto nos puede llevar a conclusiones innecesariamente rígidas o categóricas, y en consecuencia improcedentes. Sin embargo, eso no significa que debamos concebir per se a un discurso de campaña como algo ilusorio e insustancial, que no compromete u obliga en alguna medida a quien lo prohíja. Lejos de ello, la democracia entraña compromisos y responsabilidades para los representantes políticos de una comunidad, empezando por darle contenido y cause a las promesas de campaña, gracias a las cuales un candidato logra conquistar el poder político. No por casualidad, la ciencia política ha elaborado recientemente un modelo de “calidad de la democracia”, en el que uno de sus componentes es precisamente lo que sus creadores intelectuales denominan “responsiveness” (reciprocidad, en una traducción propia), o sea el grado en que los políticos se responsabilizan con sus acciones de darle cause a sus promesas de campaña; es decir, según esta concepción, una democracia será mejor si los representantes políticos honran su palabra con hechos.

2. Una premisa teórica

Desde su constitución como una disciplina con pretensiones científicas, es decir empírica, demostrativa y rigurosa en el plano metodológico y conceptual, la ciencia política ha estado obsesionada en ofrecer una definición empírica de la democracia, o sea una definición no contaminada por ningún tipo de prejuicio valorativo o prescriptivo; una definición objetiva y lo suficientemente precisa como para estudiar científicamente cualquier régimen que se presuma como democrático y establecer comparaciones bien conducidas de diferentes democracias.[2]

El interés en el tema se ha movido entre distintos tópicos: estudios comparados para medir cuáles democracias son en los hechos más democráticas según indicadores preestablecidos; las transiciones a las democracias o democratizaciones; las crisis de las democracias, el cálculo del consenso, la agregación de intereses, la representación política, etcétera. Sin embargo, la definición empírica de democracia avanzada por la ciencia política, parece haberse topado finalmente con una piedra que le impide ir más lejos. En efecto, a juzgar por el debate que desde hace una década se ha venido ventilando en el seno de la ciencia política en torno a la así llamada “calidad de la democracia”, se ha puesto en cuestión la pertinencia de la definición empírica de democracia largamente dominante si de lo que se trata es de evaluar qué tan “buenas” son las democracias realmente existentes o si tienen o no calidad.[3]

El tema de la calidad de la democracia surge de la necesidad de introducir criterios más pertinentes y realistas para examinar a las democracias contemporáneas, la mayoría de ellas (sobre todo las de América Latina, Europa del Este, África y Asia) muy por debajo de los estándares mínimos de calidad deseables. Por la vía de los hechos, el concepto precedente de “consolidación democrática”, con el que se pretendían establecer parámetros precisos para que una democracia recién instaurada pudiera considerarse firmemente institucionalizada y legitimada, terminó siendo insustancial, pues fueron muy pocas las transiciones que durante la “tercera ola” de democratizaciones, para decirlo en palabras de Huntington (1991), pudieron efectivamente consolidarse. Por el contrario, la mayoría de las democracias recién instauradas si bien han podido perdurar lo han hecho en condiciones francamente delicadas y han sido institucionalmente muy frágiles. De ahí que si la constante empírica ha sido más la mera persistencia que la consolidación de las democracias instauradas durante los últimos treinta años, se volvía necesario introducir un conjunto de criterios más pertinentes para dar cuenta de manera rigurosa de las insuficiencias y los innumerables problemas que en la realidad experimentan la mayoría de las democracias en el mundo.

En principio, la noción de “calidad de la democracia” vino a colmar este vacío y hasta ahora sus promotores intelectuales han aportado criterios muy útiles y sugerentes para la investigación empírica. Sin embargo, conforme este enfoque ganaba adeptos entre los politólogos, la ciencia política empírica fue entrando casi imperceptiblemente en un terreno movedizo que hacía tambalear muchos de los presupuestos que trabajosamente había construido desde su constitución en los años cuarenta del siglo pasado en Estados Unidos y que le daban identidad y sentido. Baste señalar que el concepto de calidad de la democracia adopta criterios indiscutiblemente normativos e ideales para evaluar a las democracias existentes, con lo que se trastoca el imperativo de prescindir de conceptos cuya carga valorativa pudiera entorpecer el estudio objetivo de la realidad. Así, por ejemplo, los introductores de este concepto a la jerga de la politología —académicos muy reconocidos, como Morlino, O’Donnell, Schmitter, entre muchos otros—, plantean como criterios para evaluar qué tan buena es una democracia establecer si en los hechos dicha democracia se aproxima a (o se aleja de) los ideales de libertad e igualdad inherentes a la propia democracia, o si los políticos actúan en apego a la ley, rinden periódicamente cuentas de sus acciones y hacen valer con hechos su palabra.

Como se puede observar, al proceder así la ciencia política ha dejado entrar por la ventana aquello que celosamente intentó expulsar desde su constitución; es decir, elementos abiertamente normativos y prescriptivos. Pero más allá de ponderar lo que esta contradicción supone para la ciencia política, en términos de su congruencia, pertinencia e incluso vigencia,[4] el asunto muestra con toda claridad la imposibilidad de evaluar a las democracias realmente existentes si no es adoptando criterios de deber ser que la politología siempre miró con desdén. Dicho de otra manera, lo que el debate sobre la calidad de la democracia revela es que hoy no se puede decir nada interesante y sugerente sobre la realidad de las democracias si no es recurriendo a una definición ideal o normativa de la democracia que oriente nuestras búsquedas e interrogantes sobre el fenómeno democrático.

Tiene mucho sentido para las politólogos que han incursionado en el tema de la calidad de la democracia partir de una nueva definición de democracia, distinta a la que ha prevalecido durante décadas en el seno de la disciplina, más preocupada en los procedimientos electorales que aseguran la circulación de las elites políticas que en aspectos relativos a la afirmación de los ciudadanos en todos sus derechos y obligaciones, y no sólo en lo tocante al sufragio. Así lo entendió hace tiempo Philippe C. Schmitter, quien explícitamente se propuso en un ensayo muy citado ofrecer una definición alternativa: “la democracia es un régimen o sistema de gobierno en el que las acciones de los gobernantes son vigiladas por los ciudadanos que actúan indirectamente a través de la competencia y la cooperación de sus representantes” (Schmitter y Karl, 1993).

Con esta definición se abría la puerta a la idea de democracia que hoy comparten muchos politólogos que se han propuesto medir qué tan buenas (o malas) son las democracias realmente existentes. La premisa fuerte de todos estos autores es considerar a la democracia desde el punto de vista del ciudadano; es decir, todos ellos se preguntan qué tanto una democracia respeta, promueve y asegura los derechos del ciudadano en relación con sus gobernantes. Así, entre más una democracia posibilita que los ciudadanos, además de elegir a sus representantes, puedan sancionarlos, vigilarlos, controlarlos y exigirles que tomen decisiones acordes a sus necesidades y demandas, dicha democracia será de mayor calidad, y viceversa. En esa dirección contribuyó sobremanera el concepto de “democracia delegativa” acuñado por el politólogo argentino Guillermo O’Donnell en 1994. Según esta concepción, existen varias democracias en el mundo, como las de América Latina, en las que los ciudadanos carecen de toda posibilidad normativamente establecida para influir en los asuntos públicos más allá de poder elegir a sus representantes periódicamente. Por muchas razones, en estas democracias no maduró una serie de preceptos jurídicos que aseguraran que los ciudadanos fueran siempre el origen y el fin de todas las decisiones políticas que les competen. Más allá de reglas e instituciones electorales, cuestiones como el gobierno de la ley, la rendición de cuentas o la responsabilidad de los políticos ante los ciudadanos han sido intermitentes o francamente inexistentes. De ahí que se trate de democracias delegativas, pues una vez que los ciudadanos eligen a sus representantes, les delegan la función de gobernar por un tiempo determinado, durante el cual no podrán incidir de ninguna manera por carecer de las vías institucionales o jurídicas para hacerlo; es decir, no tienen la oportunidad de verificar y evaluar la labor de sus gobernantes una vez electos.

Llegados a este punto, sólo había que juntar los elementos dispersos para dar lugar a una noción de democracia pertinente para los efectos de medir su mayor o menor calidad en casos concretos. La síntesis y la propuesta más acabada elaborada hasta ahora se debe al politólogo italiano Leonardo Morlino (2003), quien con gran atingencia resume en cinco puntos los criterios para medir una democracia de calidad: a) gobierno de la ley (rule of law); b) rendición de cuentas (accountability); c) reciprocidad (responsiveness); d) qué tanto la democracia en cuestión se aproxima al ideal de libertad inherente a la democracia (respeto pleno de los derechos que se extienden al logro de un abanico cada vez mayor de libertades); y e) qué tanto la democracia en cuestión se aproxima al ideal de igualdad inherente a la democracia (implementación progresiva de mayor igualdad política, social y económica). Así, prosigue el autor, “una democracia de calidad o buena es aquella que presenta una estructura institucional estable que hace posible la libertad e igualdad de los ciudadanos mediante el funcionamiento legítimo y correcto de sus instituciones y mecanismos”.

A primera vista, la noción de democracia de calidad aportada por estos autores resulta muy sugerente para el análisis de las democracias modernas, a condición de considerarlo como un modelo típico-ideal que anteponer a la realidad siempre imperfecta y llena de contradicciones. Por esta vía se establecen parámetros de idoneidad cuya consecución puede alentar soluciones y correcciones prácticas, pues no debe olvidarse que el deber ser que alienta las acciones adquiere de algún modo materialidad en el momento mismo en que es incorporado en forma de proyectos o metas deseables o alternativas. Además, por las características de los criterios adoptados en la definición de democracia de calidad, se trata de un modelo abiertamente normativo y prescriptivo que incluso podría emparentarse sin dificultad con la idea de Estado de derecho democrático; es decir, con una noción jurídica que se alimenta de las filosofías liberal y democrática y que se traduce en preceptos para asegurar los derechos individuales y la equidad propia de una sociedad soberana y políticamente responsable.

La principal contribución del modelo de democracia de calidad es ofrecer una serie de criterios mínimos indispensables de carácter normativo para hablar de una democracia efectiva, a saber: gobierno de la ley, rendición de cuentas, reciprocidad, libertad e igualdad. En el seno de la disciplina en la que este modelo surge —la ciencia política—, quizá se desdibuje su potencial explicativo, pues se presupone que las democracias pueden contar con alguno o algunos de estos criterios sin dejar de ser democracias, si acaso son democracias imperfectas o en vías de consolidación. Contrariamente a este proceder, me parece que este modelo puede ser realmente valioso en la medida que no admita gradaciones en el momento de emplearlo para analizar regímenes políticos concretos. Dicho de otro modo, en estricto sentido, si en un país no operan todos los preceptos definidos por el modelo u operan de manera parcial no merece el nombre de democracia, por más que a ésta se le añadan distintos adjetivos para establecer sus insuficiencias o limitaciones (democracias “imperfectas”, democracias “inconclusas”, democracias “delegativas”, democracias “en transición”, democracias “incipientes”, etcétera). Quizá estemos en presencia de un régimen democrático en lo electoral, pero antidemocrático en todo los demás. No hay por qué temer a los términos. Además, como modelo normativo, el de la calidad democrática nos permite ganar en claridad acerca de las condiciones mínimas de carácter legal centradas en el ciudadano, indispensables para calificar de democracia a un determinado régimen. Ganar en claridad en aspectos tales como la rendición de cuentas, el imperio de la ley o la responsabilidad de los gobernantes es una condición para reconocer los déficits que deberán ser colmados tarde o temprano en la perspectiva de mejorar nuestras realidades políticas.

Además, se trata de criterios normativos fácilmente reconocibles, ya sea porque deberán estar formalizados claramente en las Constituciones nacionales vigentes a manera de garantías y derechos para todos los ciudadanos sin distinción; o porque su efectividad se deduce de las propias condiciones de libertad e igualdad existentes en la sociedad en cuestión. Desde este punto de vista, tiene mucho sentido asumir, por ejemplo, que sólo puede hablarse de democracia en sociedades donde las desigualdades extremas o la concentración inequitativa de la riqueza han disminuido de manera efectiva. Tiene sentido, porque la lógica sugiere que una democracia efectiva no puede más que atender las necesidades y las demandas de las mayorías, a las que se deben los gobernantes de turno, por lo que en presencia de desigualdades oprobiosas hay algo que simplemente no está funcionando. Lo mismo vale para la noción de libertad, que en este caso se traduce en derechos cada vez más efectivos y plenos para las minorías en un país.

Por todo lo anterior, encuentro pertinente en lo general el modelo de democracia de calidad. Recurrir a él desde América Latina, por ejemplo, constituye una herramienta de primera mano para advertir claramente los muchos déficit que los países de esta región tienen en materia de democracia. Además, este modelo, por el hecho de provenir de una tradición de pensamiento a estas alturas muy arraigada e influyente en Latinoamérica, heredera de la vasta literatura politológica sobre transiciones a la democracia, asegura su fácil incorporación a los esquemas de explicación dominantes entre sus intelectuales y académicos. En suma, su impacto está asegurado aquí porque de manera clara y concisa ilustra sobre un deber ser de la democracia históricamente ausente en prácticamente toda la región, pero igualmente indispensable para mejorar las reglas e instituciones políticas existentes.[5] Ahora de lo que se trata es de sumar a la definición mínima de democracia otras condiciones de carácter normativo que finalmente hagan las cuentas con el ciudadano, principio y fin de la democracia. No es aventurado anticipar un gran éxito al modelo de la calidad de la democracia en América Latina, pues existe ya en sus países una conciencia muy desarrollada en torno al papel central del ciudadano en la construcción de sus sociedades, papel que fue largamente escamoteado y ninguneado por las elites locales y que explica en parte la escasa atención que ha merecido en los arreglos normativos vigentes en prácticamente toda la región.

Con todo, por su origen politológico, este modelo sigue atrapado en los esquemas de democracia real dominantes en la disciplina. En ese sentido, para este enfoque, la democracia es ante toda una forma de gobierno basada en una serie de instituciones y procedimientos que regulan la circulación permanente de las elites mediante el sufragio efectivo. Como tal, una democracia puede ser perfectible en la medida que incorpore más derechos y garantías para que los ciudadanos puedan de manera efectiva vigilar, controlar y sancionar a sus autoridades. La adenda es en sí misma valiosa para enriquecer nuestro entendimiento de la democracia, pero ciertamente insuficiente para quien intuye que la democracia es mucho más que una forma de gobierno. Por ello, es menester considerar otros modelos de democracia para los cuales ésta es también una forma de sociedad, una forma de vida. El tránsito a este tipo de posiciones es importante, pues quizá las democracias realmente existentes pueden incorporar en sus arreglos normativos preceptos cada vez más justos y amplios para perfeccionarse, como sugiere el modelo de la calidad democrática, pero al mismo tiempo es muy probable que seguirán atrapadas en disputas mezquinas por el poder que por la vía de los hechos maniaten nuevamente a los ciudadanos y desactiven sus luchas y reivindicaciones. A final de cuentas, el entendimiento del poder en clave realista lleva a reconocer que el peso de los intereses creados no tiene reparos de ningún tipo y todo lo supedita a sus objetivos. De ahí que, aceptando la utilidad que en un primer momento puede tener el concepto y el análisis de la calidad democrática, es importante hurgar también en otros modelos de democracia, quizá menos realistas, para identificar la capacidad instituyente de la sociedad en una democracia y según la cual el que las elites busquen siempre imponer sus reglas y condiciones, más que una limitante es una condición de resistencia, subversión o afirmación creativa y participativa de la sociedad.

Además, en estricto sentido, el tema de la calidad de la democracia no es nuevo. Es tan viejo como la propia democracia. Quizá cambien los términos y los métodos empleados para estudiarla, pero desde siempre ha existido la inquietud de evaluar la pertinencia de las formas de gobierno: ¿por qué una forma de gobiernos es preferible a otras? Es una pregunta central de la filosofía política, y para responderla se han ofrecido los más diversos argumentos para justificar la superioridad de los valores inherentes a una forma política respecto de los valores de formas políticas alternativas. Y aquí justificar no significa otra cosa más que argumentar qué tan justa es una forma de gobierno en relación a las necesidades y la naturaleza de los seres humanos (la condición humana). En este sentido, la ciencia política que ahora abraza la noción de “calidad de la democracia” para calificar a las democracias realmente existentes, no hace sino colocarse en la tradición de pensamiento que va desde Platón —quien trató de reconocer las virtudes de la verdadera República, entre el ideal y la realidad— hasta John Rawls (1971) —quien también buscó afanosamente las claves universales de una sociedad justa—, y al hacerlo, esta disciplina pretendidamente científica muestra implícitamente sus propias inconsistencias e insuficiencias, y quizá, su propia decadencia. La ciencia política, que se reclamaba a sí misma como el saber más riguroso y sistemático de la política, el saber empírico por antonomasia, ha debido ceder finalmente a las tentaciones prescriptivas a la hora de analizar la democracia, pues evaluar su calidad sólo puede hacerse en referencia a un ideal de la misma siempre deseado pero nunca alcanzado.

Independientemente de estos derroteros e inconsistencias, considero que el modelo de calidad de la democracia puede ser útil para nuestro propósito de calificar el discurso de campaña de Peña Nieto sobre el futuro del país, en lo que respecta al grado de responsabilidad que entraña una vez que el susodicho asuma la presidencia. Para ello, retomo del modelo lo relativo a la responsiveness o responsabilidad de los políticos contraída ante los ciudadanos durante su campaña electoral. Según Morlino (2007, p. 30), la responsiveness alude a la correspondencia, responsabilidad o reciprocidad de las decisiones políticas a los deseos de los ciudadanos y la sociedad en general. Ahora bien, para medir el grado de responsiveness de una autoridad, como el Presidente de la República, se sugiere documentar sus discursos de campaña, que presumiblemente fueron avalados por la ciudadanía desde el momento que ésta decidió mayoritariamente elegir su oferta política entre otras en disputa, y contrastarlos con sus acciones de gobierno una vez en el cargo. De esta contrastación puede establecerse la correspondencia entre las promesas del gobernante y sus hechos, y conferirle un valor que resulta del porcentaje de promesas concretadas. Obviamente, un porcentaje muy bajo de promesas cumplidas (un 50 por ciento o menos) nos habla de una democracia de baja calidad, por cuanto los gobernantes democráticamente electos no satisfacen las expectativas generadas por ellos mismos entre los ciudadanos. Lo contrario vale para el caso de que los gobernantes materialicen en un porcentaje considerable sus promesas (un 80 o 90 por ciento). Huelga decir que en ninguna democracia puede aspirarse al 100 por ciento, pues son muchos los imponderables con los que se deben lidiar. No obstante ello, los buenos gobiernos son los que realistamente se aproximan más al ideal.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa —el discurso de campaña de Peña Nieto—, tenemos la limitante de no poder contrastar sus promesas con sus decisiones de gobierno, pues escribo este ensayo antes de que el candidato ganador asuma su responsabilidad como Presidente de la República. Es por ello que he optado por un ejercicio más libre de interpretación de los discursos a partir de la idea de futuro que subyace en ellos, una idea por definición altamente especulativa, pero no por ello imposible de confrontar con indicadores de la realidad precisos y objetivos. De corroborarse por esta vía mis intuiciones, quedará de manifiesto que en los discursos de campaña de Peña Nieto no sólo hay poco de rescatable, realistamente hablando, en cuanto a la idea de futuro que subyace en ellos, sino que incluso sería deseable que, dadas sus inconsistencias y contradicciones inherentes, ni siquiera se pusiera en práctica, pues de seguirlo a pie juntillas traería enormes perjuicios para el país. En consecuencia, paradójicamente, lo deseable en este caso es mantenernos en los próximos años con un bajo grado de responsiveness, aunque no califiquemos en los estándares internacionales de calidad democrática definidos por los especialistas. Obviamente, ironías aparte, poner las cosas en esos términos no habla nada bien de nuestra vapuleada democracia ni de nuestras posibilidades como país de un futuro mejor.

Pero antes de entrar en materia considero pertinente abordar, aunque sea someramente, un asunto de la mayor importancia para caracterizar nuestro presente y que ha ocupado el interés de muchos analistas: las implicaciones del regreso del PRI al poder para la democracia mexicana. Para ponerlo como interrogante, lo que hoy nos preguntamos muchos es si el regreso del PRI al poder significa una restauración autoritaria, una regresión o una mera alternancia de retorno. Considero pertinente el paréntesis, porque a final de cuentas las posibilidades de materializar la idea de futuro que se desprende de los discursos de campaña que llevaron a Peña Nieto a la presidencia estarán determinadas por factores reales y estructurales de poder, como la condición actual del régimen político. Obviamente, aunque no se abordarán aquí, lo mismo aplica para otros factores de gran importancia para México y el mundo, como la crisis global del capitalismo, el restablecimiento de políticas proteccionistas en Estados Unidos y otras potencias por efecto de la misma crisis, el fortalecimiento de los poderes fácticos a nivel global, etcétera.

3. La instauración fallida de la democracia

La transición mexicana a la democracia ha sido tan peculiar en su evolución y desenlace que muchos analistas prefieren desechar la así llamada “teorías de las transiciones” por considerarla inaplicable al caso mexicano. Sin embargo, proceder así es sólo un pretexto para evitarse la tarea de pensar con el rigor que exige el empleo de este corpus teórico, producto de años de investigación y miles de estudios de casos en todos los continentes. Además, desentenderse de esta teoría argumentando la especificidad del caso mexicano es una falacia, por cuanto cada proceso en consideración es único e irrepetible. De lo que se trata más bien es de enriquecer o depurar la teoría a partir de las particularidades de cada caso. Ciertamente, Se puede estar de acuerdo o no con esta literatura, pero si se emplean sus categorías para caracterizar un proceso específico, deberían al menos emplearse con rigor y evitarse así especulaciones superficiales y arbitrarias como las muchas que abundan entre los especialistas en México. En lo personal, he externado en varias ocasiones mis diferencias con la teoría de las transiciones,[6] pero a la hora de utilizar sus conceptos prefiero ceñirme a sus indicaciones antes que especular y alimentar la confusión. Dicho de otra manera, estudiar un proceso de transición específico con las categorías de la teoría de las transiciones no es un ejercicio arbitrario de imaginación o interpretación, sino uno riguroso de caracterización a partir de datos duros en el que no hay espacio para ocurrencias ni posicionamientos políticamente interesados. Eso corresponde más bien a los políticos profesionales, no a los académicos.[7] Dicho esto, la pregunta inevitable para quienes nos ocupamos de estudiar la política y la democracia en México es: ¿en qué momento de la transición a la democracia nos encontramos hoy, después del regreso del PRI al poder por la vía electoral?

He estudiado el tema de la transición mexicana en innumerables ocasiones y lo menos que quiero aquí es repetirme. Por ello sólo resumiré algunas cuestiones clave que me permitan aproximarme con mayores elementos a la interrogante apenas apuntada, no sin antes remitir a los interesados en el detalle a dichos textos.[8] En estricto sentido es incorrecto seguir describiendo a México con la categoría de “transición”, pues ésta concluyó en el 2000 con la alternancia. La explicación teórica es muy simple: una transición culmina cuando sucumben los pilares de dominación que caracterizaron a una determinada forma de ordenación política o régimen político. Sin duda éste es el caso de México, pues con la alternancia del 2000 sucumbieron tanto el partido hegemónico encarnado en el PRI (entendido como un partido no competitivo que basaba su dominio en factores extrademocráticos) como el presidencialismo (entendido como un poder ilimitado con enormes facultades constitucionales y metaconstitucionales), las dos estructuras sobre las cuales se sostenía todo el entramado institucional del viejo régimen priista.[9]

La alternancia en el poder marca pues, el fin de la transición mexicana, una transición muy larga y atípica que tuvo como eje las reformas electorales, dejando intacto el resto del entramado normativo. Dicha apertura limitada y controlada de la arena electoral fue más producto de las exigencias de un régimen autoritario por rasguñar legitimidad por la vía democrática en coyunturas de deterioro o abierta crisis política que de una voluntad democratizadora genuina por parte de las elites priistas. Como quiera que sea, la alternancia tiene lugar en una fase terminal del viejo régimen, atravesado por innumerables conflictos internos e incapaz de neutralizar el creciente repudio social en su contra. Con la alternancia y el fin de la transición se inaugura un nuevo proceso en México que la literatura especializada denomina “instauración democrática”.[10] Dicho proceso puede durar varios años y no hay ninguna seguridad de que culmine con éxito. La instauración democrática consiste básicamente en la derogación inmediata de las leyes y reglas antidemocráticas generadas durante el viejo régimen autoritario[11] y el diseño y aprobación de las nuevas reglas y normas acordes con las exigencias de un régimen democrático, o sea la aprobación de una nueva Carta Magna.

Cabe señalar que no ha habido hasta ahora ninguna transición democrática exitosa en el mundo que no haya pasado por una reforma integral de su Constitución, expresión normativa de los nuevos impulsos democráticos y renovadores. Como es obvio, en México no se ha podido materializar este requisito para instaurar la democracia y hacer tabla rasa del pasado autoritario. Lejos de ello, los impulsos democráticos surgidos con la alternancia han quedado atrapados en una normatividad obsoleta y predemocrática, alimentando todo tipo de perversiones y contradicciones, como parálisis decisionales, impunidad, abusos de autoridad, discrecionalidad y elecciones inauténticas o poco confiables. Huelga decir que sin una instauración democrática exitosa no se puede aspirar a consolidar la democracia. De hecho, sólo se puede consolidar lo que se instaura, y en México no ha prosperado hasta ahora la reforma del Estado o reforma constitucional que tanto se pregonó en su momento.

Con todo, hasta las elecciones de 2012 no había razones suficientes para decretar el fin de esta etapa o para hablar de una “instauración fallida”, si es que vamos a utilizar correctamente las categorías de la teoría de las transiciones. Ciertamente, en ausencia de un rediseño normativo del entramado político-institucional, México se había encaminado durante los años de la alternancia hacia un hibrido entre el autoritarismo y la democracia, un régimen con una democracia electoral visiblemente defectuosa aunque funcional, pero con grandes resabios autoritarios en el ejercicio del poder, cobijados y alentados por la pervivencia de las reglas del juego predemocráticas del viejo régimen. Además, dada la ausencia de referentes alternativos que anteponer a lo que los ciudadanos estábamos atestiguando, muchos comenzaron a dar por normal para una democracia lo que en realidad eran perversiones o desviaciones de la misma. Pero no todo estaba perdido, existía en el país una nueva y vigorosa pluralidad política, elecciones medianamente confiables y en algún lugar dormitaba aún la idea de que para avanzar en la democracia tarde o temprano tendría que reformarse la Constitución. Después de las elecciones del 2012 todo eso quedó en el pasado y no tenemos más remedio que caracterizar el momento político actual como una “instauración fallida” de la democracia, con tres posibles consecuencias: a) un impase en la democracia de larga duración; b) un colapso de la democratización en curso; y/o c) una regresión o restauración autoritaria disfrazada.

Para fines de análisis, por instauración fallida se entiende el fracaso del proceso de rediseño institucional y normativo que sentaría las bases del nuevo régimen democrático, ya sea por la imposibilidad y/o el desinterés de los actores políticos de llegar a acuerdos sustantivos en las arenas institucionales de negociación. En estos casos, es frecuente que los actores políticos, en especial los partidos, atribuyan la falta de consensos entre ellos a la pluralidad de posiciones a veces irreconciliables en el Congreso. Pero esto no deja de ser un ardid, pues la pluralidad constituye más bien un terreno idóneo para que los acuerdos que se tomen, si realmente hubiera voluntad de pactar, contemplen todos los intereses y posiciones presentes en la arena política. En virtud de ello, me inclino a pensar que la falta de acuerdos se debe más bien a cálculos políticos interesados, pues siempre será más rentable para los partidos políticos y los gobernantes moverse en la ambigüedad, la discrecionalidad y la impunidad que consienten las viejas reglas predemocráticas que hacerlo con nuevas más estrictas que inhiban o castiguen severamente ese tipo de conductas.

La tesis de la instauración fallida para caracterizar al México actual se sustenta en los siguientes hechos:

1. Si en tiempos de alternancia, con una nueva pluralidad en el Congreso, con el entusiasmo renovador surgido de la destitución en las urnas de un régimen autoritario de más de setenta años, no pudo concretarse la instauración democrática, o sea el rediseño institucional y normativo del nuevo régimen, esto menos ocurrirá con el regreso del PRI a Los Pinos en diciembre de 2012. No ocurrirá por varias razones, pero la principal es que no le interesa. Si hay un partido que se siente cómodo con las reglas del viejo régimen es precisamente el PRI, pues esas reglas no sólo fueron edificadas por este partido para perpetuarse en el poder, sino que nadie sabe aprovecharlas mejor que él para sus propios intereses. El PRI se siente como pez en el agua con esas reglas y sólo es cuestión de tiempo para que regresen las viejas prácticas clientelistas, corporativas y verticales que tantos beneficios le reportaron en el pasado a las cúpulas del partido.

2. La transición en México ha tenido como eje, antes y después de la alternancia, las reformas electorales, bajo la premisa a todos luces errónea de que bastaba perfeccionar las reglas de la competencia y la participación electoral para edificar una democracia. Es errónea porque un régimen político democrático es un todo integrado donde el sistema electoral es sólo uno de sus componentes. A la larga, de poco sirve pretender apuntalar una democracia con reformas electorales si junto con estas no se modifican cuestiones tan básicas para una democracia como el equilibrio entre los poderes, la forma de gobierno, el federalismo, la procuración de justicia, los medios de comunicación, la rendición de cuentas, entre miles de aspectos más.[12] De hecho, no se puede aspirar a consolidar la democracia electoral en ausencia de reformas al resto del edificio normativo e institucional. Huelga decir que si algo evidenció la elección presidenciales del 2012 fue precisamente el desgaste de la democracia electoral. Si las elecciones permitieron la alternancia en el 2000 con un buen margen de aceptación, hoy sólo producen desconfianza e incredulidad. Tal parece que con la normativa electoral vigente no gana el partido o el candidato más votado sino el que sabe aprovecharse mejor de las ambigüedades y vericuetos legales para comprar votos descaradamente, excederse ostensiblemente en los gastos de campaña, comprar encuestadoras para que funcionen como propaganda, comprar medios de comunicación para proyectarse y un sinnúmero de irregularidades más que enlodan y vuelven inequitativa de origen cualquier contienda electoral. A eso hay que sumar la sospechosa actuación del IFE (Instituto Federal Electoral) a todas luces parcial y discrecional a la hora de sancionar o no las querellas interpuestas por presuntos delitos electorales. Lo mismo puede decirse del TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) que terminó convalidando sin ningún pudor el cochinero que fueron estas elecciones. Es obvio entonces que si el PRI supo aprovechar esas reglas electorales maltrechas para regresar al poder lo menos que le interesa ahora es modificarlas para futuras contiendas, amén de que este partido contará a su favor con toda la maquinaría del poder, con recursos ilimitados y gran capacidad de movilización, tal y como ocurría en su época más gloriosa. Una razón más que evidente para decretar desde ahora el fin de la instauración democrática.

3. Todo gobierno requiere un umbral de legitimidad para mantenerse sin mayores sobresaltos. Dicha legitimidad puede ser de origen, la que proveen las urnas, o por gestión, la que se alcanza por un desempeño percibido como aceptable por parte de la sociedad. En el caso del próximo gobierno de Peña Nieto es evidente que los cinco puntos de diferencia obtenidos por él en las urnas respecto de su más cercano adversario no son suficientes para legitimarlo, considerando las grandes desconfianzas que suscitó su triunfo entre millones de mexicanos. De ahí que el nuevo presidente buscará invariablemente legitimarse por sus acciones. Ahora bien, si el PRI en el poder actúa como sabe hacerlo para neutralizar los efectos permisivos que heredará de los terroríficos gobiernos panistas,[13] lo más seguro es que obtenga buenos resultados para legitimarse. Pongo un ejemplo que por lo demás ya fue ensayado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que como se sabe es el principal maestro y mentor de Peña Nieto: si el gobierno pacta con alguno o algunos de los cárteles del narco (hoy es vox populi que el principal beneficiario de ese pacto serían “Los Zetas”), se podría “pacificar” el país, disminuir la violencia y el gobierno obtendría cuantiosos recursos provenientes del narco para impulsar políticas sociales y económicas de relumbrón.[14] Por esta vía Peña Nieto obtendría la legitimidad necesaria no sólo para neutralizar parte del descontento que hoy concita sino para desentenderse por completo de la exigencia de legitimarse mediante reformas electorales o reformas al régimen político, tal y como ocurrió con el gobierno de Salinas de Gortari, o sea que contará con un umbral suficiente de legitimidad como para posponer indefinidamente cualquier tipo de reformas democráticas. Es evidente que ese escenario más que factible abona igual que en los puntos anteriores a la tesis de la instauración fallida.

Hasta ahora hemos visto que con el retorno del PRI al poder la instauración democrática quedaría trunca por no decir abortada. Pero falta discutir si esto representa o no una restauración o regresión autoritaria.

Teóricamente, la idea de restauración autoritaria alude a un proceso donde se restituyen los componentes fundamentales del antiguo régimen después de un intervalo en el que dejaron de ser operantes. Por su parte, la regresión autoritaria supone un proceso de involución en los avances democráticos alcanzados en la era postautoritaria, lo que puede conducir al colapso definitivo del régimen democrático que apenas comenzaba a asentarse. Finalmente, la alternancia simple o de regreso significa básicamente que un partido que había sido destituido del poder central por la vía electoral regresa en una elección posterior, en el marco legal establecido y sin que ello represente per se una mutación en el ordenamiento político-institucional. Para variar, considerando estas categorías, el caso mexicano después de las elecciones del 2012 no entra plenamente en ninguna de ellas, sino que tiene un poco de cada una, aunque el desenlace final nos aproxima más a un autoritarismo de nuevo cuño que a una democracia incipiente. Veamos.

Con el regreso del PRI al poder es inevitable que se restituyan muchas de las prácticas autoritarias del pasado, por la sencilla razón de que durante la alternancia no se reformaron las leyes que las posibilitaban y estimulaban en la era autoritaria. Regresarán, por ejemplo, el corporativismo estatal tutelado por el Estado a través del PRI, el clientelismo como un instrumento para obtener apoyos y lealtades a cambio de dádivas, las imposiciones jerárquicas desde el vértice del poder presidencial, el ejercicio discrecional del poder central, entre otras muchas prácticas. Sin embargo, ahora existen ciertos condicionantes para el ejercicio del poder que no había en la era autoritaria y que difícilmente podrían ignorarse sin un alto costo para la legitimidad y la persistencia estable del nuevo gobierno. Se trata de límites específicos que al menos teóricamente nos impiden hablar inequívocamente de una restauración autoritaria, si acaso de una restauración parcial, tales como la existencia de un pluralismo lo suficientemente consolidado en todo el país como para dejarse doblegar por los embates restauradores; una ciudadanía más crítica y participativa que ya no se traga todo lo que le venden sus gobernantes y representantes políticos; una aceptación mayoritaria de la democracia como la vía más pertinente para dirimir los conflictos y elegir a los gobernantes, entre otros aspectos. Quizá todo ello funcione en el corto plazo como un baluarte contra una restauración autoritaria, aunque nada garantiza que así sea, pues el PRI en el poder podría reeditar a su conveniencia elecciones fraudulentas y simuladas semejantes a las que celebraba durante el viejo régimen con tal de mantener sus posiciones de poder. Lo peor del caso es que el PRI ni siquiera tendría que reformar o “ajustar” las leyes electorales vigentes para lograrlo, pues con las que hay es posible cometer impunemente todo tipo de irregularidades e ilícitos, tal y como quedó de manifiesto en las elecciones federales del 2012. Como quiera que sea, mientras ello no ocurra y por más que se reediten muchas de las prácticas autoritarias del pasado, sería impreciso caracterizar el retorno del PRI como una restauración autoritaria.

Dicho en otras palabras, sólo si el PRI optara por reproducirse en el poder mediante elecciones simuladas, inequitativas e impositivas similares a las que existían en la era autoritaria, sometiendo el pluralismo político y manipulando la voluntad popular, este partido recuperaría para sí su condición de partido hegemónico no competitivo que lo caracterizó durante décadas, o sea un partido que basa su hegemonía en factores extrademocráticos. Sólo entonces podríamos hablar propiamente de restauración autoritaria. Lo mismo puede decirse del presidencialismo, el otro pilar sobre el que se sostenía el viejo régimen. Sólo en un escenario en que el titular del Ejecutivo recobrara la centralidad incuestionada y todopoderosa de la era del presidencialismo imperial, ya sea imponiendo arbitrariamente su voluntad sobre los poderes Legislativo y Judicial, valiéndose para ello de todo tipo de argucias, chantajes y sobornos (situación por lo demás muy común en los gobiernos estatales donde gobierna el PRI), o actuando arbitraria y discrecionalmente a espaldas de los legisladores y ministros, sin apego alguno a la legalidad y sin ninguna responsabilidad frente a los gobernados, podríamos hablar propiamente de restauración autoritaria. Empero, nadie podría asegurar a estas alturas que este escenario no ocurra ahora que el PRI ha recuperado el poder central.

En virtud de las consideraciones anteriores, la categoría “regresión autoritaria” aplica mejor que la de “restauración autoritaria” para caracterizar el momento que estamos viviendo en México después de las elecciones federales de 2012, al menos por ahora. La razón es simple, mientras la restauración supone el restablecimiento fiel del viejo régimen después de un intervalo postautoritario, o sea la reposición para el caso mexicano de la condición hegemónica del PRI y del presidencialismo sin pesos ni contrapesos reales, la regresión alude simplemente a una involución respecto de los avances democráticos que se habían conquistado, colocando al país en una zona más próxima al autoritarismo que a la democracia. Dicha involución no supone, a diferencia de la restauración, regresar a un autoritarismo idéntico al que existía antes del intervalo postautoritario, sino simplemente colocar al país en una dirección cada vez más distante de la democracia. Sin embargo, mientras se mantenga la remota posibilidad de que el PRI pierda el poder mediante elecciones mínimamente correctas (pedir más a estas alturas, como transparencia, equidad o legalidad, es un eufemismo), la regresión autoritaria que hoy atestiguamos no dejaría de ser una muy sui generis si se consideran adecuadamente las indicaciones que la teoría establece. Me explico, que existen suficientes elementos para hablar hoy, con el regreso del PRI al poder, de una regresión autoritaria, es indudable, pero también podemos estar atestiguando la instauración incipiente de un híbrido institucional muy peculiar entre el autoritarismo y la democracia, igual que el viejo régimen priista, que para entendernos era un régimen formalmente democrático pero autoritario en la práctica. ¿Qué cambia entonces? Si durante los últimos años del viejo régimen lo que teníamos era un autoritarismo en transición a la democracia, ahora tenemos una democracia inconclusa en transición al autoritarismo (debido a la instauración fallida). Y respecto a la era de la alternancia postautoritaria, si antes del regreso del PRI al poder el país vivía un proceso de instauración democrática lento y débil, ahora experimenta una regresión autoritaria disfrazada, considerando que la instauración democrática quedará prácticamente confinada por no convenir a los intereses de los nuevos inquilinos en el poder.

Con respecto a la última categoría indicada al inicio, la de alternancia simple o de regreso, es indudable que aplica perfectamente para el caso del retorno del PRI, pues éste ocurrió por la vía de las urnas y en el marco legal establecido para el efecto. Sin embargo, el regreso del PRI al poder no constituye una alternancia más, como cualquier otra, pues lo que regresa es ni más ni menos que el partido que representa el eslabón con el pasado autoritario. Ni al caso discutir si hay una ruptura entre el viejo PRI y un supuesto nuevo PRI, pues es evidente que este partido ha sido incapaz de democratizarse y de adecuarse a las nuevas reglas democráticas. Sus dirigentes siguen funcionando con los mismos patrones y esquemas del pasado, pues son exactamente los mismos. En todo caso, la novedad de esta alternancia simple o de regreso radica en el hecho de que restituye en el poder al mismo partido que sometió al país al autoritarismo durante siete largas décadas, cuestión que posee una carga simbólica desconcertante y desmoralizante. De hecho, no existe en el mundo ningún caso semejante en que un mismo partido autoritario regrese al poder por la vía electoral. Nuevamente, México da la nota mundial y demuestra que hay pueblos sin memoria o incapaces de dejar en el pasado sus peores fantasmas y pesadillas, pueblos que entre la servidumbre voluntaria y la libertad a veces eligen penosamente la primera.[15]

Finalmente diré que existen suficientes evidencias para afirmar que la regresión autoritaria que experimentamos hoy en México fue pactada, o sea que el retorno del PRI al poder por la vía electoral contó con la complicidad de actores políticos clave de acuerdo a un plan preestablecido. Existen muchas razones para pensarlo, pero sobre todo las enormes suspicacias que generaron las elecciones presidenciales del 2012, donde observamos todo tipo de irregularidades, como la tibieza y parcialidad del árbitro electoral, el comportamiento insólito de ciertos personajes, la manipulación indiscriminada de las encuestas, la imposición mediática del candidato del PRI, etcétera.[16]

En suma, de acuerdo con esta caracterización, malos tiempos nos esperan a los mexicanos en lo que se refiere al proceso de democratización y afirmación de los derechos civiles y políticos que tan trabajosamente conquistamos en los años recientes. En ese contexto, las ideas promisorias de futuro implícitas en el discurso de campaña de Peña Nieto parecen tener un umbral de viabilidad poco plausible. Más aún, el verdadero desafío del nuevo inquilino en Los Pinos será hacer pasar por democráticas sus decisiones, en un contexto claramente regresivo o involutivo. Regresamos pues a la era de las simulaciones, a los tiempos de la democracia de fachada, a las retóricas oficiales de la democracia o “evangelio de la transición”.[17]

4. Las retóricas del porvenir

Mi insumo en esta parte son los discursos de campaña de Peña Nieto durante el proceso electoral de 2012 (alrededor de sesenta), incluyendo sus intervenciones en los dos debates presidenciales celebrados durante la contienda, así como su Plataforma Electoral Federal y Programa de Gobierno 2012-2018. Mi primera reacción sobre este conjunto de propuestas y declaraciones, además de la indigestión y cierto dolor de cabeza que me provocó leerlos y releerlos, es de perplejidad e incredulidad. Perplejidad, porque pintan a un candidato superdotado, casi un prohombre, que posee la fórmula mágica para solucionar todos los males del país y convertirlo en una potencia mundial. Incredulidad, porque nadie en su sano juicio puede dar crédito a tanto desatino disfrazado de optimismo.

Vistos en conjunto, los discursos de campaña de Peña Nieto constituyen un catálogo de buenos propósitos, soluciones prodigiosas, lugares comunes y poca sustancia. Sorprende que todas las propuestas y compromisos del candidato se originen en un diagnóstico de la actual problemática nacional absolutamente simplista y reduccionista. De ahí que la idea de futuro que emerge de esta lectura carezca de sustento sólido o de la más mínima veracidad. Por momentos, al leer estos discursos, me sentí en la era del viejo régimen, donde los candidatos faraónicos no tenían más límite que su imaginación para proyectar un país generoso lleno de prosperidad y grandeza. Resabio del pasado autoritario o estilo personal de perorar, el hecho es que nada diferencia a Peña Nieto de sus precursores priistas presidenciables a la hora de vender su proyecto de país para el porvenir.

Al parecer, doce años de alternancia no bastaron para modificar los viejos usos y costumbres priistas, como la grandilocuencia y el estruendo discursivo, la desmesura y la exageración para concitar apoyos, aunque dicha enfermedad, siendo justos, terminó contagiando a todos los partidos y a todos los políticos por igual. La prudencia y el buen juicio, la sobriedad y la moderación son virtudes poco cultivadas o apreciadas por la clase política en general. ¿Y cómo no prometer las perlas de la virgen si nada ni nadie obliga en nuestro país a los gobernantes a responder por sus dichos? Herencia de setenta años de dictadura perfecta, la política sigue concibiéndose en México como el botín de unos cuantos, como el reino de la impunidad, como el lugar donde todo se puede…

Por todo ello, hablar en México de calidad de la democracia parece una broma, un chiste de humor negro. Aquí simplemente están ausentes todos los indicadores de calidad que propone el modelo. Más aún, México desafía las premisas del modelo y lo deja muy mal parado, pues demuestra que para todos los fines prácticos se puede ser una democracia pero sin democracia, donde la calidad democrática, bien explotada discursivamente, es un eufemismo para el lucimiento personal de los políticos. Veamos. Nada hay más ilusorio en México que suponer que existe un autentico Estado de derecho (rule of law). Más que imperio de la ley lo que aquí tenemos es un imperio de la impunidad, la ilegalidad y la corrupción. Los ejemplos son tan cotidianos para todos los mexicanos que ni al caso ahondar en el tema. Y qué decir de la accountability (rendición de cuentas), una auténtica tomadura de pelo disfrazada de ley de acceso a la información. Si algo caracteriza al quehacer político en México es la opacidad y la discrecionalidad en todos los niveles de la administración pública. Siempre hay maneras para maquillar las cifras, justificar partidas, disfrazar licitaciones… Al final, nadie sabe y nadie supo. Pero eso sí, los políticos se llenan la boca a la menor provocación de “transparencia”, la palabra mágica que todo lo santifica y purifica.

En esas circunstancias, esperar que los representantes políticos respondan (responsiveness) por sus dichos, o sea que llenen de contenido sus promesas y compromisos, es simplemente un disparate. Si los ciudadanos en México estamos desprovistos de instrumentos legales para exigir cuentas a nuestros políticos, para vigilarlos y sancionarlos cuando se extralimitan en sus funciones, o incluso para revocarles el mandato en situaciones extremas de corrupción o abusos de autoridad, más aún lo estamos para exigir reciprocidad a nuestros representantes cuando ejercen el poder. En ningún lugar aplica mejor que en México la frase popular “prometer no empobrece, dar es lo que aniquila”. Finalmente, nada hay más insatisfactorio en México que la libertad y la igualdad. Si por libertad se entiende en el esquema de la calidad democrática la extensión de derechos a sectores sociales y minorías largamente marginados del mismo, para ejercer sin reparos de ningún tipo sus libertades elementales, nuestro país presenta en este rubro déficits históricos abismales. Baste mencionar la indefensión en la que viven los grupos indígenas del país o la discriminación o exclusión de las que siguen siendo objeto las mujeres. En cuanto a la igualdad, México es quizá el país más inequitativo del mundo. Aquí la pobreza sigue siendo extrema y muy extendida, así como reducida y concentrada en pocas manos la riqueza. En esas circunstancias, en nada enorgullece a un país como el nuestro contar con el hombre más rico del planeta, pues es la constatación más grosera de la desigualdad que nos cruza de norte a sur.

En suma, en un país de mentiritas como el nuestro,[18] el país donde todo se puede, prometer un México que renace de sus cenizas para convertirse en un dechado de virtudes y conquistas, para envidia del mundo, es pecata minuta. La fórmula, además, parece infalible para seducir incautos, pues se ha abusado de ella una y otra vez en el México posrevolucionario, y luego en el postautoritario, y aun antes, en las muchas dictaduras, imperios y repúblicas liberales y conservadoras del siglo XIX. El discurso de campaña de Peña Nieto, como veremos aquí, no es la excepción. Hay en su hechura y estilo todos los ingredientes de la escenificación épica tan socorridos en el pasado, la visión reificada de un futuro glorioso, la transmutación milagrosa de nuestros males endémicos en bienes tangibles y perdurables, como quien multiplica los panes para que todos coman o convierte el agua en vino para que todas beban felices. De ahí que Peña Nieto emerja de su prédica casi casi como el Mesías redentor, el sanador de las almas toscas, el salvador de los oprimidos o, en clave autóctona, el nuevo “tata”. Habrá que ver si le alcanzan sus ambiciones para convertirse también, de pasadita, en el “Jefe Máximo”, el “principal priista”, el “presidente imperial”, pues, como dijimos antes, la mesa está servida para que así lo sea.

Pero no toda la culpa es de Peña Nieto. Hay un resabio cultural heredado del viejo régimen muy arraigado en los mexicanos que nos predispone a renovar nuestras esperanzas como nación cada seis años, después de constatar con amargura que el último redentor nacional resultó un fiasco, que el poder lo transformó y alejó del pueblo, volviendo al país una pesadilla de la que sólo queremos despertar cuanto antes. Si es de la mano de un nuevo redentor que así sea. Total, “más pior no nos puede ir”. La historia se reproduce ad nauseam, pues todo complota para que así sea. Así como los ciudadanos solemos personificar nuestras tragedias en la figura del presidente en turno, descargando en Él nuestras frustraciones y congojas, el presidente en turno juega con este paternalismo cultural para enseñorearse y empoderarse. Es muy fácil, en esas circunstancias, que algunos gobernantes pierdan el piso. En casos extremos, este juego de espejos puede conducir a paroxismos delirantes o esquizofrénicos: “Defenderé el peso como un perro…”, “¿Y yo por qué…?”, “México es hoy un país más seguro”… Fenómeno que la sabiduría popular ha sabido representar magistralmente: “el poder marea”, “si el poder corrompe, el demasiado poder corrompe demasiado”…

Sirvan estas premisas para examinar ahora el contenido de los discursos de campaña de Peña Nieto. Como ya se dijo, mi interés es analizar su consistencia y viabilidad en contraste con el país que bocetan para el porvenir. Propongo para ello volver a las interrogantes planteadas al inicio: a) ¿qué nos dicen los discursos de campaña sobre el futuro del país?, b) ¿qué tanto se corresponden los discursos de campaña sobre el futuro del país con los deseos y percepciones de la sociedad en general?, y c) ¿cuál es el grado de veracidad y la viabilidad real de dicha idea de futuro bocetado en el discurso? Para fines de análisis, me concentraré en tres grandes temas que por lo demás reflejan muy bien el cúmulo de asuntos que inquietan a la nación en la actualidad: democracia, economía y seguridad.

4.1. Democracia

Por lo expuesto en el inciso 3, la palabra “democracia” en boca de Peña Nieto suena en realidad a engaño, burla e imposición. En efecto, el priista llega a la Presidencia mediante un proceso electoral plagado de irregularidades en que sus operadores políticos echaron mano de todos los recursos a su alcance, viejos y nuevos, previsibles e inimaginables, para lograrlo: compra descarada de votos en todo el país, compra de encuestadoras con fines propagandísticos, imposición mediática del candidato, y una lista interminable de acciones ejecutadas con precisión milimétrica, aprovechando las muchas oscuridades y ambigüedades legales vigentes en el marco normativo electoral. Asimismo, Peña Nieto representa todo lo contrario a la democracia, no sólo porque proviene del PRI, el eslabón que ata irremediablemente al país a un pasado autoritario de más de setenta años, sino porque pertenece al grupo priista más pernicioso y mafioso de todos, el conocido Grupo Atlacomulco ampliado, una suerte de Cosa Nostra o camorra priista, que cuenta entre sus miembros a finísimas personas, como Salinas de Gortari, Arturo Montiel y los hijos de Hank González. Con todo, ello no obsta para que Peña Nieto se presente en sus discursos de campaña como un demócrata genuino comprometido con los valores de la democracia, como la tolerancia, el respeto a las diferencias, la transparencia, la búsqueda de acuerdos, etcétera.

Sin embargo, si en algún tema de campaña Peña Nieto fue particularmente evasivo y abusó de las generalidades y los lugares comunes es precisamente en el de la democracia del porvenir. Así, por ejemplo, la idea que manejó en todas las ocasiones que abordó el tema fue que el país avanzará en su sexenio hacia “una democracia fuerte y consolidada, participativa y con gobernabilidad, respetuosa de la ley y el federalismo”.[19] “Proponemos consolidar —reitera en otro discurso— una gobernabilidad democrática como forma de ejercicio de gobierno fundada en la ley, el respeto, la tolerancia y la disposición a colaborar con todos”.[20] O este otro cargado de optimismo: “Nuestra democracia no es patrimonio de un candidato o de partido alguno. Nuestra democracia es patrimonio de todos los mexicanos de hoy y mañana, y como tal debemos conservarla y fortalecerla”.[21] Más general y ambiguo imposible. En este planteamiento que se repite hasta el cansancio en los discursos de Peña Nieto no hay nada rescatable, no hay un diagnóstico serio y puntual de los problemas y déficits de nuestra democracia, de la insatisfacción y malestar que producen todavía los procesos electorales, de las evidentes lagunas y contradicciones normativas en materia electoral, de los muchos retos que existen para avanzar hacia un auténtico Estado de derecho, de las inercias autoritarias que perviven en nuestra Constitución, etcétera. Nada. Sólo un conjunto de buenos deseos, dando por descontado que en materia de construcción de la democracia es poco lo que hay que hacer, pues supuestamente el país ha dado pasos firmes e irreversibles en esa dirección:

Algo que México ha logrado en los últimos años, que sin duda es un gran activo y que no podemos perder, ni debiéramos dejar que esto suceda, es nuestra democracia. Nos llevó años construirla. Le llevó años a la sociedad mexicana lograr esta condición democrática que hoy el país vive, y que permite una participación equitativa a los partidos políticos, espacios para participar más allá de lo que cada partido represente y tenga el respaldo entre la sociedad, todos los partidos tienen espacios igualitarios y equitativos para participar en la contienda y competencia democrática.[22]

Que Peña Nieto subestime por omisión los muchos problemas de nuestra maltrecha democracia tiene sentido, pues el PRI regresa fortalecido al poder por la vía electoral y vendiendo la idea de que fue este partido el que permitió la democracia en su momento, que fue respetuoso de la ley cuando perdió el poder, y que ahora regresa renovado y más democrático que nunca, gracias a la existencia de una democracia sólida y madura:

 [El PRI] ha sabido entender el cambio político que México ha experimentado, esta transición democrática que hemos tenido y se ha preparado para competir […], para potenciar y exhibir lo que han sido sus logros, reconocer sus errores y desaciertos, pero sobre todo, en el clima y en el marco de una competencia democrática, favorecer y privilegiar sobre todo la propuesta, el proyecto, la solución que queremos llevar a los mexicanos.

                De las competencias, no sólo en ésta que es la presidencial, en todas las competencias donde mi partido ha participado, hay que reconocer la actitud madura y civilizada que ha adoptado, donde ha defendido sus victorias, pero también ha sabido reconocer sus derrotas, y ésta debiera ser, entre otras, muestras de una actitud de avanzada, de madurez y de civilidad que hoy debieran tener los partidos políticos en esta competencia democrática.[23]

Obviamente, se trata de una perorara muy conveniente para un partido que como el ave Fénix regresa de sus cenizas. Pero poco hay de persuasivo en ello, pues cualquiera sabe que si la sociedad echó al otrora partido oficial del poder en el 2000 fue por hartazgo, y si ahora regresa es porque el experimento panista resultó un Frankenstein, no porque la gente esté convencida de la metamorfosis democrática del PRI o de las bondades de la democracia electoral.[24] Por esta vía retórica se crea una ilusión que poco ayuda a reconocer los problemas estructurales que hoy agobian a la democracia mexicana, una espejismo que sólo alimenta el conformismo y el inmovilismo, cuando en realidad, como he sostenido en otra parte, en materia de democracia todo está por hacerse en México.[25]

Por otra parte, recurriendo a un artilugio muy frecuentado durante el viejo régimen, y hoy francamente obsoleto, Peña Nieto hace depender el desarrollo democrático del desarrollo económico:

Nuestra preocupación y gran responsabilidad es revertir este estado de cosas en el país, dar un golpe de timón con el que la nación recupere el rumbo para que, en el corto y mediano plazo, demos respuestas concretas que permitan un combate frontal a la pobreza y a la desigualdad; que sea a través del desarrollo económico, con empleos formales y una mejor distribución de la riqueza nacional, como logremos no sólo la justicia social, sino poner a salvo la democracia, restaurar el Estado de derecho, darle sustentabilidad al crecimiento y recuperar nuestro prestigio y papel en el contexto internacional.[26]

La fórmula es retórica, porque por enésima ocasión se hace depender el desarrollo democrático de factores externos a la democracia, que de no concretarse condenan a aquélla a la parálisis. Una justificación muy cómoda para no comprometerse más de la cuenta con acciones especificas que permitan apuntalar la democracia, como la reforma del Estado o una auténtica reforma electoral, y para echarle la culpa de los pocos avances que se puedan alcanzar al respecto a la pervivencia de rezagos socioeconómicos muy arraigados en el país, imposibles de revertir en el corto plazo de un sexenio. La misma monserga de siempre, la del viejo régimen y la de los gobiernos de la alternancia, pero ahora más rupestre, pues si algo exhibe Peña Nieto al hablar de democracia es una total ignorancia. Salvo esto, nada hay en el discurso del próximo presidente de la República que no evoque la vieja perorata priista de la “justicia social”, el principio articulador del nacionalismo revolucionario, un fin superior y etéreo en nombre del cual se posponían todos los demás, como la propia democracia. Por esta vía claramente demagógica el viejo régimen pospuso setenta años la democratización del país, y lejos de materializar el ideario de justicia social que con tanta convicción y vehemencia repitieron sus emisarios condenó a millones de mexicanos a la más insultante y lastimosa de las desigualdades socioeconómicas.

De más está decir que al hacer depender el desarrollo democrático del desarrollo socioeconómico se vuelven a posponer indefinidamente las tareas sustantivas que demanda rehacer una democracia tan maltrecha como la nuestra. En otras palabras, lo prioritario en la óptica de Peña Nieto no es el estado de salud de la democracia sino las difíciles condiciones socioeconómicas del país, por lo que aliviando éstas mejorará en automático aquélla. Un argumento a todas luces falaz y tramposo, pues se trata de problemáticas distintas, igualmente importantes, y que requieren medidas específicas para encararlas con alguna posibilidad de éxito. El escenario inmediato para la democracia que se desprende de todo ello es poco promisorio y empata perfectamente con lo que ya apuntaba en el inciso 3 sobre la regresión autoritaria: con el retorno del PRI estamos más cerca del autoritarismo que de la democracia.

De ahí las generalizaciones en el discurso de Peña Nieto caminan solas, si la democracia no ha logrado convencer a todos —afirma—, es porque “cuando una sociedad no ve avances, mejoras, resultados, precisamente a partir del régimen democrático que ha consolidado, viene el desencanto que se convierte en un riesgo mismo para la democracia”.[27] Y es precisamente aquí donde Peña Nieto saca la varita mágica:

Por ello, he venido postulado de tiempo atrás que hoy se trata de lograr que nuestra democracia vaya más allá del mero terreno electoral y dé lugar a gobiernos eficaces que realmente den mejores resultados a la sociedad, a quienes gobiernan, a quienes se deben y para quien deben de trabajar.[28]

Al parecer, Peña Nieto tiene en sus manos la fórmula secreta de la eficacia, de un gobierno que al ofrecer resultados seducirá al gentío y sumará a su causa a las ovejas descarriadas; todos adorarán a partir de ahora la democracia y creerán de nuevo en las instituciones. Ni al caso comentar un argumento tan obtuso como éste. O el priista olvida que la gobernabilidad democrática, sustentada en la eficacia gubernamental, es muy difícil de alcanzar porque son muchos los intereses que hay que conciliar, más en un país donde el pluralismo político ha sido todo menos dócil con el gobernante en turno, o sobrestima sus propias capacidades ¿autoritarias? para imponer su voluntad al resto de los actores y para neutralizar sus efectos negativos. En todo caso, eficacia es precisamente lo que menos puede garantizar hoy en día un político a su pueblo en ninguna parte del planeta sin parecer arrogante o sin faltar a la verdad. Una fórmula tan gastada como insustancial en tiempos donde la economía de un país puede despeñarse porque cae la bolsa de Hong Kong.

Hasta aquí la retórica de Peña Nieto sobre la democracia. Nada que rescatar. Si acaso advertir que poco se le podrá exigir al respecto en el futuro, en sintonía con el principio de reciprocidad que postula el modelo de la calidad democrática, pues más allá de prometer eficacia en su gestión y una democracia sana, el priista ha preferido moverse en la superficie en este tema tan decisivo para el país. Si el diagnóstico de la democracia que subyace en su discurso es tan pobre, todo lo demás resulta irrelevante. Para Peña Nieto la democracia goza de cabal salud y sólo necesita mejor ventilación para desarrollarse al máximo. Y luego quieren que uno no sea suspicaz.

4.2. Economía

Si la retórica de Peña Nieto sobre la democracia raya en la tragicomedia, su retórica sobre la economía nacional del porvenir podría hacer llorar a los chinos y a más de una potencia emergente, porque México no sólo saldrá de su postración sino que en poco tiempo eclipsará los logros de aquéllos. De ese tamaño es el optimismo del priista a la hora de bocetar el México del futuro: “un país con una economía productiva, moderna, dinámica y competitiva, con crecimiento y empleo”; “un país justo, sin desigualdad ni pobreza, con equidad y calidad de vida, con una distribución más equitativa de la riqueza”.[29] Y si de prometer se trata, y ya entrados en gastos, por qué no de una vez triplicar el crecimiento:

Y me comprometo también a triplicar el crecimiento económico de México, para que realmente ofrezcamos a la sociedad presente y a las futuras generaciones, y especialmente a los jóvenes, oportunidades de empleo.[30]

[…] para pasar del 1.7 en promedio que ha crecido México en estos últimos 12 años, para lograr un crecimiento real, porque es posible y realizable, entre el 5 y el 6 por ciento.[31]

Pero no se le puede pedir cordura a un candidato que en su ignorancia reduce la economía a una simplificación extrema:

 […] cuando no se crece no se abren oportunidades de empleo. Y cuando los empleos que se generan no son suficientes, los que se propician son de baja paga, son mal remunerados, porque una mayor oferta presiona eventualmente a más empleos. No es el único factor, pero sin duda importante: mayor oferta, más empleo, mejor remunerado. Y esto tiene que ver con el crecimiento económico.[32]

De ahí las simplificaciones se encadenan sin remedio: para generar empleos se deben atraer inversiones y para atraer inversiones se deben ofrecer seguridades y ventajas competitivas a las empresas internacionales. Para ello se debe aprovechar la vecindad con Estados Unidos y potenciar las relaciones económicas con otros países y zonas productivas. Asimismo, en la medida que México sea más competitivo, se generan divisas que bien invertidas nos harán crecer de manera sostenida. Y una economía sana, productiva y competitiva, generará cada vez más empleos y prosperidad social:

Para que realmente México recupere su vos de liderazgo […] tenemos que lograr un mejor desempeño en nuestra economía que genere más empleos, y que a partir de ahí y que en una alianza permanente del gobierno y en una política industrial que siga el gobierno en apoyo a los emprendedores de nuestro país, lograr que la presencia de México en el mundo se amplié y sea mayor. Esto, el que tenga México esa presencia, en la zona Asia Pacífico, Sudamérica, Centroamérica, y muy señaladamente con América del norte para lograr esta integración productiva y competitiva frente al mundo en esa medida México tendrá un mayor desarrollo en su interior, pero hay que insistir: esto debe llevarnos primero a que las cosas cambien al interior, que volvamos a tomar el rumbo del crecimiento económico, de combatir eficazmente la pobreza de acabar con la inseguridad y de devolver a los mexicanos paz y libertad.[33]

Y ya desbordados de optimismo, por qué no prometer la erradicación de la pobreza, el hambre y la marginación:

Mi propuesta es muy clara, de llegar a ser presidente de México quiero logar un México incluyente y sin pobreza, un México donde realmente los mexicanos tengan mayores oportunidades, porque es la pobreza, sin duda, el tema más indignante y lastimoso entre los mexicanos. Es impensable que en esta época, en esta era, en pleno siglo XXI más de la mitad de los mexicanos vivan en condición de pobreza, y 21 millones de mexicanos pasen hambre y no sepan qué van a comer día a día.

                Pero esto es lo que tiene que cambiar, como presidente de México voy a cambiar esta condición, y propongo particularmente 3 acciones específicas: erradicar el hambre, erradicar la pobreza alimentaria en la que viven, insisto, más de 20 millones de mexicanos.[34]

Ojalá las cosas fueran tan simples como las pinta Peña Nieto, pero lamentablemente poco abona al optimismo en las actuales circunstancias del país. Pero de nuevo, en un país donde no se exigen cuentas y los representantes no tienen tampoco la obligación de ser responsables de sus dichos de campaña, todo se vale. En ese sentido, no hay nada en el discurso de Peña Nieto distinto al de sus predecesores en el cargo cuando buscaron el respaldo popular. Todos desbordaban optimismo y dibujaban un México extraordinario, y al final todos escondían la cola entre las patas, como el tristemente célebre perro que no pudo defender el peso. Algo debe tener de seductor el discurso de la grandeza que nos espera, del cuerno de la abundancia que nos colmará de bendiciones, que la gente sigue apostando cada sexenio por él, sabiendo de antemano que Santa Claus no nos quiere. De qué tamaño ha de ser la postración y la desesperación nacional como para depositar de nuevo su fe en el santo partido que precisamente nos arrojó al infierno en el pasado, condenándonos a la pobreza y la desigualdad que hoy promete erradicar. Ver para creer.

Por todo ello, no resulta descabellado que Peña Nieto sustente su optimismo nacional en los resultados que arrojó su gestión como gobernador en el Estado de México, una gestión que en su opinión fue exitosa en todos los sentidos. El argumento tendría fuerza, a no ser que si hubo un estado que en los últimos años ha visto un deterioro crítico en el crecimiento económico y en la calidad de vida de sus habitantes ha sido precisamente el Estado de México.

4.3. Seguridad

Si hay un tema sensible para los mexicanos y que preocupa sobremanera es precisamente el de la inseguridad. Como es sabido, el gobierno de Felipe Calderón incendió al país con una guerra inútil al narco, con la que pretendió legitimarse al inicio de su sexenio, pero que sólo trajo desgracia y luto. No voy a repetir aquí lo que todo mundo sabe al respecto, como las cifras de muertos y desaparecidos, los daños colaterales y las mentiras fabricadas con fines propagandísticos en torno a esta guerra fracasada,[35] simplemente diré que el asunto del narcotráfico y el crimen organizado exige una estrategia oficial radicalmente distinta para ser viable y revertir la espiral de violencia que ha desatado. Y en materia de estrategias no hay muchas opciones ni mucha ciencia: o se legaliza la producción, el consumo y la distribución de las drogas para neutralizar al narco o el Estado pacta con el narco. Obviamente, es difícil que un gobernante se pronuncie a favor de la primera opción, pues el lavado de dinero alimenta una economía subterránea que no sólo atenúa la escases de fuentes de trabajo y capitaliza el mercado nacional, sino que sus efectos permiten que un amplio sector de la burocracia y las fuerzas del orden obtengan cuantiosos recursos que el Estado no les provee. Por su parte, la segunda opción es políticamente incorrecta, y ningún político puede pronunciarse a su favor sin ser severamente cuestionado, pues lo que se espera es precisamente que condene al crimen organizado y lo enfrente.

En el caso de los discursos de campaña de Peña Nieto sobre el tema, hay muy poco que rescatar, pues se mantiene en lo políticamente correcto, no hay condenas enérgicas a los entuertos de Calderón, pero tampoco propuestas alternativas consistentes. Se podría afirmar incluso que Peña Nieto apuesta más a la continuidad de la estrategia de Calderón que a proponer modificaciones a la misma. Lo cual no obsta para exhibir una confianza excesiva en su capacidad para neutralizar los embates del narcotráfico: “México será un país sin violencia, con un gobierno eficaz para erradicarla”;[36] “Me comprometo a darle a México nuevamente paz, orden y tranquilidad”.[37] Sin embargo, a la hora de proponer estrategias concretas para lograr tan loables metas, Peña Nieto cae en los lugares comunes de siempre, o sea en más de lo mismo, como si esas fórmulas no se hubieran ensayado antes sin éxito o como si él contara con el talento y la visión que otros no tuvieron para convertir al agua en oro. Aquí sus propuestas en la materia:

1. Fortalecer la prevención del delito y la participación comunitaria para atender los factores de la delincuencia y no sólo sus consecuencias.

2. Preservar la vida y la integridad de las personas, de sus familias y su patrimonio, así como disminuir la violencia y elevar la eficacia con la que se combate al crimen organizado.

3. Aplicar una estrategia que tenga como soporte el respeto a los derechos humanos.

4. Mejorar la estructura y funcionamiento de los órganos encargados de la procuración y administración de justicia.

5. Asegurar que la actuación del Ministerio Público sea ajena a todo tipo de criterios que no sean de orden técnico jurídico, evitando la injerencia del titular del Poder Ejecutivo en la investigación y determinación de su competencia.

6. Fortalecer institucionalmente a los cuerpos de seguridad con nuevas tecnologías y equipamiento policial, así como privilegiar las acciones de inteligencia y estrategia en su accionar.

7. Crear un centro de inteligencia único que concentre, sistematice y ofrezca a las autoridades competentes toda la información necesaria para la efectiva lucha contra el crimen organizado.

8. Crear órganos de procuración de justicia y de policía especializados en la lucha contra el consumo y tráfico de drogas.

9. Alentar la participación de la sociedad en todas las acciones orientadas a la seguridad pública y a recuperar la paz social.

10. Valorar la propuesta de establecer mecanismos de auditoría ciudadana que coadyuven a mejorar los programas de seguridad pública y procuración de justicia.[38]

Pero más allá de los discursos, que como vemos no aportan nada original, hay buenas razones para suponer que Peña Nieto optará por negociar con el crimen organizado, que a final de cuentas es una creación alimentada y tolerada por el viejo régimen, un hijo bastardo del priato, y que Salinas de Gortari apapachó al grado de beneficiarse personalmente de sus relaciones con los capos del narco. Se trata, obviamente, de la única salida efectiva para disminuir la violencia sin llegar a los extremos de cancelar la “contribución económica” al país por parte del narco, legalizando las drogas. Más aún, ello le redituaría enormes beneficios económicos al gobierno de Peña Nieto para impulsar con éxito medidas sociales de relumbrón (Salinas verbi gratia), amén de que se mostraría eficaz ante la sociedad para disminuir la violencia que nos abruma a todos. Obviamente, todo eso ocurriría en lo oscurito, algo que dominan muy bien los artífices de la otrora dictadura perfecta. Bueno, eso es lo que sugiere la lógica, lo que está por verse es si el razonamiento lógico es posible para alguien que no ha leído un libro completo en toda su vida.

Hay muchos otros temas abordados en los discursos de campaña de Peña Nieto, como educación, seguridad social, política exterior, etcétera, pero si con los más importantes nos quedamos en la superficie, imagínense con los demás. Nada de rescatable hay en ellos. Mejor terminar aquí para pasar a las conclusiones.

5. Conclusiones

Qué mejor que retomar en esta parte final las preguntas formuladas al inicio y que orientaron mi búsqueda en este ensayo:

a) ¿Qué nos dicen los discursos de campaña de Peña Nieto sobre el futuro del país? Prácticamente nada. Peña Nieto prefirió explotar la retórica de la grandilocuencia que la reflexión mesurada, prefirió vender soluciones mágicas que medidas realistas y viables. De cumplirse las promesas de campaña de Peña Nieto México sería el mejor país del planeta, un lugar sin pobreza ni marginación, con pleno empleo, sin violencia ni traumas, próspero y competitivo, con educación de calidad y calidad de vida para todos, sin desigualdad ni monopolios, pujante y confiado en su futuro. Precisamente por eso, no hay nada en esta retórica digno de ponderarse, pues sólo nos vende sueños de opio, sueños que cualquiera puede comprar dada la postración en la que sobrevive el país después de doce años desperdiciados. Mejor tocar el cielo con una retórica idílica que el realismo frío y chocante de nuestro presente. Por todo ello, poco se le podrá exigir a Peña Nieto, pues su discurso del porvenir es tan intangible como irrealizable. Si acaso, los mexicanos sólo esperamos que las cosas no vayan peor que ahora. No creemos en las soluciones mágicas, sólo queremos vislumbrar una rendija para seguir respirando. Peña Nieto lo entendió, y por eso se fue a los extremos. Mejor pintar el país del futuro color de rosa, aunque nadie lo verá, que barnizar la frustración nacional con más frustración.

b) ¿Qué tanto se corresponden los discursos de campaña de Peña Nieto sobre el futuro del país con los deseos y percepciones de la sociedad en general? Prácticamente nada. Peña Nieto ganó la presidencia no porque su discurso rosa del porvenir haya seducido a los electores. Lejos de ello, los mexicanos hemos aprendido a golpes y estirones qué podemos esperar de nuestros políticos y qué no. No creemos en soluciones mágicas ni en promesas de marinero. El PRI regresa no porque haya ofrecido la mejor opción de futuro al país, sino porque muchos la concibieron como la menos mala de todas. Hace mucho que los mexicanos dejamos de votar con la esperanza a cuestas, pues sólo hemos recibido de nuestros gobernantes silencio y olvido; hoy votamos más bien para castigar la negligencia y para constatar si finalmente un gobernante nos tomará en cuenta o seguirá gobernando en el vacío, convencidos que algún día dará de sí el delgado hilo de la gobernabilidad y México podrá despertar entonces de su postración. Más valdría pues, que el próximo presidente no se crea el “elegido”, o que crea que sus promesas de campaña son la piedra filosofal que el pueblo estaba esperando. Pensar así es una ilusión tan vana y huera como la propia retórica del porvenir que Peña Nieto alimentó irresponsablemente en sus discursos de campaña.

c) ¿Cuál es el grado de veracidad y la viabilidad real de dicha idea de futuro bocetado en el discurso de campaña de Peña Nieto? Ninguna. Más aún, lo más seguro es que los mexicanos atestigüemos derroteros contrarios a los vislumbrados por el próximo presidente. En particular, poco cabe esperar en materia de democracia, pues el regreso del PRI nos aproxima más, por las razones expuestas, a una espiral involutiva y regresiva en los derechos políticos que habíamos conquistado hasta ahora. Con el regreso del PRI al poder regresan muchas de las prácticas y formas de hacer política con las que se perpetuó en el poder el siglo pasado: clientelismo, discrecionalidad, abusos de autoridad, imposiciones, corporativismo estatal, influyentismo, etcétera. Algo lamentable para un país que no terminaba de construir nuevos referentes políticos más próximos a las exigencias de una democracia. En suma, malos tiempos nos esperan a los mexicanos en materia de libertades y derechos elementales. Al tiempo.

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[1] En otra parte he calificado este tipo de estudios como “la bazofia de la ciencia política” (Cansino, 2008).

[2] La pauta fue establecida desde antes de la constitución formal de la ciencia política en la segunda posguerra en Estados Unidos, por un economista austriaco, Joseph Schumpeter, quien en un libro de 1942 (Capitalism, Socialism and Democracy) propuso una definición “realista” de la democracia distinta a las definiciones idealistas que habían prevalecido hasta entonces. Posteriormente, ya en el seno de la ciencia política, en un libro cuya primera edición data de 1957, Democrazia e definizioni, el politólogo italiano Giovanni Sartori insistió puntualmente en la necesidad de avanzar hacia una definición empírica de la democracia que permitiera conducir investigaciones comparadas y sistemáticas sobre las democracias modernas. Sin embargo, no fue sino hasta la aparición en 1971 del famoso libro Poliarchy. Participation and Opposition, de Robert Dahl, que la ciencia política dispuso de una definición aparentemente confiable y rigurosa de democracia, misma que adquirió gran difusión y aceptación en la creciente comunidad politológica al grado de que aún hoy, casi cuatro décadas después de formulada, sigue considerándose como la definición empírica más autorizada. Como se sabe, Dahl parte de señalar que toda definición de democracia ha contenido siempre un elemento ideal, de deber ser, y otro real, objetivamente perceptible en términos de procedimientos, instituciones y reglas del juego. De ahí que, con el objetivo de distinguir entre ambos niveles, Dahl acuña el concepto de “poliarquía” para referirse exclusivamente a las democracias reales. Según esta definición una poliarquía es una forma de gobierno caracterizada por la existencia de condiciones reales para la competencia (pluralismo) y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos (inclusión).

[3] Entre los principales animadores del debate sobre la calidad democrática destacan Guillermo O’Donnell (2004a y 2004b); Philippe C. Schmitter (2004); G. Birnham Powell, Jr. (2004); David Beetham (2004) y Leonardo Morlino (2003).

[4] Muy en la línea de lo que Sartori ha planteado recientemente sobre la crisis actual de la ciencia política (Sartori, 2004),

[5] En ese sentido, el modelo de calidad de la democracia me recuerda otro que en los años ochenta del siglo pasado tuvo gran influencia en América Latina, la “definición mínima” de democracia propuesta en su momento por el filósofo Norberto Bobbio (1984), pues con ella los latinoamericanos pudimos reconocer sin florituras ni afeites las condiciones mínimas que nos permitían hablar de democracia, en contextos donde el concepto había sufrido todo tipo de usos y abusos a manos de los políticos e ideólogos de turno.

[6] Véase, por ejemplo, Cansino (2008 y 2009a).

[7] El tema de la transición en México ha sido tan manoseado por todos (intelectuales, académicos, políticos, periodistas, analistas, etcétera), más con fines políticos que heurísticos, que ha terminado por ser uno de esos conceptos que significa todo y nada al mismo tiempo, por lo que se puede emplear para decir cuanta barbaridad se quiera. A ello ha contribuido no sólo la actualidad del tema, que por ese simple hecho suscita controversias, sino el total desconocimiento o el conocimiento superficial de la literatura politológica sobre el particular. Véase Cansino (2011b).

[8] Véase, por ejemplo, Cansino (1994, 1997, 2000, 2004, 2007, 2009a, 2009b y 2011a); Cansino y Covarrubias (2006 y 2007) y Cansino y Nares (2011).

[9] La categoría clásica de “partido hegemónico” se debe a Sartori (1976), la definición del presidencialismo mexicano como un “poder ilimitado con enormes facultas constitucionales y metaconstitucionales” se debe a Carpizo (1978), aunque también resulta ilustrativa la definición aportada por Krauze de “presidencialismo imperial” (2002). Con todo, el primero que sostuvo que el PRI y el presidencialismo constituían los pilares de dominación del régimen posrevolucionario en México fue Cosío Villegas (1972).

[10] Véase, por ejemplo, Morlino (1980 y 2007), Schmitter y O’Donnell (1986) y Cansino (2002).

[11] En transiciones desde dictaduras militares, estos regímenes suelen considerase estados de excepción destinados a disolverse tarde o temprano una vez que se hayan logrado los objetivos que propiciaron su irrupción, como poner orden en la economía, suprimiendo para ello derechos y garantías ciudadanas. Obviamente, este no es el caso del régimen político mexicano posrevolucionario que, sin ser democrático, nunca se concibió como excepcional o transitorio, sino como un régimen formalmente democrático, aunque por sus componentes autoritarios, fuera más bien una “democracia de fachada”. Véase Cansino (2009a).

[12] Sobre este tema, véase Cansino (2004), Cansino y Nares (2011) y CERE (2004).

[13] Está por aparecer un libro de mi autoría donde evalúo los saldos del panismo en el poder del 2000 al 2012 (Cansino, 2012b).

[14] Sobre el tema del narco en México, véase Cansino y Molina (2010).

[15] Sobre el tema de la cultura política en México remito a los interesados a Cansino (2012a).

[16] Sobre este tema remito a los interesados a Cansino (2012c).

[17] Así lleva por título un libro de mi autoría sobre el tema (Cansino, 2009).

[18] Sara Sefchovich dixit (2008).

[19] Plataforma electoral federal y programa de gobierno 2012-1018, marzo de 2012, p. 4. (http:// http://www.ife.org.mx /portal/site/ifev2/Plataformas_electorales/).

[20] Ibíd., p. 6.

[21] Manifiesto de Peña Nieto: “Por una presidencia democrática”, 21 de mayo de 2012 (www.enriquepenanieto.com/dia-a-dia/entrada/por-una-presidencia-democratica-manifiesto/).

[22] Discurso de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, 11 de mayo de 2012 (www.enriquepenanieto. com/sala-de-prensa/entrada/encuentro-en-el-universidad-iberoamericana).

[23] Ídem.

[24] Véase Cansino (2012b), donde analizo los saldos del panismo en el poder.

[25] Cansino (2010, cap. 6: “Una democracia toda por hacerse”).

[26] Plataforma electoral…, cit., p. 5 (subrayado mío).

[27] Discurso de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, 11 de mayo de 2012 (www.enriquepenanieto. com/sala-de-prensa/entrada/encuentro-en-el-universidad-iberoamericana).

[28] Ídem.

[29] Plataforma electoral…, cit., p. 5.

[30] Discurso de Peña Nieto en Comitán, Chiapas, 31 de marzo de 2012 (http://enriquepenanieto.com/sala-de-prensa/entrada/visita-a-comitan-chiapas).

[31] Discurso de Peña Nieto en Cd. Juárez, Chihuahua, 1 de abril de 2012 (http://enriquepenanieto.com/sala-de-prensa/entrada/compromiso-con-la-seguridad).

[32] Discurso de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, 11 de mayo de 2012 (www.enriquepenanieto. com/sala-de-prensa/entrada/encuentro-en-el-universidad-iberoamericana).

[33] Peña Nieto en el Primer Debate Presidencial, 10 de junio de 2012.

[34] Ídem.

[35] A los interesados en ello los remito a mi libro sobre la guerra al narco: Cansino y Molina Carrillo (2010).

[36] Plataforma electoral…, cit., p. 9.

[37] Discurso de Peña Nieto en Aguascalientes, Aguascalientes, 21 de abril de 2012 (http:// enriquepenanieto.com/sala-de-prensa/entrada/en-el-encuentro-con-estructuras-territoriales-de-aguascalientes)

[38] Plataforma electoral…, cit., p. 5.

1. Introducción

El 2011 vio el inicio de un conjunto de revueltas en el Norte de África y Oriente Medio que sorprendió al mundo, pues propició la caída de algunos de los dictadores más temibles y obstinados de esa parte del planeta, como Hosni Mubarak en Egipto, Muamar Gadafi en Libia, Ben Ali en Túnez, además de varias rebeliones en curso contra las dictaduras de los Asad en Siria y los Khalifah en Bahréin. Casi inmediatamente, la prensa mundial bautizó esos movimientos como la “Primavera árabe”, mientras que muchos analistas políticos, con más ignorancia que fortuna, los calificaron como la “Cuarta Ola de democratizaciones en el mundo”,[1] de acuerdo a una conocida terminología elaborada por el politólogo estadounidense Samuel Huntington en su libro La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX (1994).

                Como suele ocurrir, la prensa resultó más elocuente y efectiva que la academia a la hora de caracterizar estos movimientos populares, pues en estricto sentido, siguiendo a Huntington con rigor, la Primavera árabe no califica para ser concebida como una cuarta ola de democratizaciones, si acaso como la cola de la tercera ola iniciada a mediados de la década de los setenta del siglo pasado en el Sur de Europa.[2] Y no es que me preocupe preservar la pureza semántica de las categorías de Huntington, pues a final de cuentas las ciencias sociales son y seguirán siendo absolutamente promiscuas y eclécticas en el empleo de sus conceptos y métodos,[3] amén de que ni el libro mencionado ni su autor me merecen alguna consideración intelectual,[4] sino que una caracterización superficial o arbitraria de estos procesos puede llevarnos a descuidar o confundir las verdaderas transformaciones que han experimentado las democracias modernas en los últimos años, y que sí califican como una cuarta ola o ciclo de democratizaciones, si con ello se pretende destacar un proceso totalmente distinto, original y promisorio en el largo camino que nos ha conducido a la mayoría de las naciones del mundo hacia la democracia, una suerte de vuelta de tuerca en la democratización. Me refiero a los movimientos de indignados en varias partes del mundo, como España o Grecia en Europa, y Estados Unidos o México en América, por citar las experiencias más conocidas, y que al igual que los movimientos de la Primavera árabe iniciaron en el 2011.

                De ahí que me propongo en este ensayo examinar la novedad de estos movimientos sociales —tanto la Primavera árabe como los indignados— para la democracia, o sea su aporte simbólico y práctico en lo que llamaré la “democratización de la democracia”, así como desmitificar ciertas caracterizaciones apresuradas sobre dichos movimientos que en lugar de aclarar su significado y alcance lo oscurecen sin remedio. Mi tesis es que por efecto de algunos de estos movimientos sociales nos encontramos en una nueva era u ola de democratizaciones donde el dato realmente relevante es la afirmación o empoderamiento de la ciudadanía con respecto a la política institucional, una fase que cristaliza en ciernes el entendimiento de la democracia como forma de vida, y del espacio público, como el lugar decisivo de la política democrática.

2. La Primavera árabe

Los movimientos de la Primavera árabe no califican como “cuarta ola” porque no ofrecen ninguna novedad respecto a las democratizaciones que se han sucedido en el mundo desde los años setenta, o sea la tercera ola: se trata de transiciones desde dictaduras militares o personalistas, con protestas sociales más o menos consistentes e intermitentes, con fracturas en el grupo de apoyo de los dictadores que les restó centralidad, con la emergencia de nuevos actores políticos y que eventualmente asumen nuevos roles de oposición para promover cambios políticos estructurales, entre otras muchas coincidencias. Si acaso, estas transiciones presentan la particularidad de generarse en el seno de sociedades cruzadas por el clivaje religioso islámico y fundamentalista, ausente en las transiciones democráticas occidentales, el cual ha sido largamente utilizado a conveniencia por los tiranos de la región. Hecho que sin duda inhibirá que estos países transiten de manera inequívoca a regímenes democráticos efectivos y plenamente respetuosos de los derechos individuales, tal y como lo establecen los cánones occidentales. Lejos de ello, lo que veremos en el norte de África y el Medio Oriente en los próximos años serán largos e inciertos experimentos de transformación, cruzados por guerras civiles y conflictos religiosos seguramente violentos, así como intentos de varios países de la zona por interferir en los procesos de apertura iniciados en 2011 para conseguir así aliados frente a lo que los fundamentalistas consideran como sus verdaderos enemigos, como Israel o Estados Unidos.

                Pongamos como ejemplo los casos de Egipto y Libia. En el primero, Mubarak llegó al poder en 1981 mediante un golpe de Estado. Como cualquier tirano en el poder, Mubarak cometió todo tipo de crímenes y excesos, lo que a larga le valdría el repudio de su pueblo, no obstante ciertos logros económicos y diplomáticos alcanzados durante su mandato (como su mediación en 1993  en los acuerdos que llevaron al inicio de la autonomía palestina), gracias a las buenas relaciones que supo mantener con sus vecinos. En 2003 surgió un movimiento disidente, conocido popularmente como Kifaya, que buscaba una vuelta a la democracia y mayores libertades civiles, y que es el antecedente de las revueltas de 2011. Sin embargo, no fue hasta febrero de este año cuando se consiguió derrocar a Mubarak y su régimen mediante dos semanas de manifestaciones. El foco principal y permanente de la rebelión fue la famosa y representativa “Midan Tahrir” (Plaza de la Liberación), en el centro de El Cairo, donde se congregaban a diario varios cientos de miles de manifestantes. Recientemente, el 24 de junio de 2012, Egipto celebró las primeras elecciones presidenciales democráticas con más de un candidato de su historia, aunque sigue pendiente la aprobación de una nueva Constitución. Pese a estos avances indudables nadie podría afirmar todavía que Egipto se encuentra en una sendero democratizador claro e irreversible.

                El caso de Libia es muy similar. A principios del 2011, al calor de la Primavera árabe iniciada en Egipto y Túnez, se produce una serie de protestas y una parte de la población de Libia se manifiesta contra el régimen de Gadafi mientras otro segmento mantiene su apoyo. Mediante comités populares, los opositores lograron controlar varias ciudades, aunque el dictador opuso una férrea resistencia en la capital, con 120 mil leales al régimen. La prensa internacional señaló que Gadafi reprimió con gran dureza las manifestaciones mediante mercenarios y ataques aéreos, y en Bengasi al menos 130 militares fueron asesinados por negarse supuestamente a disparar contra el pueblo desarmado, mientras que varios ministros, embajadores y líderes religiosos abandonaron a Gadafi. La ONU (Organización de las Naciones Unidas) estimó en más de 2 mil los muertos civiles a manos del régimen, por lo que emitió la Resolución 1970 de su Consejo de Seguridad y solicitó una investigación internacional sobre la violenta represión y los crímenes de lesa humanidad de Gadafi.  El día 17 de marzo se aprobó la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, estableciendo una zona de exclusión aérea, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido lanzaban misiles Tomahawks sobre objetivos militares libios cerca de Trípoli, según la operación “Odisea al amanecer”. Posteriormente, países como España y Dinamarca se unieron a la ofensiva aliada contra Gadafi. El 22 de agosto, tras la batalla de Trípoli, el régimen de Gadafi se desmorona y el 20 de octubre de 2011 concluye este conflicto armado con la toma de Sirte, el último reducto gadafista en pie, y la muerte del tirano. De entonces a la fecha se han dado diversas tentativas para formar un gobierno provisional y de transición, pero el proceso ha estado atravesado por múltiples conflictos y resistencias.

                Pese a sus particularidades, los movimientos de la Primavera árabe ejemplificados aquí con Egipto y Libia comparten muchas similitudes: más que transiciones pactadas con una idea clara o precisa de la democracia como meta, han sido revueltas o revoluciones en contra de tiranías personalistas o para descabezar al régimen dictatorial; proponen una democratización a todas luces novedosa para las naciones involucradas, pues ninguna de ellas posee experiencias o referentes históricos democráticos que anteponer a sus persistentes tiranías; el deseo de libertad ha sido el impulso de sus protagonistas, aún a costa de arriesgar sus vidas; han tenido como detonante una caída brusca en las expectativas de vida de su población en el actual contexto recesivo mundial; han recurrido en mayor o menor medida a las redes sociales como vehículo para socializar su lucha y conquistar adeptos; han tenido el respaldo decisivo de Estados Unidos y otros países europeos, interesados en contar con países aliados en una zona tan conflictiva como esa; no tienen asegurada la democratización de sus respectivos países aún cuando hayan derrocado a sus respectivos tiranos.

                En suma, contrariamente a lo que afirman muchos despistados, los movimientos de la Primavera árabe no califican como cuarta ola, no sólo porque no presentan nada realmente nuevo en la tendencia democratizadora que arrancó hace ya más de cuarenta años, sino porque, lamentablemente, es difícil que desemboquen en un tiempo razonable en democracias liberales estables y ampliamente respaldadas, salvo quizá uno o dos casos.

                Pero esta no es la única confusión que los politólogos han alimentado al referirse a estos movimientos. Así, por ejemplo, hay quien incluye en la cuarta ola, además de la Primavera árabe, otros procesos democratizadores recientes en países de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), como Georgia (“Revolución de la Rosa”), Ucrania (“Revolución Naranja”), Kirguizistán (“Revolución de los Tulipanes”) o Azerbaiyán (la fallida “Revolución de la Sandía”), amén de incluir otros procesos en Oriente Medio, como la frustrada “Revolución Verde” en Irán o las muchas disputas internas en Líbano.[5] Todo lo cual ya raya en el absurdo, pues como sabe todo el mundo el impulso de la mayoría de estos movimientos no ha sido necesariamente democratizador sino separatista, etnicista o fundamentalista.

                Contrariamente a estas caracterizaciones imprecisas e insustanciales, los movimientos de los así llamados indignados generados a partir de 2011 en España sí tienen suficientes atributos novedosos e inéditos como para establecer que con ellos presenciamos el inicio de un nuevo ciclo en el proceso de democratización en el mundo, y cuyos alcances y posibilidades sólo podremos dimensionar en un futuro no muy lejano.

3. Los Indignados

Para entendernos, el movimiento de los indignados surge en España a raíz del 15 de mayo de 2011 (por lo que ahí se le conoce como el “Movimiento 15-M”) con una serie de protestas pacíficas de millones de ciudadanos con la intención de promover una democracia más participativa alejada del bipartidismo PSOE-PP (Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, respectivamente), percibido como nocivo y estancado, así como una “auténtica división de poderes” y otras medidas para mejorar la democracia. Cabe señalar que se trata de un movimiento apartidista (sin afiliación a ningún partido ni sindicato), pacífico, horizontal, espontáneo y transparente. Su lema constitutivo es “¡Democracia Real Ya!” Uno de los efectos inmediatos de las concentraciones masivas del 15-M a lo largo y ancho del país ibérico fue el adelantamiento de las elecciones generales, las cuales llevaron al poder al PP después de un gobierno de pesadilla del PSOE, agravado por la crisis económica, y aunque este movimiento no ha logrado materializar todas sus reivindicaciones sí ha sembrado una semilla que puede dar frutos en el futuro, pero sobre todo, como trataré de explicar más adelante, ha indicado al mundo un camino posible de la mayor importancia simbólica y práctica para la democratización de la democracia, algo que ni sus propios protagonistas imaginaban o dimensionaban ni remotamente.

                Como era de esperarse, el 15-M ha sido víctima de su propio éxito, pues muchos en el poder político y económico ven con preocupación el despertar y el empoderamiento de la sociedad, lo cual puede amenazar sus intereses y privilegios. De ahí que, no obstante la inmensa base social que apoya al movimiento,  se pueden encontrar en los medios y revistas especializadas españoles muchas críticas y descalificaciones para dividir y confundir a la opinión pública, desde los que sostienen que el movimiento terminó siendo cooptado por ciertos grupos políticos para su propia conveniencia hasta los que ven en estas formas de protesta expresiones arbitrarias y antidemocráticas por cuanto afectan los derechos de terceros, como el de transitar libremente por sus calles o abrir sus comercios. Quizá haya buenos argumentos para concederle a estas críticas el beneficio de la duda, pero también es cierto que el origen del 15-M es auténticamente ciudadano, apartidista y pacífico, y que los grandes movimientos sociales suelen contaminarse, desviarse o incluso pervertirse en el camino, un derrotero tan impredecible como posible, pero no por ello paralizante a priori.

                Este movimiento, como todos los que lo han secundado en el mundo, tiene la particularidad de haberse configurado y potencializado a través de las redes sociales, y en especial Twitter, que por la vía de los hechos se han convertido en la moderna ágora de deliberación pública, en la nueva plaza pública, con la peculiaridad de poder conectar en tiempo real a millones de personas, algo simplemente inconcebible hace unos cuantos años. Otra característica es su espontaneidad, pues surge en torno a una demanda sentida por amplios sectores de la población, los cuales se activan con la esperanza de ser escuchados por las autoridades, en una suerte de democracia deliberativa generadora de nuevos contenidos y valores vinculantes.

                En cuanto a los antecedentes intelectuales del 15-M cabe referir el libro ¡Indignaos! (2004) del escritor y diplomático francés Stéphane Hessel, quien plantea un alzamiento contra la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica, lo que convirtió su obra en un fenómeno mediático-editorial. Cabe señalar que Hessel fue uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, lo que le da gran autoridad moral para sostener en ¡Indignaos! que: “cuando los gobiernos no escuchan al pueblo la democracia se convierte en oligarquía”, algo que por lo demás habían afirmado varios intelectuales en varias partes desde hacía mucho tiempo, como Hannah Arendt (1958, 1993), Cornelius Castoriadis (1975), Claude Lefort  (1983, 1986), Pierre Rossanvalon (1998), Agapito Maestre (1994), entre otros muchos. Otro antecedente de los indignados, curiosamente, son los movimientos de la Primavera árabe, por cuanto enseñaron e inspiraron a las generaciones actuales más jóvenes, y que componen en su gran mayoría a los movimientos de indignados en todo el mundo, el poder de la resistencia y la protesta sociales, al grado de que pudieron derrocar a dictadores de la peor ralea como Mubarak y Gadafi.

               Bajo el influjo de los indignados en España, también se generó un movimiento similar en Gracia, donde vaya que existen buenas razones para la indignación. Aquí, también en 2011, las protestas han estado  exentas de banderas partidistas (lo han intentado los comunistas y tuvieron que salir corriendo), aunque no se puede negar una fuerte influencia izquierdista y un latente trasfondo de partidos progresistas (como en España), pero insisto, hay indignados de todos los colores e inclusive indignados sin color. La indignación griega tiene su origen en la española y como ésta también está organizada principalmente desde las redes sociales. Entre sus logros, el 31 de mayo de 2011 “encerraron” a sus políticos en el Parlamento, hasta que la policía consiguió crear un pasillo para que pudieran ir saliendo.

                En el caso del continente Americano destacan los movimientos de indignados en Estados Unidos y México. En el primer caso, el detonante fue la crisis económica de 2008 y la victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales de ese mismo año. Primero fue el Tea Party, surgido en 2009, para demandar la reducción del gasto público, los impuestos, la deuda externa y el déficit del presupuesto del gobierno federal. En el otro extremo del abanico político, nació otro movimiento popular, sin liderazgo ni propuestas definidas, unido en torno a una indignación común frente a los abusos de los grupos financieros estadunidenses. Ocupar Wall Street se ha extendido a más de 25 ciudades de la Unión Americana. Siguiendo el esquema de los indignados de España, la revista canadiense Adbusters lanzó un llamado a ocupar Wall Street en protesta contra los abusos del sistema financiero estadunidense que ha provocado alzas en vivienda, salud y educación, así como despidos masivos. El primer día sólo se reunieron menos de 300 jóvenes en el parque Zuccotti, cerca del corazón financiero de Manhattan. Tuvieron muy poca cobertura hasta que lograron la atención de los medios internacionales cuando 700 jóvenes fueron detenidos por la policía neoyorquina por manifestarse sin permiso en el puente Brooklyn y recibieron el apoyo de personalidades como Noam Chomsky, Susan Sarandon, Michael Moore o el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, quien escribió en el New York Times: “Tienen razón al acusar a Wall Street de ser una fuerza destructiva económica y políticamente. El movimiento empieza a verse como un acontecimiento importante con posibilidad de transformarse en un punto de quiebre”. En suma, Ocupar Wall Street es una protesta contra la usura de las corporaciones financieras que ocasionaron la crisis económica mundial hace cinco años y recibieron como “recompensa” un rescate de 2 billones de dólares. Es una condena contra la corrupción entre las élites política y económica, también llamada capitalismo de cuates o de truhanes (crony capitalism), en el cual los altos funcionarios gubernamentales buscan el apoyo financiero de las élites empresariales, y viceversa. Dinero a cambio de favores políticos, como el acceso monopólico a ciertos mercados, acceso preferente a empresas gubernamentales y acercamiento a los detentadores del poder político. Ocupar Wall Street también es un grito contra la creciente desigualdad: 46 millones de estadunidenses viven por debajo de la línea de pobreza y 25 millones no tienen empleo. No está claro hasta dónde llegará este movimiento ni cuáles serán sus consecuencias. A primera vista parecería que la protesta de Occupy Wall Street es afín al reclamo que hizo Obama contra los abusos de la élite financiera estadunidense, pero muy pronto quedó claro que nadie puede contra el imbatible poder del dinero: en su gabinete económico permanecieron los principales artífices del desastre financiero.

                En México, por su parte, las manifestaciones de los indignados han sido más bien esporádicas, poco nutridas, y se han articulado en torno a demandas de diverso tipo. Por una parte está el movimiento de indignados encabezado por el poeta Javier Sicilia en contra de la violencia en que el gobierno de Felipe Calderón ha sumido al país con una guerra inútil por sus resultados al crimen organizado. El movimiento se llama Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y ha logrado sentar a discutir el asunto de la violencia al presidente de la República, a gobernadores y a partidos en una muestra insólita de influencia y protagonismo ciudadano. Sin embargo, en términos prácticos, es muy poco lo que este movimiento ha logrado, más allá de concientizar a la población de la inutilidad de esta guerra tal y como ha sido desplegada por el Estado mexicano. Por otra parte, está el famoso movimiento estudiantil #YoSoy132 surgido espontáneamente para protestar por la imposición mediática tan burda como insultante del candidato priista a la Presidencia, Enrique Peña Nieto. Poco a poco este movimiento logró modificar las percepciones sociales sobre la democracia en México, al exhibir sus muchas inercias autoritarias y regresivas. Al final no cambiaron la historia, pues aspiraban a que el candidato de las televisoras no se llevara el triunfo, cosa que no lograron, pero mostraron una gran capacidad de organización y movilización, pero sobre todo desnudaron a las instituciones en sus perversiones y ambiciones, un paso de la mayor importancia en la necesaria democratización de la incipiente democracia mexicana.

4. Caracterizando la indignación

En términos teóricos, la novedad que los movimientos de indignados presentan en todo el mundo ya no tiene que ver con la instauración de regímenes democráticos desde dictaduras militares, tradicionales o carismáticas —como la Primavera árabe, al menos en el papel— sino con la profundización o perfeccionamiento de la democracia ahí donde ya se ha conquistado en lo general, es decir como forma de gobierno que regula el acceso al poder mediante el sufragio efectivo y el reconocimiento pleno del pluralismo político. Se trata más bien de movimientos sociales múltiples, masivos y heterogéneos que al expresar y canalizar su indignación hacia la política realmente existente y hacia sus representantes políticos en sus respectivos países visibilizan a la ciudadanía y le restituyen una centralidad política que aquéllos le han negado al gobernar en el vacío o a espaldas de la sociedad. En otras palabras, con su protesta los indignados impulsan un tránsito no sólo necesario sino decisivo para el porvenir de la democracia, desde democracias representativas, donde los políticos y partidos sólo apelan a los ciudadanos para obtener su voto, hacia democracias más participativas, donde los representantes no tendrán más remedio que gobernar cada vez más en tensión creativa con la propia ciudadanía, la cual ya no está dispuesta a seguir siendo ignorada o sacrificada en sus demandas y anhelos. En suma, estamos en presencia de movimientos sociales renovadores que al exigir ser escuchados por sus autoridades contribuyen a democratizar la democracia, o sea a sustraerle centralidad a los políticos profesionales en favor de los ciudadanos, principio y fin de cualquier democracia.

                Poner las cosas en esos términos tiene mucho sentido, pues es evidente para cualquiera que la democracia está en crisis en todas partes, no obstante haberse impuesto desde hace mucho en Occidente y en muchas otras regiones como la única forma de gobierno realmente legítima. Se trata sobre todo de una crisis de representación, pues los ciudadanos nos sentimos cada vez menos representados por nuestros gobernantes y partidos, por más que hayan sido elegidos democráticamente para representarnos y tomar decisiones en nuestro nombre. Lo que vemos en todas partes es un proceso de distanciamiento efectivo entre las élites políticas y la sociedad, una suerte de corto circuito que lleva a aquéllas a ignorar a ésta, a tomar decisiones impopulares, como si detentar el poder político los autorizara a gobernar en el vacío.[6] No por casualidad, uno de los temas más recurrentes de la filosofía política contemporánea ha sido precisamente el de repensar la democracia no sólo como forma de gobierno, sino sobre todo como forma de vida en común, como forma de sociedad, lo que supone concebir a la política democrática como el lugar decisivo de la existencia humana, y al espacio público como el lugar de encuentro de los ciudadanos en condiciones mínimas de igualdad y libertad, el espacio natural donde los individuos transparentan (en el sentido de hacer públicos) sus deseos y anhelos, sus frustraciones y congojas, y por esta vía instituyen con sus opiniones y percepciones los valores que han de regir al todo social, incluidos a los políticos profesionales.

                Según esta concepción, nada preexiste al momento del encuentro de ciudadanos libres, el momento político por antonomasia, sino que es ahí, en el intercambio dialógico incluyente y abierto, donde se llenan de contenido los valores vinculantes, sin más guión que la propia indeterminación; o sea, ahí donde se encuentran individuos radicalmente diferentes (como los que integran a cualquier sociedad plural) pueden generarse consensos, pero también acrecentarse las diferencias. Huelga decir que para esta concepción, todo es politizable, a condición de que sea debatible. En suma, según esta noción, los verdaderos sujetos de la política son los ciudadanos desde el momento que externan sus opiniones y fijan sus posiciones sobre todo aquello que les preocupa e inquieta en su entorno cotidiano.

                Lejos de lo que pudiera pensarse, esta forma de vivir la democracia siempre ha existido en las democracias realmente existentes, desde el momento que sólo este tipo de gobierno puede asegurar condiciones mínimas de igualdad ante la ley y de libertad a los ciudadanos, lo cual resulta indispensable para la expresión espontánea y respetuosa de las ideas. Sin embargo, también es verdad que la esfera del poder institucional suele ser ocupada por gobernantes y representantes que, como decíamos, lejos de gobernar en tensión creativa con la sociedad lo hacen en el vacío. Desde cierta tradición teórica, el fenómeno ha sido explicado como una colonización de la sociedad por los sistemas instrumentales del poder y el dinero que todo lo avasallan a su paso.[7] Otros autores, por su parte, ven en el elitismo de la política profesional, en cualquiera de sus manifestaciones posibles —como la oligarquía o la partidocracia—, el impedimento para que la sociedad sea considerada de manera más incluyente por quienes toman las decisiones en su nombre en una democracia representativa.[8]

                Pero independientemente de las explicaciones, lo interesante es señalar que no obstante los factores reales del poder que merman el impacto de la sociedad en la democracia, confinándola casi siempre a legitimar a los políticos profesionales y a los partidos mediante el sufragio, las sociedades nunca han dejado de expresarse, o sea que siempre, en mayor o menor medida, han condicionado el ejercicio del poder, necesitado siempre de legitimidad para conducirse. Es lo que algunos teóricos han denominado la capacidad instituyente de la sociedad desde sus imaginarios colectivos, o sea todo aquello que de manera simbólica construyen las sociedades desde su tradición, su historia, sus percepciones, sus temores y su interacción con otras sociedades.[9] Con lo que queda mejor ilustrada la concepción de la democracia como modo de vida en común. El impacto de esa capacidad o su intensidad pueden variar de una democracia a otra, pero siempre permanece in nuce, ya sea como acción o reacción, a pesar de lo que muchos políticos profesionales quisieran.

                Y es precisamente aquí donde adquiere sentido el aporte de los indignados a la democracia. Los indignados nos recuerdan que la democracia no puede edificarse en el vacío, sino en contacto permanente con la sociedad. Si la representatividad fue la fórmula que permitió que la democracia como forma de gobierno se concretara en sociedades complejas como las modernas, los indignados son una expresión ciudadana auténtica que restituye a la sociedad su centralidad y protagonismo frente a los déficits de representatividad que acusaba desde hace tiempo. De algún modo, los indignados llenan de contenido esa idea clásica de que el poder está en vilo, me refiero al poder ocupado por los políticos profesionales, pues su permanencia o caída depende siempre de una sociedad cada vez más crítica, informada y participativa.

5. De indignados a indignados

Para fines analíticos, conviene no confundir los movimientos de indignados surgidos a partir de 2011 con otras formas de protesta social precedentes, incluso las más cercanas en el tiempo, aunque compartan alguna o algunas de las características de aquéllas, como pudieran ser el “Movimiento Sin Tierra” brasileño, El Foro Social Mundial de Porto Alegre, los altermundistas, el movimiento “¡Que ser vayan todos!” en Argentina, entre muchos más. Digamos que para ser indignados, los movimientos deben cumplir en su totalidad con los siguientes requisitos: ser masivos, heterogéneos, plurales y populares; ser netamente ciudadanos y apartidistas; no contar con una ideología definida; ser tan espontáneos como las propias redes sociales que vehiculan permanentemente el sentir de sus partidarios; emerger en ordenamientos políticos democráticos, aunque la democracia institucional le quede a deber a sus respectivas ciudadanías; no aspiran a instaurar la democracia sino que la ejercen mediante el debate público entre todos, buscando consensos sin pretensiones dogmáticas; ser pacíficos e institucionales, aunque muchas veces busquen reformar las instituciones; dirigir sus reclamos a la autoridad, por cuanto compete a ella responder y atender las demandas sociales; pueden tener liderazgos sociales, pero casi siempre se dan formas de organización horizontales y colectivas, donde todos participan.

                De acuerdo con esta caracterización, queda claro que movimientos sociales como el Foro Social Mundial de Porto Alegre o los altermundistas, aunque muy influyentes y combativos, no califican como indignados, entre otras cosas porque están articulados en torno a una ideología más o menos precisa en sus contenidos, una ideología marxista o de izquierda, anti-neoliberal y anti-imperialista, o porque no fueron espontáneos sino convocados explícitamente por diversas organizaciones civiles y políticas.

                En términos culturales, los indignados aportan a la democracia un conjunto de valores de la mayor relevancia simbólica, pues son movimientos por principio tolerantes con las diferencias, sumamente incluyentes, horizontales en su organización y en la definición de sus acciones. Quizá por ello el verdadero antecedente de estos movimientos haya que buscarlo en la elección de Estados Unidos que llevó a Obama a la presidencia en 2008, por cuanto este hecho posee una carga simbólica inédita para las democracias del porvenir. En efecto, Obama es la constatación viva de que los pueblos cuando se lo proponen pueden reinventarse y llenar de nuevos contenidos los valores que Occidente ha defendido largamente pero nunca ha podido materializar plenamente, como la tolerancia y el respeto a las diferencias, el reconocimiento e inclusión activa de las minorías, la convivencia y la fraternidad más allá de diferencias étnicas, religiosas o ideológicas.

                El mensaje es simple y complejo a la vez, pero para entenderlo debemos hacer a un lado los resentimientos y resabios históricos, justificados o no, contra Estados Unidos, simplemente por el hecho de ser el país más poderoso del planeta. Si la paz es un ideal largamente anhelado y nunca alcanzado  por la humanidad, Obama representa, pésele a quien le pese (a pesar, incluso, de él mismo), el punto más alto conquistado hasta ahora en la búsqueda de ese ideal, es la constatación práctica, por haber alcanzado la presidencia de Estados Unidos siendo él parte de una minoría étnica histórica y largamente discriminada en su país, de que la humanidad sí puede alcanzar estadios superiores de igualdad y tolerancia impensables hace apenas unos cuantos años. Obama, en suma, es la encarnación viva de los ideales siempre pospuestos a favor del reconocimiento y el respeto entre los individuos y las naciones, independientemente de sus diferencias de cualquier índole. El mérito de ello pertenece al  pueblo estadounidense, el cual, a final de cuentas, es el que ha hecho posible este cambio histórico de mentalidades, el que ha exhibido la madurez que otros pueblos igualmente avanzados y supuestamente más progresistas del mundo no han alcanzado todavía, para reinventarse como nación y dejar atrás siglos de discriminaciones y prejuicios étnicos. De ese tamaño es la herencia (y la lección) de Obama para Estados Unidos y el mundo, y de esa magnitud es la transformación que su llegada a la presidencia ha representado para el pueblo estadounidense. Sin lugar a dudas, la presidencia de Obama marca una nueva era para la democracia en América y más allá.[10]

6. La nueva ágora virtual

Dado que las nuevas tecnologías de la comunicación y en particular las redes sociales constituyen el nuevo espacio público de la indignación ciudadana, conviene avanzar algunas ideas al respecto. 

               Ni duda cabe que las redes sociales constituyen en la actualidad la nueva ágora, el lugar donde se construye cotidianamente la ciudadanía y se definen los valores sociales. Si la representatividad fue la fórmula que permitió que la democracia como forma de gobierno se concretara en sociedades complejas como las modernas, las redes sociales son el vehículo moderno que restituye a la sociedad su centralidad y protagonismo frente a los déficits de representatividad que acusaba desde hace tiempo.

               Además, no podía ser de otra manera, pues si las sociedades modernas se han vuelto cada vez más complejas, es decir más pobladas, plurales, activas y heterogéneas, sus formas de expresión no podían limitarse a lo local, sino que para trascender debían irrumpir en el mundo complejo y global de las comunicaciones que sólo las redes sociales pueden ofrecer. Por eso, si en algún lugar se juega hoy la democracia, entendida como el espacio público donde los ciudadanos deliberan desde su radical diferencia sobre todos los asuntos que les conciernen, es en las redes sociales, un puente poderoso que pone en contacto en tiempo real a millones de individuos.

               Huelga decir que la comunicación que fluye en las redes sociales es abierta y libre, pues es un espacio ocupado por los propios usuarios sin más condicionante o límite que su propia capacidad de expresarse. Y no es que las redes sociales vayan a ocupar el lugar que hoy ocupa la representación política, sino que la complementa, la estimula, por cuanto sus mensajes y contenidos ya no pueden ser ignorados por los gobernantes so riesgo de ser exhibidos y enjuiciados públicamente en estos modernos tribunales virtuales. De hecho, los políticos profesionales están cada vez más preocupados por el impacto de las redes sociales, se saben vigilados, observados, y finalmente intuyen que ya no pueden gobernar a espaldas de la ciudadanía. Muchos quieren entrar en las redes sociales, congraciarse con sus usuarios, ser populares, pero no saben cómo hacerlo, pues los usuarios de las redes no se dejan engañar fácilmente, la crítica puede ser implacable. Los políticos profesionales se han dado cuenta por la irrupción de la sociedad en las redes sociales, que ya no pueden apropiarse arbitrariamente de la política, pues la política está hoy más que nunca en todas partes. En suma, las redes sociales reivindican al ciudadano, lo visibilizan frente a la sordina consuetudinaria de los políticos profesionales.

               ¿Por qué este rol que hoy desempeñan las redes sociales no lo realizaron antes otros medios de comunicación, como la radio y la TV? La pregunta tiene sentido, pues mucho antes que llegaran las redes sociales lo hicieron los medios electrónicos, mismos que nunca pudieron convertirse en un foro auténtico de y para los ciudadanos, pese a que muy pronto invadieron todos los hogares. Ciertamente, tanto los medios tradicionales (la prensa, la radio y la TV), como las redes sociales (Twitter, Facebook y otras), son medios de comunicación, pero sería un error meterlos en el mismo saco.

               La primera diferencia es que los medios tradicionales siempre han sido ajenos a la sociedad, siempre han respondido a los intereses de sus dueños, por lo que la comunicación que emiten es unidireccional, vertical, del medio al receptor, sin posibilidad alguna de interacción o diálogo con la sociedad. La TV y la radio pueden tener públicos cautivos y hasta fieles seguidores o incluso teléfonos en el estudio para retroalimentarse de sus audiencias, pero su razón de ser es comunicar desde los particulares intereses y valores que representan y buscan preservar. Por su parte, las redes sociales surgieron en Internet con la idea de conectar simultáneamente a miles de personas de manera horizontal, desde sus propios intereses y necesidades, sin mayor límite que su creatividad. En ese sentido, aunque Twitter o Facebook tienen dueños y sus acciones cotizan en la bolsa, su éxito reside precisamente en la libertad que aseguran a sus usuarios para comunicarse entre sí, al grado de que son los propios usuarios los que terminan ocupando las redes sociales desde sus propios intereses.

               Desde cierta perspectiva, si los medios tradicionales se convirtieron en el cuarto poder en la era moderna, dada su enorme penetración social y capacidad de influencia; las redes sociales se han convertido repentinamente en un quinto poder, un poder detentado por la ciudadanía por el simple hecho de ejercer ahí de manera directa y masiva su derecho a expresarse, a opinar de todo aquello que le inquieta.

               Por eso, si hay un lugar donde hoy se materializa la así llamada “acción comunicativa” que alguna vez vislumbró el filósofo Habermas, o sea la comunicación no interesada, horizontal, dialógica entre pares y libre del dominio de los sistemas instrumentales, ese es precisamente el que hoy ocupan las redes sociales,[11] aunque aún están en espera de mayores y mejores teorizaciones como las que han concitado durante décadas los medios tradicionales, sobre todo con respecto a su relación con la política y la democracia. Pero la tarea no es fácil. Ni siquiera tratándose de los medios tradicionales existe todavía consenso sobre la manera que impactan o influyen en la democracia.

               Para unos, los apocalípticos, como Giovanni Sartori, la TV llegó muy temprano a la humanidad y se ha vuelto contra ella, no sólo porque marca una involución biológica del homo sapiens al homo videns, sino porque alimentan la ignorancia y la apatía de una sociedad, lo cual es aprovechado por los políticos para manipularla de acuerdo a sus propios intereses.[12]

               Para otros, algunos posmodernos y culturalistas, como Gianni Vattimo, la TV amplió el espectro de la mirada de los ciudadanos, por lo que acercó a los políticos a la sociedad, los volvió más humanos y en consecuencia susceptibles de crítica y juicio, amén de que ofreció a los espectadores nuevos referentes provenientes de otras realidades, lo que les permitió, por simple contrastación, reconocer los límites y deficiencias de la suya.[13]

               Como quiera que sea, las preocupaciones intelectuales de lo que hoy se conoce como “videopolítica” o “teledemocracia” no son las de las redes sociales. Más aún, estos debates se volverán obsoletos conforme las redes sociales se vayan imponiendo en el gusto y el interés de las sociedades contemporáneas. No digo que los medios tradicionales desaparecerán o dejarán de tener súbitamente el impacto que hoy tienen, pero sí es un hecho que las redes sociales, por sus características intrínsecas asociadas a la libre expresión de las ideas, terminarán impactando y hasta colonizando a los medios tradicionales. De hecho ya lo hacen, con frecuencia éstos aluden a lo que se dice en Twitter o Facebook para tener una idea más precisa de lo que interesa y preocupa a la sociedad, y saben que permanecer al margen de las redes sociales los aislará sin remedio.

               No olvidemos además, que lo que se dice en los medios tradicionales también es motivo de deliberación pública para las propias redes sociales. Por ello, si hay una problemática a dilucidar asociada con el extraordinario avance de las redes sociales en las democracias modernas, no es si éstas “manipulan” o “desinforman” o no lo hacen, como se discute a propósito de los medios tradicionales, sino hasta qué punto podrán desarrollarse como espejos de la sociedad, como tribunales de la política institucional, antes que los poderes fácticos busquen minimizar su impacto mediante regulaciones y controles de todo tipo. De ese tamaño es el desafío que las redes sociales han abierto casi silenciosamente para los intereses de los poderosos, así como los riesgos que entraña su inusitado crecimiento.

7. A manera de conclusión

Si la democracia ha de ser concebida como algo más que una forma de gobierno, o sea como una forma de sociedad, de vida social, entonces los cambios en su seno, los más profundos y trascendentes, son los que acontecen en las percepciones y los imaginarios colectivos de los ciudadanos, o sea en sus valores. Sólo en la democracia, es decir en condiciones mínimas de libertad e igualdad, toca a los ciudadanos instituir desde el debate público y el diálogo permanente entre pares, los valores (y los contenidos de esos valores) que han de regir el todo social, incluida no sólo la ciudadanía sino sobre todo la autoridad.

                Esta perspectiva no sólo le hace justicia a la idea de soberanía popular inherente a la democracia sino que permite aprehender de manera más realista que otros enfoques, como los meramente institucionalistas, las verdaderas transformaciones que acontecen en las democracias modernas. Cambios en el sistema de partidos o en la composición de los poderes o incluso reformas constitucionales más o menos amplias son cambios morfológicos inherentes a todo régimen democrático, pero los verdaderos cambios de fondo son siempre los cambios culturales, los que tienen lugar en las mentalidades de los pueblos, en sus percepciones y anhelos. Y es precisamente aquí donde podemos reconocer lo verdaderamente “nuevo” de la democracia y el aporte de los indignados.

                Más precisamente, si no hace mucho parecía que con la democracia representativa no pasaba nada nuevo, en menos de una década muchas de estas convicciones se tambalearon aparatosamente y en su lugar han aparecido nuevas esperanzas. Y en este diapasón entre lo que comenzó a resquebrajarse y lo que en su lugar podía reconstruirse terminó por emerger lo nuevo, lo diferente, lo distinto, o sea algo que no estaba antes y que ya no puede soslayarse al hablar de la democracia.

Referencias

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[1] Véase, por ejemplo, Priego Moreno (2011), Gil Calvo (2011) y Sahagún (2011).

[2] Huntington falleció en 2008, pero en vida seguramente hubiera reaccionado frente al uso arbitrario de sus categorías.

[3] No por casualidad están en punto muerto: Cansino (2008).

[4] Véase mi crítica a Huntington en: Cansino (1998).

[5] Véase, por ejemplo, Priego Moreno (2011).

[6] Véase, por ejemplo, Cansino (2000).

[7] Me refiero a Habermas (1981).

[8] Agamben (2002), De Souza Santos (2002a, 2002b).

[9] Castoriadis (1975). Véase también Cansino (2010).

[10] Sobre este tema véase Cansino (2012).

[11] Habermas (1981).

[12] Sartori (1997).

[13] Vattimo (1988).

El presente artículo es una versión larga del que apareció con el mismo título en la revista Letras Libres del mes de abril de 2012

EL POPULISMO NUNCA SE HA IDO…

La categoría “populismo” ha sido adoptada desde hace mucho para describir y caracterizar una amplia gama de experiencias políticas en todo el mundo, pero existe un puñado de países donde su uso ha sido más recurrente y constante. México es uno de ellos. De hecho, el gobierno de Lázaro Cárdenas en los años treinta del siglo pasado —la primera gran experiencia populista en México—, inspiró muchos de los criterios hoy aceptados por la teoría para caracterizar el fenómeno. No es exagerado decir que analizar actores y prácticas populistas prescindiendo de dichos criterios sería arbitrario y poco ortodoxo, incluso en la actualidad. Quizá por ello, el populismo en México, desde el cardenismo hasta las experiencias más cercanas, ha sido objeto de innumerables estudios. Yo mismo ofrecí mi interpretación del tema en un libro relativamente reciente, en el cual adoptaba un modelo de análisis para clasificar las distintas experiencias populistas que hemos tenido en México a lo largo del siglo XX y a principios del XXI.[1] ¿Por qué entonces, volver al asunto? Por una sencilla razón: porque la tentación populista permanece latente en el México actual, aparece y reaparece con nuevos nombres y siglas, guarecida en los proyectos salvadores o redentores de nuevos caudillos, sobre todo en tiempos de desastre y desasosiego, como los actuales. De hecho, el populismo nunca se ha ido.

En lo que sigue retomaré algunos elementos de mi incursión precedente en el tema y actualizaré otros que me permitan no sólo clasificar las distintas experiencias populistas en México sino también evaluarlas por sus resultados concretos, asumiendo que el populismo tiene poco de virtuoso y sí mucho de peligroso por sus excesos retóricos y evidentes implicaciones subversivas antiinstitucionales. Al menos en México, más allá de sus resortes discursivos altamente persuasivos en tiempos de crisis, los costos del populismo han sido muy altos, y lejos de apuntalar el desarrollo, la democracia y la justicia social, los ha inhibido o retardado, pese a constituir sus banderas de lucha. Empero, en descargo del populismo, casi siempre se ha recurrido a él después de gobiernos grises y mediocres en su desempeño. Tal parece que el populismo aparece y reaparece pendularmente, impulsado por experiencias precedentes apagadas o deslucidas, pues bien empleado constituye un poderoso instrumento retórico para reavivar el interés social, reponer las bases de apoyo de los gobernantes y neutralizar las demandas populares. Así sucedió, por ejemplo, con los populismos de Luis Echeverría y José López Portillo, después de la muy desafortunada gestión de Gustavo Díaz Ordaz, o con el populismo de Carlos Salinas de Gortari, posterior al deslucido gobierno de Miguel de la Madrid, o más recientemente, con Vicente Fox, respecto de Ernesto Zedillo.

Para fines de análisis, consideraré en este ensayo cuatro momentos del populismo en México: a) el populismo clásico (Cárdenas), interesado sobre todo en incorporar a las masas al Estado en un esquema autoritario; b) el populismo de los setenta (Echeverría y López Portillo), caracterizado sobre todo por un excesivo gasto público combinado con un fuerte control político; c) el neopopulismo (Salinas de Gortari), caracterizado por una dinámica de inclusión de las masas, pero para la promoción de políticas de ajuste liberal; y d) el populismo de la alternancia (con un Fox más próximo a Salinas de Gortari, por sus resultados, y muy distante de Echeverría y López Portillo, por su discurso) obligado a coexistir con la democracia tanto discursiva como prácticamente.

LA SEMÁNTICA POPULISTA

Como un ave fénix, la categoría “populismo” resurge permanentemente en las ciencias sociales para caracterizar ciertas experiencias políticas difíciles de ubicar con las tipologías convencionales de regímenes o formas de gobierno. Hasta cierto punto, constituye el último recurso explicativo cuando todos los demás han fallado. No es casual que la literatura sobre el populismo se haya referido al mismo como un “fantasma” o “espectro” que recorre al mundo, pues alude a una realidad de contornos imprecisos y elusivos a primera vista. Y sin embargo, a fuerza de la costumbre, ha terminado por conquistar su derecho de piso en las ciencias sociales. Si acaso, la diversidad de acepciones producidas sobre el mismo, exige de sus adeptos una toma de partido explícita y precisa sobre cómo ha de entenderse.

En lo personal, para efectos de este ensayo, más que factores institucionales o decisionales, adoptaré una definición del populismo por sus características semánticas, o sea sus atributos discursivos constates, que me permitan decir qué experiencias aparentemente muy asimétricas entre sí son realmente populistas y cuáles son una equívoca aproximación al fenómeno. La mía es pues, una propuesta semántica, es decir, define al populismo por el uso y abuso de ciertos campos de sentido inherentes a las formas discursivas que genera. Así, por ejemplo, considero que sólo puede hablarse propiamente de populismo cuando la experiencia política analizada comparte los siguientes atributos semánticos, independientemente del tipo de régimen en el que se presenta: a) una pulsión simbólicamente construida que coloca al pueblo, gracias a una simbiosis artificial con su líder, por encima de la institucionalidad existente; b) un recurso a disipar las mediaciones institucionales entre el líder y el pueblo, gracias a una supuesta asimilación del primero al segundo; y c) una personalización de la política creada por la ilusión de que el pueblo sólo podría hablar a través de su líder. Huelga decir que cada uno de estos atributos implica una carga antinstitucional más o menos grave dependiendo de cada caso.[2]

Quizá está definición de populismo por sus atributos semánticos no satisfaga a quienes han intentado vestirlo de muchos afeites y adornos. Con todo, creo que el populismo difícilmente puede ser referido en la práctica a partir de una definición más estridente pero al final más distante de sus derivaciones empíricas, como las muchas que se ofertan en la literatura sobre el tema. Es importante considerar igualmente que el populismo, al dar cuenta de realidades muy diferentes y distantes entre sí, no pude definirse como simples formas desviadas o corruptas de la particular ordenación política en la cual enraíza, ya que lo corrosivo de sus formas y lo efímero de sus definiciones, le permiten viajar y asentarse sin gran dificultad en el interior de un régimen tradicional, abierta o soterradamente autoritario, así como en el seno de un régimen declaradamente democrático. Es decir, el tipo de régimen es, en efecto, una condición que nos ayuda a tener un mejor ámbito de entendimiento del fenómeno, pero no una condición sine qua non indispensable para pensarlo o caracterizarlo.

HAY DE POPULISMOS A POPULISMOS

La frecuencia con la que la etiqueta de populista aparece y reaparece en México, al menos en su historia reciente, es una razón más que suficiente para analizar puntualmente el fenómeno e intentar caracterizar con rigor las distintas experiencias presuntamente populistas que se han referido antes. En mi opinión, la presencia recurrente del populismo en México, tanto en el viejo régimen autoritario como en la incipiente democracia postautoritaria, se debe sobre todo a la pobre modernización de su sistema político, la cual se refleja en: a) escasa formalización o reglamentación de la institución presidencial, que abre la puerta al voluntarismo del líder; b) una cultura política propicia para el patrimonialismo, el paternalismo y el victimismo; c) un sistema que fomenta la concentración del poder en el vértice; d) una débil secularización social respecto del Estado; e) ausencia de un Estado de derecho democrático y f) escasa aceptación del valor de la ley erga omines.

En general, el populismo en México goza de mala reputación. A excepción del gobierno de Lázaro Cárdenas, los gobiernos populistas del viejo régimen, como los de Luis Echeverría, José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari, y aun los del nuevo, como el de Vicente Fox, han sido desastrosos para el país, tanto por sus resultados concretos (crisis económica, endeudamiento, pauperización, inflación, marginación, etcétera) como por haber postergado en su momento la tan necesaria modernización del sistema político mexicano. De hecho, el populismo en México tiene un origen abiertamente autoritario: cuando el Estado ha interpelado al pueblo con un discurso nacionalista, popular o clasista, se ha hecho más para controlar, manipular y tutelar a la sociedad que para aliviar sus necesidades. Huelga decir que el populismo en México siempre ha mantenido un pie en la premodernidad, pues sus motivaciones son organicistas, patrimonialistas, paternalistas y clientelistas.

A la hora de las clasificaciones, no siempre ha habido consenso. Que Cárdenas representa un populismo clásico es inobjetable, pero con el resto no pasa lo mismo. Para los tiempos de Echeverría y López Portillo, el concepto de populismo se había vuelto tan elástico que comenzó a emplearse para referirse a todo tipo de experiencias políticas a condición de que presentara alguno o algunos de los rasgos con los que solía asociarse tradicionalmente, tales como: un apelo directo al “pueblo” por parte del líder con fines de movilización y/o control; una marcada personalización del poder en la figura de un líder carismático; una política basada en criterios asistencialistas de beneficio popular; un discurso nacionalista y desarrollista exacerbado; una excesiva concentración del poder en manos del líder; etcétera. La cuestión se complica aún más cuando, a partir de los noventa, aparecen en escena líderes con rasgos populistas, pero muy alejados en sus convicciones personales a las reivindicaciones de justicia social enarboladas por sus predecesores, como Salinas de Gortari y Fox. Y si esto no bastara, cada una de estas experiencias populistas corresponde a distintos momentos del régimen político mexicano: el pasaje autoritario con Cárdenas, el pasaje semiautoritario con Echeverría y López Portillo; el pasaje semidemocrático con Salinas de Gortari y el pasaje democrático con Fox. En suma, hay de populismos a populismos…

Por lo que respecta al populismo clásico de Cárdenas, que coincide con los de Getulio Vargas en Brasil o Juan Domingo Perón en Argentina, surge en un contexto abiertamente autoritario y con fines autoritarios, por más que algunos analistas quieran ver en él una fuerza fundamental en la democratización del país gracias a la incorporación simbólica y efectiva de amplios sectores populares que se encontraban excluidos tanto política como económicamente.[3] En realidad, el objetivo no era democratizar, sino integrar al país y sentar las bases del Estado nacional. Para lograrlo, Cárdenas articuló con maestría la noción de soberanía nacional con la de soberanía popular, bajo la potente estructuración ideológica del nacionalismo revolucionario, que sería definitivamente enmarcada en la muy famosa política de masas del cardenismo.[4]

En los hechos, el populismo de Cárdenas significó la cancelación de cualquier atisbo de individualismo, por ello, se presentaba como una creación anti-democrática y anti-liberal.[5] De igual modo, cancelaba el mayor número posible de las formas de disenso, por ende, de las diferencias, ya que al suponer que todo está contenido en la masa, nada por afuera de ella puede tener su razón de ser políticamente hablando. Asimismo, se puede decir que esta confección conllevaba una fuerte virulencia lista a la acción, dispuesta a manifestarse como una pura expresión de fuerza política (por ejemplo, es el caso del llamado para pagar los costos de la expropiación petrolera) o de soporte popular en el gobierno (legitimidad). Por último, se le confiere a la masa un carácter de sujeto político pero sin autonomía, corroborando el enorme lastre que llevaría en las décadas siguientes a la sociedad mexicana hacia el letargo y la heteronomía o, dicho en un lenguaje próximo a la vorágine de aquel tiempo, hacia el corporativismo. Así, tenemos que Cárdenas aterrizó o, más bien, materializó como ninguno, el mix ideológico con el cual se había llegado a la Revolución Mexicana y con el cual se había salido de ella, pero acentuándolo y confundiendo más a la propia sociedad que, al esclarecer su horizonte y el mundo del porvenir que aún no sabía interpretar, la despersonalizaba para volverla un objeto de subjetivación pero también de sujeción.

Por último, en el caso de Cárdenas es innegable que concentró en su persona una excesiva personalización del poder que, al final, conllevaría a un culto “autóctono” y peculiar de su figura y sus capacidades de decidir por encima de las reglas impersonales del juego político, aunado a una legitimidad abiertamente carismática y tradicional. De hecho, debemos en buena medida al estilo personal de gobernar de Cárdenas muchos de los elementos que posteriormente caracterizarían al presidencialismo mexicano, entendido como una forma pervertida de gobierno presidencialista.

En muchas interpretaciones del cardenismo suelen obviarse los varios efectos perniciosos de largo plazo que este gobierno tuvo, por concentrarse en los aspectos positivos de corto plazo, como si esto fuera suficiente para exculpar al General de haber optado por un esquema entre bolchevique y fascista para el Estado mexicano, como si no hubieran entonces otras fórmulas posibles a las cuáles echar mano, como la propia democracia.

A diferencia del populismo clásico de Cárdenas, el populismo de los años setenta, que abarcó dos sexenios y dos presidentes sumamente controversiales —Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982)—, no constituyó un mecanismo centralmente orientado a integrar a las masas populares al sistema político, pues esto se logró y muy bien desde Cárdenas, sino que se caracterizó por una expansión excesiva del gasto público orientada a asegurar el control político. Sin embargo, más allá de esta diferencia de orientación, la resurrección del populismo en los setenta adoptó prácticamente todos los rasgos definitorios de los populismos clásicos o premodernos. De hecho, se puede decir que se trata de populismos clásicos tardíos.

Por lo que respecta a la estrategia discursiva, el populismo de los años setenta mostró una maleabilidad y oportunismo inusitados. El nuevo eje de la retórica oficial, tanto en Echeverría como en López Portillo, fue la “democratización” del sistema político, con lo cual se ofrecía ante todo una respuesta a las exigencias de participación de las clases medias en expansión y que, por su propia condición, habían adquirido mayor capacidad de cuestionamiento al régimen. Pero los años setenta también estuvieron marcados por la Guerra Fría, por un repunte del internacionalismo comunista, por golpes de Estado en América Latina, pretextando la amenaza roja. En el caso de México, los populismos de Echeverría y López Portillo enarbolaron un discurso con tonos claramente proclives al socialismo y explotaron cada oportunidad que tuvieron a su alcance para mostrar su afinidad con las causas de izquierda: apertura de las fronteras al exilio latinoamericano, encuentros permanentes con Fidel Castro, Salvador Allende y otros líderes socialistas, protagonismo de México en la defensa de las banderas políticas del Tercer Mundo, etcétera. En materia ideológica, por último, habría que añadir que tanto Echeverría como López Portillo fueron decididos promotor del nacionalismo, muy en sintonía con las enseñanzas de Cárdenas.

Huelga decir que ambos gobiernos fueron desastrosos para el país, en términos de crisis económica, rezagos sociales y democratización efectiva, por más que Echeverría promovió una presunta “apertura democrática” y López Portillo, una reforma política en 1977, experiencias que más que catalizar la democracia permitieron al régimen autoritario posponerla indefinidamente con paliativos o liberalizaciones políticas parciales y limitadas.[6]

El último tramo del siglo XX vio emerger en varios países de América Latina fórmulas populistas de nuevo cuño (neopopulismos), a medio camino entre el populismo clásico y un populismo de tendencia liberal, tales como Carlos Salinas de Gortari en México, Carlos Menem en Argentina, Fernando Collor de Mello en Brasil, Alberto Fujimori en Perú y Abdalá Bucaram en Ecuador, cuya particularidad fue haber sido promotores del neoliberalismo y la globalización en sus respectivos países. En el otro extremo, también emergieron líderes populistas abiertamente antiliberales, tales como Carlos Palenque y Max Fernández en Bolivia (que como tales son precursores de los populismos contemporáneos o neopopulismos de Hugo Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia), o López Obrador en México, que sin haber llegado a la presidencia mantiene afinidades ideológicas con este tipo de posicionamientos.

A diferencia de los populismos clásicos y tardíos, estos populismos neoliberales se dan en contextos democráticos o en procesos de democratización, lo que les confiere una legitimidad de origen con la que no contaron los primeros. Por otra parte, sin abandonar una retórica populista o “solidarista” con los marginados, tuvieron que suavizar los contenidos nacionalistas y antiimperialistas de otras épocas, pues les tocó ser promotores de la implantación de modelos neoliberales y que a la larga acarrearon en sus respectivos países enormes costos sociales, después de éxitos momentáneos. Otra característica común de estos populismos radica en sus desenlaces, casi siempre envueltos en el escándalo y la reprobación general, pues amén de impulsar modelos económicos que muy pronto se mostraron como excluyentes para amplios sectores de población y en consecuencia poco prometedores para solucionar los enormes rezagos acumulados, representaron en la mayoría de los casos graves retrocesos en lo que a conquistas democráticas se refiere. Así, por ejemplo, Salinas de Gortari en México supo aprovechar muy bien la legitimidad que le reportaron los éxitos iniciales de su Programa de Solidaridad como la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pero a costa de reposicionar en el país prácticas y estilos claramente autoritarios que trabajosamente habían comenzado a desandarse en los años precedentes. No deja de ser interesante cómo en América Latina el peso de la tradición terminó imponiéndose en una época que precisamente miraba hacia una nueva era de mundialización económica y liberalización de mercados, con el consiguiente adelgazamiento de los Estados sociales que de manera tan ostensible se edificaron en todos nuestros países. Es decir, la premodernidad de nuestros sistemas políticos pudo más que los impulsos modernizadores; los resabios autoritarios, más que los avances democráticos, condenando nuevamente a nuestros países a la debacle política y económica.

El gobierno de Vicente Fox compartió con el de Salinas de Gortari su talante liberal, con la diferencia de que el primero se da en el contexto de una democratización efectiva del régimen político mexicano. Para comenzar, hay que decir que el sexenio de Fox inició con fuertes expectativas de distintos sectores sociales y políticos, generadas por el llamado “bono democrático de la alternancia”. Es innegable, por ejemplo, el aumento del pluralismo político, junto a las expectativas generadas en torno a un presidente (cuya figura es muy peculiar en la política mexicana), así como la “normalización” del mecanismo electoral, que son algunas expresiones sintomáticas del grado de avance en dirección democrática del país. No obstante, a pesar del terreno ganado, el contexto político mexicano era entonces y sigue siendo ahora el de una insipiente democracia que día con día se esfuerza por no perder los logros, antes que asegurarlos o profundizarlos en el ámbito institucional, espacio que permitiría reflejar toda la congruencia de democratizar realmente el andamiaje neoautoritario que expresan en modo intermitente las instituciones públicas.

De hecho, a pesar de encarnar la alternancia democrática gracias a su oferta de cambio y renovación ampliamente respaldada, Fox dejó grandes pasivos a su paso, pero sobre todo no pudo o no quiso apuntalar la recién conquistada democracia mediante una reforma integral del Estado, lo cual debilitó la construcción de una adecuada governanza democrática en un contexto de pluralismo inédito.

El componente retórico populista de Fox puede establecerse en la negociación y las polémicas que encabezó desde la tribuna mediática, convirtiéndolo en uno de los primeros casos en el país de un político de imagen, que supo interpretar muy bien las potencialidades de los medios de comunicación en la actual situación. Su apuesta como gobierno de la alternancia, independientemente de sus pobres resultados, estuvo supeditado en tres puntos para cuidar su imagen frente a la opinión pública: a) su cercanía con la gente; b) su tolerancia para aceptar errores y críticas; y c) la percepción media ciudadana convencida de su honradez.[7] Precisamente por ello, es un caso que puede definirse como un populismo que discursivamente expresa una extraña mezcla de antipolítica recubierta con un fuerte y legítimo caparazón de democracia.

Finalmente, Fox encarna un tipo de legitimidad de corte carismático, gracias al cual contribuyó a cambiar la rigidez de las formas y las prácticas políticas tradicionales de nuestro país, incluyendo como parte de su personalidad (y de aquí su éxito) algunos rasgos extraordinarios a los ojos del público, al punto de volverse si bien no un traductor de las necesidades sociales, sí un certero interlocutor de la sociedad (por las maneras de hablar y presentarse en público), constituyendo una auténtica escenificación de la política.

LA TESIS DEL PÉNDULO

Según la tesis del péndulo que aventuraba al inicio, “El populismo resurge después de períodos más o menos largos de gobiernos grises y muy impopulares… De ahí que se pueda hablar de una espiral de muerte y resurrección del populismo; o sea que las tentaciones populistas resurgen cuando la impopularidad y mediocridad de las autoridades precedentes toca fondo, y viceversa, la discreción en la forma de gobernar se impone cuando las autoridades precedentes abusaron de una retórica populista que terminó agotándose en el ánimo de la sociedad.”[8]

Si esta tesis es válida, México se encontraría hoy nuevamente en la antesala de un gobierno populista, pues ni duda cabe que el actual sexenio de Felipe Calderón no sólo ha sido incapaz de conectar con la sociedad sino que es percibido por muchos como el principal responsable de la actual debacle que padece el país. Sin embargo, no basta que haya un terreno fértil para el populismo, también se requiere un nuevo caudillo que lo encarne y reposicione, un líder que concite los apoyos necesarios que lo catapulten al poder por la vía electoral. Ese caudillo existe, se llama Andrés Manuel López Obrador, pero a diferencia de seis años, ya no cuenta con el arrastre de entonces. Hoy las tendencias lo colocan en un lejano tercer lugar entre los candidatos que aspiran a la presidencia. Quizá el populismo de López Obrador ha sido más una etiqueta para desacreditarlo que una realidad, a juzgar incluso por su desempeño como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, muy alejado del estereotipo populista. No se puede descartar tampoco que la explotación de lo popular en la retórica de López Obrador, que sin duda existe, sea más una estrategia para llegar al poder que un canon para actuar en caso de lograrlo. Quizá nunca lo sepamos. Una cosa es cierta, de todos los candidatos a la presidencia, sólo López Obrador califica hoy como líder populista. Josefina Vázquez Mota, la candidata de Acción Nacional, está en las antípodas de López Obrador, y Enrique Peña Nieto, el abanderado del Revolucionario Institucional, sólo ha capitalizado el malestar hacia el partido en el gobierno, con lugares comunes e insustanciales.

En esa perspectiva, en caso de ganar cualquiera de estos últimos la presidencia, el péndulo se mantendrá por tiempo indefinido en el otro extremo del populismo, ya sea en el improductivo continuismo calderonista, que poco abona al optimismo, o en el reposicionamiento del otrora “partido oficial”, que como tal no se ha desentendido del todo de sus viejos y antidemocráticos estilos de gobernar. Por todo ello, quizá estemos frente a una paradoja. Tan grande es hoy el malestar social hacia la clase política en general, tan evidente el desencanto por las promesas incumplidas por parte de los gobiernos de la alternancia, tan dramática la parálisis nacional inducida por una casta política cínica y corrupta que ha secuestrado al país y que gobierna en el vacío…, que quizá lo que México necesite hoy más que nunca es precisamente una gran sacudida, un vuelco que reposicione a la sociedad como principio y fin del quehacer gubernamental, un terremoto que estremezca a la política institucional por lo mucho que ha dejado de hacer, restituyéndole algo de decoro y legitimidad, un estremecimiento que reconcilie a la sociedad con sus representantes, confrontando lo que haya que confrontar de una muy extraviada institucionalidad democrática… ¿Una sacudida populista? Tal vez.


[1] C. Cansino e I. Covarrubias, En el nombre del pueblo. Muerte y resurrección del populismo en México, México, Cepcom, 2006.

[2] Una perspectiva de este tipo puede encontrarse en G. Olivera, “Revisitando el síntoma del ‘populismo’”, Metapolítica, México, vol. 9, núm. 44, noviembre-diciembre de 2005, pp. 52 y ss.

[3] Véase, por ejemplo, F. Freidenberg, La tentación populista. Una vía al poder en América Latina, Madrid, Síntesis, 2007 y E. Laclau, La razón populista, Buenos Aires, FCE, 2005.

[4] Véase A. Córdova, La política de masas del cardenismo, México, ERA, 1974.

[5] E. Krauze, La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano (1940-1996), México, Tusquets, 1997, p. 25. Véase también J.A. Aguilar Rivera, “El liberalismo cuesta arriba, 1920-1950”, Metapolítica, México, vol. 7, núm. 32, noviembre-diciembre de 2003, p. 36.

[6] Véase C. Cansino, La transición mexicana. 1977-2000, México, Cepcom, 2000.

[7] J. A. Aguilar Rivera, “Fox y el estilo personal de gobernar”, en S. Schmidt (coord.), La nueva crisis de México, México, Aguilar, 2003, p. 149.

[8] C. Cansino e I. Covarrubias, cit., pp. 9-10.

“Sólo el caos ilumina el orden”

Ilya Prigogine

 

 

Instrucciones de uso

Muchos creen que la política profesional es una actividad para iniciados, por cuanto la mayoría de lo que acontece en sus entrañas, como negociaciones, pactos, intrigas, rupturas, etcétera, es inaccesible o invisible para los ciudadanos. Digamos que el gran teatro político esconde para los espectadores muchos secretos, y sólo alcanzamos a ver lo que los propios actores políticos quieren que veamos de ellos. Sin embargo, en algunas ocasiones, entre acto y acto, se asoman casualmente algunas imágenes o detalles que modifican de golpe nuestra perspectiva inicial. Se trata de situaciones inesperadas que bien miradas e interpretadas pueden esclarecer lo que antes parecía confuso o fragmentario, son como las piezas faltantes de un rompecabezas que sólo al colocarlas en su lugar le dan sentido a la figura hasta entonces incomprensible y confusa.

Sirva esta imagen para ilustrar lo que aquí sostendré sobre la campaña electoral en curso en México. Hasta hace poco lo que todos veíamos era una contienda normal y sin grandes sobresaltos en la que uno de los candidatos presidenciales había logrado colocarse muy por encima de sus adversarios en las preferencias electorales, y donde estos últimos hacían esfuerzos denodados por remontar sus posiciones de arranque. Sin embargo, había algunos hechos aislados que parecían no tener mucho sentido y que por lo mismo se perdían en la vorágine de noticias y declaraciones. Así, por ejemplo, puestos como interrogantes, ¿quién filtró a los medios una conversación telefónica privada de la candidata de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, con la que claramente se dañaría su imagen?; ¿por qué Vázquez Mota parece desprotegida por sus propios correligionarios, con un equipo de campaña ineficaz y poco profesional?; ¿por qué se ha deteriorado visiblemente la salud de Vázquez Mota? Y en el caso del candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué aparece tan relajado en su campaña, pese a estar tan abajo en las encuestas?, ¿por qué mantiene su infecundo e intrascendente discurso de la “reconciliación amorosa”, cuando la lógica sugiere que debería retomar cuanto antes los contenidos contestatarios y radicales que lo catapultaron hace seis años?

La pieza que faltaba

A primera vista, estas interrogantes pueden parecer irrelevantes y no tener conexión entre sí. Pero un hecho circunstancial nos obliga a reconsiderarlas y redimensionarlas en una perspectiva distinta. Me refiero al fallecimiento hace unos días del expresidente Miguel de la Madrid, y todo lo que este acontecimiento movió entre la clase política.

En primer lugar, llama la atención que los medios de comunicación más importantes e influyentes del país, ya sean electrónicos como escritos, se hayan sumado unánimemente a los reconocimientos públicos que ensalzaban la trayectoria y el legado del personaje. Así, por ejemplo, la idea que deslizaron, apostando a la desmemoria nacional, es que a De la Madrid le tocó gobernar en un tiempo lleno de complicaciones y adversidades, y que pese a ello lo hizo de manera ejemplar, con valentía y patriotismo. Obviamente, eso es insostenible a menos que se violente a conveniencia la historia. Más aún, no hubo un solo artículo editorial en la prensa nacional lo suficientemente crítico que retratara verazmente la triste realidad de aquel sexenio tan deplorable y nefasto para los mexicanos. Lejos de ello, los articulistas más dóciles a la línea de sus respectivos diarios optaron por eximir al personaje de sus desatinos con argumentos tendenciosos y baladíes. Este es el caso de Ricardo Alemán quien escribió en Excélsior que “El PRI tiene en De la Madrid un símbolo poderoso para apuntalar su victoria”; o de la sentida despedida, en El Universal, de Ricardo Raphael a su tío, “Un hombre limpio y honesto que sirvió con coraje a la patria”; o de Sergio Sarmiento en Reforma, para quien “De la Madrid sólo heredó la irresponsabilidad de sus antecesor en el cargo”; o López Dóriga en Milenio, quien consideró injustas muchas de las acusaciones que se prodigan a De la Madrid; o Mauricio Merino, quien en el colmo del paroxismo afirmó en El Universal que “De la Madrid ha sido el mejor presidente de México”; o el propio Carlos Marín, Director de Milenio, quien para quedar bien con toda la “familia revolucionaria”, no sólo justificó por razones de salud las acusaciones infundadas de De la Madrid hacia Carlos Salinas de Gortari en recordada entrevista concedida a Carmen Aristegui, sino que reivindicó el legado del propio Salinas de Gortari.

Y aún así, es fácil comprender que los medios de comunicación, en función de sus propias apuestas para el futuro, prefieran quedar bien con el o los candidatos que consideran más seguros con tal de no comprometer los financiamientos y canonjías oficiales. Más específicamente, en plena campaña electoral, criticar a De la Madrid implicaba criticar a Peña Nieto, por sus filiaciones priistas, y de paso ganarse innecesariamente el desaire de éste. Bien explotado por sus adversarios, De la Madrid representaría precisamente, todo lo nefasto que Peña Nieto encarna.

Rompecabezas resuelto

Pero si el comportamiento de los medios frente a este acontecimiento tiene sentido por los muchos intereses en juego, que llevan a la sumisión o la lambisconería de los mismos hacia el probable próximo inquilino de Los Pinos, alimentando un juego de simulaciones y engaños lo suficientemente sutil como para no evidenciar sus preferencias y perder credibilidad por ello, el comportamiento de actores políticos clave frente al mismo acontecimiento resulta mucho más difícil de desentrañar, como el hecho de que el presidente de la República, Felipe Calderón, se sumara inexplicablemente al cortejo de elogios hacia De la Madrid, al grado de interrumpir una reunión en el extranjero con mandatarios de Norteamérica, y precipitar su viaje de regreso para estar presente en los funerales. Es inexplicable, porque De la Madrid representa todo lo que el panista Calderón combatió en su juventud como opositor al viejo régimen priista: el autoritarismo, la corrupción, la simulación, la demagogia, el encubrimiento… La pregunta clave aquí es: ¿por qué Calderón se sumó a los elogios a De la Madrid, traicionando sus propias convicciones y biografía, aún a sabiendas de que criticar al expresidente y asociarlo con Peña Nieto podía ser capitalizado por la candidata de su partido, desesperada por remontar su desventaja? Obviamente, esta interrogante está conectada con las otras apuntadas arriba, y su adecuada respuesta nos permitirá completar el rompecabezas del actual proceso electoral.

Sostener que Calderón actuó como lo hizo en razón de su investidura de Jefe de Estado es francamente ridículo, sobre todo porque el presidente no se limitó a hacer una guardia de honor y expresar sus condolencias por el deceso, sino que optó por elogiar públicamente la trayectoria de De la Madrid, aún en contra de sus convicciones de otro tiempo: “Un mexicano ejemplar, creador de instituciones e incansable luchador contra la corrupción”. Tampoco resulta convincente el análisis de quienes sostienen, como Ciro Gómez Leyva en Milenio, que “Calderón prefirió la reconciliación sobre el rencor en un acto de gran calado republicano y democrático”. No convence porque “reconciliar” sólo puede significar en este contexto redimir al autoritarismo de antaño y mancillar la memoria de varias generaciones de panistas que lucharon contra el viejo régimen. De hecho, ningún panista de cepa le siguió el juego a Calderón. Y mucho menos creíble resulta la versión de José Carreño Carlón en El Universal según la cual el presidente quiso simplemente “mandar un mensaje de civilidad para sentar las bases de un armisticio que tanta falta hará después de la elección”. No es creíble porque la reconciliación no ha sido una prioridad de Calderón en todo su sexenio. La explicación hay que buscarla pues, en otra parte.

No hace mucho, 22 mil mexicanos interpusieron una demanda ante la Corte Penal Internacional de la Haya contra el presidente Calderón por crímenes de lesa humanidad. Como era de esperarse, la prensa y los medios cerraron filas entonces con Calderón y criticaron acremente esta iniciativa por “insustancial”, “ridícula” e “infundada”. Hasta el momento, la demanda no ha prosperado y la Corte no se ha pronunciado, pero el hecho reveló intempestivamente a Calderón un escenario trágico más que factible de su propio futuro una vez que abandone Los Pinos. No viene al caso discutir aquí la mayor o menor consistencia o pertinencia de la demanda contra Calderón, pero es un hecho que millones de mexicanos se sienten agraviados por la guerra al narcotráfico emprendida por el presidente, que sólo ha dejado a su paso muerte, violencia y luto; una guerra fallida llena de mentiras y engaños, como el número de muertos reportados oficialmente (40 mil) que contrasta visiblemente con la cifra aportada hace poco por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos (150 mil), y que para muchos ha sido más un exterminio indiscriminado que un combate entre el Estado y el crimen organizado. Pero es indudable que Calderón no puede tomar a la ligera las muchas señales de malestar que sus malas decisiones han generado y que hacen que su sexenio sea percibido por millones como funesto y criminal.

En esa perspectiva poco halagüeña, a Calderón no le quedan muchas opciones a no ser que pacte con su sucesor en el cargo inmunidad y protección a cambio de respaldo electoral. Es muy probable a estas alturas que ese pacto ya se haya sellado, y que el affaire De la Madrid haya sido una muestra clara de la voluntad y el compromiso asumido por Calderón. Obviamente, me refiero a un pacto secreto entre Calderón y Peña Nieto, a quien seguramente Calderón, a partir de sus propias encuestas, ya considera su sucesor en el cargo. Hay momentos en la biografía de los líderes en que las convicciones pasan a segundo término para privilegiar pragmáticamente los intereses personales. Calderón terminará su sexenio desacreditado y muy cuestionado, pero por la vía de un pacto con el PRI y Peña Nieto habrá logrado, cuando menos, la inmunidad necesaria para su retiro. ¿Descabellado? Para nada. Si alguien ha mostrado ser pragmático y astuto es precisamente Calderón, un político lo suficientemente hábil y perverso para torcer las cosas a su conveniencia.

Con esta pieza se completa el rompecabezas, y lo que antes aparecía caótico se aclara. Es evidente que Vázquez Mota ha comenzado a padecer en carne propia la traición de Calderón y con ella la de muchos panistas en los que antes confiaba. Hoy es investigada y espiada por el propio gobierno que dice respaldarla, sin apoyo suficiente del PAN para armar un equipo mínimamente competitivo en la actual contienda. No es casual que Vázquez Mota comience a decaer en su estado de salud, por más que ella lo desmienta con valentía y coraje. No es casual tampoco que el candidato de las izquierdas mantenga una campaña bastante relajada y de bajo perfil, con banderas deslavadas e insustanciales. Lo más probable es que también López Obrador se sabe derrotado y ha pactado con los ganadores un retiro digno y tranquilo en “La Chingada”, su apacible quinta en el sureste mexicano. Y finalmente, tampoco es casual que todos los medios de comunicación hayan cerrado filas con el PRI y su candidato. Si alguien tiene clara la película son precisamente los dueños de los medios. De ahí que sólo hay que dejarse llevar tranquilamente por la corriente para llegar a feliz puerto sin sacrificar credibilidad o imagen. Para ello están sus pseudoperiodistas con complejo de estrellas, auténticas comparsas del poder y la mezquindad, y las encuestadoras, auténticas prostitutas que se venden sin reparo al mejor postor.

 Atando cabos

De ser correcto el razonamiento, estaremos atestiguando un hecho insólito en la historia de las transiciones en todo el mundo: una “regresión pactada”, o sea un acuerdo cupular que posibilita el regreso pacífico y ordenado del PRI al poder (mediante la fórmula de una “alternancia de regreso”) por convenir así al presidente en funciones (adquirir de su sucesor el respaldo suficiente para blindarse ante eventuales demandas en su contra). Obviamente, el pacto estaría legitimado por un proceso electoral democrático que definirá a los ganadores y a los perdedores, pero sesgado de origen, y en esa medida violentado o manipulado, por acuerdos entre las elites políticas. Quizá la regresión no aplique al régimen en su conjunto, pues reeditar el autoritarismo de antaño sería a estas alturas poco rentable en términos de legitimidad para la clase política en su conjunto, pero si se estaría volviendo a una situación claramente regresiva en que las elecciones no se resuelven en las urnas sino discrecionalmente en los corrillos del poder. Huelga decir que este desenlace es insólito para cualquier transición, pues las involuciones de la democracia al autoritarismo suelen tener como detonante rupturas y crisis, no ocurren de manera pacífica y mucho menos pactada. Pero si nuestra transición ha sido sui generis por qué no habría de serlo nuestra inminente regresión al priismo, disfrazada de democracia.

Ojalá se tratara simplemente de una especulación descabellada, pues aceptarla sería tanto como reconocer una vez más que los ciudadanos sólo somos testigos pasivos de intrigas palaciegas, que la democracia sólo existe para legitimar los juegos de poder más allá del poder, que al menos en estas elecciones todo está cocinado y lo que hagamos o dejemos de hacer los ciudadanos es irrelevante. Y sin embargo, siempre cabe una alternativa. Quizá llegó la hora de pensar seriamente la anulación del voto o la abstención, para mostrar al menos que cada vez somos más los ciudadanos inconformes con las componendas de los poderosos. Que sepan de una vez los gobernantes que gobernarán en el vacío, para una minoría crédula, porque cada vez somos más quienes los despreciamos.

 

 

Reproduzco aquí el prólogo del libro que con este titulo comenzará a circular en marzo. Es un balance desapacionado del panismo en el poder, 2000-2012

 

El presente libro constituye una suerte de ruptura en mi trayectoria intelectual, pero sobre todo en mis convicciones y expectativas personales acerca de mi país. Hace apenas cinco o seis años simplemente no me visualizaba escribiendo un ensayo tan crítico como éste sobre los pobres resultados alcanzados durante doce años por el Partido Acción Nacional (PAN) al frente del gobierno federal. Hubiera preferido que este libro no llegara, pues eso hubiera significado que el desastre del que se da cuenta en él nunca ocurrió. Pero hoy los hechos ya no se pueden encubrir ni matizar, y están en espera de ser explicados con objetividad. En principio, mi tesis es que el PAN no supo gobernar ni leer adecuadamente el momento político en que le tocó ser protagonista, y si bien es cierto que los dos gobiernos emanados del PAN a partir del año 2000 —el de Vicente Fox Quezada y el de Felipe Calderón Hinojosa— no son los únicos responsables de la ruina del país, sí son los principales.

Pero decía que este libro representa un parteaguas en mis convicciones personales. Me explico. Durante años fui un crítico implacable del viejo régimen, por su condición autoritaria y las muchas simulaciones y engaños que la clase política gobernante y el otrora “partido oficial”, el inefable PRI (Partido Revolucionario Institucional), fabricaron para perpetuarse en el poder, incluida la supuesta apertura política del régimen en dirección democrática inaugurada en 1977. Prueba de ello son mis libros: Construir la democracia. Límites y perspectivas de la transición democrática en México (1994), Después del PRI. Las elecciones de 1977 y los escenarios de la transición en México (1997). En estos libros e innumerables ensayos y artículos pugné por una auténtica democratización del régimen y por una acuerdo incluyente y amplio para refundar al Estado mexicano sobre bases realmente democráticas, o sea para construir un genuino Estado de derecho. Posteriormente, en vísperas de la alternancia del 2000, que para fines prácticos representa el fin de la transición mexicana y del régimen priista así como el inicio de la instauración de un nuevo régimen postautoritario, publiqué un libro en el que además de examinar el largo proceso que nos condujo a ese momento crucial fijaba las tareas para el futuro en la perspectiva de sentar las nuevas reglas y el nuevo andamiaje institucional para el país. El libro se llamó simplemente: La transición mexicana: 1977-2000 (2000). En él no sólo anticipaba el desenlace que todos constatamos, sino que dejaba ver un gran entusiasmo por lo que se avecinaba. Posteriormente, una vez concretada la alternancia en el poder, me sumé a los esfuerzos de muchos mexicanos para reformar al Estado, en especial participé activamente en la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado (CERE), cuyos trabajos se resumen en el volumen colectivo: Comisión de Estudios para la Reforma del Estado. Conclusiones y propuestas (2004). La conclusión lógica de estos esfuerzos no podía ser más que insistir en la necesidad de una nueva Constitución para el país o de una reforma integral a la misma, como única vía para concretar el cambio que se había dado en las urnas y encaminar los destinos nacionales hacia un horizonte genuinamente democrático. Cabe señalar que la CERE propuso reformas al 98 por ciento de los artículos de nuestra Carta Magna. En lo personal, mis convicciones sobre esta cuestión quedaron plasmadas en el libro: El desafío democrático. La transformación del Estado en el México postautoritario (2004). Pero todos estos esfuerzos renovadores quedaron muy pronto relegados de la agenda y el interés de la clase política y con ello se fue diluyendo la posibilidad de edificar una nueva normatividad e institucionalidad más congruente con las exigencias y las necesidades de una democracia. Lejos de ello, se mantuvieron intactas las reglas del viejo régimen autoritario con las consecuencias que todos conocemos: parálisis decisionales, afirmación de la partidocracia, desencanto prematuro con la democracia, resurgimiento de prácticas discrecionales, abusos de autoridad, incompetencia para gobernar,  etcétera. Y sin embargo, ante la perspectiva de que un candidato de corte populista se apoderara del gobierno y terminara por aniquilar la maltrecha y frágil institucionalidad democrática que nos habíamos dado, publiqué en vísperas de las elecciones presidenciales de 2006 un libro para desalentar esa opción y seguir apostando por la vía institucional: En el nombre del pueblo. Muerte y resurrección del populismo en México (2006). En la misma línea de inquietudes, apareció un año después mi libro: Por una democracia de calidad. México después de la alternancia (2007). Pero la ilusión democrática que mantuve desde los tiempos de la alternancia se fue convirtiendo paulatinamente en desencanto y molestia conforme la clase política en general, y los gobiernos panistas en particular, se fueron desentendiendo de sus preceptos hasta conducirnos al desastre en el que hoy nos encontramos. Así, ya con este tono menos entusiasta y más pesimista, publiqué los libros: El evangelio de la transición y otras quimeras del presente mexicano (2009) y Política para ciudadanos. Cartografía del presente mexicano (2009), que como tales constituyen los antecedentes directos de este nuevo libro que hoy presento con el propósito de evaluar los saldos del panismo en el poder.

No he querido hacer este recuento de mi trayectoria intelectual para aburrir a los amables lectores sino para mostrar con hechos que el tono crítico del presente libro no es producto de una posición que haya mantenido a ultranza en contra del PAN y los gobiernos panistas, sino que resulta simplemente de la exigencia de explicar con objetividad las razones que llevaron al país a la ruina en la que estamos inmersos. Como muchos mexicanos saludé con entusiasmo y esperanza la llegada del PAN al poder, y como muchos también hoy no puedo más que declararme engañado y traicionado por su falta de visión y compromiso con la nación. Como muchos mexicanos, yo voté por el PAN y por el cambio en el 2000, y como muchos también, frente a la perspectiva de ser gobernados por un populista recalcitrante, refrendé mi voto al PAN en 2006. No tengo problema alguno en reconocerlo, pues además lo hice público en su momento en mis colaboraciones periodísticas en El Universal (“Fox a pesar de Fox”, en el 2000, y “la hora del ciudadano” en el 2006). Más aún, frente a las muchas críticas que el foxismo y el calderonismo fueron alimentando a su paso por el “círculo rojo”, mantuve una posición prudente y cautelosa sin dejar de señalar lo que a mi juicio eran errores graves en su desempeño. Debo confesar incluso que nunca creí que pudiera existir un gobierno peor que el de Fox, pero me equivoqué.

Por lo demás, los saldos del desastre nacional son visibles para todos. A nivel económico, la crisis mundial del capitalismo tomó a México por sorpresa, ahondando dramáticamente los problemas y rezagos ya acumulados. Durante doce años de panismo, la economía no ha podido remontar sus niveles negativos, y hoy estamos a casi diez puntos bajo cero acumulados de crecimiento interno. El desempleo, por su parte, registra cifras históricas, y que han llevado a multiplicar el trabajo informal y la pérdida del poder adquisitivo de los mexicanos. En estas circunstancias, sólo los grandes consorcios y trasnacionales han podido sobrevivir no sin dificultades al deterioro económico generalizado, condenando al quiebre y la desaparición a miles de pequeñas y medianas empresas. En cuanto a las industrias estratégicas del Estado, como Petróleos Mexicanos (PEMEX), las cifras indican que su debacle comenzó con el PAN en el poder. Nadie se explica la razón de ello, considerando que nunca en la historia de la paraestatal, el país había dispuesto de tantos recursos excedentes por la venta del petróleo en una coyuntura internacional particularmente favorable en lo que a los precios del crudo se refiere. Lo mismo puede decirse del sector industrial en general, que a falta de una política responsable los últimos gobiernos, ha conocido sus peores niveles en los años recientes. Y así también, el campo, la ganadería, la manufactura, etcétera, sectores cada vez más olvidados por las autoridades y que sobreviven de milagro. En términos sociales, el deterioro es dramático. La pobreza y la marginalidad han alcanzado niveles similares a los de países africanos, y la descomposición social nos condena cada vez más a vivir bajo la zozobra, secuestrados por la delincuencia y el crimen organizado. México dejó hace tiempo de ser un país seguro y vivible. Asimismo, los signos de la crisis y la ineptitud gubernamental se muestran con crudeza en la educación pública, la salud, la procuración de justicia, la seguridad pública, etcétera, donde las cuentas sólo pueden hacerse en negativo, fracaso tras fracaso. Pero si las crisis económica y social son escandalosas, la crisis política es todavía peor. La ilusión democrática de los tiempos de la alternancia simplemente quedó pulverizada por una casta política insensible, ambiciosa e inescrupulosa, incapaz de anteponer los intereses de la nación a sus intereses de grupo o de partido. Hoy no sólo se ha ahondado el malestar hacia los políticos profesionales sino que los ciudadanos no encontramos por ninguna parte algo parecido a un proyecto de nación para el futuro, que nos permita albergar algún optimismo, antes bien nos encontramos en la total indigencia. Además, el PAN en el poder ha reeditado y consentido prácticas que debieron quedarse en el pasado autoritario y que hoy sólo exhiben a una clase política cada vez más cínica e incongruente: corrupción incontenible, impunidad, abusos de autoridad, negligencia, demagogia, disputas mezquinas, componendas, cruzadas moralinas, etcétera. Y los gobiernos panistas no sólo fueron incapaces de impulsar y promover auténticas reformas estructurales que le dieran viabilidad al país, como las reformas energética, laboral y fiscal, sino que se desentendieron muy pronto de la reforma del Estado, que como tal era indispensable para apuntalar la democracia y dotarla de nuevos contenidos y valores opuestos a los autoritarios que se construyeron durante el viejo régimen. En suma, el PAN en el poder nos queda a deber a todos los mexicanos. El problema es que el desastre al que nos ha condenado es de tal magnitud que resarcir o revertir el daño se antoja imposible en muchos, pero muchos, años.

Por todo ello, afirmar que México está en ruinas, como reza el título del presente libro, no es un juicio de valor sino un juicio de hecho. Con la expresión sólo pretendo levantar acta de una realidad imposible de ocultar, independientemente de nuestras simpatías o antipatías partidistas o políticas. De hecho, al examinar críticamente los saldos del desastre del panismo en el poder no pretendo bajo ninguna circunstancia minimizar o subestimar la responsabilidad de los demás actores políticos en dicho desenlace, ni sobrevalorar o exaltar indirectamente los supuestos logros del pasado antes de la alternancia. Por lo que respecta al primer aspecto, es indudable que la debacle tiene muchos padres. Más aún, ningún actor político o partido o autoridad ha estado a la altura del desafío abierto con la alternancia del poder. Ninguno sin excepción supo leer adecuadamente la importancia histórica del momento y actuar en consecuencia. Lejos de ello, fueron más las tentativas por parte de los adversarios del PAN para golpear, desacreditar y exhibir a los gobiernos panistas en sus incompetencias e incongruencias, que por sumar esfuerzos por el bien de la patria. Además, desde el momento que el pluralismo es una nueva realidad en todo el país, por lo que todos los partidos comparten funciones de gobierno, ya sea a nivel estatal o local, y todos se reparten las posiciones en los congresos estatales, los logros o los fracasos no tienen exclusividad. Y sin embargo, el principal responsable de la debacle no puede ser más que los gobiernos federales emanados del PAN en la medida que les corresponde a ellos por mandato directo encabezar y dirigir los destinos nacionales. En cuanto al segundo aspecto, es muy común desacreditar una gestión o una autoridad para sacar raja de ello. Pienso, por ejemplo, en el libro del expresidente Carlos Salinas de Gortari La década perdida (2008), que al criticar acremente a los gobiernos de sus sucesores en el cargo, los de Ernesto Zedillo y Fox, su propio gobierno quedaba muy bien parado. Obviamente, dicho por Salinas de Gortari, uno de los mandatarios más cuestionados y odiados de la historia moderna del país, el ardid no sólo resultaba tendencioso sino ridículo. Para nada me he propuesto en este libro algo parecido. Por el contrario, criticar los gobiernos del PAN no pretende exaltar a los precedentes gobiernos del PRI, por mera contrastación. Lejos de ello, creo que muy poco, si no es que nada, hay de rescatable del viejo régimen. Mi posición al respecto, por lo demás, la he fijado en innumerables libros y ensayos. Más aún, mi tesis es que mientras el PRI depredó inmisericordemente al país durante siete décadas, el PAN lo arruinó estúpidamente en una. Una tesis, ciertamente, nada optimista para nuestra generación, pero necesaria si aspiramos todavía a cambiar una historia de agravios y desatinos que hoy nos condena trágicamente al naufragio.

Sólo me resta hacer algunas precisiones sobre el contenido del presente libro. En primer lugar, aunque decidí dividirlo de manera muy convencional, o sea según los grandes temas de la agenda nacional (como Economía, Política, Educación, etcétera), el lector no encontrará un tratamiento convencional de cada aspecto, o sea con estadísticas y descripciones monográficas de los avances y retrocesos alcanzados en cada rubro. Lejos de ello, propongo una mirada de autor de uno o más aspectos vinculados con cada tema, a partir de mis propias obsesiones e inquietudes intelectuales. Así, por ejemplo, en el capítulo de Economía, más que un recuento de cifras y datos para documentar el derrumbe de la economía, lo que ofrezco es una reflexión sobre la manera errática y burda como el gobierno de Calderón decidió encarar la crisis mundial del capitalismo, para de ahí extrapolar algunas consideraciones más generales sobre la gestión panista en su conjunto; en el capítulo de justicia, por su parte, más que una panorámica de los muchos déficit y problemáticas que subsisten en la materia, ya sea en la procuración de justicia o en la defensa de los derechos humanos o en la transparencia, me concentro en la justicia electoral, un aspecto con frecuencia desdeñado por los especialistas, pero igualmente importante para evaluar el tema de la justicia bajo los gobiernos panistas; y así por el estilo procedo con el resto de los temas. En virtud de ello, segunda precisión, cada capítulo es independiente y responde a sus propias inquietudes. Sin embargo, sólo visto en conjunto, el lector encontrará las claves necesarias para evaluar la difícil situación que vive el país. Finalmente, dado que el presente libro aparece antes de completarse el segundo gobierno panista, quizá algunas de sus tesis pudieran resultar prematuras. La prudencia sugiere esperar antes de emitir un juicio definitivo. Sin embargo, he optado deliberadamente por adelantar mis conclusiones movido por cuando menos dos razones: a) no vislumbro en el horizonte cercano nada extraordinario que pudiera alterar radicalmente el derrotero del actual gobierno, más bien anticipo una espiral de cada vez mayor ingobernabilidad e inestabilidad; y b) los intelectuales casi siempre reflexionamos sobre nuestra realidad y nuestro tiempo con la esperanza no confesa de poder incidir o influir positivamente en el rumbo de los acontecimientos. El presente estudio no es la excepción. Más que un afán destructivo, lo que me motivó a escribirlo es pensar que puede contribuir de algún modo a modificar las cosas si es que el diagnóstico se valora positivamente. En ese sentido, nada sería más satisfactorio para mí que en los próximos meses ocurriera algo inesperadamente favorable para el país, aunque ello me obligue a corregir o atemperar el pesimismo y la dureza de mis actuales consideraciones sobre el panismo en el poder.

No dudo que las tesis de este libro puedan ser reivindicadas por los adversarios del PAN para capitalizarlo a su favor en futuras contiendas electorales. Lamentablemente, no está en mis manos impedirlo, aunque mi objetivo, como ya externé, está muy lejos de ello. En todo caso, es indudable que el PAN tuvo en sus manos una oportunidad excepcional para cambiar la historia del país y convertirse en el artífice de una nación más democrática, justa y próspera, pero la desperdició por incompetencia y falta de visión. Quizá es tiempo de depositar los destinos de la nación en una fuerza política alternativa, siempre y cuando se comprometa a trabajar en tensión creativa y permanente con la sociedad. El problema es que, por más que busco, no encuentro esa opción por ninguna parte.

En la competencia o carrera por hacerse de un nombre en el diminuto medio intelectual mexicano se da por sentado que es imprescindible publicar artículos en las revistas culturales más conocidas o de mayor circulación en el país. Sin embargo, cualquiera sabe que dichas revistas, amén de escasas, están controladas por grupos o feudos intelectuales cerrados e impermeables, lo que las hace inaccesibles o inalcanzables para la mayoría de los autores, independientemente de sus talentos y buenos oficios. Hasta cierto punto es normal que así sea, pues todos los proyectos culturales son ante todo iniciativas de particulares que están en todo su derecho de imprimir a los mismos su propio sesgo o preferencias. Toca pues, a los interesados esforzarse para congraciarse con ellos y ver cristalizados sus sueños de escribir en sus páginas. El problema es que ello no puede (o no debería) hacerse al margen de ciertas consideraciones de orden profesional, ideológico y hasta moral, si es que nos queda a los escritores algo de integridad y honestidad o le damos algún valor a las convicciones o a la congruencia.

¿De qué revistas estamos hablando? Por increíble que parezca, no más de cinco. En primer lugar están las revistas culturales más famosas: Nexos, Letras libres y Este País; después incluirá a Proceso, el semanario político-periodístico de mayor circulación; y finalmente a la Revista de la Universidad de México, que aunque carezca de los tirajes o el impacto de aquéllas, sigue siendo un referente cultural del país. Después le sigue una lista interminable de revistas de todo tipo francamente irrelevantes. Algunas pueden incluso tener muchos lectores, como Contenido, Impacto o Selecciones, pero no pasa nada con ellas. Otras pretenden hacerle la competencia a Proceso pero siempre fracasan, como Vértigo, Milenio Semanal, Cambio, Siempre!, entre muchas otras. Finalmente están todas aquellas que se mueven entre la academia y la cultura y que simplemente no tienen ningún impacto, como Crítica, Tierra Adentro, La Tempestad, Foraing Affairs en español, etcétera. Es decir que la agenda cultural en nuestro país está definida por tan sólo cinco revistas (o grupos intelectuales), una verdadera pena considerando que somos un país de 120 millones de habitantes o la heterogeneidad de nuestra sociedad. No es este el lugar para desentrañar las razones de esta pasmosa concentración de la cultura en México. Sólo me interesa el dato como un punto de partida para responder a la interrogante que me he colocado al inicio.

Queda claro que si la cultura en México pasa por cinco revistas, publicar en alguna de ellas constituye un escaparate invaluable para cualquier autor, sea académico o escritor. El simple hecho de figurar en sus páginas catapulta a un autor y lo convierte en parte de las élites intelectuales del país. De ahí que sea altamente valorado figurar en ellas. En esa lógica, pocos se cuestionan la ideología de esas revistas, los desvaríos de su pasado, la autoridad moral o intelectual de sus directivos, la congruencia de sus contenidos, los propósitos de la misma o su contribución real a la cultura del país. Lo importante para la mayoría de los autores es publicar en ellas sin ningún reparo, lo cual también es lógico, considerando que son pocas las opciones para trascender. No está dicho que un autor no pueda proyectarse sin escribir en ellas, pues el talento, cuando es genuino, siempre se abre paso, pero sí que el camino para lograrlo es más arduo y azaroso, amén de que muchas veces se queda truncado por falta de oportunidades.

Ante el peso de las circunstancias, poner reparos a la posibilidad de publicar en estas revistas no sólo resulta ocioso en el medio intelectual, sino hasta obsoleto, pues a estas alturas sólo un “desubicado” como yo apelaría a criterios de orden moral o de congruencia para negarse a publicar en alguna de ellas. Claro está que esto no aplica a todas o aplica con distinta magnitud. No es lo mismo, por ejemplo, publicar en Nexos que en la Revista de la Universidad de México. De hecho, como veremos, mis principales reservas están precisamente con Nexos.

Cada una de las revistas mencionadas tiene una historia pública y otra igualmente conocida pero soterrada. Algunas tienen un historial de décadas y otras se posicionaron más recientemente, algunas abrazan abiertamente una ideología explícita y otras se conciben como más plurales, algunas han sufrido muchas metamorfosis y otras han permanecido fieles a su idea germinal, pero todas ellas han sabido mantenerse y adaptarse a los desafíos de su tiempo y entre todas monopolizan buena parte del quehacer cultural del país, ya sea definiendo la agenda cultural o concentrando en sus manos los canales de acceso y promoción de autores y escritores. Como ya se dijo, estas revistas funcionan como auténticos cotos de poder intelectual y contrariamente a lo que pudiera pensarse no debaten entre ellas, pues prefieren evitar una confrontación que las vulnere o desgaste innecesariamente; es decir, estas revistas son culpables en buena medida de que el debate intelectual y la crítica no sean prácticas apreciadas o cultivadas en el medio.

Con todo, haciendo un somero balance de ellas, le reconozco méritos a la revista Letras Libres, por mantener viva una tradición de pensamiento liberal en México, ofreciendo siempre contenidos de calidad, pese a su elitismo exacerbado y blindado o las inconsistencias de su director, el historiador Enrique Krauze, muchas veces señalado por sus vínculos muy convenientes con el poder político o desacreditado por sus colegas por ser un carnicero de la historia. De la revista Este País habría que resaltar su tesón para mantenerse, pese a permanecer en la cuerda floja en varias ocasiones. Más allá de estos imponderables, Este País ha sido fiel a su idea de monitorear el país con análisis y datos duros. Si acaso le cuestionaría su incapacidad para renovarse y oxigenar a su cartera de consejeros y colaboradores, que son los autores y escritores de siempre que figuran en todos lados. De la excelente Revista de la Universidad de México sólo objetaría su incapacidad para salir a la calle y conquistar al gran público, por permanecer atrapada en esquemas francamente rebasados y muy acartonados de lo cultural, aunque sería un despropósito no reconocer que en sus páginas siempre ha habido espacio para todas las corrientes y opiniones. La revista Proceso, por su parte, se cuece aparte. Es tan cerrada y elitista como las demás, pero ofrece información que no se encuentra en ningún otro lado, aunque siempre con ese tono amarillista que la caracteriza. Si acaso percibo que el espíritu crítico y propositivo que le imprimió su fundador Julio Scherer se ha venido relajando en los últimos años, al admitir en sus páginas a intelectuales muy mediáticos pero insustanciales como Denise Dresser. En cuanto a la revista Nexos, el pretexto de estas notas, amerita un comentario más puntual.

La revista Nexos apareció en 1978 bajo los impulsos del historiador Enrique Florescano, a los que se sumaron después otros intelectuales como Carlos Pereyra y Héctor Aguilar Camín. En esos años, la ideología marxista o de izquierda predominaba en los ámbitos académicos y culturales, y Nexos no fue la excepción. Desde la Academia, el filósofo marxista Pereyra había aglutinado a un grupo de discípulos jóvenes y entusiastas que hicieron sus pininos en la revista. Sin embargo, conforme la influencia de Nexos crecía sus integrantes vieron la posibilidad de convertirse en un grupo intelectual con proyección política. En esa perspectiva, la crítica independiente al autoritarismo del viejo régimen cultivada durante sus primeros años de existencia, fue desdibujándose paulatinamente hasta convertir a Nexos, a fines de los ochenta, en un híbrido donde al tiempo que se elogiaba al presidente Salinas de Gortari se empleaba un tono pseudocrítico en los artículos. De hecho, una vez fallecido Pereyra en 1989, quien fue el reservorio moral e ideológico del proyecto, la revista fue dominada por Aguilar Camín, quien no dudó en convertirla en un apéndice del gobierno de Salinas de Gortari a cambio de grandes apoyos y prebendas oficiales. Son éstos los años en que Nexos dio el salto de calidad que le faltaba para posicionarse en el mercado, aunque el costo fue sacrificar su independencia y credibilidad.

Obviamente, Nexos trató de ocultar o matizar a toda costa su fructífero maridaje con Salinas de Gortari por dos vías: hacia dentro del grupo, haciendo creer a sus miembros que este acercamiento con el gobierno era tan sólo estratégico para poder apuntalar al colectivo y proyectarlo en el futuro a posiciones de poder que le permitieran llevar adelante sus genuinas convicciones políticas o ideológicas; y hacia fuera, manteniendo un tono lo suficientemente crítico como para tratar de despistar a los lectores que trabajosamente había conquistado hasta entonces. Huelga decir que ambas tentativas fracasaron. Por una parte, la idea de contribuir a la “transformación” del país desde dentro, o sea colaborando con el régimen, muy pronto se derrumbó, no sólo porque el de Salinas de Gortari fue el gobierno más antidemocrático de todos, sino porque al final del sexenio la prensa filtró la información de los millonarios pagos que recibió Aguilar Camín por los favores prestados al presidente. Por la otra, muchos lectores le dieron la espalda a la revista a la luz de los escándalos referidos. En esta historia, los intelectuales de Nexos estaban tan enlodados que limpiar su imagen resultaba inútil. Por eso, prefirieron jugar a la desmemoria, sin necesidad de romper el vínculo con las autoridades que tan buenos dividendos económicos les había permitido. Asimismo, para neutralizar en parte el descrédito, la revista le dio más juego a las generaciones emergentes bajo la premisa de que había llegado la hora de un recambio generacional. Así, a fines de los noventa, a los nombres de José Woldenberg, Trejo Delarbre, Rolando Cordera, Luis Salazar, se sumaron los de Ricardo Becerra, Jorge Javier Romero, José Antonio Aguilar, entre otros, para oxigenar la revista. Pero esto ha sido sólo aparente, pues Aguilar Camín nunca ha perdido el control de la misma, al grado que hoy ocupa nuevamente la dirección. Huelga decir que gracias a Nexos, Aguilar Camín se ha convertido en un auténtico mandarín de la cultura, un cacique cultural antediluviano, oportunista y cínico, que detenta un enorme poder e influencia en el medio, pese a la consabida mediocridad de su obra intelectual. Si en los ochenta y noventa, Aguilar Camín se equivocó al creer que podía cruzar el pantano sin ensuciarse las alas, supo después regresar por sus fueros. Para ello, amplió el consejo editorial, lo hizo más plural, y por esa vía renovó su sequito de incondicionales y arrastrados, al tiempo que lograba para sí su condición de intocable, según las viejas reglas serviles del elogio a cambio de promoción y proyección.

En suma, Nexos representa mejor que ninguna otra revista toda la podredumbre del medio cultural en México, con sus privilegios y lealtades, con sus prebendas y glorificaciones, con sus oscuridades y vanidades. No dudo que para muchos autores esto es pecata minuta, con tal de figurar en sus páginas y proyectar sus carreras, pero para otros —espero no ser el único—, sería convalidar la podredumbre que representa, hacerle el juego hipócritamente a sus inflados mandarines, traicionar valores como la congruencia y la integridad, y volverse cómplice de la parálisis intelectual que alimentan. Que algunas veces, muy pocas por cierto, esta revista haya ofrecido contenidos y autores originales y novedosos, no alcanza para redimirla de sus excesos y poquedad. Por todo ello, amén de que ellos nunca me invitarían, yo nunca escribiría en Nexos. Prefiero permanecer en los márgenes, pero con independencia, que en los reflectores, pero arrastrado y servil.

 

 

Primicia del libro de C. Cansino, Caja sin Pandora. La clausura del saber en la Universidad (México, Debate, en prensa, cap. 3)*

 
La presión trepadora desemboca en el ascenso de los mediocres […]. Se supone que el darwinismo ferozmente competitivo debería entronizar a los excelentes, no a los incompetentes. Pero las carreras trepadoras están llenas de pruebas supuestamente objetivas cuyos resultados no se miden tan fácilmente […]. Evaluar a una persona para un puesto o premio, evaluar la importancia de una obra, no puede ser exacto. Si, para evitar la discusión, todo se reduce a mediciones mecánicas, el resultado es absurdo. El candidato con más puntos puede ser un mediocre […]. La competencia trepadora no siempre favorece al más competente en esto o en aquello, sino al más competente en competir, acomodarse, administrar sus relaciones públicas, modelarse a sí mismo como producto deseable, pasar exámenes, ganar puntos, descarrilar a los competidores, seducir o presionar a los jurados, conseguir el micrófono y los reflectores, hacerse popular […]. La selección natural en el trepadero favorece el ascenso de una nueva especie darwiniana: el mediocris habilis.

Gabriel Zaid[1]

 I

Nunca las ciencias sociales y las humanidades en México[2] habían producido más obras, más libros, más artículos y más investigaciones de todo tipo como en la actualidad; nunca como ahora las editoriales universitarias le habían dado tanto espacio en sus acervos a la producción proveniente de las ciencias sociales y las humanidades; nunca como ahora habían existido tantos apoyos y recursos estatales para que los investigadores en estas áreas pudieran divulgar sus obras… y nunca como ahora se había publicado tanta chatarra como la que se atreve a publicar la inmensa mayoría de los científicos sociales y humanistas mexicanos, aunque nadie lo reconozca. En efecto, la producción de libros y artículos especializados en ciencias sociales y humanidades parece en la actualidad incontenible, pero muy poco de lo mucho que se publica, si acaso un modesto uno o dos por ciento, es digno de ser publicado, muy poco posee los mínimos indispensables de calidad y rigor como para ir a la imprenta, y muy poco califica como investigación especializada o como contribución original al avance del conocimiento en las ciencias sociales y las humanidades. Lejos de ello, las librerías universitarias y no universitarias están atestadas de libros y revistas especializadas que a nadie le interesan y que nadie compra, a no ser sus autores, libros insulsos y grises cuya única función es garantizar la promoción de sus autores como investigadores en el escalafón de sus respectivas universidades o en alguno de los diversos programas de estímulos a la investigación científica creados al cobijo del Estado, como el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP).

Como académico con muchos años de experiencia, he podido constatar con tristeza el terrible deterioro que han mostrado las ciencias sociales y las humanidades en el país. A estas alturas he visto de todo: libros colectivos integrados con las versiones estenográficas de las ponencias de un coloquio o seminario; libros de investigadores que sus propios autores se encargan de desaparecer del mercado por vergüenza de lo malos que son; refritos de un libro o un artículo al que su autor sólo le cambia el título o algún capítulo; libros y revistas especializadas ilegibles, plagados de faltas de ortografía, publicados sin el menor respeto por las reglas del estilo y la redacción; libros colectivos de varios artículos sin un eje temático definido que justifique su integración en el mismo volumen; libros y libros que sólo valen por el papel en que están impresos, una vergüenza para todas las editoriales universitarias y muchas no universitarias que con tal de hacer negocio con los investigadores ávidos de publicar le ponen su sello a auténticas baratijas. En ningún caso aplica mejor que en éste la sentencia de que la cantidad arruina la calidad. La actual inflación de libros y artículos especializados en ciencias sociales y humanidades es directamente proporcional a la contracción de las ideas y la ética científica o intelectual. Quizá en el pasado había también pocos trabajos rescatables en las imprentas universitarias, pues los criterios para publicar en ellas, salvo raras excepciones, han sido casi siempre extraacadémicos (relaciones de los investigadores con los directivos universitarios, influencias, palancas, padrinazgos intelectuales, etcétera),[3] pero la abrumadora abundancia de bazofia académica que se publica en la actualidad ha eclipsado los excesos y displicencias que pudieron haberse cometido en otros tiempos. Hoy cualquier investigador puede publicar un libro o artículo en la casa editorial o en las revistas especializadas de su universidad o de otras universidades, con o sin influencias en su medio, con tal de que disponga de los recursos para publicarlo gracias al apoyo otorgado por el Estado, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) o el PROMEP, con la consabida leyenda: “Este trabajo es parte de las actividades realizadas por el Cuerpo Académico tal y se publica con el respaldo de la partida tal…” En suma, nunca como ahora las ciencias sociales y las humanidades en México habían estado peor, tan visiblemente huérfanas de talento y calidad, sin una competencia sana que se traduzca en un real avance científico o humanístico, absolutamente desacreditadas como sus propios cultivadores, auténticos buscadores de “puntos” para promoverse en un medio cada vez más poblado y mediocre y donde todos hacen lo mismo para asegurar su porvenir y seguir viviendo de la academia. Todo ello sin mencionar que las ciencias sociales en general acusan una grave crisis producto de sus propias contradicciones y limitaciones para ofrecer con los métodos existentes saberes realmente científicos.[4] Y por si fuera poco, tampoco es un secreto para nadie que los títulos universitarios se han devaluado enormemente porque cada vez se otorgan de manera más discrecional, flexible y arbitraria, ya sea porque se ha suprimido como requisito la elaboración de tesis o porque los programas educativos, sobre todo los de posgrado, conceden los títulos sin ton ni son con tal de demostrar que cumplen con lo que se ha dado en llamar “eficiencia terminal”, que es un requisito para que dichos programas puedan seguir usufructuando recursos del CONACYT. En efecto, hoy cualquiera puede obtener un Doctorado, basta cursar los créditos respectivos y presentar una monografía o una tesina.

Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación de indefensión en las ciencias sociales y las humanidades en México?, ¿qué explica esta suerte de “chatarrización” sin precedentes en la producción científico social y humanística?, ¿por qué se ha dejado crecer sin control ni medida la mediocridad y la deshonestidad académica en las escuelas y facultades de ciencias sociales y de humanidades en el país? En mi opinión, como trataré de explicar en este ensayo, la respuesta hay que buscarla en el propio sistema de recompensas diseñado y puesto en marcha por el Estado mexicano para estimular la investigación científica y humanística, una política en el campo del desarrollo científico mal concebida e instrumentada que en los últimos treinta años en lugar de promover la investigación de excelencia ha propiciado la sobreproducción, pero de libros y artículos inútiles e insustanciales. Estamos pues, en presencia de una paradoja: la estrategia estatal para estimular la investigación científica, no obstante los recursos destinados al efecto (por lo demás siempre insuficientes), en lugar de lograr su cometido, lo ha inhibido por completo, generando todo tipo de simulaciones y perversiones en lo que a la investigación en ciencias sociales y las humanidades se refiere, una situación por lo demás muy cómoda para los miles de investigadores en estos campos del conocimiento, que con el tiempo han aprendido muy bien a sustituir la investigación seria, esforzada, profesional y de largo aliento, por rollos y maquinazos rústicos y aburridos, un juego perverso al que todos se acomodan y que nadie cuestiona porque siempre será más fácil vivir de la mediocridad que de la exigencia.

Por lo que concierne a este ensayo, me referiré exclusivamente a las ciencias sociales y a las humanidades en México, pues la problemática de las ciencias exactas, igualmente sumidas en el abandono y el retraso en nuestras universidades, es de otro tipo. En este caso, la producción científica tiene sus propias reglas y los resultados de investigación alcanzados sólo cuentan si se publican en las revistas especializadas con reconocimiento internacional en cada disciplina. Aquí la producción no puede ser por definición abundante sino selectiva. Ningún resultado de investigación en el campo de la neurofisiología en México, por poner un ejemplo cualquiera, tendrá valor científico si no aparece publicado en The Journal of Neurophysiology, la revista más reconocida mundialmente en el campo. Todo lo que un neurofisiólogo publique en otro lado no será más que divulgación científica, no investigación original. El problema aquí es que los investigadores en ciencias exactas en países subdesarrollados como el nuestro simplemente no pueden competir con sus pares en los países desarrollados, que les llevan años luz de ventaja. Dicho en otras palabras, los países pobres no producen Premios Nobel en ciencias duras, salvo quizá alguna muy rara excepción. Y pese a que no podemos meter en el mismo saco a las ciencias sociales y a las ciencias exactas, también estas últimas han sido víctimas a su modo del modelo de desarrollo científico estatal, pues los físicos, los biólogos, los químicos y demás científicos duros de nuestro país también han debido subirse al tren de la “puntitis”, publicando a diestra y siniestra, haciendo pasar por investigación científica lo que en realidad es, por las razones apuntadas, mera divulgación de la ciencia, lo cual no deja de ser un derrotero poco estimulante para un investigador científicamente correcto. Obviamente, los mejores talentos, los más honestos, pasarán a engrosar las filas de los cerebros fugados, o sea migrarán a las universidades estadounidenses o europeas. Un desenlace igualmente paradójico de un programa estatal de promoción científica que se propone precisamente retener en el país a nuestros cerebros. Por lo demás, no es casual que en el programa estatal de estímulos a los investigadores del país, el SNI, los investigadores de ciencias sociales y humanidades casi doblen en número a los de las ciencias exactas. Prueba más que evidente de la inflación irracional de las primeras y de la penuria estructural de las segundas.

 II

Hay una realidad que ya no puede ocultarse o minimizarse so riesgo de seguir alimentando un engaño con graves consecuencias para el desarrollo científico en el país. El sistema estatal de promoción de la ciencia en México no sólo ha sido insuficiente sino también contraproducente en relación con sus propios objetivos. Tal y como está concebido, promueve más la mediocridad que la excelencia, más la simulación que la honestidad, más la fuga de cerebros que su retención en el país. La situación ha llegado a niveles tan alarmantes que si no se corrige la estrategia cuanto antes la ciencia y la tecnología nacionales en lugar de coadyuvar al desarrollo de nuestro país serán un reflejo más del desastre y la ruina que hoy padecemos en todos los ámbitos. Para empezar, las estrategias y los programas oficiales de desarrollo científico deben distinguir de manera neta entre las ciencias sociales y las humanidades, por una parte, y las ciencias exactas, por la otra. Los criterios para calificar las aportaciones de los investigadores de unas y otras no pueden ser asimilados. De hecho, colocarlas en el mismo saco es uno de los peores errores cometidos por el SNI y que explica en buena medida los resultados descritos antes.

No voy a entrar aquí a discutir el carácter de cientificidad de las ciencias sociales ni cuál de ellas se ha aproximado o se ha alejado más en los hechos del canon de cientificidad dominante. Para mis fines me basta apuntar que las ciencias sociales en general no han alcanzado aún la “normalidad” que sí han conquistado las ciencias exactas,[5] lo cual se traduce en una pluralidad de paradigmas, enfoques y corrientes en disputa en el seno de cada disciplina social, donde lo que es metodológicamente correcto para algunos es incorrecto para otros. Todo ello se ha traducido en una producción incontenible de investigaciones y obras, sin contar con un rasero compartido por todos para medir su pertinencia metodológica y heurística, por no decir científica. Y con todo, hay obras en el campo de las ciencias sociales que trascienden y otras con las que no pasa nada, lo cual depende del rigor y la seriedad con la que fueron producidas o de la originalidad de sus planteamientos, independientemente del paradigma o la corriente en la que se mueven sus autores. Con ello quiero destacar el hecho de que una política institucional eficaz de promoción de las ciencias sociales lo que debe apoyar, estimular y calificar es la calidad y nunca la cantidad. De nada sirve publicar cinco libros y diez artículos al año si con ellos no pasa absolutamente nada, si no aportan nada relevante para la comunidad de pares. Lo mismo vale para las obras en el campo de las humanidades. Ahora bien, la calidad de una obra de ciencias sociales, por la pluralidad teórica que les es inherente, no puede establecerse en apego a un único criterio de cientificidad con el que comulgan los responsables de calificarla, pues sería un proceso a todos luces arbitrario. Lejos de ello, el mejor criterio es establecer con objetividad si la obra en cuestión ha sido influyente en su campo, si ha sido apreciada por sus pares tanto nacionales como en otros países, si se ha discutido con profusión, si ha sido premiada, si se ha publicado en una editorial seria, de preferencia no universitaria, si ha circulado abundantemente tanto en el país como en el extranjero, si se ha reseñado, si se ha traducido a otros idiomas, etcétera. Aunado a ello, dado que las ciencias sociales atienden o se proponen atender cuestiones que atañen directa o indirectamente a las sociedades actuales, debe ponderarse si las obras en cuestión han traspasado los muros de la universidad y han interesado a un público no lego, lo cual es una virtud que los científicos sociales deberían cultivar más de lo que lo hacen ahora, o sea escribir sus obras de manera clara, fluida y amena. En suma, lo que debe calificarse más que otra cosa es si la obra de un investigador se discute, o sea genera debate, modifica percepciones sobre los asuntos abordados, genera opinión pública, trasciende socialmente, algo muy distinto que en el caso de las ciencias exactas, donde lo que se califica es exclusivamente la contribución científica. Más específicamente, en las ciencias sociales y las humanidades la calidad de una obra no puede establecerse exclusivamente por su mayor o menor apego a los paradigmas científicos dominantes o de moda, lo cual siempre será arbitrario y subjetivo, sino por su mayor o menor trascendencia tanto para los pares como para la sociedad. De algún modo la obra escrita de los científicos sociales y los humanistas puede equipararse a la de los artistas, es decir, una obra es exitosa si logra colocarse en el gusto del público. Lo mismo vale para una canción, una novela, una obra de teatro o un libro especializado. En las ciencias sociales y las humanidades no caben o no deberían caber argumentos en defensa de un elitismo intelectual mal entendido, como decir que la ciencia es sólo para iniciados, por lo que sus cultivadores no deben preocuparse por trascender socialmente. Si los grandes científicos sociales, como Habermas, Adorno, Sartori, Dahl, Easton, Benjamin, Hirschman, Sen, y tantos otros, alcanzaron notoriedad mundial no es porque escribieron para públicos cautivos sino para públicos más amplios, no es exclusivamente por el rigor científico de sus obras sino por la originalidad y repercusión de sus ideas y planteamientos. Se puede ser más o menos riguroso en el empleo de los métodos de búsqueda de conocimientos, pero al final lo que crea escuela y discípulos son las propuestas y soluciones, la claridad argumentativa y la congruencia de los autores. Es el público en general, más que los iniciados, los que conceden y quitan autoridad intelectual y moral a los académicos, una lección nada despreciable para los investigadores empeñados en instalarse en su torre de marfil sin conexión con el mundo real, enclaustrados en sus cubículos como monjas, refugiados en sus elucubraciones hiperespecializadas que a nadie interesan. La ciencia social es social o no es, y las humanidades son humanas o no son.

Por otra parte, debe calificarse la congruencia de una obra, pues hacer pasar un trabajo como científico sin serlo en realidad es una simulación inaceptable. No basta con citar autores, plantear una hipótesis o presentar un marco teórico para que una obra sea científica. De hecho, este es un mal muy frecuente entre los científicos sociales obligados a barnizar sus obras de cientificidad aunque no hayan conducido ninguna investigación empírica rigurosa. Es mejor establecer claramente si una obra es un ensayo, lo cual no le resta mérito alguno, en lugar de revestirla de una cientificidad que no posee. Por lo demás, si lo que los investigadores presentan son resultados de investigaciones científicas empíricas, lo que deberá calificarse es la pertinencia en el empleo de los métodos y la formulación de las hipótesis, la congruencia con la que se mueven en el paradigma teórico de su elección. Pero aun en este caso no puede subestimarse la trascendencia de la obra más allá de los pocos expertos que además de ellos trabajan el tema investigado. Si en las ciencias exactas la especialización ha sido una condición sine qua non para el avance científico, en las ciencias sociales puede conducir a la irrelevancia y la parcialidad, cuestiones muy destacadas por quienes han analizado la crisis actual de las ciencias sociales.[6]

En esta misma línea, publicar artículos en revistas especializadas no debe ser un factor determinante a la hora de calificar la producción de los científicos sociales y los humanistas, no al menos como en el caso de los investigadores de las ciencias exactas, donde una publicación en el Journal más reconocido de su especialidad vale más que cien libros. En las ciencias sociales, por el contrario, los artículos publicados en revistas especializadas no trascienden como los libros, en parte porque tienen una circulación restringida o porque no se consumen más que por los propios especialistas. De hecho, en la mayoría de los casos, las revistas especializadas, por más reconocimiento que tengan, sólo sirven para abultar los curricula de los investigadores y para que estos obtengan puntos para su promoción, pues su receptividad es limitada y prácticamente no se discuten. Además, las revistas especializadas en México, sobre todo las que tienen reconocimiento oficial en el padrón de revistas científicas del CONACYT, se han convertido en auténticos feudos o cotos de poder académico donde siempre publican los mismos autores mediante criterios más de lealtad o de identificación de grupo que de calidad o de rigor.[7] La discrecionalidad con la que se integran los contenidos de estas revistas es tal que nadie confía en sus supuestos niveles de exigencia, como la existencia de arbitrajes neutrales o su cacareada inclusión en los índices internacionales de revistas científicas. Más aún, dada la poca o nula repercusión que tienen, a veces resulta más fructífero para los investigadores publicar sus artículos en revistas no especializadas pero de amplia circulación, revistas totalmente demonizadas o descalificadas por los puristas de la ciencia, quienes se refieren a ellas como publicaciones no académicas y de divulgación. Claro está que si lo que contara realmente es, como debe ser en las ciencias sociales y las humanidades, la repercusión social del trabajo de los investigadores, publicar en estas revistas tan estigmatizadas resulta más gratificante que hacerlo en las elitistas que nadie lee. En virtud de ello, esta diferenciación excluyente y discriminatoria entre artículos publicados en revistas especializadas y los publicados en revistas no especializadas pero masivas no se sostiene a la hora de calificar las publicaciones de los investigadores, sobre todo en las ciencias sociales y las humanidades, pues con frecuencia tiene más mérito publicar en las segundas en lugar de las primeras.[8] Obviamente, eso no significa que publicar artículos en las mejores revistas internacionales especializadas, o sea en revistas no mexicanas inmunes a las perversiones de nuestra maltrecha y contaminada academia, no tenga su mérito. De hecho, dichas revistas —un puñado en cada disciplina social o humanística— tienen niveles de exigencia tan altos que publicar en ellas es un auténtico triunfo y una garantía de que el trabajo publicado en sus páginas es original y valioso. Pero siendo realistas, un científico social sólo podrá publicar, si bien le va, uno o quizá dos artículos al año en revistas especializadas tan prestigiosas. Por lo que, de nuevo, es la calidad y no la cantidad lo que cuenta. Además, la inflación de revistas especializadas no es exclusiva de nuestro país. En todas partes existen revistas igualmente irrelevantes e intrascendentes como las nuestras. Saber discernir entre las revistas de excelencia y las mediocres debe ser pues, el criterio para calificar los artículos que ahí aparecen.

Llegados a este punto es posible hacer una primera recomendación para calificar los productos de investigación en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, y de paso revertir la tendencia dominante de publicación indiscriminada de libros y artículos chatarra. En su evaluación periódica ante el SNI o el PROMEP el investigador podrá reportar cuantas obras quiera pero deberá seleccionar sólo una (libro o artículo) con la que quiera ser evaluado, la que considere fue más influyente en su campo o la más rigurosa y seria producida durante el tiempo en revisión o la que recibió algún o algunos premios o reconocimientos. De entrada, quedan descartados las compilaciones de libros colectivos o los artículos publicados en libros colectivos, pues casi siempre se trata de volúmenes que no aportan nada destinados a inflar el curriculum de sus autores. Es más, ironizando un poco, quien presente obras de este tipo para demostrar su producción científica, debería ser expulsado en automático del SNI. Lo mismo vale para libros o volúmenes colectivos publicados con el auspicio del CONACYT o el PROMEP mediante recursos destinados a los así llamados “Cuerpos Académicos” (CA), una autentica aberración de la que hay que desconfiar, pues esta figura de pésimo gusto, como veremos más adelante, sólo ha alentado la formación de redes de investigadores cuyo único objetivo es publicar cuantas cosas se les ocurra a sus integrantes con el objetivo de promoverse en los escalafones establecidos. Aquí la calidad de las obras es lo que menos cuenta. De igual modo, habrá que reprobar todas las obras que se sometan a evaluación publicadas por imprentas universitarias, tanto públicas como privadas, o que sean publicadas por sellos comerciales en coedición con una universidad, pues si alguien ha alentado la mediocridad en la producción científica y humanística son precisamente las editoriales universitarias.[9] El desprestigio de las imprentas universitarias es tal que sólo con una medida drástica como ésta se puede revertir esta tendencia y obligarlas a ser más responsables y exigentes a la hora de publicar las obras de sus investigadores. Lo mismo vale para todas las tesis que se convierten en libros, pues salvo escasas excepciones, se trata de investigaciones elaboradas para cubrir un requisito formal, no de obras cuyo fin es el avance científico per se. Finalmente, habrá que reprobar también todos los libros que presenten los investigadores publicados en editoriales apócrifas que publican por pedido y a cuenta de los propios autores, pues estas obras, no pasan ningún control. De hecho, cada vez es más frecuente que los académicos publiquen por esta vía sus obras, o sea en ediciones que ellos mismos pagan, y que obliguen a sus alumnos a comprarlos para recuperar la inversión que hicieron. A estos académicos oportunistas y vividores habría que expulsarlos de por vida del SNI. La lista de editoriales fantasma de este tipo es inmensa, pero cualquiera puede identificarlas sin dificultad.[10] En suma, publicar libros de investigación no puede ser una prerrogativa exclusiva de los propios investigadores capaces de allegarse de recursos por los canales institucionales que hoy existen, sino un desafío, pues las editoriales comerciales serias y responsables también se verían obligadas a publicar sólo aquellos trabajos que conjugan calidad y novedad, o sea que sean originales y económicamente rentables, que despierten el interés del público en general y tengan mercado.[11]

Con este criterio de evaluación se desalienta entonces, la dinámica dominante de publicar por publicar para dar paso a la publicación exclusivamente de trabajos de calidad. Además, facilita la tarea de los evaluadores, quienes deberán concentrarse en una sola obra de cada investigador y no en cientos de publicaciones que nunca podrán leer a profundidad. Sería recomendable, asimismo, que el investigador evaluado se entreviste con el comité que lo evalúa para hablar personalmente de la obra que presentó y responda a las inquietudes que surjan, siempre y cuando, como veremos más adelante, se depuren las reglas de integración de dichos comités, los cuales están atravesados en la actualidad por todo tipo de suspicacias. Asimismo, por esta vía se revaloraría el trabajo científico y se depuraría el SNI de académicos oportunistas e inescrupulosos. A la larga, sólo los investigadores cuya obra trascienda y alcance reconocimiento nacional e internacional tendrían cabida en los programas oficiales de estímulos, lo que obligaría a los mismos a colocarse metas más exigentes que las que hoy tienen, a ser más competitivos, y a ser más selectivos a la hora de escoger donde publicar sus obras. No hay que olvidar que el sistema educativo, en general, y el subsistema científico, en particular, son por definición selectivos. Sólo los más capaces, los que demuestren suficiencia y calidad, pueden aspirar a permanecer en él. Suponer lo contrario sólo alienta la mediocridad y la irrelevancia que hoy nos ahoga.

III

En todo caso, lo que los sistemas de estímulos a los investigadores deben premiar o castigar periódicamente es ante todo la calidad de la investigación, o sea la obra escrita. Todo lo demás que hoy se considera consustancial al trabajo académico sólo puede ponderarse de manera complementaria y opcional, como asesorar tesis, coordinar equipos de investigación, impartir conferencias, organizar simposia y seminarios, formar redes de investigadores, pertenecer a CA, asistir a congresos, etcétera. De hecho, al igual que la displicencia con la que se aceptan obras chatarra en las evaluaciones de los investigadores, considerar estos aspectos secundarios a la hora de calificar el trabajo de los investigadores ha conducido a todo tipo de perversiones y simulaciones insostenibles, o sea que ha contribuido al profundo deterioro que hoy acusan las ciencias sociales y las humanidades en México. Para entendernos, pondré a continuación algunos ejemplos.

No cabe duda que asesorar una tesis es una gran responsabilidad para cualquier investigador, de una buena asesoría depende muchas veces que el producto del tesista sea relevante para la disciplina y se generen sinergias de trabajo en el futuro. Sin embargo, esta mística de la asesoría profesional de tesis se ha perdido por completo en los años recientes. Contaminada por las exigencias de la eficiencia terminal, la gran mayoría de los programas de posgrado promueven la titulación expedita sobre la calidad de las tesis. La consigna es titular a cuantos pasantes se pueda sin reparar en el rigor y la originalidad de las tesis presentadas. Así, me ha tocado ver académicos que dirigen semestralmente treinta tesis de posgrado y que todos se titulan con ellas en menos de un año, he visto tesis verdaderamente ilegibles, plagadas de errores de contenido y de estilo pero que alcanzaron honores, he visto tesis de doctorado tan elementales que una monografía escolar de preparatoria resulta infinitamente superior, he visto tesis que constituyen auténticos plagios de otras obras o tesis, y que son aprobadas sin el menor rubor, he visto como los coordinadores de un posgrado les sugieren a los egresados rezagados de su programa que contraten los servicios de un despacho profesional que se ocupa precisamente de ¡hacer tesis! por módicas sumas, mismos que han proliferado de manera incontrolada en todo el país. En casos extremos, cuando la permanencia de un posgrado en el Programa Nacional de Posgrado (PNP) del CONACYT depende de la eficiencia terminal, he visto titulaciones masivas de toda una generación con auténticas monografías escolares, he visto situaciones en las que el propio posgrado le otorga al estudiante becas muy cuantiosas con tal de que termine su tesis en tres meses, he visto como un jurado se traslada al lugar de residencia del tesista con tal de que haga su examen profesional, no importando lo lejos que se encuentre y lo oneroso que pueda resultar para la institución. Obviamente, en estas circunstancias, dirigir tesis ya no puede ser un criterio de evaluación valido para los investigadores, y dirigir muchas tesis al año debe ser más bien un motivo de desconfianza, una razón contundente para dudar de la responsabilidad y seriedad de los investigadores que lo hacen. Lo mismo vale para la participación de los investigadores como jurados en exámenes profesionales, pues lo único que demuestra es que los investigadores que acumulan exámenes de grado mantienen muy buenas relaciones con los grupos de poder que mesen la cuna en su institución.

Tal parece que el criterio prevaleciente para que un tesista elija a su director de tesis es que le asegure que se va a titular rápido y con el menor esfuerzo, una práctica que no sólo devalúa el trabajo de investigación sino que permite a muchos académicos crear auténticas redes clientelares y erigirse en caciques dentro de su universidad. Yo conozco a muchos. La recomendación aquí no puede ser otra más que las asesorías de tesis ya no tengan el peso que ahora tienen a la hora de evaluar a los investigadores. Si acaso, el investigador podrá presentar físicamente y de manera opcional una sola de las tesis que haya asesorado en el periodo a ser evaluado, aquella que considere más seria y original. Y si alguien reporta más de diez tesis asesoradas, para decirlo con un dejo de ironía, deberá ser expulsado de inmediato del SNI o del PROMEP por irresponsable. Por esta vía, se recuperaría la mística de las asesorías de tesis y nunca más se privilegiaría la cantidad de asesorías por sobre la calidad de las mismas. Por su parte, el CONACYT debe revisar seriamente sus criterios para mantener a los Programas de Posgrado dentro de sus programas de excelencia, pues hoy resulta evidente que la socorrida eficiencia terminal ha terminado por matar la investigación de alto nivel.

Formar o coordinar equipos de investigación tampoco puede ser un criterio relevante para evaluar a los investigadores en los campos de las ciencias sociales y las humanidades. Si lo que realmente cuenta son los resultados de la investigación, vale igual o más el trabajo de un investigador a título individual que el de un equipo. Es más, son tantos los engaños que ha conllevado la política de promoción de redes de investigación y de CA que el trabajo en solitario resulta casi siempre más honesto y valioso. Me resulta curioso, por ejemplo, ver a mis colegas angustiados en constituirse en CA, una invención de PROMEP tan absurda como inútil, para solicitar apoyos y recursos para publicar libros, organizar reuniones académicas y financiar sus viajes, y así aceitar el círculo perverso de los estímulos y los puntos. Lo paradójico de estos programas es que convierten a los académicos más en gestores que en investigadores. De hecho, son tantas las horas productivas que implica llenar formas, presentar reportes, hacer proyectos, justificar gastos, solicitar facturas, etcétera, para cumplir con las exigencias formales de estos programas, que a los investigadores les queda muy poco tiempo para investigar. A la larga, lo que termina premiándose son las habilidades de gestión de los investigadores más que sus productos de investigación, que por obvias razones serán casi siempre mediocres. Por lo demás, pertenecer a CA es lo peor que podía pasarle a los investigadores que se toman en serio su trabajo, pues ahora, para mendigar recursos, tienen que hacer de todo menos investigar, llámese asistir a congresos y seminarios, publicar libros colectivos al vapor, crear e integrarse a redes interinstitucionales, participar en comisiones de todo tipo, etcétera. Además, la terminología empleada es tan confusa como absurda (“CA en formación”, “CA en consolidación”, “CA consolidados”, “investigadores con perfil deseable” etcétera), todo diseñado para que no se realice investigación seria y de largo aliento, pues lo que importa es abultar la lista de productos del grupo para consolidarlo y seguir publicando bagatelas y hacer turismo académico con recursos del erario. Además, si a ello sumamos las interminables torturas burocráticas que los investigadores tienen que sortear cotidianamente en sus propias universidades para cumplir con los requisitos para obtener estímulos y allegarse de recursos, parece que todo está diseñado para inhibir lo único que debería contar, o sea la investigación.

Obviamente, no tengo nada contra las investigaciones colectivas. Con frecuencia son la única vía para emprender estudios multidisciplinarios complejos y ambiciosos que de otra manera no sería posible realizar. Pero por lo general, éstas son escasas por onerosas y engorrosas. De hecho, los únicos libros colectivos que deberían publicarse son los que resultan de investigaciones colectivas, donde todos los investigadores involucrados no hacen sino seguir un guión de investigación común, perfectamente definido en sus premisas y objetivos. Por todo ello, al final del día, es entendible porque los estudios que logran trascender son casi siempre trabajos de autor más que trabajos colectivos, razón más que lógica para relevar como criterio de evaluación, salvo a solicitud del investigador, la formación o coordinación de equipos de investigación. Ya es hora de desnudar las inconsistencias y contradicciones de un sistema que por la vía del otorgamiento de recursos premia más la capacidad de los investigadores de formar equipos que la de realizar investigación.

Una reflexión similar vale para criterios de evaluación como impartir conferencias, organizar simposia y seminarios y asistir a congresos. En los hechos, más allá de fomentar el turismo académico y asegurar la formación de redes y grupos de investigación y toda esa parafernalia inútil, la gran mayoría de las reuniones de académicos en eventos de todo tipo no sirve para nada. Hoy cualquier investigador puede organizar un evento y proveerse de ponencias para coordinar un libro, hoy cualquiera puede hacerse invitar a un seminario a cambio de ofrecer lo mismo a su anfitrión, hoy se hacen eventos de todo tipo con auditorios vacíos y audiencias cautivas de estudiantes a los que no les interesa estar ahí. Como académico he visto las cosas más ridículas y bochornosas que se puedan imaginar con respecto a estas reuniones. He visto congresos masivos donde para leer una ponencia te dan cinco minutos y además tienes que pagar 500 dólares, he visto coloquios donde los únicos asistentes son los ponentes, he visto ponentes que repiten la misma ponencia en decenas de reuniones, he visto seminarios donde no se permite la interacción con el auditorio, he visto soliloquios que nadie entiende, he visto ponentes cuyos planteamientos son destrozados por los asistentes, he visto conferencias magistrales en las que el público se sale a la mitad, he visto ponentes que no saben articular una sola idea, y he visto otros capaces de leer su ponencia por más de una hora sin ningún respeto por el público. Por todo ello, reportar cincuenta participaciones al año en reuniones académicas no significa nada, a no ser que constatar que el investigador en cuestión ha invertido mucho tiempo para viajar y poco para investigar seriamente. Lamentablemente, los sistemas actuales de estímulos académicos convierten a los investigadores en coleccionistas de constancias de participación en reuniones de todo tipo, y en acumuladores de millas gratis en las aerolíneas de su preferencia. La recomendación aquí es que los investigadores presenten para ser evaluados a lo sumo tres constancias de participación en reuniones académicas, las más serias y relevantes, aquellas donde el investigador no sólo pudo exponer en profundidad sus ideas ante un público considerable, sino que eventualmente fue remunerado para hacerlo, pues es un indicador adicional de reconocimiento profesional.

Además de los criterios de evaluación examinados, suelen ponderarse otros que de tan ridículos ni siquiera viene al caso revisarlos en detalle. Pienso, por ejemplo, en los puntos que da a un investigador haber ocupado una dirección o una coordinación o cualquier otro puesto burocrático dentro de la universidad, algo totalmente incompatible con lo que se busca calificar, o sea la investigación. Huelga decir que el trabajo burocrático mata al investigador, amén de que el ascenso en las estructuras de poder universitarias no se rige por criterios de excelencia académica sino de lealtades y componendas entre grupos de poder académicos. Es más, si el sistema de estímulos a la investigación fuera racional y congruente, en lugar de premiar a los investigadores-burócratas se debería suspender de forma automática cualquier tipo de apoyo a la investigación o de estímulos a aquellos investigadores que ingresan a la burocracia universitaria en cualquier nivel. Más aún, contrariamente a la lógica imperante, por cada cargo burocrático que haya ocupado un investigador en su trayectoria profesional habría que restarle puntos o se podría establecer una fórmula según la cual un investigador sólo podrá integrarse o reintegrarse al SNI cuando haya dejado la burocracia y cuando su trayectoria como académico sea mayor en años que su trayectoria como burócrata.

Otro criterio de evaluación absurdo son los premios o reconocimientos obtenidos por los investigadores. Obviamente, no me refiero a los premios obtenidos en concurso por obras escritas, sino a los premios y distinciones que otorgan discrecionalmente las universidades u otras dependencias públicas nacionales y que generan todo tipo de suspicacias, como premios al mérito o a la trayectoria, pues es consabido que casi siempre lo que se premian son lealtades de grupo más que la calidad de una obra. Lo mismo vale para muchas cátedras patrimoniales, creadas a modo para alimentar la hoguera de las vanidades y las sociedades de mutuo elogio, sin criterios de excelencia explícitos. Para nadie es un secreto que la meritocracia no es la regla en nuestras universidades, sino las lealtades y componendas entre grupos de poder facciosos. Y si de ser objetivos se trata, también es cierto que muchos de los concursos de obras escritas suelen estar viciados de origen y son concedidos discrecionalmente, lo cual también obliga a los evaluadores a discriminar muy bien el valor real de los premios reportados.

Finalmente, uno de los criterios de evaluación más absurdos es reportar periódicamente las citas o referencias que se hacen a las publicaciones de un investigador. Es absurdo, pensando en las ciencias sociales, porque si de por sí, como ya vimos, publicar artículos en revistas especializadas en México está contaminado por criterios extraacadémicos, como participar de o simpatizar con los grupos cerrados que controlan dichas publicaciones, estos mismos enclaves se encargan de filtrar o censurar cuanto articulo les llegue que cite a autores con los que no comulgan. A final de cuentas, lo que tenemos es una casa de citas selecta donde sólo entran los amigos, un club exclusivo que se reserva el derecho de admisión. En menor proporción, lo mismo ocurre con las revistas internacionales, a excepción de un puñado de ellas cuyo prestigio y posicionamiento en distintas disciplinas sociales les impide reproducir esquemas de selección de contenidos tan rupestres. Obviamente, esto no aplica en las ciencias exactas, donde las citas suelen ser un parámetro infalible para medir la relevancia de una contribución científica, aunque en este caso lo que cuenta no es la cantidad de citas sino la calidad de las mismas, pues por lo general los avances en un campo son tan especializados que sólo interesan a un puñado de investigadores que trabajan los mismos temas en unas cuantas universidades dispersas en el mundo. En efecto, sólo la ciencia supone una acumulación de saberes sobre la base de las investigaciones realizadas, por lo que cada nuevo descubrimiento se conecta con los descubrimientos precedentes, de ahí que los científicos puros sólo citan aquello que representó un avance previo y sin el cual el nuevo descubrimiento simplemente no hubiera tenido lugar. Algo muy distinto que las ciencias sociales, tan heterogéneas en sus paradigmas y tan flexibles en su entendimiento de lo científico, que todo se vale.

 IV

Nada de lo aquí expuesto tendría alguna viabilidad si no se modifican simultáneamente varias características estructurales y de concepción de los programas de estímulos a los académicos e investigadores, como el SNI y el PROMEP. En el caso del SNI, un programa creado en el seno del CONACYT hace treinta años para apoyar económicamente a los investigadores en una época en que se habían depreciado abruptamente los salarios en las universidades, así como para impulsar la investigación de excelencia, el principal problema es la opacidad con la que las comisiones evalúan a los investigadores y deciden mantenerlos o ascenderlos en el escalafón vigente por niveles, lo cual genera todo tipo de injusticias y molestias. El problema es estructural porque tal y como está diseñada la composición de las comisiones, sus integrantes adquieren enormes facultades y prerrogativas, se erigen en feudos cerrados y casi siempre toman sus decisiones de manera discrecional y arbitraria. Basta que en la comisión de un área de conocimiento participe un colega con el cual el investigador que deberá ser evaluado no mantiene una buena relación para que se obstaculice permanentemente su promoción en el sistema. En lo personal conozco cientos de casos de este tipo, absolutamente sorprendentes, considerando la trayectoria impecable de los perjudicados. Yo mismo he sido un damnificado recurrente de este proceso. Y si bien las comisiones se integran por elección de planillas por parte de la propia comunidad de investigadores, los puestos son disputados casi siempre por las elites del SNI (los pertenecientes al nivel III), auténticos mandarines de la academia, para seguir manteniendo o para incrementar sus privilegios e influencia en el medio. Es por ello que en cada evaluación siempre hay fallos absurdos, como ascensos de investigadores que no tienen los méritos suficientes ni siquiera para estar en el sistema, pero que ocupan cargos de dirección en alguna universidad o son amigos de algún miembro de la comisión respectiva, o el mantenimiento de otros en su mismo nivel aunque su obra cuente con reconocimiento internacional o tengan méritos infinitamente superiores a los que ostentan sus pares encargados de evaluarlos. Ridículo e injusto. Además, hasta la fecha no conozco un solo investigador que después de impugnar el fallo de su evaluación haya sido rectificado por las comisiones revisoras. Los argumentos para no hacerlo suelen ser verdaderamente insólitos: desde el “Usted tiene suficientes méritos para ascender, pero si lo hacemos, como es usted tan joven, se devaluarían los reconocimientos del sistema”, hasta los clásicos “Usted cuenta con libros y artículos muy importantes, pero sería recomendable que diversificara las publicaciones periódicas especializadas donde suele publicarlas” o “Usted cuenta con una destacada trayectoria, pero nunca ha dirigido un posgrado ni ha ocupado un cargo en su universidad”. Todos argumentos tan vacíos como contradictorios con lo único que debe reconocerse, la calidad de la investigación. Por todo ello se impone un cambio drástico en la composición de las comisiones. La propuesta es que se integren no por votación sino por insaculación de entre todos los miembros del SNI en cada área (sin distinciones del nivel en el que se encuentren), y que las comisiones se renueven en cada evaluación. Además, considerando las propuestas precedentes que teóricamente facilitan la tarea de evaluación (como la presentación de una sola obra por investigador), sería recomendable que la comisión entreviste personalmente a cada investigador y que en su presencia emita su dictamen. El contacto cara a cara entre pares puede coadyuvar a revertir la opacidad y la discrecionalidad que hoy predominan, considerando sobre todo que en cada disciplina todos los investigadores se conocen. Para el efecto, los criterios a considerar en la evaluación deben cambiar tal y como lo sugerí en los parágrafos precedentes. Un procedimiento similar puede instrumentarse para todas las demás comisiones del SNI, pues también generan mucha inconformidad, sobre todo aquellas responsables de evaluar las solicitudes de apoyo para proyectos de investigación o las que determinan la concesión de becas para estudiar en el extranjero, uno de los rubros más injustos de todos por su alta discrecionalidad. Quizá este procedimiento resulte un poco más oneroso que el vigente, por cuanto habría que movilizar cada año a los investigadores integrantes de comisiones responsables de evaluar a sus pares, pero a la larga se ganaría en confianza y transparencia.

La problemática del PROMEP es totalmente distinta. Como política federal de apoyo a los académicos de excelencia constituye un programa muy loable, pero ha contribuido sin proponérselo a lo que aquí he llamado la “chatarrización” de la ciencia. Además de que ser beneficiario del PROMEP en alguno de sus programas resulta para los investigadores absolutamente tortuoso y engorroso, por la cantidad de documentos que hay que recopilar y entregar periódicamente, ha creado una figura insostenible que ha metido a los investigadores en una dinámica muy absorbente y a la larga poco fructífera en términos de asegurar investigaciones de calidad: el trabajo en equipo mediante redes de investigación o CA. Tal pareciera, según esta concepción, que sólo el trabajo en equipo es relevante y que quien trabaja a título individual es un desadaptado. No viene al caso siquiera comentar una filosofía tan obtusa, pues las grandes obras de todos los tiempos en ciencias sociales y humanidades han sido producidas en solitario. Pero como la academia paga tan mal en México, la gran mayoría de mis colegas investigadores no ha podido sustraerse a los cánones impuestos por el PROMEP, y ahora colaboran en flamantes CA. Al igual que el SNI, este programa de estímulos también contempla niveles para los CA (algo así como “en formación”, “en consolidación” y “consolidados”), pero a diferencia del SNI, los que evalúan el desempeño de los CA y deciden su nivel no son investigadores, o sea pares, sino burócratas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con lo cual los fallos se toman exclusivamente en función de la cantidad de trabajo reportada por cada CA. En esta lógica, poco importa que los artículos o libros publicados sean mediocres, como los que resultan de juntar ponencias de un coloquio (de hecho, se exhorta a los investigadores a que publiquen libros colectivos de este tipo en los que colaboren como autores todos los integrantes del CA), poco importa que sus integrantes organicen o asistan a seminarios y congresos que a nadie interesan, poco importa que realicen investigaciones intrascendentes, poco importa que con sus productos no pase nada relevante en la disciplina en la que se mueven. Con tal que los investigadores trabajen en equipo y presenten muchas constancias o publicaciones que den fe de dicha colaboración, los CA asegurarán su permanencia o promoción en el programa y dispondrán de cada vez más recursos para hacer las mismas cosas inútiles e intrascendentes. Un círculo vicioso que sólo alimenta la mediocridad. En suma, el PROMEP tiene una concepción del quehacer científico viciada de origen. De ahí que mejorar el programa resulta mucho más difícil que en el caso del SNI. Se requiere una cirugía mayor que modifique radicalmente la filosofía del programa. Para empezar, en las ciencias sociales y las humanidades el trabajo en equipo no es garantía de nada. Excluir del programa a los investigadores solitarios es arbitrario e injustificado. En segundo lugar, fomentar la acumulación de constancias y publicaciones es lo peor que se puede hacer al quehacer investigativo serio y responsable. De hecho, la puntitis mata a la investigación de calidad. En tercer lugar, al meter a los investigadores en una búsqueda obsesiva de constancias y papelitos para ser merecedores de apoyos económicos, el PROMEP, en lugar de dignificar el trabajo académico, lo envilece o degrada.

  V

Si los programas oficiales de apoyo a los investigadores y de promoción de la investigación son responsables indirectos de la ruina de la investigación de calidad, el cuadro se completa con la situación endémica que atraviesan en general las instituciones de educación superior del país, sobre todo las públicas, pues es sabido que las privadas, salvo honrosas excepciones, sólo se ocupan de la educación y relegan la investigación.

En México, nuestro largo tránsito de un sistema autoritario de partido hegemónico a un sistema plural y competitivo, no se ha traducido en cambios que nos permitan vislumbrar una espiral virtuosa de progreso y desarrollo sostenido. Por lo general, lo que vemos es estancamiento y desinterés por parte de las autoridades para enfrentar los problemas acumulados. Este es el caso de la educación pública, en general, y de la educación superior, en particular. Las universidades públicas, salvo muy contadas excepciones, siguen pesando en sus entidades más por lo que representan que por los fines superiores que deben perseguir, o sea, son cotos de poder e influencia para los grupos y mafias locales, centros de disputas entre caciques y líderes, trampolín de camarillas políticas, zonas de incertidumbre económicamente muy rentables, en las que la educación y la investigación de excelencia son lo que menos importa, a no ser para que las burocracias universitarias justifiquen su permanencia en el poder con cifras infladas y maquilladas. Asimismo, se trata de instituciones retrogradas donde predominan las mafias cerradas, se castigan las insolencias, se compran lealtades, donde las autoridades no tienen que responder por sus acciones, lo que fomenta el dispendio y el desvío incontrolado de recursos; aquí la transparencia es una palabra vacía, una treta en manos de contadores astutos.

Por otra parte, las universidades públicas han pervertido sus funciones sustantivas. Desde este punto de vista, constituyen instituciones endémicas. El conocimiento ya no se produce en sus aulas y laboratorios. En su seno, la academia y la ciencia no le interesan a nadie. Los premios y promociones se otorgan casi siempre con criterios extraacadémicos; se apoyan investigaciones mediocres por las mismas razones, se publican revistas y libros que nadie lee y que sus autores sólo usan para promoverse en los escalafones de estímulos, para inmediatamente después esconderlos en sus cajones por vergüenza de que alguien los lea. Finalmente, pese a que en algunas universidades públicas existe el sufragio universal como mecanismo para elegir a la máxima autoridad universitaria, todo mundo sabe que lo menos que hay en estas instituciones es democracia, sino una simulación burda en la que son las propias mafias universitarias y políticas las que postulan a los contendientes que han de disputarse la rectoría, y después manipulan las elecciones a su conveniencia. De hecho, la democracia universitaria, ahí donde sobrevive, recuerda las prácticas fraudulentas más vergonzosas del otrora partidazo oficial durante la fase más cínica de nuestra dictadura perfecta.

La gran mayoría de las universidades públicas del país sólo pueden proyectarse mediante   la mentira y el engaño, pues cualquiera que las frecuenta conoce perfectamente sus enormes carencias; son instituciones donde la corrupción recorre todos sus vasos linfáticos, donde se compran auditorías y certificaciones a modo, donde se venden calificaciones y exámenes indiscriminadamente; donde la democracia sólo se utiliza retóricamente, pues en la práctica no hay nada que la sustente. Diariamente se destapa una cloaca de podredumbre donde quedan exhibidos rectores y funcionarios universitarios, como el reciente y escandaloso caso del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Enrique Agüera Ibáñez, señalado por mantener vínculos con el narcotráfico y por enriquecimiento inexplicable. Por todo ello, edificar universidades a la altura de las exigencias y necesidades de nuestro país parece una tarea imposible. Hay que desmotarlas por completo y volverlas a armar. Eliminar sus zonas de impunidad y sus abusos de autoridad, sus zonas de corrupción y opacidad, sus zonas de conformidad y mediocridad. La tarea es sin duda inmensa y arriesgada, pues tocar intereses tan enquistados en su seno podría desatar tempestades y represalias.

En este recuento de desastres, las universidades de más prestigio, como la UNAM, y los centros de investigación de élite, como el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), El Colegio de México (COLMEX), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y las demás pertenecientes al sistema SEP-CONACYT, tampoco salen bien libradas, pese a recibir los mayores subsidios y canonjías del Estado. La problemática aquí es distinta a la del resto de las instituciones públicas de educación superior, pero igualmente dramática. En el caso de la UNAM resulta inverosímil, por no decir ridículo, sobre todo para su muy vasta comunidad de estudiantes y académicos, colocarla como una de las mejores cien universidades del mundo, según una lista muy curiosa elaborada anualmente por un diario londinense. Es inverosímil porque si hay una institución de educación superior en México metastasiada sin remedio esa es precisamente la UNAM. Víctima de la masificación que alimentó durante décadas, la UNAM dejó hace mucho de ser una institución de calidad en la realización de sus tareas sustantivas. Botín de múltiples grupos de poder ha dilapidado irracionalmente sus recursos, sin planeación ni visión de futuro, al grado de que hoy, salvo pequeños reductos en su interior, como algunos cuantos institutos de investigación, ha dejado de ser competitiva en la enseñanza y en la investigación de alto nivel. Sus egresados son estigmatizados en el mercado laboral y relegados frente a la competencia proveniente de otras universidades, sobre todo privadas, como el Tecnológico de Monterrey (ITESM), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Iberoamericana (UIA). En lo personal, trabajé veinte años en la UNAM y cada vez que regreso a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de mi alma mater me duele constatar el estado de abandono en que se encuentra, la mediocridad de su planta docente, la ruindad de sus instalaciones, la ausencia de debate o la sobreideologización del mismo, la irrelevancia de sus publicaciones, el burocratismo que la asfixia, la persistencia de los grupos de poder de siempre y la incompetencia de sus directivos. Una situación que se repite en prácticamente todas las facultades y escuelas que la componen.

Por su parte, el conjunto de instituciones supuestamente de vanguardia dentro del sistema educativo, las pertenecientes al sistema SEP-CONACYT, y que monopolizan los mayores presupuestos federales otorgados en educación e investigación, también terminaron sucumbiendo a los caprichos de mafias oportunistas y ambiciosas. Además, al ser las instituciones consentidas del sistema de educación superior, sus investigadores, programas de enseñanza, revistas y proyectos de investigación suelen ser evaluados y aprobados por fast track, o sea de manera expedita y rápida, por consigna, independientemente de su calidad y relevancia. Algo muy distinto a lo que acontece con el resto de las instituciones de educación superior, donde las evaluaciones de sus investigadores y proyectos por parte del CONACYT o la SEP suelen ser implacables. Más aún, casi siempre las comisiones evaluadoras suelen integrarse por académicos provenientes de las instituciones de elite, lo cual contribuye lógicamente a incrementar la brecha entre éstas y todas las demás. Asimismo, las publicaciones de estas instituciones (libros y revistas), al contar con suficientes recursos para ser promocionadas, suelen estar infladas artificialmente, pues basta hurgar un poco en ellas para ver que son tan irrelevantes e intrascendentes como la mayoría de las que se publican en las universidades públicas y privadas. De hecho, los investigadores realmente destacados adscritos a estas instituciones, un puñado en cada una, no necesitan el espaldarazo de su universidad o centro de investigación, para publicar. Por honestidad intelectual, lo hacen por fuera y sin el patrocinio de su institución, pues sólo cuando una obra es excepcional no requiere el sello institucional para salir a la luz.

No obstante, la principal debilidad de estas instituciones supuestamente de punta hay que buscarla en otra parte: al erigirse en las instituciones educativas de excelencia se han convertido en cotos cerrados, endogámicos y elitistas que prefieren interactuar con sus pares en los países hegemónicos que con sus pares locales, bajo la premisa a todas luces falsa de que todo lo que provenga de Estados Unidos es digno de imitación. Estas instituciones disponen pues, de amplios recursos, pero suelen abrazar paradigmas y enfoques supuestamente de vanguardia pero que no tienen mayor repercusión en el país. Por esta vía, sus investigadores se legitiman pero no hacen sino vender espejitos a los incautos. El resultado, decíamos, es la importación acrítica de los vicios de la academia estadounidense, como el fetichismo con los métodos formales y estadísticos, la especialización en temas cada vez más irrelevantes y que nada tienen que ver con los grandes problemas nacionales, la descalificación por sistema de todo lo que no cumple con sus propios estándares metodológicos. Es obvio que su afán imitador les impide reconocer las desventajas de proceder así. Copiar patrones no es, necesariamente, una buena idea. Por el contrario, como señala el politólogo estadounidense Philippe Schmitter para el caso de la ciencia política, en las periferias la estrategia más exitosa no es la simple imitación sino la especialización en aquello que se hace mejor, “especialmente cuando la comunidad de politólogos es relativamente pequeña y por lo tanto sus productos de ‘nicho’ no amenazan el status o la tajada de mercado del productor hegemónico”.[12] O como diría el politólogo José Antonio Aguilar Rivera: “Hallarse en los márgenes debería significar una mayor oportunidad para la innovación, la experimentación y la diversidad. La tiranía del mercado no siempre es positiva. Sin embargo, en los enclaves lo que reina es un espíritu de conformidad. Imitar es lo que proporciona status. El problema es que al proceder de esta manera corremos el riesgo de adoptar, como criterios infalibles, meras modas teóricas provincianas que pueden resultar irrelevantes al final del día”.[13] En algunos casos, este juego de espejos ha llevado a situaciones ridículas, como exigir a los investigadores que laboran en estos institutos de elite, sobre todo a los más nobeles, a publicar una cuota anual de artículos en un conjunto de revistas especializadas nacionales y extranjeras escogidas previamente y supuestamente afines a los cánones metodológicos y científicos o a las modas teóricas importadas que buscan impulsar por imitación, y a prescindir de publicar en cualquier otra revista que no esté contemplada en la lista. Para esta academia de oropel, poco importa que lo que se publique en esas revistas especializadas tan apreciadas por ellos no lo lea absolutamente nadie. Otra razón para desconfiar de la supuesta excelencia de la que se ufanan estas instituciones. 

Pero las simulaciones no terminan ahí. En un país donde muchos se dejan deslumbrar por la grandeza de su vecino del Norte, estos investigadores sociales supuestamente “duros” saben explotar muy bien sus credenciales académicas y sus escarceos con la academia estadounidense para encumbrase en la administración pública o el gobierno, ya sea como asesores, consejeros electorales o funcionarios, con lo que abandonan en la práctica el quehacer científico. Huelga decir que si este es el destino natural de los científicos sociales puros en México, la ciencia social no sólo pervierte su objetivo primario, o sea contribuir al entendimiento de los fenómenos sociales mediante la investigación especializada, sino que se convierte en una mera “técnica” al servicio del poder. No es que la ciencia social no pueda tener aplicaciones prácticas o deba precaverse de tenerlas, ya sea en la administración pública o en la política profesional, el problema es que se instrumentalice a conveniencia para que ciertos investigadores se erijan en los “expertos” por moverse, precisamente, en las corrientes o paradigmas supuestamente más avanzadas de la ciencia social. Pero este último tema da para otro ensayo.

VI

No me cabe duda que las consideraciones y recomendaciones que he ventilado en este ensayo resulten incómodas para la mayoría de mis colegas y que por lo mismo tengan poca o nula viabilidad. En un medio que como el académico está tan acostumbrado a vivir de la medianía y la autocomplacencia siempre será preferible acomodarse a lo que hay que impulsar grandes transformaciones. Reconocer que las ciencias sociales y las humanidades están moribundas en México no resulta muy gratificante para quienes viven o sobreviven de ellas. Y sin embargo, sólo con medidas drásticas como las que he sugerido aquí u otras similares se puede aspirar a revertir la creciente simulación y deshonestidad que hoy prevalece en la academia mexicana. A grandes males, grandes remedios.

Para concluir, quisiera resumir en tres las paradojas que en mi opinión describen muy bien el estado de indefensión en que se encuentra la ciencia en México y que al mismo tiempo explican por qué resulta tan difícil revertir su deterioro:

1.  La estrategia estatal para estimular la investigación científica en lugar de lograr su cometido lo ha inhibido por completo, generando todo tipo de simulaciones y perversiones en lo que a la investigación se refiere, una situación por lo demás muy cómoda para los miles de investigadores, que con el tiempo han aprendido muy bien a sustituir la investigación seria, esforzada, profesional y de largo aliento, por rollos insustanciales, un juego perverso al que todos se acomodan y que nadie cuestiona porque siempre será más fácil vivir de la mediocridad que de la exigencia.

2. En ese sentido, el principal obstáculo para emprender una trasformación radical del actual sistema de recompensas a la investigación que tan dañino ha resultado al desarrollo científico no proviene de las propias estructuras burocráticas creadas al efecto, sino de las decenas de miles de investigadores generados por el mismo sistema y que han terminado por creerse indispensables para el avance científico nacional. La lógica que lleva a un investigador a abrazar esa conclusión es muy sencilla: “si el sistema me apoya para publicar cuanta estupidez se me ocurra es que mis estupideces son geniales, luego entonces yo soy un gran investigador”. Lo peor es que intentar criticar y exhibir la mediocridad de las investigaciones que se producen en el país te convierte en automático en un desadaptado, un amargado y un presuntuoso, y te condena al ostracismo de por vida por parte de tus colegas. De ahí que aspirar a que se revalore el quehacer científico en un medio tan contaminado por la mediocridad es una batalla en el desierto.

3. Hoy cualquiera en México puede ser investigador, con tal de que desarrolle el hábito de juntar papelitos y escribir todo lo que se le ocurra, o sea que la profesión más noble e ilustre del mundo, la investigación científica, por cuanto requiere de sus practicantes una gran dedicación, una vasta formación y preparación, mucha vocación y sacrificio, y una gran honestidad intelectual, se ha vuelto en México una de las más prostituidas e indignas. Digamos que una mala política de promoción científica terminó produciendo sus propios parásitos, los cuales se alimentan de la podredumbre del sistema. Seamos claros, con nuevas reglas de apoyo a la investigación, reglas más racionales y exigentes, más transparentes y menos contaminadas, sólo sobreviviría un pequeño porcentaje de las decenas de miles de investigadores que hoy avergüenzan y devalúan la profesión.


* Ponencia presentada en el I Congreso de los Miembros del Sistema Nacional de Investigadores, Querétaro, Qro., 5-8 de mayo de 2010. Cabe señalar que esta ponencia fue suprimida misteriosamente del portal del CONACYT donde se reproducen todos los trabajos del Congreso. El autor es Catedrático-investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (todavía).

[1] Gabriel Zaid, El secreto de la fama, México, Lumen, 2010, pp. 136-137.

[2] Para efectos de este ensayo me referiré exclusivamente a las ciencias sociales y las humanidades, aunque varias de sus conclusiones y recomendaciones apliquen también para las ciencias exactas o duras.

[3] El caso de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es en este sentido paradigmático. Desde hace años, su editorial publica más libros que cualquier otra en México, incluidas las comerciales, pero ninguna ha publicado más chatarra que ella, auténticos bodrios producto del influyentismo y la corrupción que la han asfixiado desde siempre. La existencia en su acervo de colecciones muy valiosas, no alcanza para eximir a la UNAM de sus excesos por el dispendio de recursos que ha supuesto la publicación indiscriminada de miles de obras de ínfima calidad. Huelga decir que las bodegas de la editorial universitaria están repletas de libros inútiles que terminan regalándose o vendiéndose por kilo. Y si esto ocurre con la UNAM, ya se pueden imaginar lo que pasa con el resto de las universidades públicas del país. Así, por ejemplo, ningún académico honesto puede vanagloriarse de publicar en las editoriales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) o la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), por mencionar algunas de las más desacreditadas. Peor aún, si lo hace bajo el sello editorial o el patrocinio de instituciones gubernamentales federales, estatales o paraestatales, como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Instituto Federal Electoral (IFE), el Gobierno de la Ciudad de México o el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), y muchas otras, pues todo mundo sabe que los libros publicados así responden a criterios muy alejados a los académicos, tales como justificar presupuestos, impulsar las carreras de investigadores que son parientes o amigos de funcionarios influyentes, etcétera. De ahí que todas estas publicaciones, las publicadas en editoriales universitarias y las publicadas con los auspicios de instituciones políticas no deberían calificar en las evaluaciones del SNI o el PROMEP, sino restarles puntos a sus autores.

[4] Al respecto, véase mi libro: C. Cansino, La muerte de la ciencia política, Buenos Aires, Sudamericana, 2008. 

[5] Dicho esto con la terminología y la orientación introducidas por Thomas S. Kuhn en su famoso ensayo: La estructura de la revolución científica (México, FCE, 1968).

[6] Véase, por ejemplo, C. Lefort, Ensayos sobre lo político, Guadalajara, UdeG, 1988; A. Maestre, La escritura de la política, México, Cepcom, 2000; R. Chartier, El mundo como representación, Barcelona, Gedisa, 1992; G. Balandier, El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales. Elogio de la fecundidad del movimiento, Barcelona, Gedisa, 1997.

[7] En este caso se encuentran revistas muy cuestionadas por los investigadores como Política y Gobierno, Revista Mexicana de Sociología, Perfiles Latinoamericanos, Foro Internacional, Estudios Sociológicos,  entre muchas otras.

[8] Claro está que, dentro de las no especializadas o de divulgación, hay de revistas a revistas. Para empezar, las revistas de este tipo (algunos las llaman “culturales”) de circulación masiva son escasas en México, y dentro de éstas muy pocas son rescatables. Las más conocidas como Nexos o Letras Libres son expresiones o derivaciones de grupos intelectuales cerrados y poderosos que en su tiempo se convirtieron en ideólogos del viejo régimen priista a cambio de todo tipo de privilegios, y que alguna vez acariciaron la idea de hegemonizar la agenda cultural del país. En estas revistas también se practica el exclusivismo y la discriminación de todos los que no participen o simpaticen del clan, por lo que hay que vender el alma al diablo para publicar en ellas. No sorprende entonces que los académicos que colaboran en ellas regularmente pertenezcan a los grupos más poderosos dentro del sistema de educación superior, las mafias académicas que por esta vía establecen intercambios de influencias y beneficios con los grupos intelectuales. Por ello, publicar en estas revistas, en lugar de honrar a los científicos sociales los desacredita, a no ser que aspiren a los reflectores, sacrificando la independencia intelectual. En segundo lugar, hay otro conjunto de revistas de buena circulación más autónomas y menos pretenciosas, si acaso una docena de ellas, como Este País, Istor, Metapolítica, Etcétera y Tierra Adentro, que son cuidadosas en la selección de sus contenidos, plurales y abiertas a diversas corrientes, por lo que publicar en ellas constituye una opción digna para los investigadores. Y luego un montón de revistas de buena circulación pero patrocinadas o financiadas por partidos políticos y grupos de poder, donde publicar desacredita por completo a los investigadores, tales como Examen, Vértigo, Memoria, Bien Común. Otra opción interesante e igualmente digna para los investigadores son algunos suplementos de diarios de circulación nacional o algunos semanarios.

[9] Las coediciones entre universidades y editoriales comerciales de dudosa seriedad se ha convertido en un negocio muy rentable para estas últimas. Los casos más conocidos son los de Plaza y Valdés, Porrúa Hermanos y Miguel Ángel Porrúa, en cuyos acervos es posible encontrar toneladas de chatarra supuestamente científica.

[10] Yo conozco varias, cuyos acervos dan pena ajena, tales como: “Tlamelahua”, “Ariete”, “Soriano”, “Eon”, “Arieli”, “Zenzontle”, “Lunarena” entre muchas otras.

[11] Me temo, sin embargo, que en el caso de las editoriales más conocidas en México suelen existir, más allá de la calidad de las obras sometidas a dictamen, varias aduanas infranqueables para quienes aspiran a publicar en ellas. En algunos casos, como en el Fondo de Cultura Económica (FCE), los comités editoriales están monopolizados por los mismos investigadores de elite que integran los comités dictaminadores del SNI, por lo que casi siempre reproducen aquí las mismas prácticas excluyentes y clientelares que emplean allá. En otros casos, como en la Editorial Siglo XXI, la regla no escrita es presentar obras afines a la línea ideológica que promueve la firma, de tal manera que quedan excluidas a priori todas las propuestas que no comulguen con una cierta tradición de pensamiento socialdemócrata. Finalmente, está el caso de editoriales como Cal y Arena o Clío, donde la condición para publicar es simpatizar o participar del clan o mafia intelectual que las creó, el grupo Nexos y el grupo Vuelta, respectivamente, lo cual no es muy gratificante para quien valora positivamente su independencia intelectual. Ante este panorama desolador, una alternativa más digna para los investigadores es intentar colocar sus obras en editoriales menos contaminadas por los intereses de grupos y facciones intelectuales locales, y más abiertas a las propuestas de todo tipo, como las pertenecientes a las conocidas firmas internacionales Random House Mondadori, Santillana, Planeta, Grupo Editorial Patria, McGraw-Hill, o en editoriales locales igualmente conocidas y más plurales, como Océano, Trillas, Gedisa, entre otras. Asimismo, pueden explorar el mercado editorial de otros países.

[12] P. Schmitter, “Seven (Disputable) Theses Concerning the Future of ‘Transatlanticised’ or ‘Globalised’ Political Science”, European Political Science, vol. 1, núm. 2, 2002, pp. 23-40.

[13] J.A. Aguilar Rivera, “El enclave y el incendio”, Nexos, México, núm. 373, enero, 2009, pp. 79-82.

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