Si Sergio Aguayo dirige tesis profesionales como escribe sus libros, ¡pobres tesis! A esta conclusión es inevitable llegar después de leer su reciente y muy promocionada obra Vuelta en U (México, Taurus, 2011), en la que Aguayo hace exactamente lo que no hay que hacer en una investigación que, como la suya, se ostenta de “científica” y “objetiva”. Me imagino a este académico asesorando a sus tesistas. Para empezar, a todos les ha de exigir lo que en los manuales de investigación se conoce comúnmente como “marco teórico”. Para el caso, no importa que dicho marco se integre arbitrariamente con lo que se tenga a la mano o lo que se conozca o se haya leído alguna vez sobre el tema investigado. Basta citar abundantemente autores y conceptos de manera más o menos ordenada y persuasiva para salvar el escollo. Paso seguido, les ha de requerir un modelo que contenga las variables que se buscarán documentar en la parte empírica de la investigación. Que el modelo se integre con variables provenientes de paradigmas teóricos contradictorios o irreconciliables entre sí es pecata minuta, pues lo primordial es que la propuesta parezca compleja y sesuda; asimismo, que las variables escogidas sean meras ocurrencias del investigador no tiene ninguna importancia, pues lo que cuenta es que su formulación sea mínimamente coherente y convincente. Finalmente, para la parte empírica de la investigación, el susodicho colega les ha de pedir a sus pobres tesistas recabar y presentar todos los datos que encuentren y que cuadren con las variables propuestas. Que se dejen en el camino datos que contradicen el modelo o desmientan lo que se quiere demostrar es culpa de los datos no del modelo empleado.

Así las cosas, Aguayo nos regala un libro que utilizaré profusamente en mis clases para ejemplificar la manera en la que no se debe hacer una investigación científica. Y en realidad, el problema ni siquiera es Aguayo, pues la suya es la manera de proceder de la inmensa mayoría de los científicos sociales del país, quienes hacen pasar por científicas sus investigaciones, aunque de científicas no tengan nada, o sea no emplean de manera sistemática y rigurosa algún método de control de sus hipótesis, no buscan establecer regularidades sobre los fenómenos estudiados que enriquezca la literatura teórica sobre los mismos, no proponen un esquema de análisis integral que refleje un conocimiento acabado de la literatura sobre sus respectivos objetos de estudio, etcétera. Lejos de ello, creen que basta citar autores, emplear conceptos sofisticados o llamarles “variables” a un conjunto de aspectos dispersos, para hacer pasar sus obras como científicas. El resultado es la producción indiscriminada de obras chatarra que no aportan nada novedoso ni hacen avanzar la acumulación de saberes sobre un tema. Y no es que defienda a ultranza una concepción purista de la ciencia o que todo lo mida con sus parámetros (hace tiempo que decidí cuestionar los fundamentos y preceptos de las ciencias sociales, como lo prueba mi libro La muerte de la ciencia política), sino que me parece deshonesto seguir alimentando un engaño y una simulación. No hay que revestir artificialmente de cientificidad una obra para que ésta tenga valor. De hecho, es frecuente que un ensayo sin mayores pretensiones empíricas pueda plantear tesis más originales y sensatas que una investigación científica, sin que eso le reste méritos.

El hecho es que Aguayo nos vende su libro no como un ensayo sino como un estudio científico, y como tal debe ser examinado. Obviamente, Aguayo sale reprobado, y no sólo porque su investigación no tenga nada de científica, sino porque proceder como él lo hace para estudiar lo que llama la “transición estancada” en México sólo puede conducir a lugares comunes o, lo que es peor, a violencias interpretativas, sin mencionar la larga lista de posicionamientos partiditas e ideológicos que salpican el libro y que no tienen nada de veraces. En suma, como veremos aquí, la obra de Aguayo no sólo no aporta nada original sino que tergiversa la realidad para acomodarla mañosamente a sus propios fines de búsqueda o preferencias políticas. Nada hay pues, rescatable en esta obra y sí mucho que reprocharle. No sólo alimenta un engaño en la forma sino también en el contenido, pues su lectura del presente mexicano más que iluminarlo lo oscurece, más que contribuir a demoler el “evangelio de la transición”, o sea la retórica dominante sobre este proceso, lo apuntala.

Comienzo por una afirmación categórica: el tema de la transición en México, o sea el proceso que nos ha conducido hasta la democracia incipiente que hoy tenemos, no es un asunto de interpretaciones. Me explico, si lo que se pretende es —como dice Aguayo a propósito de su propia investigación— describir de manera rigurosa, sistemática y objetiva (científica) el proceso de cambio político en México que condujo a la sustitución del régimen autoritario de partido hegemónico por la democracia actual, para lo cual se recurre a los conceptos y las categorías producidas por la literatura de las transiciones democráticas, no hay lugar (o no debería haberlo) a especulaciones subjetivas de ningún tipo. Nos puede gustar o no la teoría de las transiciones, podemos encontrar deficiencias o imprecisiones en la misma, pero si han de emplearse sus categorías para estudiar un caso concreto, ello debe hacerse correctamente. El sólo hecho de hablar de “transición” para referirse a un caso como el mexicano supone ya, se quiera o no, una cierta adhesión a este corpus teórico, o sea a sus premisas y categorías, por lo que usarlas arbitrariamente —como hace Aguayo— sólo puede conducir a distorsiones y abusos.

En lo personal, como lo he señalado en varias ocasiones, estoy muy lejos de comulgar con estos enfoques, pues me parecen muy deterministas y reduccionistas. Sin embargo, estoy convencido que bien empleados, o sea con conocimiento de causa, permiten una caracterización —que no interpretación— muy esclarecedora de nuestra realidad, una caracterización simple y llana, que nada tiene que ver con las interminables disputas políticas o ideológicas que la transición mexicana ha propiciado desde hace años y que Aguayo reedita innecesariamente con su nuevo libro. Más precisamente, el tema de la transición en México ha sido tan manoseado por todos (intelectuales, académicos, políticos, periodistas, analistas, etcétera), más con fines políticos que heurísticos, que ha terminado por ser uno de esos conceptos que significa todo y nada al mismo tiempo, por lo que se puede emplear para decir cuanta barbaridad se quiera. A ello ha contribuido no sólo la actualidad del tema, que por ese simple hecho suscita controversias, sino el total desconocimiento o el conocimiento superficial de la literatura politológica sobre el particular. Huelga decir que Aguayo cojea de ambos pies. Por una parte, quiere ofrecer una interpretación a modo de nuestro proceso de cambio para “demostrar” que estamos instalados actualmente en la “regresión autoritaria”, o sea que vivimos una “vuelta en U”, sobre todo a raíz del proceso electoral del 2006, cuya condición fraudulenta Aguayo da por hecho con argumentos tan endebles como insustanciales. Por otra parte, Aguayo no sólo exhibe ignorancia sobre la literatura politológica del cambio, pues en su elenco de autores están ausentes algunos de los más influyentes y decisivos, como Leonardo Morlino o Adam Pzeworski, sino que se atreve a mezclar en su “marco teórico” autores de tradiciones tan contradictorias como irreconciliables —como Juan Linz (partidario del individualismo metodológico) y Lucien Goldman (un marxista tan básico de los años setenta que sólo un incauto se atrevería a citar en la actualidad), o Guillermo O’Donnell (un funcionalista sistémico) y Hannah Arendt (una filósofa política neoaristotélica)—, en una suerte de eclecticismo forzado por imposible, lo cual es, justamente, lo que hay que evitar en cualquier investigación seria y responsable. Confeccionar un marco teórico no puede hacerse por ocurrencias, sino que es el momento en que el investigador serio no sólo muestra suficiencia en el manejo de toda la literatura de su tema sino que agota teóricamente todas las posibilidades para explicar su objeto, pues sólo así podrá discernir adecuadamente entre lo relevante de lo meramente contingente. En suma, parece que Aguayo ignora que si en las ciencias sociales todo se vale —como armar un “marco teórico” a modo— nada vale en ellas. En lo personal, prefiero desmarcarme abiertamente de las ciencias sociales, por sus muchas inconsistencias y simulaciones, que aferrarme a ellas para legitimar mi trabajo intelectual, como lo hacen Aguayo y la mayoría de mis colegas.

Sirvan estas premisas para recalcar que la “interpretación” (o sea, la lectura subjetiva, interesada y parcial) que Aguayo hace sobre la transición mexicana no tiene ningún sustento sólido ni ninguna veracidad. Ni “regresión” ni “vuelta en U”, ni “transición estancada”, etcétera. Repito, la caracterización de la transición mexicana no es una cuestión en disputa, sino un mero ejercicio descriptivo en el que, si todo se conduce correctamente, o sea en apego a las indicaciones y premisas propias de la teoría de las transiciones, no hay lugar a interpretaciones subjetivas o parciales. Dicho de otro modo, caracterizar el momento que vive nuestro país con las categorías de la transición no es un ejercicio relativista, donde todas las posiciones valen, pues si fuera el caso ninguna valdría. Estaríamos procediendo mal si asumiéramos a priori que cualquier interpretación sobre la transición mexicana es legítima por el simple hecho de que la realidad admite múltiples lecturas. Es incorrecto, pues el uso apropiado de la teoría de las transiciones, que no es otra cosa que el cúmulo de saberes existentes sobre dicho tema producto de miles de investigaciones empíricas, no admite digresiones de ningún tipo, es precisa, coherente e integral. Obviamente, esta observación (y la crítica que de ahí emana) sólo aplica si la interpretación en cuestión se dice deudora —como la de Aguayo— de la teoría de las transiciones y/o se mueve dentro de sus límites.

En suma, si Aguayo conociera medianamente la teoría de las transiciones y empleara adecuadamente sus conceptos, sabría que México no atraviesa por una regresión autoritaria o vuelta en U. Para empezar, México dejó atrás la transición cuando el PRI fue desplazado del poder por el PAN con la alternancia del 2000, pues la teoría indica que una transición democrática termina cuando desaparecen las estructuras de dominación centrales del viejo régimen autoritario, que en el caso de México fueron el presidencialismo omnímodo y el partido hegemónico. Por ello, seguir pensando a México en términos de “transición” no sólo es un error sino que entorpece el entendimiento del momento que realmente estamos viviendo. Por la vía de la alternancia la transición terminó y comenzó una nueva etapa —igualmente compleja que la etapa precedente pero que no debe ser confundida con ella, pues tiene su propia lógica y dinámica—, la etapa de “instauración democrática”. Dicha etapa supone básicamente la “destitución autoritaria”, o sea la neutralización y derogación de las viejas prácticas y leyes abiertamente autoritarias, amén de su deslegitimación social, y el rediseño institucional y normativo del nuevo régimen democrático, mediante una reforma integral a su Carta Magna. Dado que la instauración es un proceso, no está dicho que pueda durar indefinidamente o que presente avances y retrocesos. Si una instauración democrática es lenta y tortuosa, como la que vivimos en México después de la alternancia, no significa que estemos en una etapa regresiva sino en una que, en la medida que no se avance en las tareas de la instauración, presenta muchos riesgos, empezando por el colapso, o sea el derrumbe de lo poco o mucho que se ha conquistado hasta ahora. En esta perspectiva, a tono con la teoría de las transiciones, que nuestra democracia no mejore ni en lo electoral ni en eficacia ni en credibilidad, no significa que vivimos una “transición estancada”, como sostiene Aguayo, sino una “instauración estancada”. Asimismo, que el autoritarismo siga teniendo muchos anclajes en la nueva realidad democrática no significa que estemos atravesando por una “regresión autoritaria”, sino que tenemos una democracia incipiente y muy precaria. La precisión en este punto no es una cuestión baladí, pues de una adecuada caracterización depende el poder identificar mejor los desafíos que enfrentamos como país. Hoy las tareas por delante ya no son los de la transición (como derrocar al régimen autoritario), sino las de la instauración (como la Reforma del Estado). Podría poner muchos otros ejemplos, pero creo que con estos queda claro que la interpretación de Aguayo, amén de imprecisa, es irresponsable. Lejos de una regresión autoritaria, todo parece indicar que lo que tendremos en México es una larguísima instauración democrática, tan larga como la propia transición que la precedió, pues no existe en la clase política actual ni la voluntad ni las luces necesarias para entender la importancia del momento político en que le tocó ser protagonista. En todo caso, no es descabellado suponer que hay más posibilidades involutivas para el país en caso de que el PRI regrese a Los Pinos en el 2012 que en cualquier otro escenario, pues, en ausencia de reformas profundas al entramado normativo e institucional, necesarias para apuntalar nuestra maltrecha democracia, sus cuadros se montarían en lo que ya conocen perfectamente, por lo que bien podrían reeditar los viejos usos y costumbres, cuestión esta última que no deja de ser, lo admito, una mera especulación.

Además de esta deficiencia metodológica y conceptual de fondo, el libro de Aguayo está plagado de imprecisiones y ligerezas. Después de leerlo queda la duda sobre su verdadero propósito. Por momentos parece una crónica de hechos inconexos, por momentos un panegírico a favor de Andrés Manuel López Obrador, por momentos un recuento de cifras y datos inútiles, por momentos un manifiesto sobre el poder de las organizaciones no gubernamentales. En todo caso, me queda claro que es todo menos una investigación científica, pese a que obtuvo financiamientos millonarios por parte de universidades, fundaciones y organismos de apoyo a la ciencia, como el CONACYT, según se ufana su propio autor, lo cual, por los pobres resultados alcanzados, no dejar de ser deshonesto.

Buena parte del libro está destinado a definir los criterios que permiten establecer si una elección es fraudulenta o no, o sea “la intensidad e intencionalidad de las irregularidades”. Para ello, Aguayo examina las elecciones críticas de 1910, 1929, 1940 y 1952, y, en otros capítulos, las de 1988 y 2006, siendo ésta última la que más le preocupa al autor, pues está empeñado en demostrar que, empleando sus criterios de análisis, fueron elecciones fraudulentas. Para empezar, habría que recordarle a Aguayo que no sólo las elecciones que fueron impugnadas en su momento por los perdedores fueron fraudulentas, sino absolutamente todas las celebradas durante el viejo régimen. Por ello, lo importante no es, como insiste Aguayo, la “mecánica del fraude” sino las condiciones estructurales del fraude, o sea la naturaleza autoritaria del régimen posrevolucionario. Decir que unas elecciones son fraudulentas cuando el gobierno interviene con fondos públicos, cuando hay un control y manejo intencionado de la información, cuando hay una manipulación de la legislación electoral, etcétera, es irrelevante. Más aún, es impreciso, pues podría pensarse que en ausencia de esas variables sí se dieron elecciones correctas, lo cual no es cierto. Obviamente, ese no es el problema, sino la condición autoritaria del régimen priista, para el cual las elecciones eran tan sólo un mecanismo de legitimación diseñado a modo, o sea una simulación, donde la oposición no tenía ninguna posibilidad de disputar el poder al partido hegemónico. Por las mismas razones, extrapolar las variables del fraude propias de la era autoritaria para calificar las elecciones del 2006, o sea unas elecciones ciertamente controvertidas pero que ya tuvieron lugar en la era postautoritaria, es un auténtico disparate, pues son otras las condiciones y otras las variables que habría que documentar. Dicho de otro modo, lo que era relevante para calificar de fraudulentas unas elecciones en un régimen autoritario, elecciones que un conocido politólogo estadounidense llamó con buen tino “elecciones diferentes”, deja de serlo en unas elecciones en un régimen democrático. Que se desvíen fondos del erario para hacer proselitismo, que se manipule la información, o que se orqueste una campaña de denuesto en contra de un candidato, son asuntos menores, pues ocurren en todas las democracias y lo hacen todos los partidos. El problema aquí es más bien técnico, o sea si se contaron o no correctamente los votos. Con ello, no quiero minimizar el hecho de que nuestra legislación electoral vigente hace aguas por todas partes, por lo que más que proveer certidumbre alimenta la sospecha.

Otro problema grave del libro de Aguayo es la importancia que le confiere a ciertos hechos y la escasa atención que le presta a otros. Así, por ejemplo, Aguayo sostiene que la transición en México empezó con la reforma electoral de 1963, mientras que le concede poco peso a la de 1977. Ni al caso criticar una interpretación tan obtusa. Por su parte, sobre las elecciones de 1988 y sobre el salinato el libro de Aguayo no avanza ninguna hipótesis novedosa y sí comete varias impresiones. Para empezar, le concede a algunos intelectuales un peso decisivo en la apertura democrática del régimen al denunciar las irregularidades y exigir apego a la legalidad. Tal es el caso de ¡Héctor Aguilar Camín! Sí, el mismo que después se vendió a Salinas. Algo similar dice Aguayo de algunas organizaciones civiles, como Alianza Cívica, cuya participación en esos años es sobredimensionada por el autor, quien, casualmente, fue miembro activo de la misma. Como quiera que sea, Aguayo evade investigar los temas realmente cruciales para armar el rompecabezas de esos años: ¿por qué perdió el PRI en el 88 y por qué, con todo en contra, pudo imponerse fraudulentamente en esas elecciones? ¿Por qué Estados Unidos decidió apoyar al PRI de último momento si en los años previos fue criticado acremente por Washington? ¿Por qué no se concretó la alianza entre el PAN y el Frente Democrático en esos años? ¿Fue el salinato el sexenio más autoritario del viejo régimen y con qué costo para la democracia?, entre muchas otras preguntas clave.

Pero conforme el libro de Aguayo avanza al presente, las imprecisiones se multiplican. Decir que con la histórica alternancia del 2000 “culminan los esfuerzos y esperanzas de intelectuales, periodistas, líderes sociales, organizaciones cívicas, consejeros electorales y partidos políticos”, es como no decir nada, pues la verdad es que la gran mayoría de todos los actores enumerados por Aguayo fueron más bien cómplices del PRI y el viejo régimen hasta su caída más que sus detractores. Tal es el caso de la inmensa mayoría de los intelectuales vendidos, o de los periodistas medrosos y acomodaticios. Que algunas voces (muy pocas por cierto) hayan sido críticas y congruentes con una línea de independencia profesional e intelectual, no significa que la mayoría lo haya sido. Aquí Aguayo muestra una visión no sólo bastante condescendiente con sus colegas sino falsa. En cuanto a los consejeros electorales, Aguayo filtra la idea a todas luces imprecisa y tendenciosa según la cual la actuación del IFE en el 2000 fue “brillante” y la del 2006 decepcionante. Ya es hora de desmitificar el papel de aquel Consejo Electoral. La única diferencia entre éste y el del 2006 fueron 5 puntos de diferencias entre el primero y el segundo lugares. Dicho de otro modo, si la diferencia entre Fox y Labastida hubiera sido igual de estrecha a la de Calderón y López Obrador, la bomba les hubiera explotado igual, pues la legislación electoral era la misma y el perfil de los consejeros, también, o sea intelectuales oportunistas vinculados y de algún modo comprometidos con los partidos que los colocaron ahí. No cabe duda que a Aguayo le conviene reproducir los nuevos mitos de la historia oficial de la transición, pues él es uno de los beneficiados directos por ello.

Pero lo más débil del libro de Aguayo está por venir: el fraude del 2006 y el papel de las ONG’s. Sobre el primero, Aguayo recurre a todo lo que se le ocurre para demostrar que siempre existió un complot orquestado por muchos contra López Obrador para que éste no llegara a Los Pinos, como la campaña de denuesto en su contra que culminaría exitosamente con el famoso “Es un peligro para México”, la cual, supuestamente, generó un “pánico irracional” en el electorado. En suma, para Aguayo la campaña sucia contra el pobrecito de López Obrador fue la principal causante de su derrota electoral. El problema es que pensar así sólo puede hacerse en detrimento de los ciudadanos, o sea si se conciben como una masa inerte y dúctil fácilmente manipulable e incapaz de discernir por sí misma. Según esta interpretación, que López Obrador haya cometido errores garrafales durante su campaña o que ésta también haya sido bastante sucia, son asuntos irrelevantes, pues lo importante es el complot en su contra. En fin, aferrarse a ver las cosas en blanco y negro, diseccionar el mundo en buenos y malos es la mejor manera de ocultar la realidad, de simplificarla y poder justificar cualquier barbaridad. De ahí que a Aguayo le vengan bien las mismas categorías con las que evalúa el fraude en las elecciones de la era autoritaria para evaluar las del 2006. Pero volviendo a la cuestión de los ciudadanos, Aguayo critica las campañas sucias porque no respetan los hechos y no evitan la difamación, por lo que no comparte la opinión de quienes —me incluyo— defendemos a ultranza la libertad de expresión. Cómo hacerle entender a Aguayo que sin libertad de expresión absoluta e irrestricta simplemente no hay democracia y que si la ley electoral o cualquier otra posibilitan el más mínimo rescoldo de censura se trata de leyes antidemocráticas, una violación a los derechos más elementales de los seres humanos. No hay manera.

Pero la cuestión de fondo para quienes se aferran a “limpiar” la política profesional, cosa que de entrada es imposible, es asumir que dicho despropósito supone despreciar a los ciudadanos. En efecto, defender una ley electoral que prohíba las campañas negativas es creer que la sociedad es menor de edad, que los ciudadanos son incapaces de valerse por sí mismos. La pregunta es inevitable: ¿cómo alguien que dice defender a la sociedad civil puede al mismo tiempo despreciarla tanto? La respuesta está en el último capítulo, que según reza su título constituye una “guía para reactivar la democracia”. ¡Lo que nos faltaba!

En principio, Aguayo distingue entre ciudadanos conscientes y ciudadanos no conscientes. Sólo son conscientes los que participan en organizaciones civiles, porque buscan “modificar de raíz las causas estructurales de problemas específicos” y son los únicos ciudadanos inconformes, o sea todos los que no estamos en una ONG no somos conscientes ni estamos inconformes. Más aún, en el colmo de la insensatez, Aguayo dice que él sólo escribe para los ciudadanos conscientes. He aquí al “demócrata” Aguayo de cuerpo entero. ¿Hay que decir más? No, pero lo que sigue me divierte mucho. Según Aguayo, México es “un país machista, autoritario y racista”, en el que muy pocos buscan hacer algo para los demás, por lo que es muy meritoria la labor desinteresada y comprometida de las organizaciones civiles. De ahí, las simplificaciones caminan solas. Aguayo trata de demostrar que las organizaciones civiles fueron las auténticas protagonistas de la transición (sobre todo aquellas en las que él participó, faltaba más), y que la sociedad en general les debe mucho. A lo que le pregunto, ¿no será al revés? En México, la democracia es ante todo una conquista de la sociedad en su conjunto más que de organizaciones sociales “conscientes”, pues nadie se siente representado en ellas. En México el cambio se fraguó en las urnas. Que algunas ONG’s hayan tenido una participación activa por la defensa del voto y la democratización del país, no cambia las cosas ni admite simplificaciones absurdas como las que hace Aguayo. En pocas palabras, para nuestro autor la única sociedad que cuenta es la que participa en organizaciones civiles. Pero ahí no termina la cosa. Según Aguayo, sólo las organizaciones civiles pueden sacar a México del actual atolladero, por lo que recomienda que cada vez más ciudadanos se embarquen en el activismo social, siempre y cuando sigan el decálogo del activista social que él generosamente nos proporciona: tener clara la causa (el relato) por la que van a luchar; asesorarse con académicos informados y críticos; difundir la causa por todos los medios posibles; hacerse de recursos (que estos provengan de partidos o de funcionarios es pecata minuta, pues lo importante es la causa no la congruencia); relacionarse con la élite política; conectarse con redes sociales; etcétera. Con este elenco de acciones, Aguayo termina desnudando, sin proponérselo, a las ONG’s en todas sus contradicciones. No por casualidad la percepción que de manera dominante se tiene de ellas es poco favorable, sobre todo de las más consolidadas en presencia y proyección. Así, por ejemplo, se piensa de ellas que: son excluyentes y selectivas; se abrogan una representatividad social que nadie les ha dado; participar en ellas se ha vuelto un modus vivendi para sus miembros, en ocasiones muy rentable; no son congruentes, pues pueden pactar con cualquiera con tal de allegarse de recursos; con frecuencia subordinan sus causas sociales al bienestar de sus integrantes; se dejan cooptar con facilidad por partidos y funcionarios; son el trampolín para que algunos de sus miembros asciendan en la academia o la política; etcétera.

Aguayo no sólo se engaña a sí mismo sino que quiere engañar a los demás. No, señor Aguayo, los verdaderos héroes de este país somos los ciudadanos, los que seguimos creyendo que puede haber un México mejor, los que llevamos todos los días a nuestros hijos a la escuela, los que sobrevivimos con salarios de hambre y llevamos una vida digna, los que trabajamos de manera honrada todos los días, los que protestamos por la carestía de la vida, los que vamos al futbol los domingos para evadir nuestra tragedia cotidiana, los que seguimos yendo a las urnas a votar pese a la ruindad de nuestros políticos y partidos, los que queremos un país con paz antes que un país incendiado, los que asistimos a la basílica…, que participemos o no en una organización civil es francamente irrelevante. Nuestro activismo lo ejercemos todos los días, en la casa, en la fábrica, en la plaza pública, en las urnas, en la escuela, en el facebook, etcétera. Las conquistas democráticas son en primerísimo lugar nuestras, no de intelectuales vendidos, no de periodistas repetidores de la cochambre, no de políticos oportunistas y mesiánicos, no de organizaciones que supuestamente monopolizan la conciencia y la inconformidad sociales. No nos desprecie ni nos ningunee más, que de eso ya estamos hartos. Que el país esté secuestrado por una casta política voraz e inescrupulosa no nos hace cómplices sino víctimas. En los hechos, nadie ha estado a la altura de nosotros los ciudadanos, ni los políticos ni los partidos, ni los intelectuales ni los periodistas, ni las organizaciones sociales. Deje de mentir.

En suma, el libro de Aguayo es un auténtico galimatías. Como estudio científico no tiene nada, como ensayo le falta originalidad y estilo, como crónica de hechos le falta prosa y fluidez, y como panfleto pejista le falta enjundia e inteligencia. Por fortuna para él y para todos, este científico y activista social escribe pocos libros. En efecto, siempre será mejor compilar almanaques y bibliografías, cosa que hace muy bien, que pasear innecesariamente la estulticia.

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