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Confieso que cuando leí el título del libro más reciente de John Ackerman, El mito de la transición democráticaNuevas coordenadas para la transformación del régimen mexicano (México, Planeta, 2015), me sedujo de inmediato. Pensé entonces en las tesis de otros analistas que también han buscado desmitificar la supuesta transición mexicana, como Lorenzo Meyer en su libro Nuestra tragedia persistente. La democracia autoritaria en México, o Jo Tuckman en su México, democracia interrumpida, o incluso mi propia tentativa en El evangelio de la transición (autores y obras que por lo demás brillan por su ausencia en dicho trabajo). Más aún, el título de Ackerman es de esos que a más de un analista nos hubiera gustado emplear en alguno de nuestros libros sobre el tema. Sin embargo, a poco andar en la lectura del libro de Ackerman, el lector se percata sin remedio de que se trata de un nuevo panfleto —como si no hubiera suficientes— a favor de Andrés Manuel López Obrador, un pasquín sin análisis ni reflexión seria, un libelo propagandístico sin pies ni cabeza igual de frívolo, superficial y tendencioso que los análisis de otros autores que Ackerman deplora sin mencionar —en un signo de prudencia del autor que contrasta con el tono envalentonado de sus afirmaciones— por ser unos “viles manipuladores y serviles” del “Estado corrupto mexicano”. Es una lástima que el politólogo Ackerman no entienda que no se puede pretender desmitificar un mito desde otro mito, por más persuasivo que éste sea, pues el resultado no puede ser otro que un panegírico. En ese sentido, lo mejor hubiera sido que Ackerman titulara su libro como: “Manifiesto para derrocar al mal gobierno y colocar en su lugar al nuevo salvador de la patria”, así, al menos, el lector sabría a qué atenerse antes de desembolsar su lana para comprarlo (sobre todo los más desprotegidos que tanto azuza Ackerman, que tendrían que gastar tres días de salario mínimo para comer propaganda mesiánica).

Por momentos el libro de Ackerman me recuerda por su tono radical y encendido a algunos trabajos de viejos marxistas mexicanos en los años sesenta y setenta del siglo pasado que buscaban afanosamente develar los resortes autoritarios, nacionalistas y oligárquicos del Estado posrevolucionario, pero reconociéndole en todo momento, por paradójico que parezca, el mérito de haber enarbolado la etérea justicia social como uno de sus postulados fundacionales, aunque en la práctica ello no pasara de ser pura propaganda. Pienso, por ejemplo, en Adolfo Gilly, Pablo González Casanova, Arnaldo Córdova, Carlos Pereyra y, un poco antes, José Revueltas, entre muchos otros. Sin embargo, a diferencia de estos autores, en el libro de Ackerman no hay teoría (ni marxista ni de cualquier otra) ni análisis, sólo un recuento de hechos deshilvanados y frases incendiarias que le permiten al autor justificar la necesidad de un nuevo alzamiento popular en contra de los malosos, o sea: el “neoliberalismo autoritario del Estado mexicano corrupto, impopular y entreguista a los Estados Unidos” (sic). Al menos, los viejos marxistas habían leído apasionadamente a Marx, Lenin, Trotsky, Gramsci, Mao…, y los citaban con profusión para argumentar a favor de sus interpretaciones de la realidad y sus convicciones políticas. Pienso por ejemplo en el famoso libro de José Revueltas, Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, aplaudido por propios y extraños no tanto por su análisis demasiado tendencioso del comunismo en México sino por su dominio incuestionable del pensamiento marxista, un auténtico deleite para los que en esa época gustaban de los debates teóricos de izquierda. Lejos de ello, Ackerman aparece en su libro como un advenedizo del marxismo, alguien que se dice de izquierda pero que no conoce ni cita a sus padres y cultivadores intelectuales, alguien que sólo repite de oídas lo que otros le han contado, un marxista de ocasión, lo que lo convierte en un pseudocrítico del establishment igual de tendencioso y superficial que los que lo defienden a ultranza y que él dice criticar. En suma, quien se aproxime a las páginas del libro de Ackerman solo encontrará en ellas propaganda subversiva, un ejemplo fehaciente del pensamiento simple, del infantilismo de izquierda más ramplón y obtuso y que por lo visto se niega a morir: capitalista malo/proletario bueno; derecha mala/izquierda buena; gobierno malo/pueblo bueno… La verdad, se necesita mucho más que un manifiesto insustancial como éste para mover a las conciencias hacia un cambio de actitud a favor de una transformación del país en todos los órdenes, como pretende Ackerman, por más necesaria y trascendental que sea ésta en el actual momento nacional de excesos autoritarios, crisis política, desvaríos socioeconómicos y tumbos gubernamentales.

La ausencia de teoría y reflexión en el libro de Ackerman lo lleva a defender de principio a fin ideas francamente insustanciales, por superficiales e imprecisas. Por ello, para no extenderme demasiado, sólo concentraré mi crítica en dos o tres ideas centrales del autor. Comencemos con la tesis que da título al libro: el mito de la transición democrática. Según Ackerman, con el regreso del PRI al poder en el 2012 y la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia “se ha consolidado el sistema corrupto de autoritarismo neoliberal en el poder”, vigente desde la fundación del PRI. Por ello, más que transición a la democracia lo que tuvimos fue “la infiltración de la lógica priista en toda la oposición”, incluida la que llegó al poder en el 2000, o sea el PAN, y más recientemente el PRD al decidir sus dirigentes firmar con el PRI y el PAN las “contrarreformas entreguistas y antipopulares de Peña Nieto”. Por eso, prosigue Ackerman, el regreso del PRI al poder en el 2012 fue un “desenlace natural” de este proceso. Además, afirma el autor sin chistar —aunque no presente ninguna prueba de ello—, existió un pacto secreto entre Carlos Salinas de Gortari, el PRI, el PAN y Vicente Fox para perpetuar al régimen priista, incluso sin el PRI. Muestra de ello es que los respectivos gabinetes de los panistas Fox y Felipe Calderón estaban llenos de priistas, ergo el PRI y el PAN son iguales, o sea son el PRIAN (“PRIANRD”, si añadimos al PRD en la misma mafia, corrige más adelante el autor). La verdad no se si tenga caso siquiera criticar argumentos tan obtusos como estos. En fin…

Habría que destacar primero que si el PAN en el poder no satisfizo a nadie, pues, entre otras cosas, no estuvo a la altura del desafío que representaba la alternancia después de setenta años de dictadura priista y evadió encabezar la realización de un pacto nacional que definiera para el país un nuevo ordenamiento institucional democrático que hiciera tabla rasa del viejo régimen autoritario, o sea una nueva Constitución, no es razón suficiente para descalificar en automático la alternancia. En los hechos, la alternancia existió y no se puede invalidar por el hecho de que el partido que sustituyó al PRI en el poder fuera un partido de derecha y no uno de izquierda, como sugiere en algún lugar Ackerman, con más vísceras que sesos. Si acaso, se puede descalificar al PAN por, una vez en el poder, haberse acomodado convenientemente a la normatividad vigente de naturaleza autoritaria (naturaleza definida no tanto por el espíritu liberal y social de la Constitución del 17 sino por las más de 400 reformas que sufrió ésta durante setenta años para asegurar la reproducción en el poder de la clase gobernante) sin intentar transformarla un ápice, pero no a la alternancia en sí misma, que como tal marca un punto de inflexión incuestionable entre el viejo régimen priista y un nuevo régimen democrático in nuce. El problema está en que el PAN en el poder y los gobiernos emanados de ese partido no quisieron o no pudieron construir el nuevo régimen, auspiciando en su lugar la afirmación de un híbrido institucional y normativo a medio camino entre el autoritarismo y la democracia, un ordenamiento que hereda muchas de las lógicas autoritarias del viejo régimen, pues nunca se intentó derogarlas mediante una nueva Constitución, y prácticas electorales más competitivas y plurales que en alguna medida permiten la alternancia entre distintas fuerzas políticas, aunque ni siquiera los comicios en nuestro país han conquistado la credibilidad y la autenticidad mínimas como para considerarlos legítimos y correctos, cuestión esta última que habrá que concederle a Ackerman (…y a cincuenta millones de mexicanos que piensan lo mismo). Por otra parte, cuestionar al PAN en el poder, como lo hace el autor, por seguir las políticas “entreguistas” propias del neoliberalismo autoritario a favor de los intereses de una pequeña elite económica y política, según los criterios instrumentados desde los tiempos de Salinas de Gortari, es un despropósito, pues el PAN es un partido de derecha al que no se le puede pedir lo contrario sin traicionarse a sí mismo, pese a la doctrina social católica que profesó en sus orígenes remotos.

En suma, caracterizar el momento político que vive el país después de la alternancia del 2000 y del retorno del PRI al poder en el 2012 exige mucho más que intuiciones y ocurrencias, sobre todo si se emplean las categorías provenientes de la literatura sobre transiciones a la democracia, la cual el autor simplemente ignora o pasa por alto. Como he dicho en otras partes, se puede o no estar de acuerdo con dicha literatura especializada (yo en lo personal difiero en muchas cosas), pero si se van a emplear sus categorías con fines de análisis se debe hacer correctamente, o sea con rigor y objetividad, para evitar violencias interpretativas o caracterizaciones interesadas y a modo, como la que ensaya el propio Ackerman en su libro.

No es este el lugar para desarrollar una caracterización exhaustiva del caso mexicano con las exigencias que impone la teoría de las transiciones. Baste señalar que todos los que recurren a la misma concluyen que la alternancia del 2000 en México marcó el fin de la “transición democrática” y el inicio de la “instauración democrática”, o sea la etapa de destitución autoritaria y de discusión y aprobación de una nueva normatividad (generalmente una nueva Constitución) acorde con las exigencias y la necesidades de un nuevo ordenamiento de naturaleza democrática. Sin embargo, por muchas razones en las que no me detendré aquí, la instauración no prosperó, posponiéndose indefinidamente la construcción de una auténtica democracia e instalando al país, como ya dijimos, a medio camino entre el autoritarismo y la democracia. Prueba de ello es que ni las elecciones, que fueron el eje que definió los tiempos y el ritmo de la transición democrática en el país, o sea todas las reformas electorales desde 1977 al 2000, han conquistado la legitimidad y la autenticidad que exige cualquier democracia electoral. Obviamente, en este contexto de incertidumbres y dudas, de resabios autoritarios e impulsos democráticos que no logran despuntar, el regreso del PRI al poder no hace sino alimentar más dudas. Al respecto, todo parece indicar que al regresar el PRI al poder sin haberse instaurado una nueva normatividad claramente democrática, el país se aproxima más a una peligrosa regresión autoritaria que a la posibilidad de retomar el camino sinuoso y hasta ahora inconcluso de una instauración democrática.

En suma, por estos desenlaces, la teoría de las transiciones podría concederle a Ackerman que la transición ha sido un mito. Sin embargo, en honor a la precisión, lo que no se ha concretado en México no es la transición en sí misma sino la construcción de la democracia después de la alternancia. Más específicamente, lo que no prosperó en México a diferencia de todas las transiciones exitosas en el mundo fue el pacto entre todos los actores —tanto los del viejo régimen como los emergentes—, que diera lugar a una reforma integral de la Constitución, o sea a una nueva normatividad democrática en sustitución de la normatividad autoritaria precedente. En lugar de ello, es fácil inferir que el regreso del PRI al poder nos acerca más al autoritarismo que a la democracia, aunque en estricto sentido ello no sea un derrotero definitivo. Obviamente, en ese escenario, estaremos atestiguando no el mito de la transición, pues ésta sí existió, sino una “instauración democrática fallida”, o sea una instauración que al no concretarse coloca al país en la antesala de una regresión autoritaria o incluso de una restauración autoritaria, en caso de que volviéramos en unos cuantos años al esquema de partido hegemónico del siglo pasado.

Por otra parte, afirmar que con Peña Nieto “se ha consolidado el sistema corrupto de autoritarismo neoliberal en el poder”, es inexacto. En efecto, si algo caracteriza el presente mexicano es que nada está consolidado, mucho menos el actual régimen político, que experimenta una de las peores crisis de su historia, a juzgar por el débil apoyo que conserva el actual titular del ejecutivo y el repudio que concita el gobierno en su conjunto por sus muchas inconsistencias y excesos. Si algún día el así llamado por Ackerman “régimen autoritario neoliberal” se consolidó en México, fue precisamente durante el gobierno de Salinas de Gortari, que a pesar de impulsar políticas claramente neoliberales y excluyentes para las mayorías llegó a tener una gran legitimidad y respaldo popular, al menos hasta la irrupción del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) en el escenario nacional y el tristemente célebre “error de diciembre”. Ackerman debería saber que hablar de “consolidación” supone para un gobierno o un régimen o un líder apoyo popular (legitimidad) y estabilidad por más impopulares y arbitrarias que sean sus políticas económicas y sociales, o por más autoritario que sea en los hechos, pero eso es mucho pedir a un analista de ocurrencias.

Finalmente, decir que más que transición a la democracia lo que tuvimos fue “la infiltración de la lógica priista en toda la oposición” también es incorrecto, pues el PRI se sostuvo durante décadas con oposiciones leales y sistémicas, y sólo empezó a modificar sus patrones de competencia cuando una parte de la oposición pasó a ser desleal y antisistémica. Que en los hechos la mayoría de los partidos haya optado en los tiempos recientes por abandonar sus propias estrategias y convicciones ideológicas particulares para reproducir en su lugar patrones similares a los del PRI, se debe más al pragmatismo de los partidos obligados a sobrevivir en condiciones de competencia imperfecta e inequitativa que a un proceso de mimetismo orquestado deliberadamente por el PRI. Lo que sí es cierto es que en ausencia de una reforma integral a la Constitución en clave democrática pareciera que los rasgos autoritarios del pasado se recondujeron por todos los vasos linfáticos del nuevo régimen, en perjuicio de los impulsos democráticos renovadores de la era de la alternancia.

Otros argumentos esgrimidos por Ackerman en favor de su tesis sobre el mito de la transición son los siguientes: el retorno del PRI al poder fue un “resultado natural” dada la ausencia de una verdadera transición; hoy las “contrarreformas estructurales, la corrupción, la violencia, la represión, los crímenes de Estado han ratificado el carácter fantasioso de la supuesta transición”; en lugar de democratización el poder se ha “concentrado en una elite reducida”; como mito, “la transición desmoviliza a la sociedad y cancela la posibilidad de imaginar una transformación real del país”; hoy “nadie puede comprobar que los ciudadanos tienen más poder que antes de la transición”, ergo no hay transición; los poderes fácticos y las instituciones electorales siguen obstaculizando la llegada al poder de un “verdadero” candidato de oposición.

La tentación de reaccionar a cada una de estas afirmaciones tan hueras como imprecisas es muy fuerte, pero me limitaré a unos cuantos cuestionamientos breves. Ackerman no se puede colocar del lado de los ciudadanos como pretende si no es capaz de concederles algún protagonismo, más allá de azuzarlos a la rebelión. Me explico. Si el retorno del PRI era inevitable, entonces, en la lógica de Ackerman, los ciudadanos no tuvieron nada que ver en ello, ni siquiera los millones de votantes que expresaron en las urnas su malestar hacia el PAN por los dos sexenios de pesadilla que este partido nos obsequió. La pregunta aquí no es si estaba escrito o no el retorno del PRI al poder por la vía de las elecciones, con todo y sus imperfecciones e inconsistencias, sino de qué tamaño habrá sido el malestar hacia el PAN (y las desconfianzas hacia el candidato del PRD, López Obrador) que la inmensa mayoría de los mexicanos prefirió reposicionar al PRI en el poder pese a haberlo mandado a retiro 12 años antes, cansados todos de tanta corrupción y demagogia.

Que hoy el gobierno de Peña Nieto sea un fracaso en todos los órdenes y una gran desilusión para muchos no tiene que ver necesariamente con la ausencia de transición, como sostiene Ackerman, sino principalmente con la incompetencia del personaje y de su gobierno. No hay que olvidar que ningún gobierno desea para sí una espiral de descalificaciones que amenace su continuidad o lo conduzca a endurecimientos riesgosos con tal de perpetuarse en el poder. Estos desenlaces no forman parte de un guión preestablecido de ningún gobierno supuestamente legítimo para exhibir deliberadamente su verdadero rostro autoritario oculto por las simulaciones del poder. Lejos de ello, sólo constituye un despropósito de un gobernante que, como Peña Nieto, ha sido incapaz de jugar siquiera el viejo juego de las apariencias democráticas y progresistas que de manera tan conveniente practicaron todos los gobernantes priistas que lo antecedieron en el trono.

La concentración del poder en México ha sido antes y después de la alternancia del 2000 igual de excesiva, o sea que no tiene nada que ver con la ausencia o no de transición sino con los privilegios de los que han gozado las elites económicas que monopolizan la riqueza desde hace siglos, favorecidos por el Estado y en detrimento de las mayorías.

Para fines prácticos o políticos quizá es mejor hablar de un discurso dominante sobre la transición, articulado por muchos intelectuales y comentaristas mediáticos por convenir a sus interés y gozar así de ciertos privilegios, que de un “mito de la transición”, pues no basta con desmitificar una idea dominante para conquistar adeptos a una causa sino que es necesario dar la batalla en el terreno teórico, desnudando las inconsistencias de los discursos dominantes y construyendo una interpretación alternativa bien argumentada y fundamentada como para persuadir a los interesados.

Es indudable que existen todavía en México muchos déficit en materia de derechos humanos y garantías individuales y muchos abusos de autoridad como para afirmar que ya hemos alcanzado en el país los requisitos mínimos de un auténtico Estado de derecho, como vociferan las autoridades. Sin embargo, tampoco considero que se puedan descalificar a ultranza los pocos pero no por ello irrelevantes avances alcanzados en la materia, pese a los muchos obstáculos e inercias autoritarias que aún persisten en todos los órdenes. Pongo un ejemplo concreto. Hace cincuenta años José Revueltas fue encarcelado con lujo de violencia por escribir libros contra el régimen publicados en pequeñas editoriales clandestinas, hoy Ackerman puede escribir libros contra el régimen, publicados por emporios editoriales trasnacionales, y nadie lo va a encarcelar por ello. Es más, hasta será reconocido por su trabajo, como ocurrió con el Premio Nacional de Periodismo, otorgado por sus artículos en Proceso, una publicación que ha subsistido pese a sus ácidas críticas a todos y a todo, pese a incurrir en los mismos excesos que crítica, como el haber censurado y despedido arbitraria e injustificadamente de sus páginas a la reconocida periodista Sanjuana Martínez. ¡Qué lejos está Proceso de lo que fue con Julio Scherer!, hoy sólo queda un panfleto amarillista igual de corrupto y tendencioso que todo lo que toca. Ciertamente, en México se sigue censurando en los medios sometidos al Estado a las voces críticas e incomodas, pero que también lo hagan los medios supuestamente progresistas e independientes como Proceso ya es una locura. Obviamente, Ackerman no entra en la lista negra, pues sus artículos suelen moverse dentro de lo políticamente correcto. Ejemplo de ello son algunas afirmaciones de Ackerman en el libro que comentamos aquí sobre lo que él llama “comentaristas mediáticos manipuladores”. Al respecto, Ackerman es implacable: “la mayor parte de los analistas toman el camino fácil de esconderse detrás del silencio cómplice, las buenas maneras y la neutralidad conformista, son hipócritas y se agachan frente a los intereses de la oligarquía y participan plenamente del autoritarismo mediático”. Esto suena muy bien y yo mismo lo firmaría sin chistar. El problema es que Ackerman avienta la granada a ver a quién le cae, pero se cuida de no decir nombres, pues sabe que a la postre una osadía de ese tamaño lo condenaría al ostracismo y el olvido, dado el enorme poder e influencia que tienen las mafias mediáticas e intelectuales en el país. ¿Cobardía? No, simple oportunismo, algo que, al igual que el servilismo o el silencio que critica, también empaña la credibilidad de los intelectuales y opinadores mediáticos.

No cabe duda que junto a los intelectuales vendidos del sistema, o sea los intelectuales mediáticos que vemos todos los días repitiendo las mismas sandeces, que utilizan todo tipo de argucias para legitimar y edulcorar los excesos y los abusos del poder (tipo Leo Zuckermann, Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles y cientos más) existe otra categoría de intelectuales que puede ser igual o más rentable económica y mediáticamente que la de los intelectuales orgánicos. Me refiero a los intelectuales pseudocríticos del régimen, que supuestamente se colocan del lado de las grandes causas sociales, y se conciben como los auténticos exhibidores y denunciantes de la podredumbre del sistema, y como los paladines de la justicia. Obviamente, desde el momento que estos intelectuales asumen esta posición de manera interesada, ya sea para preparar o apuntalar el ascenso de un líder o un partido de oposición con los que simpatizan, o simplemente para ganarse un espacio en algunos medios explotando con más habilidad que convencimiento en sus artículos y alocuciones todo lo que a la mayoría de la gente le molesta e indigna, se trata de intelectuales igual de oportunistas y mercenarios que los otros. En otras palabras, la crítica y la incorrección política se han vuelto rentables para algunos intelectuales, pues gracias a ellas éstos se presentan ante la sociedad como irreverentes con los poderosos y sensibles a las causas ciudadanas, con lo que se ganan las simpatías de quienes los ven y escuchan. Pero cuando la crítica política no va acompañada de congruencia e independencia se vuelve una mera mercancía para atraer incautos. Por eso, se trata de intelectuales pseudocríticos o de fachada, pues su presunta incorrección política es sólo un afeite, y su supuesta afinidad con los ciudadanos en realidad encubre un profundo desprecio hacia los mismos, al querer imponerles sus propias verdades. Cabe señalar que en México, sólo un puñado de intelectuales le da valor a la congruencia y la independencia intelectual. Obviamente, entre ellos no está Ackerman. Nada que ver con las decenas de periodistas asesinados en México desde hace varios años, verdaderos críticos de la corrupción y la podredumbre de los gobernantes y la delincuencia organizada, víctimas de la cerrazón autoritaria del régimen, por más que Ackerman los exalte en su libro y pretenda ponerse de su lado.

Es más, quizá el propio Ackerman constituye hoy, junto con intelectuales como Denise Dresser y Sergio Aguayo, entre otros muchos, el mejor prototipo en México para ensayar una tipología de los intelectuales pseudocríticos. Veamos. Un pseudocrítico es un intelectual que: 1) critica todo lo que sea rentable criticar, que no es otra cosa que lo que muchas personas indignadas quisieran escuchar, pero más para ganar seguidores y alimentar su estatus de crítico que por convicción; 2) es dócil con los medios en los que participa y no cuestiona la calidad moral de los mismos, para seguir figurando en ellos; 3) se codea con los mandarines de la cultura y los medios pero no polemiza con ellos, para seguir mereciendo su interlocución; 4) publica en cuanta revista o diario se le ocurra, sin importar su calidad moral, congruencia o trayectoria; 5) en momentos cruciales, rehuye confrontarse con sus colegas para no arriesgar su propia promoción; 6) asiste a todas las invitaciones muy lucrativas que le hacen los mismos partidos y políticos que suele criticar y figura como “asesor” en todas las dependencias públicas posibles, cobrando cuantiosos honorarios; 7) utiliza las redes sociales para promover su obra y alimentar su avatar más que para debatir seriamente con sus seguidores; 8) al igual que los intelectuales del sistema, el pseudocrítico se dice independiente, pero en realidad apoya abierta o soterradamente a ciertos políticos y partidos con los que simpatiza o para los que de plano trabaja; 9) es políticamente correcto con líderes de opinión con rating, sin importar cuán corruptos o embusteros sean; y 10) entra al juego de los elogios mutuos con sus pares más influyentes, pero nunca debate con sus críticos, a los cuales simplemente ignora.

En suma, aunque dicen moverse en diferentes pistas, de los Ackerman a los Zuckermann sólo hay un paso. De hecho, son más las cosas que emparentan a ambos tipos de intelectuales que lo que los separa; a saber: 1) son cínicos, pues navegan con la bandera de intelectuales independientes, pero en realidad mantienen compromisos ya sea con un gobierno, un gobernante, un partido, un gobernador, un líder político, etcétera; 2) son mediáticos y tienen en los medios en los que trabajan su principal fuente de ingresos, por lo que mantienen compromisos de lealtad con los mismos y de prudencia de acuerdo a los intereses de los dueños de dichos medios; 3) siguen las reglas de la corrección política, pues entre ellos no se ven ni se tocan, o sea evitan cualquier tipo de confrontación o debate, a no ser que estén preparados con antelación; 4) suavizan o endurecen el tono de sus afirmaciones o críticas de acuerdo a las circunstancias, pues verse siempre demasiado condescendientes o intransigentes puede restarles credibilidad; 5) suelen percibir ingresos muy rentables como asesores o consultores de diversas dependencias públicas, actividad que para ellos es sólo —lo cual es ridículo desde cualquier punto de vista— un trabajo profesional que no interfiere con sus convicciones políticas ni con el ejercicio de su libertad de expresión; 6) esconden un profundo desprecio por la sociedad, pues creen que ésta es fácilmente manipulable y que pueden engañarla, ya sea endilgándole las mentiras oficiales o guardando silencios cómplices o desviando su atención hacia temas irrelevantes o de plano engatusándola hacia los fines o propósitos que ellos persiguen; 7) suelen dominar la escena intelectual del país, pero no porque hayan realizado grandes contribuciones científicas o humanísticas ni escrito grandes libros o ensayos, sino solo porque fueron hábiles para ascender en el “trepadero” nacional, o sea, fueron lambiscones, agachados y prudentes con las mafias intelectuales; 8) suelen tener un pie en la academia, ámbito en el que son percibidos con desdén, como oportunistas y arribistas, como académicos mediocres sin estatura moral e intelectual, aunque ellos gustan de exhibir en público sus credenciales académicas a la menor provocación; 9) debido a su fama mediática creen merecer honorarios muy altos cuando se les contrata para impartir conferencias, sin darse cuenta que entre más altos sean éstos más bajo es el nivel cultural de sus audiencias, que sólo consumen lo que ven y oyen en los medios, aunque sea pura chatarra; y 10) el quehacer intelectual es para ellos sólo un medio para ascender en sus posiciones y estatus, o sea que sus supuestas causas sociales y políticas son francamente irrelevantes o secundarias por más que se presenten como sus principales portavoces.

Muy lejos está pues Ackerman del prototipo de intelectual independiente y congruente que, para entendernos, resumo a continuación, inspirado en intelectuales como Gabriel Zaid y Lorenzo Meyer. Un intelectual independiente es aquel que: 1) no sucumbe ante las tentaciones del poder ni se deja seducir por los poderosos; 2) no vende su pluma a los gobernantes ni a los partidos, ni cobra como asesor en el sector público; 3) crítica la acción o el discurso de los gobernantes sin estar apoyando directa o indirectamente a otros grupos o líderes políticos; 4) hace política pero desde una tribuna que no es la del partido o el parlamento; 5) sólo se compromete con la verdad pública, donde quiera que ésta se encuentre; 6) sabe que la crítica al poder de los gobernantes sólo es creíble desde la autonomía y la libertad; 7) sabe que su poder radica en las ideas y que trabajar para el poder es sacrificar su libertad; 8) no trabaja en medios vendidos al sistema y que limitan la libertad de expresión de sus colaboradores; 9) prefiere trabajar en los márgenes antes que tolerar que sus opiniones sean censuradas en medios influyentes, pero timoratos y oportunistas; 10) es políticamente incorrecto y combate sin ambages a las mafias intelectuales y mediáticas. Obviamente, lo contrario vale para los intelectuales orgánicos del régimen.

Pero volviendo a la prudencia que exhibe Ackerman al criticar a los “intelectuales vendidos” sin mencionarlos, esta actitud se entiende mejor cuando vemos en su libro los muchos elogios que prohíja a sus santos redentores, como Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis. ¿Acaso Ackerman no conoce el triste y vergonzoso papel que cumplieron estos dos “intelectuales de izquierda” para apuntalar al régimen autoritario en tiempos de Echeverría, cuando éste era fuertemente cuestionado por sus propensiones represoras? Lo cual nos lleva a una segunda interrogante: ¿Acaso la batalla de Ackerman contra el autoritarismo mexicano tiene algunas excepciones? Todo indica que sí. De hecho, además de elogiar a intelectuales oportunistas como Fuentes y Monsiváis, Ackerman rinde culto a Lázaro Cárdenas por su gesta nacionalizadora y sus políticas socialistas, algo que sería imperdonable no hacer entre intelectuales y activistas de izquierda, aunque ello los lleve a minimizar o de plano eclipsar otras “contribuciones” del general que nos han metido en muchos entuertos, como el haber adoptado para México un régimen totalitario que es la síntesis perfecta del régimen estalinista y el régimen fascista italiano, y que tanto admiraba Cárdenas. ¿Acaso el general no tuvo otros referentes menos totalitarios, como algunas democracias europeas o incluso la de su vecino del norte, a la hora de edificar el sistema político mexicano? Quizá nos hubiéramos ahorrado muchos problemas, pero sobre todo mucha tinta de quienes se dicen críticos del autoritarismo pero con excepciones.

Para no extenderme más, quisiera referirme por último a una serie de afirmaciones de Ackerman demasiado optimistas pero poco realistas sobre el destino de la patria y a otras ideas sueltas igualmente inverosímiles. Según Ackerman, México juega un papel similar al de España durante la Guerra Civil, pues al igual que la derrota de la república española condujo a una nueva ola fascista en el mundo, la derrota de la democracia en México puede apuntalar el neoliberalismo autoritario global y el fascismo internacional. En caso contrario, si los mexicanos se movilizan para impulsar las transformaciones que el país requiere, obviamente de la mano de un líder popular genuino y legítimo (¿quién será?), México se habrá convertido en la vanguardia mundial del cambio popular y genuinamente democrático, igual que lo fue con la Revolución mexicana, la Constitución del 17, la expropiación petrolera de Cárdenas o la irrupción de los zapatistas en el escenario nacional. Está bien pensar en grande, pero no podríamos primero limpiar un poco la casa antes de aspirar a limpiar todo el barrio. No es con promesas de humo como avanzan las revoluciones. Además, seguir pensando el enfrentamiento contra el “autoritarismo neoliberal e imperialista” en términos de una lucha de hegemonías, una dominante y otras popular contestaría de izquierda, es una violencia interpretativa que no refleja la creciente complejidad de las sociedades actuales. Hoy lo que tenemos en todas partes son sociedades heterogéneas, diversas, plurales… cuyos integrantes no pueden ser homologados en sus intereses y fines, como aspiran los redentores altermundistas. Hoy las verdaderas revueltas son ciudadanas y se dan todos los días en los espacios públicos, y pasan por reconocer la radical diferencia de los individuos y la propia indeterminación de la democracia. Lo contrario sería permanecer en las fronteras del pensamiento único, de las verdades impuestas, o sea del totalitarismo, aunque esté disfrazado de progresismo o mesianismo. Pero esto es algo simplemente inaceptable para los activistas de izquierda, propensos siempre a convertirse en la “vanguardia del proletariado”, o de los “más desposeídos y desprotegidos”, para usar una expresión del propio Ackerman.

Pero la perspectiva redentora y mesiánica de Ackerman no podía ser otra desde el momento que coloca como ejemplos mundiales de lucha contra los embates del autoritarismo neoliberal y el imperialismo yanqui a los gobiernos “populares y progresistas” de Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador, Brasil… La pregunta aquí es inevitable: ¿acaso Ackerman no se ha dado cuenta que dichos gobiernos no son ejemplo de nada para el mundo, que se están cayendo a pedazos, víctimas de la corrupción y la voracidad de sus gobernantes, gobiernos que tienen sumidas a sus naciones en condiciones económicas oprobiosas, sin mencionar que se han convertido muchos de ellos en auténticas tiranías represoras y personalistas? ¿Acaso Ackerman no se ha dado cuenta que es precisamente por tiranos populistas como Hugo Chávez, Rafael Correa o Evo Morales que muchos mexicanos le tienen pavor a López Obrador, por un simple ejercicio de contrastación? Es indudable que el análisis de Ackerman requiere más seriedad y mejores argumentos si aspira a ser persuasivo, incluso a la hora de apuntalar las virtudes de su gran tlatoani.

Muchas cosas se me quedan en el tintero, como la propensión de Ackerman a demonizar al neoliberalismo y culparlo de todos nuestros males recurriendo solo a descalificaciones viscerales; o su defensa airada de la Constitución del 17 por sus contenidos sociales, sin advertir, aunque sea someramente, sus muchas inconsistencias, contradicciones y ambigüedades; sus elogios desmedidos a supuestos movimientos sociales que en lo los hechos han sido francamente retrógrados en sus demandas; su confianza no fundamentada en la “tendencia libertaria y rebelde” del pueblo mexicano; sus elogios desproporcionados a la izquierda y sus causas en contraste con una derecha que “ha perdido la brújula”, entre muchos otros temas que ni siquiera vale la pena comentar.

Al final de su libro Ackerman invita a los mexicanos a luchar por una democracia verdadera y apoyar a una oposición verdadera y a un líder verdadero. Obviamente, se refiere a una democracia con justicia social, a un movimiento popular y participativo como el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y a un líder nacionalista como López Obrador… Si esta es la brillante conclusión de Ackerman, me parece que la podía escribir en la primera página y saber a que atenernos sus lectores desde el principio. Lamentablemente, por libelos como este, independientemente de sus posiciones ideológicas, los analistas políticos en México están tan desacreditados que nadie los lee. Mejor así, pues casi todos estilan lugares comunes, descripciones superficiales y afirmaciones tendenciosas.

Hasta ahora he mantenido una buena relación con Ackerman. Espero que después de que lea la presente reseña, en caso de que lo haga, las cosas no cambien entre nosotros. La persona, o sea John, merece todo mi respeto, pero las ideas están para ser criticadas. Pecata minuta.

LETRA_~11. Introducción

Nada hay más intangible e insustancial que los discursos políticos, más aún si son parte de una campaña electoral, o sea cuando están confeccionados deliberadamente para persuadir a los ciudadanos de las bondades de votar por un determinado partido o candidato, para lo cual los políticos suelen contratar los servicios profesionales de una nueva clase de mercaderes de la política, mejor conocidos como “consejeros”, “asesores” o “consultores”, auténticos charlatanes y oportunistas que diseñan campañas y fabrican la imagen pública de los candidatos con supuestas bases científicas emanadas de la comunicación de masas y el marketing político, y que le añaden la palabra “estrategia” a todo lo que proponen.[1] Por esta vía la política profesional termina siendo una mera técnica de persuasión muy distante de los objetivos superiores con los que llegó a asociarse alguna vez, como el arte de gobernar, la resolución de conflictos, la búsqueda del bien común, la defensa de la dignidad humana, la representación de intereses colectivos, etcétera.

Pero si el discurso político en las democracias modernas se ha vuelto algo tan superficial y vacuo, pretender analizarlo y calificarlo con supuestas bases científicas se vuelve, en mi opinión, un ejercicio tan insustancial como el propio objeto que examina. Francamente, no veo por ningún lado la utilidad de calificar las características finas de un discurso político, como su consistencia, su coherencia, su lógica argumentativa, su tono emocional, etcétera, ni de compararlos con otros discursos para ver cuál fue mejor y cuál peor, como si con ello se pudiera modificar la percepción que en su momento tuvo la sociedad sobre tal o cual discurso o sobre los políticos que los presentaron. En la actualidad, las sociedades suelen ser muy críticas y escépticas, y difícilmente se dejan engañar o seducir por el dicho de sus políticos. De ahí que la calificación rigurosa de los discursos políticos en campaña termina siendo una sofisticación para especialistas y curiosos, con escasa relevancia o impacto social.

No es casual que en cada nación del mundo la historia sólo registra un puñado de discursos políticos realmente memorables y que han pasado a la posteridad en el mar de palabras que se lleva el viento. Ahí quedan, por ejemplo, “Los sentimientos de la nación” de un Morelos o el discurso de Benito Juárez ante el Congreso para motivar la promulgación de las Leyes de Reforma, o el discurso del general Cárdenas para expropiar el petróleo o, más recientemente, el VI Informe de López Portillo donde planteaba la estatización de la Banca, o el apasionado discurso de Colosio en aquel funesto marzo: “veo un México…”, o el no menos recordado discurso en tribuna de Muñoz Ledo en respuesta al Primer Informe de Zedillo. A estos discursos habrá que sumar otros cinco o seis igualmente memorables y párele de contar. La verdad es que son muy pocos para una historia de tantos siglos y tantas gestas. Digamos pues, que los buenos discursos, los que serán recordados y transmitidos de generación en generación, no se dan en maseta, y que son los pueblos y nadie más los que los colocan en ese sitial de honor y gloria.

En virtud de lo anterior, en lugar de un análisis cuantitativista para evaluar y calificar los discursos de campaña en el proceso electoral federal de 2012, o sea un análisis del discurso basado en alguno de los muchos modelos que la literatura especializada ha generado para ello, me propongo en este artículo desarrollar un análisis sobre la consistencia y viabilidad de dichos discursos en contraste con el país que bocetan para el porvenir. Más específicamente, propongo un análisis del discurso político basado en tres interrogantes: a) ¿qué nos dicen los discursos de campaña sobre el futuro del país?, b) ¿qué tanto se corresponden los discursos de campaña sobre el futuro del país con los deseos y percepciones de la sociedad en general?, y c) ¿cuál es el grado de veracidad y la viabilidad real de dicha idea de futuro bocetado en el discurso? Mi tesis al respecto es que los discursos de campaña con los que nos bombardearon los candidatos a la presidencia de la República durante el proceso electoral de 2012 ni siquiera califican para un análisis serio de este tipo, pues la inmensa mayoría de ellos careció del más elemental principio de realidad, abusó de una retórica simplificadora y épica, exhibió una ignorancia apabullante sobre la problemática nacional y apeló más a sentimientos que a hechos duros y concretos, en una lógica implícita de subestimación de las capacidades de discernimiento de los electores.

Me queda claro que un análisis de este tipo ofrece muchas posibilidades para la reflexión, dependiendo de su profundidad y alcance. Lo ideal sería aplicarlo a todos los candidatos y a todos sus discursos de campaña, para establecer comparaciones sobre el grado de viabilidad de los mismos. Proceder así nos permitiría incluso establecer correlaciones significativas entre preferencias electorales y viabilidad de los discursos, o sobre las percepciones sociales de los problemas que aquejan a la sociedad y el país que anhelan y la capacidad de los discursos de reflejarlos con alguna fidelidad. Sin embargo, un análisis de este tipo rebasa por mucho las posibilidades de tiempo y espacio de este ensayo. En virtud de ello, me concentraré en el discurso político del candidato que a la postre se llevó el triunfo electoral, el candidato del PRI-PVEM (Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México), Enrique Peña Nieto. La razón es obvia. Sólo uno de los proyectos de futuro de los esbozados por los candidatos presidenciales en sus discursos de campaña, podrá ensayarse en el fututo inmediato, siempre y cuando así lo disponga el candidato ganador, y los demás quedarán en el olvido. Mejor concentrarse pues, en un discurso al que se le puede dar seguimiento durante los próximos seis años que en los discursos que se quedaron en la orilla.

Para tal efecto, debemos aceptar en principio que a un discurso de campaña no se le puede pedir más de lo que es: una propuesta retórica para el futuro, deliberadamente persuasiva, emotiva y estentórea, que busca concitar apoyos en forma de votos. Perder de vista esto nos puede llevar a conclusiones innecesariamente rígidas o categóricas, y en consecuencia improcedentes. Sin embargo, eso no significa que debamos concebir per se a un discurso de campaña como algo ilusorio e insustancial, que no compromete u obliga en alguna medida a quien lo prohíja. Lejos de ello, la democracia entraña compromisos y responsabilidades para los representantes políticos de una comunidad, empezando por darle contenido y cause a las promesas de campaña, gracias a las cuales un candidato logra conquistar el poder político. No por casualidad, la ciencia política ha elaborado recientemente un modelo de “calidad de la democracia”, en el que uno de sus componentes es precisamente lo que sus creadores intelectuales denominan “responsiveness” (reciprocidad, en una traducción propia), o sea el grado en que los políticos se responsabilizan con sus acciones de darle cause a sus promesas de campaña; es decir, según esta concepción, una democracia será mejor si los representantes políticos honran su palabra con hechos.

2. Una premisa teórica

Desde su constitución como una disciplina con pretensiones científicas, es decir empírica, demostrativa y rigurosa en el plano metodológico y conceptual, la ciencia política ha estado obsesionada en ofrecer una definición empírica de la democracia, o sea una definición no contaminada por ningún tipo de prejuicio valorativo o prescriptivo; una definición objetiva y lo suficientemente precisa como para estudiar científicamente cualquier régimen que se presuma como democrático y establecer comparaciones bien conducidas de diferentes democracias.[2]

El interés en el tema se ha movido entre distintos tópicos: estudios comparados para medir cuáles democracias son en los hechos más democráticas según indicadores preestablecidos; las transiciones a las democracias o democratizaciones; las crisis de las democracias, el cálculo del consenso, la agregación de intereses, la representación política, etcétera. Sin embargo, la definición empírica de democracia avanzada por la ciencia política, parece haberse topado finalmente con una piedra que le impide ir más lejos. En efecto, a juzgar por el debate que desde hace una década se ha venido ventilando en el seno de la ciencia política en torno a la así llamada “calidad de la democracia”, se ha puesto en cuestión la pertinencia de la definición empírica de democracia largamente dominante si de lo que se trata es de evaluar qué tan “buenas” son las democracias realmente existentes o si tienen o no calidad.[3]

El tema de la calidad de la democracia surge de la necesidad de introducir criterios más pertinentes y realistas para examinar a las democracias contemporáneas, la mayoría de ellas (sobre todo las de América Latina, Europa del Este, África y Asia) muy por debajo de los estándares mínimos de calidad deseables. Por la vía de los hechos, el concepto precedente de “consolidación democrática”, con el que se pretendían establecer parámetros precisos para que una democracia recién instaurada pudiera considerarse firmemente institucionalizada y legitimada, terminó siendo insustancial, pues fueron muy pocas las transiciones que durante la “tercera ola” de democratizaciones, para decirlo en palabras de Huntington (1991), pudieron efectivamente consolidarse. Por el contrario, la mayoría de las democracias recién instauradas si bien han podido perdurar lo han hecho en condiciones francamente delicadas y han sido institucionalmente muy frágiles. De ahí que si la constante empírica ha sido más la mera persistencia que la consolidación de las democracias instauradas durante los últimos treinta años, se volvía necesario introducir un conjunto de criterios más pertinentes para dar cuenta de manera rigurosa de las insuficiencias y los innumerables problemas que en la realidad experimentan la mayoría de las democracias en el mundo.

En principio, la noción de “calidad de la democracia” vino a colmar este vacío y hasta ahora sus promotores intelectuales han aportado criterios muy útiles y sugerentes para la investigación empírica. Sin embargo, conforme este enfoque ganaba adeptos entre los politólogos, la ciencia política empírica fue entrando casi imperceptiblemente en un terreno movedizo que hacía tambalear muchos de los presupuestos que trabajosamente había construido desde su constitución en los años cuarenta del siglo pasado en Estados Unidos y que le daban identidad y sentido. Baste señalar que el concepto de calidad de la democracia adopta criterios indiscutiblemente normativos e ideales para evaluar a las democracias existentes, con lo que se trastoca el imperativo de prescindir de conceptos cuya carga valorativa pudiera entorpecer el estudio objetivo de la realidad. Así, por ejemplo, los introductores de este concepto a la jerga de la politología —académicos muy reconocidos, como Morlino, O’Donnell, Schmitter, entre muchos otros—, plantean como criterios para evaluar qué tan buena es una democracia establecer si en los hechos dicha democracia se aproxima a (o se aleja de) los ideales de libertad e igualdad inherentes a la propia democracia, o si los políticos actúan en apego a la ley, rinden periódicamente cuentas de sus acciones y hacen valer con hechos su palabra.

Como se puede observar, al proceder así la ciencia política ha dejado entrar por la ventana aquello que celosamente intentó expulsar desde su constitución; es decir, elementos abiertamente normativos y prescriptivos. Pero más allá de ponderar lo que esta contradicción supone para la ciencia política, en términos de su congruencia, pertinencia e incluso vigencia,[4] el asunto muestra con toda claridad la imposibilidad de evaluar a las democracias realmente existentes si no es adoptando criterios de deber ser que la politología siempre miró con desdén. Dicho de otra manera, lo que el debate sobre la calidad de la democracia revela es que hoy no se puede decir nada interesante y sugerente sobre la realidad de las democracias si no es recurriendo a una definición ideal o normativa de la democracia que oriente nuestras búsquedas e interrogantes sobre el fenómeno democrático.

Tiene mucho sentido para las politólogos que han incursionado en el tema de la calidad de la democracia partir de una nueva definición de democracia, distinta a la que ha prevalecido durante décadas en el seno de la disciplina, más preocupada en los procedimientos electorales que aseguran la circulación de las elites políticas que en aspectos relativos a la afirmación de los ciudadanos en todos sus derechos y obligaciones, y no sólo en lo tocante al sufragio. Así lo entendió hace tiempo Philippe C. Schmitter, quien explícitamente se propuso en un ensayo muy citado ofrecer una definición alternativa: “la democracia es un régimen o sistema de gobierno en el que las acciones de los gobernantes son vigiladas por los ciudadanos que actúan indirectamente a través de la competencia y la cooperación de sus representantes” (Schmitter y Karl, 1993).

Con esta definición se abría la puerta a la idea de democracia que hoy comparten muchos politólogos que se han propuesto medir qué tan buenas (o malas) son las democracias realmente existentes. La premisa fuerte de todos estos autores es considerar a la democracia desde el punto de vista del ciudadano; es decir, todos ellos se preguntan qué tanto una democracia respeta, promueve y asegura los derechos del ciudadano en relación con sus gobernantes. Así, entre más una democracia posibilita que los ciudadanos, además de elegir a sus representantes, puedan sancionarlos, vigilarlos, controlarlos y exigirles que tomen decisiones acordes a sus necesidades y demandas, dicha democracia será de mayor calidad, y viceversa. En esa dirección contribuyó sobremanera el concepto de “democracia delegativa” acuñado por el politólogo argentino Guillermo O’Donnell en 1994. Según esta concepción, existen varias democracias en el mundo, como las de América Latina, en las que los ciudadanos carecen de toda posibilidad normativamente establecida para influir en los asuntos públicos más allá de poder elegir a sus representantes periódicamente. Por muchas razones, en estas democracias no maduró una serie de preceptos jurídicos que aseguraran que los ciudadanos fueran siempre el origen y el fin de todas las decisiones políticas que les competen. Más allá de reglas e instituciones electorales, cuestiones como el gobierno de la ley, la rendición de cuentas o la responsabilidad de los políticos ante los ciudadanos han sido intermitentes o francamente inexistentes. De ahí que se trate de democracias delegativas, pues una vez que los ciudadanos eligen a sus representantes, les delegan la función de gobernar por un tiempo determinado, durante el cual no podrán incidir de ninguna manera por carecer de las vías institucionales o jurídicas para hacerlo; es decir, no tienen la oportunidad de verificar y evaluar la labor de sus gobernantes una vez electos.

Llegados a este punto, sólo había que juntar los elementos dispersos para dar lugar a una noción de democracia pertinente para los efectos de medir su mayor o menor calidad en casos concretos. La síntesis y la propuesta más acabada elaborada hasta ahora se debe al politólogo italiano Leonardo Morlino (2003), quien con gran atingencia resume en cinco puntos los criterios para medir una democracia de calidad: a) gobierno de la ley (rule of law); b) rendición de cuentas (accountability); c) reciprocidad (responsiveness); d) qué tanto la democracia en cuestión se aproxima al ideal de libertad inherente a la democracia (respeto pleno de los derechos que se extienden al logro de un abanico cada vez mayor de libertades); y e) qué tanto la democracia en cuestión se aproxima al ideal de igualdad inherente a la democracia (implementación progresiva de mayor igualdad política, social y económica). Así, prosigue el autor, “una democracia de calidad o buena es aquella que presenta una estructura institucional estable que hace posible la libertad e igualdad de los ciudadanos mediante el funcionamiento legítimo y correcto de sus instituciones y mecanismos”.

A primera vista, la noción de democracia de calidad aportada por estos autores resulta muy sugerente para el análisis de las democracias modernas, a condición de considerarlo como un modelo típico-ideal que anteponer a la realidad siempre imperfecta y llena de contradicciones. Por esta vía se establecen parámetros de idoneidad cuya consecución puede alentar soluciones y correcciones prácticas, pues no debe olvidarse que el deber ser que alienta las acciones adquiere de algún modo materialidad en el momento mismo en que es incorporado en forma de proyectos o metas deseables o alternativas. Además, por las características de los criterios adoptados en la definición de democracia de calidad, se trata de un modelo abiertamente normativo y prescriptivo que incluso podría emparentarse sin dificultad con la idea de Estado de derecho democrático; es decir, con una noción jurídica que se alimenta de las filosofías liberal y democrática y que se traduce en preceptos para asegurar los derechos individuales y la equidad propia de una sociedad soberana y políticamente responsable.

La principal contribución del modelo de democracia de calidad es ofrecer una serie de criterios mínimos indispensables de carácter normativo para hablar de una democracia efectiva, a saber: gobierno de la ley, rendición de cuentas, reciprocidad, libertad e igualdad. En el seno de la disciplina en la que este modelo surge —la ciencia política—, quizá se desdibuje su potencial explicativo, pues se presupone que las democracias pueden contar con alguno o algunos de estos criterios sin dejar de ser democracias, si acaso son democracias imperfectas o en vías de consolidación. Contrariamente a este proceder, me parece que este modelo puede ser realmente valioso en la medida que no admita gradaciones en el momento de emplearlo para analizar regímenes políticos concretos. Dicho de otro modo, en estricto sentido, si en un país no operan todos los preceptos definidos por el modelo u operan de manera parcial no merece el nombre de democracia, por más que a ésta se le añadan distintos adjetivos para establecer sus insuficiencias o limitaciones (democracias “imperfectas”, democracias “inconclusas”, democracias “delegativas”, democracias “en transición”, democracias “incipientes”, etcétera). Quizá estemos en presencia de un régimen democrático en lo electoral, pero antidemocrático en todo los demás. No hay por qué temer a los términos. Además, como modelo normativo, el de la calidad democrática nos permite ganar en claridad acerca de las condiciones mínimas de carácter legal centradas en el ciudadano, indispensables para calificar de democracia a un determinado régimen. Ganar en claridad en aspectos tales como la rendición de cuentas, el imperio de la ley o la responsabilidad de los gobernantes es una condición para reconocer los déficits que deberán ser colmados tarde o temprano en la perspectiva de mejorar nuestras realidades políticas.

Además, se trata de criterios normativos fácilmente reconocibles, ya sea porque deberán estar formalizados claramente en las Constituciones nacionales vigentes a manera de garantías y derechos para todos los ciudadanos sin distinción; o porque su efectividad se deduce de las propias condiciones de libertad e igualdad existentes en la sociedad en cuestión. Desde este punto de vista, tiene mucho sentido asumir, por ejemplo, que sólo puede hablarse de democracia en sociedades donde las desigualdades extremas o la concentración inequitativa de la riqueza han disminuido de manera efectiva. Tiene sentido, porque la lógica sugiere que una democracia efectiva no puede más que atender las necesidades y las demandas de las mayorías, a las que se deben los gobernantes de turno, por lo que en presencia de desigualdades oprobiosas hay algo que simplemente no está funcionando. Lo mismo vale para la noción de libertad, que en este caso se traduce en derechos cada vez más efectivos y plenos para las minorías en un país.

Por todo lo anterior, encuentro pertinente en lo general el modelo de democracia de calidad. Recurrir a él desde América Latina, por ejemplo, constituye una herramienta de primera mano para advertir claramente los muchos déficit que los países de esta región tienen en materia de democracia. Además, este modelo, por el hecho de provenir de una tradición de pensamiento a estas alturas muy arraigada e influyente en Latinoamérica, heredera de la vasta literatura politológica sobre transiciones a la democracia, asegura su fácil incorporación a los esquemas de explicación dominantes entre sus intelectuales y académicos. En suma, su impacto está asegurado aquí porque de manera clara y concisa ilustra sobre un deber ser de la democracia históricamente ausente en prácticamente toda la región, pero igualmente indispensable para mejorar las reglas e instituciones políticas existentes.[5] Ahora de lo que se trata es de sumar a la definición mínima de democracia otras condiciones de carácter normativo que finalmente hagan las cuentas con el ciudadano, principio y fin de la democracia. No es aventurado anticipar un gran éxito al modelo de la calidad de la democracia en América Latina, pues existe ya en sus países una conciencia muy desarrollada en torno al papel central del ciudadano en la construcción de sus sociedades, papel que fue largamente escamoteado y ninguneado por las elites locales y que explica en parte la escasa atención que ha merecido en los arreglos normativos vigentes en prácticamente toda la región.

Con todo, por su origen politológico, este modelo sigue atrapado en los esquemas de democracia real dominantes en la disciplina. En ese sentido, para este enfoque, la democracia es ante toda una forma de gobierno basada en una serie de instituciones y procedimientos que regulan la circulación permanente de las elites mediante el sufragio efectivo. Como tal, una democracia puede ser perfectible en la medida que incorpore más derechos y garantías para que los ciudadanos puedan de manera efectiva vigilar, controlar y sancionar a sus autoridades. La adenda es en sí misma valiosa para enriquecer nuestro entendimiento de la democracia, pero ciertamente insuficiente para quien intuye que la democracia es mucho más que una forma de gobierno. Por ello, es menester considerar otros modelos de democracia para los cuales ésta es también una forma de sociedad, una forma de vida. El tránsito a este tipo de posiciones es importante, pues quizá las democracias realmente existentes pueden incorporar en sus arreglos normativos preceptos cada vez más justos y amplios para perfeccionarse, como sugiere el modelo de la calidad democrática, pero al mismo tiempo es muy probable que seguirán atrapadas en disputas mezquinas por el poder que por la vía de los hechos maniaten nuevamente a los ciudadanos y desactiven sus luchas y reivindicaciones. A final de cuentas, el entendimiento del poder en clave realista lleva a reconocer que el peso de los intereses creados no tiene reparos de ningún tipo y todo lo supedita a sus objetivos. De ahí que, aceptando la utilidad que en un primer momento puede tener el concepto y el análisis de la calidad democrática, es importante hurgar también en otros modelos de democracia, quizá menos realistas, para identificar la capacidad instituyente de la sociedad en una democracia y según la cual el que las elites busquen siempre imponer sus reglas y condiciones, más que una limitante es una condición de resistencia, subversión o afirmación creativa y participativa de la sociedad.

Además, en estricto sentido, el tema de la calidad de la democracia no es nuevo. Es tan viejo como la propia democracia. Quizá cambien los términos y los métodos empleados para estudiarla, pero desde siempre ha existido la inquietud de evaluar la pertinencia de las formas de gobierno: ¿por qué una forma de gobiernos es preferible a otras? Es una pregunta central de la filosofía política, y para responderla se han ofrecido los más diversos argumentos para justificar la superioridad de los valores inherentes a una forma política respecto de los valores de formas políticas alternativas. Y aquí justificar no significa otra cosa más que argumentar qué tan justa es una forma de gobierno en relación a las necesidades y la naturaleza de los seres humanos (la condición humana). En este sentido, la ciencia política que ahora abraza la noción de “calidad de la democracia” para calificar a las democracias realmente existentes, no hace sino colocarse en la tradición de pensamiento que va desde Platón —quien trató de reconocer las virtudes de la verdadera República, entre el ideal y la realidad— hasta John Rawls (1971) —quien también buscó afanosamente las claves universales de una sociedad justa—, y al hacerlo, esta disciplina pretendidamente científica muestra implícitamente sus propias inconsistencias e insuficiencias, y quizá, su propia decadencia. La ciencia política, que se reclamaba a sí misma como el saber más riguroso y sistemático de la política, el saber empírico por antonomasia, ha debido ceder finalmente a las tentaciones prescriptivas a la hora de analizar la democracia, pues evaluar su calidad sólo puede hacerse en referencia a un ideal de la misma siempre deseado pero nunca alcanzado.

Independientemente de estos derroteros e inconsistencias, considero que el modelo de calidad de la democracia puede ser útil para nuestro propósito de calificar el discurso de campaña de Peña Nieto sobre el futuro del país, en lo que respecta al grado de responsabilidad que entraña una vez que el susodicho asuma la presidencia. Para ello, retomo del modelo lo relativo a la responsiveness o responsabilidad de los políticos contraída ante los ciudadanos durante su campaña electoral. Según Morlino (2007, p. 30), la responsiveness alude a la correspondencia, responsabilidad o reciprocidad de las decisiones políticas a los deseos de los ciudadanos y la sociedad en general. Ahora bien, para medir el grado de responsiveness de una autoridad, como el Presidente de la República, se sugiere documentar sus discursos de campaña, que presumiblemente fueron avalados por la ciudadanía desde el momento que ésta decidió mayoritariamente elegir su oferta política entre otras en disputa, y contrastarlos con sus acciones de gobierno una vez en el cargo. De esta contrastación puede establecerse la correspondencia entre las promesas del gobernante y sus hechos, y conferirle un valor que resulta del porcentaje de promesas concretadas. Obviamente, un porcentaje muy bajo de promesas cumplidas (un 50 por ciento o menos) nos habla de una democracia de baja calidad, por cuanto los gobernantes democráticamente electos no satisfacen las expectativas generadas por ellos mismos entre los ciudadanos. Lo contrario vale para el caso de que los gobernantes materialicen en un porcentaje considerable sus promesas (un 80 o 90 por ciento). Huelga decir que en ninguna democracia puede aspirarse al 100 por ciento, pues son muchos los imponderables con los que se deben lidiar. No obstante ello, los buenos gobiernos son los que realistamente se aproximan más al ideal.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa —el discurso de campaña de Peña Nieto—, tenemos la limitante de no poder contrastar sus promesas con sus decisiones de gobierno, pues escribo este ensayo antes de que el candidato ganador asuma su responsabilidad como Presidente de la República. Es por ello que he optado por un ejercicio más libre de interpretación de los discursos a partir de la idea de futuro que subyace en ellos, una idea por definición altamente especulativa, pero no por ello imposible de confrontar con indicadores de la realidad precisos y objetivos. De corroborarse por esta vía mis intuiciones, quedará de manifiesto que en los discursos de campaña de Peña Nieto no sólo hay poco de rescatable, realistamente hablando, en cuanto a la idea de futuro que subyace en ellos, sino que incluso sería deseable que, dadas sus inconsistencias y contradicciones inherentes, ni siquiera se pusiera en práctica, pues de seguirlo a pie juntillas traería enormes perjuicios para el país. En consecuencia, paradójicamente, lo deseable en este caso es mantenernos en los próximos años con un bajo grado de responsiveness, aunque no califiquemos en los estándares internacionales de calidad democrática definidos por los especialistas. Obviamente, ironías aparte, poner las cosas en esos términos no habla nada bien de nuestra vapuleada democracia ni de nuestras posibilidades como país de un futuro mejor.

Pero antes de entrar en materia considero pertinente abordar, aunque sea someramente, un asunto de la mayor importancia para caracterizar nuestro presente y que ha ocupado el interés de muchos analistas: las implicaciones del regreso del PRI al poder para la democracia mexicana. Para ponerlo como interrogante, lo que hoy nos preguntamos muchos es si el regreso del PRI al poder significa una restauración autoritaria, una regresión o una mera alternancia de retorno. Considero pertinente el paréntesis, porque a final de cuentas las posibilidades de materializar la idea de futuro que se desprende de los discursos de campaña que llevaron a Peña Nieto a la presidencia estarán determinadas por factores reales y estructurales de poder, como la condición actual del régimen político. Obviamente, aunque no se abordarán aquí, lo mismo aplica para otros factores de gran importancia para México y el mundo, como la crisis global del capitalismo, el restablecimiento de políticas proteccionistas en Estados Unidos y otras potencias por efecto de la misma crisis, el fortalecimiento de los poderes fácticos a nivel global, etcétera.

3. La instauración fallida de la democracia

La transición mexicana a la democracia ha sido tan peculiar en su evolución y desenlace que muchos analistas prefieren desechar la así llamada “teorías de las transiciones” por considerarla inaplicable al caso mexicano. Sin embargo, proceder así es sólo un pretexto para evitarse la tarea de pensar con el rigor que exige el empleo de este corpus teórico, producto de años de investigación y miles de estudios de casos en todos los continentes. Además, desentenderse de esta teoría argumentando la especificidad del caso mexicano es una falacia, por cuanto cada proceso en consideración es único e irrepetible. De lo que se trata más bien es de enriquecer o depurar la teoría a partir de las particularidades de cada caso. Ciertamente, Se puede estar de acuerdo o no con esta literatura, pero si se emplean sus categorías para caracterizar un proceso específico, deberían al menos emplearse con rigor y evitarse así especulaciones superficiales y arbitrarias como las muchas que abundan entre los especialistas en México. En lo personal, he externado en varias ocasiones mis diferencias con la teoría de las transiciones,[6] pero a la hora de utilizar sus conceptos prefiero ceñirme a sus indicaciones antes que especular y alimentar la confusión. Dicho de otra manera, estudiar un proceso de transición específico con las categorías de la teoría de las transiciones no es un ejercicio arbitrario de imaginación o interpretación, sino uno riguroso de caracterización a partir de datos duros en el que no hay espacio para ocurrencias ni posicionamientos políticamente interesados. Eso corresponde más bien a los políticos profesionales, no a los académicos.[7] Dicho esto, la pregunta inevitable para quienes nos ocupamos de estudiar la política y la democracia en México es: ¿en qué momento de la transición a la democracia nos encontramos hoy, después del regreso del PRI al poder por la vía electoral?

He estudiado el tema de la transición mexicana en innumerables ocasiones y lo menos que quiero aquí es repetirme. Por ello sólo resumiré algunas cuestiones clave que me permitan aproximarme con mayores elementos a la interrogante apenas apuntada, no sin antes remitir a los interesados en el detalle a dichos textos.[8] En estricto sentido es incorrecto seguir describiendo a México con la categoría de “transición”, pues ésta concluyó en el 2000 con la alternancia. La explicación teórica es muy simple: una transición culmina cuando sucumben los pilares de dominación que caracterizaron a una determinada forma de ordenación política o régimen político. Sin duda éste es el caso de México, pues con la alternancia del 2000 sucumbieron tanto el partido hegemónico encarnado en el PRI (entendido como un partido no competitivo que basaba su dominio en factores extrademocráticos) como el presidencialismo (entendido como un poder ilimitado con enormes facultades constitucionales y metaconstitucionales), las dos estructuras sobre las cuales se sostenía todo el entramado institucional del viejo régimen priista.[9]

La alternancia en el poder marca pues, el fin de la transición mexicana, una transición muy larga y atípica que tuvo como eje las reformas electorales, dejando intacto el resto del entramado normativo. Dicha apertura limitada y controlada de la arena electoral fue más producto de las exigencias de un régimen autoritario por rasguñar legitimidad por la vía democrática en coyunturas de deterioro o abierta crisis política que de una voluntad democratizadora genuina por parte de las elites priistas. Como quiera que sea, la alternancia tiene lugar en una fase terminal del viejo régimen, atravesado por innumerables conflictos internos e incapaz de neutralizar el creciente repudio social en su contra. Con la alternancia y el fin de la transición se inaugura un nuevo proceso en México que la literatura especializada denomina “instauración democrática”.[10] Dicho proceso puede durar varios años y no hay ninguna seguridad de que culmine con éxito. La instauración democrática consiste básicamente en la derogación inmediata de las leyes y reglas antidemocráticas generadas durante el viejo régimen autoritario[11] y el diseño y aprobación de las nuevas reglas y normas acordes con las exigencias de un régimen democrático, o sea la aprobación de una nueva Carta Magna.

Cabe señalar que no ha habido hasta ahora ninguna transición democrática exitosa en el mundo que no haya pasado por una reforma integral de su Constitución, expresión normativa de los nuevos impulsos democráticos y renovadores. Como es obvio, en México no se ha podido materializar este requisito para instaurar la democracia y hacer tabla rasa del pasado autoritario. Lejos de ello, los impulsos democráticos surgidos con la alternancia han quedado atrapados en una normatividad obsoleta y predemocrática, alimentando todo tipo de perversiones y contradicciones, como parálisis decisionales, impunidad, abusos de autoridad, discrecionalidad y elecciones inauténticas o poco confiables. Huelga decir que sin una instauración democrática exitosa no se puede aspirar a consolidar la democracia. De hecho, sólo se puede consolidar lo que se instaura, y en México no ha prosperado hasta ahora la reforma del Estado o reforma constitucional que tanto se pregonó en su momento.

Con todo, hasta las elecciones de 2012 no había razones suficientes para decretar el fin de esta etapa o para hablar de una “instauración fallida”, si es que vamos a utilizar correctamente las categorías de la teoría de las transiciones. Ciertamente, en ausencia de un rediseño normativo del entramado político-institucional, México se había encaminado durante los años de la alternancia hacia un hibrido entre el autoritarismo y la democracia, un régimen con una democracia electoral visiblemente defectuosa aunque funcional, pero con grandes resabios autoritarios en el ejercicio del poder, cobijados y alentados por la pervivencia de las reglas del juego predemocráticas del viejo régimen. Además, dada la ausencia de referentes alternativos que anteponer a lo que los ciudadanos estábamos atestiguando, muchos comenzaron a dar por normal para una democracia lo que en realidad eran perversiones o desviaciones de la misma. Pero no todo estaba perdido, existía en el país una nueva y vigorosa pluralidad política, elecciones medianamente confiables y en algún lugar dormitaba aún la idea de que para avanzar en la democracia tarde o temprano tendría que reformarse la Constitución. Después de las elecciones del 2012 todo eso quedó en el pasado y no tenemos más remedio que caracterizar el momento político actual como una “instauración fallida” de la democracia, con tres posibles consecuencias: a) un impase en la democracia de larga duración; b) un colapso de la democratización en curso; y/o c) una regresión o restauración autoritaria disfrazada.

Para fines de análisis, por instauración fallida se entiende el fracaso del proceso de rediseño institucional y normativo que sentaría las bases del nuevo régimen democrático, ya sea por la imposibilidad y/o el desinterés de los actores políticos de llegar a acuerdos sustantivos en las arenas institucionales de negociación. En estos casos, es frecuente que los actores políticos, en especial los partidos, atribuyan la falta de consensos entre ellos a la pluralidad de posiciones a veces irreconciliables en el Congreso. Pero esto no deja de ser un ardid, pues la pluralidad constituye más bien un terreno idóneo para que los acuerdos que se tomen, si realmente hubiera voluntad de pactar, contemplen todos los intereses y posiciones presentes en la arena política. En virtud de ello, me inclino a pensar que la falta de acuerdos se debe más bien a cálculos políticos interesados, pues siempre será más rentable para los partidos políticos y los gobernantes moverse en la ambigüedad, la discrecionalidad y la impunidad que consienten las viejas reglas predemocráticas que hacerlo con nuevas más estrictas que inhiban o castiguen severamente ese tipo de conductas.

La tesis de la instauración fallida para caracterizar al México actual se sustenta en los siguientes hechos:

1. Si en tiempos de alternancia, con una nueva pluralidad en el Congreso, con el entusiasmo renovador surgido de la destitución en las urnas de un régimen autoritario de más de setenta años, no pudo concretarse la instauración democrática, o sea el rediseño institucional y normativo del nuevo régimen, esto menos ocurrirá con el regreso del PRI a Los Pinos en diciembre de 2012. No ocurrirá por varias razones, pero la principal es que no le interesa. Si hay un partido que se siente cómodo con las reglas del viejo régimen es precisamente el PRI, pues esas reglas no sólo fueron edificadas por este partido para perpetuarse en el poder, sino que nadie sabe aprovecharlas mejor que él para sus propios intereses. El PRI se siente como pez en el agua con esas reglas y sólo es cuestión de tiempo para que regresen las viejas prácticas clientelistas, corporativas y verticales que tantos beneficios le reportaron en el pasado a las cúpulas del partido.

2. La transición en México ha tenido como eje, antes y después de la alternancia, las reformas electorales, bajo la premisa a todos luces errónea de que bastaba perfeccionar las reglas de la competencia y la participación electoral para edificar una democracia. Es errónea porque un régimen político democrático es un todo integrado donde el sistema electoral es sólo uno de sus componentes. A la larga, de poco sirve pretender apuntalar una democracia con reformas electorales si junto con estas no se modifican cuestiones tan básicas para una democracia como el equilibrio entre los poderes, la forma de gobierno, el federalismo, la procuración de justicia, los medios de comunicación, la rendición de cuentas, entre miles de aspectos más.[12] De hecho, no se puede aspirar a consolidar la democracia electoral en ausencia de reformas al resto del edificio normativo e institucional. Huelga decir que si algo evidenció la elección presidenciales del 2012 fue precisamente el desgaste de la democracia electoral. Si las elecciones permitieron la alternancia en el 2000 con un buen margen de aceptación, hoy sólo producen desconfianza e incredulidad. Tal parece que con la normativa electoral vigente no gana el partido o el candidato más votado sino el que sabe aprovecharse mejor de las ambigüedades y vericuetos legales para comprar votos descaradamente, excederse ostensiblemente en los gastos de campaña, comprar encuestadoras para que funcionen como propaganda, comprar medios de comunicación para proyectarse y un sinnúmero de irregularidades más que enlodan y vuelven inequitativa de origen cualquier contienda electoral. A eso hay que sumar la sospechosa actuación del IFE (Instituto Federal Electoral) a todas luces parcial y discrecional a la hora de sancionar o no las querellas interpuestas por presuntos delitos electorales. Lo mismo puede decirse del TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) que terminó convalidando sin ningún pudor el cochinero que fueron estas elecciones. Es obvio entonces que si el PRI supo aprovechar esas reglas electorales maltrechas para regresar al poder lo menos que le interesa ahora es modificarlas para futuras contiendas, amén de que este partido contará a su favor con toda la maquinaría del poder, con recursos ilimitados y gran capacidad de movilización, tal y como ocurría en su época más gloriosa. Una razón más que evidente para decretar desde ahora el fin de la instauración democrática.

3. Todo gobierno requiere un umbral de legitimidad para mantenerse sin mayores sobresaltos. Dicha legitimidad puede ser de origen, la que proveen las urnas, o por gestión, la que se alcanza por un desempeño percibido como aceptable por parte de la sociedad. En el caso del próximo gobierno de Peña Nieto es evidente que los cinco puntos de diferencia obtenidos por él en las urnas respecto de su más cercano adversario no son suficientes para legitimarlo, considerando las grandes desconfianzas que suscitó su triunfo entre millones de mexicanos. De ahí que el nuevo presidente buscará invariablemente legitimarse por sus acciones. Ahora bien, si el PRI en el poder actúa como sabe hacerlo para neutralizar los efectos permisivos que heredará de los terroríficos gobiernos panistas,[13] lo más seguro es que obtenga buenos resultados para legitimarse. Pongo un ejemplo que por lo demás ya fue ensayado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que como se sabe es el principal maestro y mentor de Peña Nieto: si el gobierno pacta con alguno o algunos de los cárteles del narco (hoy es vox populi que el principal beneficiario de ese pacto serían “Los Zetas”), se podría “pacificar” el país, disminuir la violencia y el gobierno obtendría cuantiosos recursos provenientes del narco para impulsar políticas sociales y económicas de relumbrón.[14] Por esta vía Peña Nieto obtendría la legitimidad necesaria no sólo para neutralizar parte del descontento que hoy concita sino para desentenderse por completo de la exigencia de legitimarse mediante reformas electorales o reformas al régimen político, tal y como ocurrió con el gobierno de Salinas de Gortari, o sea que contará con un umbral suficiente de legitimidad como para posponer indefinidamente cualquier tipo de reformas democráticas. Es evidente que ese escenario más que factible abona igual que en los puntos anteriores a la tesis de la instauración fallida.

Hasta ahora hemos visto que con el retorno del PRI al poder la instauración democrática quedaría trunca por no decir abortada. Pero falta discutir si esto representa o no una restauración o regresión autoritaria.

Teóricamente, la idea de restauración autoritaria alude a un proceso donde se restituyen los componentes fundamentales del antiguo régimen después de un intervalo en el que dejaron de ser operantes. Por su parte, la regresión autoritaria supone un proceso de involución en los avances democráticos alcanzados en la era postautoritaria, lo que puede conducir al colapso definitivo del régimen democrático que apenas comenzaba a asentarse. Finalmente, la alternancia simple o de regreso significa básicamente que un partido que había sido destituido del poder central por la vía electoral regresa en una elección posterior, en el marco legal establecido y sin que ello represente per se una mutación en el ordenamiento político-institucional. Para variar, considerando estas categorías, el caso mexicano después de las elecciones del 2012 no entra plenamente en ninguna de ellas, sino que tiene un poco de cada una, aunque el desenlace final nos aproxima más a un autoritarismo de nuevo cuño que a una democracia incipiente. Veamos.

Con el regreso del PRI al poder es inevitable que se restituyan muchas de las prácticas autoritarias del pasado, por la sencilla razón de que durante la alternancia no se reformaron las leyes que las posibilitaban y estimulaban en la era autoritaria. Regresarán, por ejemplo, el corporativismo estatal tutelado por el Estado a través del PRI, el clientelismo como un instrumento para obtener apoyos y lealtades a cambio de dádivas, las imposiciones jerárquicas desde el vértice del poder presidencial, el ejercicio discrecional del poder central, entre otras muchas prácticas. Sin embargo, ahora existen ciertos condicionantes para el ejercicio del poder que no había en la era autoritaria y que difícilmente podrían ignorarse sin un alto costo para la legitimidad y la persistencia estable del nuevo gobierno. Se trata de límites específicos que al menos teóricamente nos impiden hablar inequívocamente de una restauración autoritaria, si acaso de una restauración parcial, tales como la existencia de un pluralismo lo suficientemente consolidado en todo el país como para dejarse doblegar por los embates restauradores; una ciudadanía más crítica y participativa que ya no se traga todo lo que le venden sus gobernantes y representantes políticos; una aceptación mayoritaria de la democracia como la vía más pertinente para dirimir los conflictos y elegir a los gobernantes, entre otros aspectos. Quizá todo ello funcione en el corto plazo como un baluarte contra una restauración autoritaria, aunque nada garantiza que así sea, pues el PRI en el poder podría reeditar a su conveniencia elecciones fraudulentas y simuladas semejantes a las que celebraba durante el viejo régimen con tal de mantener sus posiciones de poder. Lo peor del caso es que el PRI ni siquiera tendría que reformar o “ajustar” las leyes electorales vigentes para lograrlo, pues con las que hay es posible cometer impunemente todo tipo de irregularidades e ilícitos, tal y como quedó de manifiesto en las elecciones federales del 2012. Como quiera que sea, mientras ello no ocurra y por más que se reediten muchas de las prácticas autoritarias del pasado, sería impreciso caracterizar el retorno del PRI como una restauración autoritaria.

Dicho en otras palabras, sólo si el PRI optara por reproducirse en el poder mediante elecciones simuladas, inequitativas e impositivas similares a las que existían en la era autoritaria, sometiendo el pluralismo político y manipulando la voluntad popular, este partido recuperaría para sí su condición de partido hegemónico no competitivo que lo caracterizó durante décadas, o sea un partido que basa su hegemonía en factores extrademocráticos. Sólo entonces podríamos hablar propiamente de restauración autoritaria. Lo mismo puede decirse del presidencialismo, el otro pilar sobre el que se sostenía el viejo régimen. Sólo en un escenario en que el titular del Ejecutivo recobrara la centralidad incuestionada y todopoderosa de la era del presidencialismo imperial, ya sea imponiendo arbitrariamente su voluntad sobre los poderes Legislativo y Judicial, valiéndose para ello de todo tipo de argucias, chantajes y sobornos (situación por lo demás muy común en los gobiernos estatales donde gobierna el PRI), o actuando arbitraria y discrecionalmente a espaldas de los legisladores y ministros, sin apego alguno a la legalidad y sin ninguna responsabilidad frente a los gobernados, podríamos hablar propiamente de restauración autoritaria. Empero, nadie podría asegurar a estas alturas que este escenario no ocurra ahora que el PRI ha recuperado el poder central.

En virtud de las consideraciones anteriores, la categoría “regresión autoritaria” aplica mejor que la de “restauración autoritaria” para caracterizar el momento que estamos viviendo en México después de las elecciones federales de 2012, al menos por ahora. La razón es simple, mientras la restauración supone el restablecimiento fiel del viejo régimen después de un intervalo postautoritario, o sea la reposición para el caso mexicano de la condición hegemónica del PRI y del presidencialismo sin pesos ni contrapesos reales, la regresión alude simplemente a una involución respecto de los avances democráticos que se habían conquistado, colocando al país en una zona más próxima al autoritarismo que a la democracia. Dicha involución no supone, a diferencia de la restauración, regresar a un autoritarismo idéntico al que existía antes del intervalo postautoritario, sino simplemente colocar al país en una dirección cada vez más distante de la democracia. Sin embargo, mientras se mantenga la remota posibilidad de que el PRI pierda el poder mediante elecciones mínimamente correctas (pedir más a estas alturas, como transparencia, equidad o legalidad, es un eufemismo), la regresión autoritaria que hoy atestiguamos no dejaría de ser una muy sui generis si se consideran adecuadamente las indicaciones que la teoría establece. Me explico, que existen suficientes elementos para hablar hoy, con el regreso del PRI al poder, de una regresión autoritaria, es indudable, pero también podemos estar atestiguando la instauración incipiente de un híbrido institucional muy peculiar entre el autoritarismo y la democracia, igual que el viejo régimen priista, que para entendernos era un régimen formalmente democrático pero autoritario en la práctica. ¿Qué cambia entonces? Si durante los últimos años del viejo régimen lo que teníamos era un autoritarismo en transición a la democracia, ahora tenemos una democracia inconclusa en transición al autoritarismo (debido a la instauración fallida). Y respecto a la era de la alternancia postautoritaria, si antes del regreso del PRI al poder el país vivía un proceso de instauración democrática lento y débil, ahora experimenta una regresión autoritaria disfrazada, considerando que la instauración democrática quedará prácticamente confinada por no convenir a los intereses de los nuevos inquilinos en el poder.

Con respecto a la última categoría indicada al inicio, la de alternancia simple o de regreso, es indudable que aplica perfectamente para el caso del retorno del PRI, pues éste ocurrió por la vía de las urnas y en el marco legal establecido para el efecto. Sin embargo, el regreso del PRI al poder no constituye una alternancia más, como cualquier otra, pues lo que regresa es ni más ni menos que el partido que representa el eslabón con el pasado autoritario. Ni al caso discutir si hay una ruptura entre el viejo PRI y un supuesto nuevo PRI, pues es evidente que este partido ha sido incapaz de democratizarse y de adecuarse a las nuevas reglas democráticas. Sus dirigentes siguen funcionando con los mismos patrones y esquemas del pasado, pues son exactamente los mismos. En todo caso, la novedad de esta alternancia simple o de regreso radica en el hecho de que restituye en el poder al mismo partido que sometió al país al autoritarismo durante siete largas décadas, cuestión que posee una carga simbólica desconcertante y desmoralizante. De hecho, no existe en el mundo ningún caso semejante en que un mismo partido autoritario regrese al poder por la vía electoral. Nuevamente, México da la nota mundial y demuestra que hay pueblos sin memoria o incapaces de dejar en el pasado sus peores fantasmas y pesadillas, pueblos que entre la servidumbre voluntaria y la libertad a veces eligen penosamente la primera.[15]

Finalmente diré que existen suficientes evidencias para afirmar que la regresión autoritaria que experimentamos hoy en México fue pactada, o sea que el retorno del PRI al poder por la vía electoral contó con la complicidad de actores políticos clave de acuerdo a un plan preestablecido. Existen muchas razones para pensarlo, pero sobre todo las enormes suspicacias que generaron las elecciones presidenciales del 2012, donde observamos todo tipo de irregularidades, como la tibieza y parcialidad del árbitro electoral, el comportamiento insólito de ciertos personajes, la manipulación indiscriminada de las encuestas, la imposición mediática del candidato del PRI, etcétera.[16]

En suma, de acuerdo con esta caracterización, malos tiempos nos esperan a los mexicanos en lo que se refiere al proceso de democratización y afirmación de los derechos civiles y políticos que tan trabajosamente conquistamos en los años recientes. En ese contexto, las ideas promisorias de futuro implícitas en el discurso de campaña de Peña Nieto parecen tener un umbral de viabilidad poco plausible. Más aún, el verdadero desafío del nuevo inquilino en Los Pinos será hacer pasar por democráticas sus decisiones, en un contexto claramente regresivo o involutivo. Regresamos pues a la era de las simulaciones, a los tiempos de la democracia de fachada, a las retóricas oficiales de la democracia o “evangelio de la transición”.[17]

4. Las retóricas del porvenir

Mi insumo en esta parte son los discursos de campaña de Peña Nieto durante el proceso electoral de 2012 (alrededor de sesenta), incluyendo sus intervenciones en los dos debates presidenciales celebrados durante la contienda, así como su Plataforma Electoral Federal y Programa de Gobierno 2012-2018. Mi primera reacción sobre este conjunto de propuestas y declaraciones, además de la indigestión y cierto dolor de cabeza que me provocó leerlos y releerlos, es de perplejidad e incredulidad. Perplejidad, porque pintan a un candidato superdotado, casi un prohombre, que posee la fórmula mágica para solucionar todos los males del país y convertirlo en una potencia mundial. Incredulidad, porque nadie en su sano juicio puede dar crédito a tanto desatino disfrazado de optimismo.

Vistos en conjunto, los discursos de campaña de Peña Nieto constituyen un catálogo de buenos propósitos, soluciones prodigiosas, lugares comunes y poca sustancia. Sorprende que todas las propuestas y compromisos del candidato se originen en un diagnóstico de la actual problemática nacional absolutamente simplista y reduccionista. De ahí que la idea de futuro que emerge de esta lectura carezca de sustento sólido o de la más mínima veracidad. Por momentos, al leer estos discursos, me sentí en la era del viejo régimen, donde los candidatos faraónicos no tenían más límite que su imaginación para proyectar un país generoso lleno de prosperidad y grandeza. Resabio del pasado autoritario o estilo personal de perorar, el hecho es que nada diferencia a Peña Nieto de sus precursores priistas presidenciables a la hora de vender su proyecto de país para el porvenir.

Al parecer, doce años de alternancia no bastaron para modificar los viejos usos y costumbres priistas, como la grandilocuencia y el estruendo discursivo, la desmesura y la exageración para concitar apoyos, aunque dicha enfermedad, siendo justos, terminó contagiando a todos los partidos y a todos los políticos por igual. La prudencia y el buen juicio, la sobriedad y la moderación son virtudes poco cultivadas o apreciadas por la clase política en general. ¿Y cómo no prometer las perlas de la virgen si nada ni nadie obliga en nuestro país a los gobernantes a responder por sus dichos? Herencia de setenta años de dictadura perfecta, la política sigue concibiéndose en México como el botín de unos cuantos, como el reino de la impunidad, como el lugar donde todo se puede…

Por todo ello, hablar en México de calidad de la democracia parece una broma, un chiste de humor negro. Aquí simplemente están ausentes todos los indicadores de calidad que propone el modelo. Más aún, México desafía las premisas del modelo y lo deja muy mal parado, pues demuestra que para todos los fines prácticos se puede ser una democracia pero sin democracia, donde la calidad democrática, bien explotada discursivamente, es un eufemismo para el lucimiento personal de los políticos. Veamos. Nada hay más ilusorio en México que suponer que existe un autentico Estado de derecho (rule of law). Más que imperio de la ley lo que aquí tenemos es un imperio de la impunidad, la ilegalidad y la corrupción. Los ejemplos son tan cotidianos para todos los mexicanos que ni al caso ahondar en el tema. Y qué decir de la accountability (rendición de cuentas), una auténtica tomadura de pelo disfrazada de ley de acceso a la información. Si algo caracteriza al quehacer político en México es la opacidad y la discrecionalidad en todos los niveles de la administración pública. Siempre hay maneras para maquillar las cifras, justificar partidas, disfrazar licitaciones… Al final, nadie sabe y nadie supo. Pero eso sí, los políticos se llenan la boca a la menor provocación de “transparencia”, la palabra mágica que todo lo santifica y purifica.

En esas circunstancias, esperar que los representantes políticos respondan (responsiveness) por sus dichos, o sea que llenen de contenido sus promesas y compromisos, es simplemente un disparate. Si los ciudadanos en México estamos desprovistos de instrumentos legales para exigir cuentas a nuestros políticos, para vigilarlos y sancionarlos cuando se extralimitan en sus funciones, o incluso para revocarles el mandato en situaciones extremas de corrupción o abusos de autoridad, más aún lo estamos para exigir reciprocidad a nuestros representantes cuando ejercen el poder. En ningún lugar aplica mejor que en México la frase popular “prometer no empobrece, dar es lo que aniquila”. Finalmente, nada hay más insatisfactorio en México que la libertad y la igualdad. Si por libertad se entiende en el esquema de la calidad democrática la extensión de derechos a sectores sociales y minorías largamente marginados del mismo, para ejercer sin reparos de ningún tipo sus libertades elementales, nuestro país presenta en este rubro déficits históricos abismales. Baste mencionar la indefensión en la que viven los grupos indígenas del país o la discriminación o exclusión de las que siguen siendo objeto las mujeres. En cuanto a la igualdad, México es quizá el país más inequitativo del mundo. Aquí la pobreza sigue siendo extrema y muy extendida, así como reducida y concentrada en pocas manos la riqueza. En esas circunstancias, en nada enorgullece a un país como el nuestro contar con el hombre más rico del planeta, pues es la constatación más grosera de la desigualdad que nos cruza de norte a sur.

En suma, en un país de mentiritas como el nuestro,[18] el país donde todo se puede, prometer un México que renace de sus cenizas para convertirse en un dechado de virtudes y conquistas, para envidia del mundo, es pecata minuta. La fórmula, además, parece infalible para seducir incautos, pues se ha abusado de ella una y otra vez en el México posrevolucionario, y luego en el postautoritario, y aun antes, en las muchas dictaduras, imperios y repúblicas liberales y conservadoras del siglo XIX. El discurso de campaña de Peña Nieto, como veremos aquí, no es la excepción. Hay en su hechura y estilo todos los ingredientes de la escenificación épica tan socorridos en el pasado, la visión reificada de un futuro glorioso, la transmutación milagrosa de nuestros males endémicos en bienes tangibles y perdurables, como quien multiplica los panes para que todos coman o convierte el agua en vino para que todas beban felices. De ahí que Peña Nieto emerja de su prédica casi casi como el Mesías redentor, el sanador de las almas toscas, el salvador de los oprimidos o, en clave autóctona, el nuevo “tata”. Habrá que ver si le alcanzan sus ambiciones para convertirse también, de pasadita, en el “Jefe Máximo”, el “principal priista”, el “presidente imperial”, pues, como dijimos antes, la mesa está servida para que así lo sea.

Pero no toda la culpa es de Peña Nieto. Hay un resabio cultural heredado del viejo régimen muy arraigado en los mexicanos que nos predispone a renovar nuestras esperanzas como nación cada seis años, después de constatar con amargura que el último redentor nacional resultó un fiasco, que el poder lo transformó y alejó del pueblo, volviendo al país una pesadilla de la que sólo queremos despertar cuanto antes. Si es de la mano de un nuevo redentor que así sea. Total, “más pior no nos puede ir”. La historia se reproduce ad nauseam, pues todo complota para que así sea. Así como los ciudadanos solemos personificar nuestras tragedias en la figura del presidente en turno, descargando en Él nuestras frustraciones y congojas, el presidente en turno juega con este paternalismo cultural para enseñorearse y empoderarse. Es muy fácil, en esas circunstancias, que algunos gobernantes pierdan el piso. En casos extremos, este juego de espejos puede conducir a paroxismos delirantes o esquizofrénicos: “Defenderé el peso como un perro…”, “¿Y yo por qué…?”, “México es hoy un país más seguro”… Fenómeno que la sabiduría popular ha sabido representar magistralmente: “el poder marea”, “si el poder corrompe, el demasiado poder corrompe demasiado”…

Sirvan estas premisas para examinar ahora el contenido de los discursos de campaña de Peña Nieto. Como ya se dijo, mi interés es analizar su consistencia y viabilidad en contraste con el país que bocetan para el porvenir. Propongo para ello volver a las interrogantes planteadas al inicio: a) ¿qué nos dicen los discursos de campaña sobre el futuro del país?, b) ¿qué tanto se corresponden los discursos de campaña sobre el futuro del país con los deseos y percepciones de la sociedad en general?, y c) ¿cuál es el grado de veracidad y la viabilidad real de dicha idea de futuro bocetado en el discurso? Para fines de análisis, me concentraré en tres grandes temas que por lo demás reflejan muy bien el cúmulo de asuntos que inquietan a la nación en la actualidad: democracia, economía y seguridad.

4.1. Democracia

Por lo expuesto en el inciso 3, la palabra “democracia” en boca de Peña Nieto suena en realidad a engaño, burla e imposición. En efecto, el priista llega a la Presidencia mediante un proceso electoral plagado de irregularidades en que sus operadores políticos echaron mano de todos los recursos a su alcance, viejos y nuevos, previsibles e inimaginables, para lograrlo: compra descarada de votos en todo el país, compra de encuestadoras con fines propagandísticos, imposición mediática del candidato, y una lista interminable de acciones ejecutadas con precisión milimétrica, aprovechando las muchas oscuridades y ambigüedades legales vigentes en el marco normativo electoral. Asimismo, Peña Nieto representa todo lo contrario a la democracia, no sólo porque proviene del PRI, el eslabón que ata irremediablemente al país a un pasado autoritario de más de setenta años, sino porque pertenece al grupo priista más pernicioso y mafioso de todos, el conocido Grupo Atlacomulco ampliado, una suerte de Cosa Nostra o camorra priista, que cuenta entre sus miembros a finísimas personas, como Salinas de Gortari, Arturo Montiel y los hijos de Hank González. Con todo, ello no obsta para que Peña Nieto se presente en sus discursos de campaña como un demócrata genuino comprometido con los valores de la democracia, como la tolerancia, el respeto a las diferencias, la transparencia, la búsqueda de acuerdos, etcétera.

Sin embargo, si en algún tema de campaña Peña Nieto fue particularmente evasivo y abusó de las generalidades y los lugares comunes es precisamente en el de la democracia del porvenir. Así, por ejemplo, la idea que manejó en todas las ocasiones que abordó el tema fue que el país avanzará en su sexenio hacia “una democracia fuerte y consolidada, participativa y con gobernabilidad, respetuosa de la ley y el federalismo”.[19] “Proponemos consolidar —reitera en otro discurso— una gobernabilidad democrática como forma de ejercicio de gobierno fundada en la ley, el respeto, la tolerancia y la disposición a colaborar con todos”.[20] O este otro cargado de optimismo: “Nuestra democracia no es patrimonio de un candidato o de partido alguno. Nuestra democracia es patrimonio de todos los mexicanos de hoy y mañana, y como tal debemos conservarla y fortalecerla”.[21] Más general y ambiguo imposible. En este planteamiento que se repite hasta el cansancio en los discursos de Peña Nieto no hay nada rescatable, no hay un diagnóstico serio y puntual de los problemas y déficits de nuestra democracia, de la insatisfacción y malestar que producen todavía los procesos electorales, de las evidentes lagunas y contradicciones normativas en materia electoral, de los muchos retos que existen para avanzar hacia un auténtico Estado de derecho, de las inercias autoritarias que perviven en nuestra Constitución, etcétera. Nada. Sólo un conjunto de buenos deseos, dando por descontado que en materia de construcción de la democracia es poco lo que hay que hacer, pues supuestamente el país ha dado pasos firmes e irreversibles en esa dirección:

Algo que México ha logrado en los últimos años, que sin duda es un gran activo y que no podemos perder, ni debiéramos dejar que esto suceda, es nuestra democracia. Nos llevó años construirla. Le llevó años a la sociedad mexicana lograr esta condición democrática que hoy el país vive, y que permite una participación equitativa a los partidos políticos, espacios para participar más allá de lo que cada partido represente y tenga el respaldo entre la sociedad, todos los partidos tienen espacios igualitarios y equitativos para participar en la contienda y competencia democrática.[22]

Que Peña Nieto subestime por omisión los muchos problemas de nuestra maltrecha democracia tiene sentido, pues el PRI regresa fortalecido al poder por la vía electoral y vendiendo la idea de que fue este partido el que permitió la democracia en su momento, que fue respetuoso de la ley cuando perdió el poder, y que ahora regresa renovado y más democrático que nunca, gracias a la existencia de una democracia sólida y madura:

 [El PRI] ha sabido entender el cambio político que México ha experimentado, esta transición democrática que hemos tenido y se ha preparado para competir […], para potenciar y exhibir lo que han sido sus logros, reconocer sus errores y desaciertos, pero sobre todo, en el clima y en el marco de una competencia democrática, favorecer y privilegiar sobre todo la propuesta, el proyecto, la solución que queremos llevar a los mexicanos.

                De las competencias, no sólo en ésta que es la presidencial, en todas las competencias donde mi partido ha participado, hay que reconocer la actitud madura y civilizada que ha adoptado, donde ha defendido sus victorias, pero también ha sabido reconocer sus derrotas, y ésta debiera ser, entre otras, muestras de una actitud de avanzada, de madurez y de civilidad que hoy debieran tener los partidos políticos en esta competencia democrática.[23]

Obviamente, se trata de una perorara muy conveniente para un partido que como el ave Fénix regresa de sus cenizas. Pero poco hay de persuasivo en ello, pues cualquiera sabe que si la sociedad echó al otrora partido oficial del poder en el 2000 fue por hartazgo, y si ahora regresa es porque el experimento panista resultó un Frankenstein, no porque la gente esté convencida de la metamorfosis democrática del PRI o de las bondades de la democracia electoral.[24] Por esta vía retórica se crea una ilusión que poco ayuda a reconocer los problemas estructurales que hoy agobian a la democracia mexicana, una espejismo que sólo alimenta el conformismo y el inmovilismo, cuando en realidad, como he sostenido en otra parte, en materia de democracia todo está por hacerse en México.[25]

Por otra parte, recurriendo a un artilugio muy frecuentado durante el viejo régimen, y hoy francamente obsoleto, Peña Nieto hace depender el desarrollo democrático del desarrollo económico:

Nuestra preocupación y gran responsabilidad es revertir este estado de cosas en el país, dar un golpe de timón con el que la nación recupere el rumbo para que, en el corto y mediano plazo, demos respuestas concretas que permitan un combate frontal a la pobreza y a la desigualdad; que sea a través del desarrollo económico, con empleos formales y una mejor distribución de la riqueza nacional, como logremos no sólo la justicia social, sino poner a salvo la democracia, restaurar el Estado de derecho, darle sustentabilidad al crecimiento y recuperar nuestro prestigio y papel en el contexto internacional.[26]

La fórmula es retórica, porque por enésima ocasión se hace depender el desarrollo democrático de factores externos a la democracia, que de no concretarse condenan a aquélla a la parálisis. Una justificación muy cómoda para no comprometerse más de la cuenta con acciones especificas que permitan apuntalar la democracia, como la reforma del Estado o una auténtica reforma electoral, y para echarle la culpa de los pocos avances que se puedan alcanzar al respecto a la pervivencia de rezagos socioeconómicos muy arraigados en el país, imposibles de revertir en el corto plazo de un sexenio. La misma monserga de siempre, la del viejo régimen y la de los gobiernos de la alternancia, pero ahora más rupestre, pues si algo exhibe Peña Nieto al hablar de democracia es una total ignorancia. Salvo esto, nada hay en el discurso del próximo presidente de la República que no evoque la vieja perorata priista de la “justicia social”, el principio articulador del nacionalismo revolucionario, un fin superior y etéreo en nombre del cual se posponían todos los demás, como la propia democracia. Por esta vía claramente demagógica el viejo régimen pospuso setenta años la democratización del país, y lejos de materializar el ideario de justicia social que con tanta convicción y vehemencia repitieron sus emisarios condenó a millones de mexicanos a la más insultante y lastimosa de las desigualdades socioeconómicas.

De más está decir que al hacer depender el desarrollo democrático del desarrollo socioeconómico se vuelven a posponer indefinidamente las tareas sustantivas que demanda rehacer una democracia tan maltrecha como la nuestra. En otras palabras, lo prioritario en la óptica de Peña Nieto no es el estado de salud de la democracia sino las difíciles condiciones socioeconómicas del país, por lo que aliviando éstas mejorará en automático aquélla. Un argumento a todas luces falaz y tramposo, pues se trata de problemáticas distintas, igualmente importantes, y que requieren medidas específicas para encararlas con alguna posibilidad de éxito. El escenario inmediato para la democracia que se desprende de todo ello es poco promisorio y empata perfectamente con lo que ya apuntaba en el inciso 3 sobre la regresión autoritaria: con el retorno del PRI estamos más cerca del autoritarismo que de la democracia.

De ahí las generalizaciones en el discurso de Peña Nieto caminan solas, si la democracia no ha logrado convencer a todos —afirma—, es porque “cuando una sociedad no ve avances, mejoras, resultados, precisamente a partir del régimen democrático que ha consolidado, viene el desencanto que se convierte en un riesgo mismo para la democracia”.[27] Y es precisamente aquí donde Peña Nieto saca la varita mágica:

Por ello, he venido postulado de tiempo atrás que hoy se trata de lograr que nuestra democracia vaya más allá del mero terreno electoral y dé lugar a gobiernos eficaces que realmente den mejores resultados a la sociedad, a quienes gobiernan, a quienes se deben y para quien deben de trabajar.[28]

Al parecer, Peña Nieto tiene en sus manos la fórmula secreta de la eficacia, de un gobierno que al ofrecer resultados seducirá al gentío y sumará a su causa a las ovejas descarriadas; todos adorarán a partir de ahora la democracia y creerán de nuevo en las instituciones. Ni al caso comentar un argumento tan obtuso como éste. O el priista olvida que la gobernabilidad democrática, sustentada en la eficacia gubernamental, es muy difícil de alcanzar porque son muchos los intereses que hay que conciliar, más en un país donde el pluralismo político ha sido todo menos dócil con el gobernante en turno, o sobrestima sus propias capacidades ¿autoritarias? para imponer su voluntad al resto de los actores y para neutralizar sus efectos negativos. En todo caso, eficacia es precisamente lo que menos puede garantizar hoy en día un político a su pueblo en ninguna parte del planeta sin parecer arrogante o sin faltar a la verdad. Una fórmula tan gastada como insustancial en tiempos donde la economía de un país puede despeñarse porque cae la bolsa de Hong Kong.

Hasta aquí la retórica de Peña Nieto sobre la democracia. Nada que rescatar. Si acaso advertir que poco se le podrá exigir al respecto en el futuro, en sintonía con el principio de reciprocidad que postula el modelo de la calidad democrática, pues más allá de prometer eficacia en su gestión y una democracia sana, el priista ha preferido moverse en la superficie en este tema tan decisivo para el país. Si el diagnóstico de la democracia que subyace en su discurso es tan pobre, todo lo demás resulta irrelevante. Para Peña Nieto la democracia goza de cabal salud y sólo necesita mejor ventilación para desarrollarse al máximo. Y luego quieren que uno no sea suspicaz.

4.2. Economía

Si la retórica de Peña Nieto sobre la democracia raya en la tragicomedia, su retórica sobre la economía nacional del porvenir podría hacer llorar a los chinos y a más de una potencia emergente, porque México no sólo saldrá de su postración sino que en poco tiempo eclipsará los logros de aquéllos. De ese tamaño es el optimismo del priista a la hora de bocetar el México del futuro: “un país con una economía productiva, moderna, dinámica y competitiva, con crecimiento y empleo”; “un país justo, sin desigualdad ni pobreza, con equidad y calidad de vida, con una distribución más equitativa de la riqueza”.[29] Y si de prometer se trata, y ya entrados en gastos, por qué no de una vez triplicar el crecimiento:

Y me comprometo también a triplicar el crecimiento económico de México, para que realmente ofrezcamos a la sociedad presente y a las futuras generaciones, y especialmente a los jóvenes, oportunidades de empleo.[30]

[…] para pasar del 1.7 en promedio que ha crecido México en estos últimos 12 años, para lograr un crecimiento real, porque es posible y realizable, entre el 5 y el 6 por ciento.[31]

Pero no se le puede pedir cordura a un candidato que en su ignorancia reduce la economía a una simplificación extrema:

 […] cuando no se crece no se abren oportunidades de empleo. Y cuando los empleos que se generan no son suficientes, los que se propician son de baja paga, son mal remunerados, porque una mayor oferta presiona eventualmente a más empleos. No es el único factor, pero sin duda importante: mayor oferta, más empleo, mejor remunerado. Y esto tiene que ver con el crecimiento económico.[32]

De ahí las simplificaciones se encadenan sin remedio: para generar empleos se deben atraer inversiones y para atraer inversiones se deben ofrecer seguridades y ventajas competitivas a las empresas internacionales. Para ello se debe aprovechar la vecindad con Estados Unidos y potenciar las relaciones económicas con otros países y zonas productivas. Asimismo, en la medida que México sea más competitivo, se generan divisas que bien invertidas nos harán crecer de manera sostenida. Y una economía sana, productiva y competitiva, generará cada vez más empleos y prosperidad social:

Para que realmente México recupere su vos de liderazgo […] tenemos que lograr un mejor desempeño en nuestra economía que genere más empleos, y que a partir de ahí y que en una alianza permanente del gobierno y en una política industrial que siga el gobierno en apoyo a los emprendedores de nuestro país, lograr que la presencia de México en el mundo se amplié y sea mayor. Esto, el que tenga México esa presencia, en la zona Asia Pacífico, Sudamérica, Centroamérica, y muy señaladamente con América del norte para lograr esta integración productiva y competitiva frente al mundo en esa medida México tendrá un mayor desarrollo en su interior, pero hay que insistir: esto debe llevarnos primero a que las cosas cambien al interior, que volvamos a tomar el rumbo del crecimiento económico, de combatir eficazmente la pobreza de acabar con la inseguridad y de devolver a los mexicanos paz y libertad.[33]

Y ya desbordados de optimismo, por qué no prometer la erradicación de la pobreza, el hambre y la marginación:

Mi propuesta es muy clara, de llegar a ser presidente de México quiero logar un México incluyente y sin pobreza, un México donde realmente los mexicanos tengan mayores oportunidades, porque es la pobreza, sin duda, el tema más indignante y lastimoso entre los mexicanos. Es impensable que en esta época, en esta era, en pleno siglo XXI más de la mitad de los mexicanos vivan en condición de pobreza, y 21 millones de mexicanos pasen hambre y no sepan qué van a comer día a día.

                Pero esto es lo que tiene que cambiar, como presidente de México voy a cambiar esta condición, y propongo particularmente 3 acciones específicas: erradicar el hambre, erradicar la pobreza alimentaria en la que viven, insisto, más de 20 millones de mexicanos.[34]

Ojalá las cosas fueran tan simples como las pinta Peña Nieto, pero lamentablemente poco abona al optimismo en las actuales circunstancias del país. Pero de nuevo, en un país donde no se exigen cuentas y los representantes no tienen tampoco la obligación de ser responsables de sus dichos de campaña, todo se vale. En ese sentido, no hay nada en el discurso de Peña Nieto distinto al de sus predecesores en el cargo cuando buscaron el respaldo popular. Todos desbordaban optimismo y dibujaban un México extraordinario, y al final todos escondían la cola entre las patas, como el tristemente célebre perro que no pudo defender el peso. Algo debe tener de seductor el discurso de la grandeza que nos espera, del cuerno de la abundancia que nos colmará de bendiciones, que la gente sigue apostando cada sexenio por él, sabiendo de antemano que Santa Claus no nos quiere. De qué tamaño ha de ser la postración y la desesperación nacional como para depositar de nuevo su fe en el santo partido que precisamente nos arrojó al infierno en el pasado, condenándonos a la pobreza y la desigualdad que hoy promete erradicar. Ver para creer.

Por todo ello, no resulta descabellado que Peña Nieto sustente su optimismo nacional en los resultados que arrojó su gestión como gobernador en el Estado de México, una gestión que en su opinión fue exitosa en todos los sentidos. El argumento tendría fuerza, a no ser que si hubo un estado que en los últimos años ha visto un deterioro crítico en el crecimiento económico y en la calidad de vida de sus habitantes ha sido precisamente el Estado de México.

4.3. Seguridad

Si hay un tema sensible para los mexicanos y que preocupa sobremanera es precisamente el de la inseguridad. Como es sabido, el gobierno de Felipe Calderón incendió al país con una guerra inútil al narco, con la que pretendió legitimarse al inicio de su sexenio, pero que sólo trajo desgracia y luto. No voy a repetir aquí lo que todo mundo sabe al respecto, como las cifras de muertos y desaparecidos, los daños colaterales y las mentiras fabricadas con fines propagandísticos en torno a esta guerra fracasada,[35] simplemente diré que el asunto del narcotráfico y el crimen organizado exige una estrategia oficial radicalmente distinta para ser viable y revertir la espiral de violencia que ha desatado. Y en materia de estrategias no hay muchas opciones ni mucha ciencia: o se legaliza la producción, el consumo y la distribución de las drogas para neutralizar al narco o el Estado pacta con el narco. Obviamente, es difícil que un gobernante se pronuncie a favor de la primera opción, pues el lavado de dinero alimenta una economía subterránea que no sólo atenúa la escases de fuentes de trabajo y capitaliza el mercado nacional, sino que sus efectos permiten que un amplio sector de la burocracia y las fuerzas del orden obtengan cuantiosos recursos que el Estado no les provee. Por su parte, la segunda opción es políticamente incorrecta, y ningún político puede pronunciarse a su favor sin ser severamente cuestionado, pues lo que se espera es precisamente que condene al crimen organizado y lo enfrente.

En el caso de los discursos de campaña de Peña Nieto sobre el tema, hay muy poco que rescatar, pues se mantiene en lo políticamente correcto, no hay condenas enérgicas a los entuertos de Calderón, pero tampoco propuestas alternativas consistentes. Se podría afirmar incluso que Peña Nieto apuesta más a la continuidad de la estrategia de Calderón que a proponer modificaciones a la misma. Lo cual no obsta para exhibir una confianza excesiva en su capacidad para neutralizar los embates del narcotráfico: “México será un país sin violencia, con un gobierno eficaz para erradicarla”;[36] “Me comprometo a darle a México nuevamente paz, orden y tranquilidad”.[37] Sin embargo, a la hora de proponer estrategias concretas para lograr tan loables metas, Peña Nieto cae en los lugares comunes de siempre, o sea en más de lo mismo, como si esas fórmulas no se hubieran ensayado antes sin éxito o como si él contara con el talento y la visión que otros no tuvieron para convertir al agua en oro. Aquí sus propuestas en la materia:

1. Fortalecer la prevención del delito y la participación comunitaria para atender los factores de la delincuencia y no sólo sus consecuencias.

2. Preservar la vida y la integridad de las personas, de sus familias y su patrimonio, así como disminuir la violencia y elevar la eficacia con la que se combate al crimen organizado.

3. Aplicar una estrategia que tenga como soporte el respeto a los derechos humanos.

4. Mejorar la estructura y funcionamiento de los órganos encargados de la procuración y administración de justicia.

5. Asegurar que la actuación del Ministerio Público sea ajena a todo tipo de criterios que no sean de orden técnico jurídico, evitando la injerencia del titular del Poder Ejecutivo en la investigación y determinación de su competencia.

6. Fortalecer institucionalmente a los cuerpos de seguridad con nuevas tecnologías y equipamiento policial, así como privilegiar las acciones de inteligencia y estrategia en su accionar.

7. Crear un centro de inteligencia único que concentre, sistematice y ofrezca a las autoridades competentes toda la información necesaria para la efectiva lucha contra el crimen organizado.

8. Crear órganos de procuración de justicia y de policía especializados en la lucha contra el consumo y tráfico de drogas.

9. Alentar la participación de la sociedad en todas las acciones orientadas a la seguridad pública y a recuperar la paz social.

10. Valorar la propuesta de establecer mecanismos de auditoría ciudadana que coadyuven a mejorar los programas de seguridad pública y procuración de justicia.[38]

Pero más allá de los discursos, que como vemos no aportan nada original, hay buenas razones para suponer que Peña Nieto optará por negociar con el crimen organizado, que a final de cuentas es una creación alimentada y tolerada por el viejo régimen, un hijo bastardo del priato, y que Salinas de Gortari apapachó al grado de beneficiarse personalmente de sus relaciones con los capos del narco. Se trata, obviamente, de la única salida efectiva para disminuir la violencia sin llegar a los extremos de cancelar la “contribución económica” al país por parte del narco, legalizando las drogas. Más aún, ello le redituaría enormes beneficios económicos al gobierno de Peña Nieto para impulsar con éxito medidas sociales de relumbrón (Salinas verbi gratia), amén de que se mostraría eficaz ante la sociedad para disminuir la violencia que nos abruma a todos. Obviamente, todo eso ocurriría en lo oscurito, algo que dominan muy bien los artífices de la otrora dictadura perfecta. Bueno, eso es lo que sugiere la lógica, lo que está por verse es si el razonamiento lógico es posible para alguien que no ha leído un libro completo en toda su vida.

Hay muchos otros temas abordados en los discursos de campaña de Peña Nieto, como educación, seguridad social, política exterior, etcétera, pero si con los más importantes nos quedamos en la superficie, imagínense con los demás. Nada de rescatable hay en ellos. Mejor terminar aquí para pasar a las conclusiones.

5. Conclusiones

Qué mejor que retomar en esta parte final las preguntas formuladas al inicio y que orientaron mi búsqueda en este ensayo:

a) ¿Qué nos dicen los discursos de campaña de Peña Nieto sobre el futuro del país? Prácticamente nada. Peña Nieto prefirió explotar la retórica de la grandilocuencia que la reflexión mesurada, prefirió vender soluciones mágicas que medidas realistas y viables. De cumplirse las promesas de campaña de Peña Nieto México sería el mejor país del planeta, un lugar sin pobreza ni marginación, con pleno empleo, sin violencia ni traumas, próspero y competitivo, con educación de calidad y calidad de vida para todos, sin desigualdad ni monopolios, pujante y confiado en su futuro. Precisamente por eso, no hay nada en esta retórica digno de ponderarse, pues sólo nos vende sueños de opio, sueños que cualquiera puede comprar dada la postración en la que sobrevive el país después de doce años desperdiciados. Mejor tocar el cielo con una retórica idílica que el realismo frío y chocante de nuestro presente. Por todo ello, poco se le podrá exigir a Peña Nieto, pues su discurso del porvenir es tan intangible como irrealizable. Si acaso, los mexicanos sólo esperamos que las cosas no vayan peor que ahora. No creemos en las soluciones mágicas, sólo queremos vislumbrar una rendija para seguir respirando. Peña Nieto lo entendió, y por eso se fue a los extremos. Mejor pintar el país del futuro color de rosa, aunque nadie lo verá, que barnizar la frustración nacional con más frustración.

b) ¿Qué tanto se corresponden los discursos de campaña de Peña Nieto sobre el futuro del país con los deseos y percepciones de la sociedad en general? Prácticamente nada. Peña Nieto ganó la presidencia no porque su discurso rosa del porvenir haya seducido a los electores. Lejos de ello, los mexicanos hemos aprendido a golpes y estirones qué podemos esperar de nuestros políticos y qué no. No creemos en soluciones mágicas ni en promesas de marinero. El PRI regresa no porque haya ofrecido la mejor opción de futuro al país, sino porque muchos la concibieron como la menos mala de todas. Hace mucho que los mexicanos dejamos de votar con la esperanza a cuestas, pues sólo hemos recibido de nuestros gobernantes silencio y olvido; hoy votamos más bien para castigar la negligencia y para constatar si finalmente un gobernante nos tomará en cuenta o seguirá gobernando en el vacío, convencidos que algún día dará de sí el delgado hilo de la gobernabilidad y México podrá despertar entonces de su postración. Más valdría pues, que el próximo presidente no se crea el “elegido”, o que crea que sus promesas de campaña son la piedra filosofal que el pueblo estaba esperando. Pensar así es una ilusión tan vana y huera como la propia retórica del porvenir que Peña Nieto alimentó irresponsablemente en sus discursos de campaña.

c) ¿Cuál es el grado de veracidad y la viabilidad real de dicha idea de futuro bocetado en el discurso de campaña de Peña Nieto? Ninguna. Más aún, lo más seguro es que los mexicanos atestigüemos derroteros contrarios a los vislumbrados por el próximo presidente. En particular, poco cabe esperar en materia de democracia, pues el regreso del PRI nos aproxima más, por las razones expuestas, a una espiral involutiva y regresiva en los derechos políticos que habíamos conquistado hasta ahora. Con el regreso del PRI al poder regresan muchas de las prácticas y formas de hacer política con las que se perpetuó en el poder el siglo pasado: clientelismo, discrecionalidad, abusos de autoridad, imposiciones, corporativismo estatal, influyentismo, etcétera. Algo lamentable para un país que no terminaba de construir nuevos referentes políticos más próximos a las exigencias de una democracia. En suma, malos tiempos nos esperan a los mexicanos en materia de libertades y derechos elementales. Al tiempo.

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[1] En otra parte he calificado este tipo de estudios como “la bazofia de la ciencia política” (Cansino, 2008).

[2] La pauta fue establecida desde antes de la constitución formal de la ciencia política en la segunda posguerra en Estados Unidos, por un economista austriaco, Joseph Schumpeter, quien en un libro de 1942 (Capitalism, Socialism and Democracy) propuso una definición “realista” de la democracia distinta a las definiciones idealistas que habían prevalecido hasta entonces. Posteriormente, ya en el seno de la ciencia política, en un libro cuya primera edición data de 1957, Democrazia e definizioni, el politólogo italiano Giovanni Sartori insistió puntualmente en la necesidad de avanzar hacia una definición empírica de la democracia que permitiera conducir investigaciones comparadas y sistemáticas sobre las democracias modernas. Sin embargo, no fue sino hasta la aparición en 1971 del famoso libro Poliarchy. Participation and Opposition, de Robert Dahl, que la ciencia política dispuso de una definición aparentemente confiable y rigurosa de democracia, misma que adquirió gran difusión y aceptación en la creciente comunidad politológica al grado de que aún hoy, casi cuatro décadas después de formulada, sigue considerándose como la definición empírica más autorizada. Como se sabe, Dahl parte de señalar que toda definición de democracia ha contenido siempre un elemento ideal, de deber ser, y otro real, objetivamente perceptible en términos de procedimientos, instituciones y reglas del juego. De ahí que, con el objetivo de distinguir entre ambos niveles, Dahl acuña el concepto de “poliarquía” para referirse exclusivamente a las democracias reales. Según esta definición una poliarquía es una forma de gobierno caracterizada por la existencia de condiciones reales para la competencia (pluralismo) y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos (inclusión).

[3] Entre los principales animadores del debate sobre la calidad democrática destacan Guillermo O’Donnell (2004a y 2004b); Philippe C. Schmitter (2004); G. Birnham Powell, Jr. (2004); David Beetham (2004) y Leonardo Morlino (2003).

[4] Muy en la línea de lo que Sartori ha planteado recientemente sobre la crisis actual de la ciencia política (Sartori, 2004),

[5] En ese sentido, el modelo de calidad de la democracia me recuerda otro que en los años ochenta del siglo pasado tuvo gran influencia en América Latina, la “definición mínima” de democracia propuesta en su momento por el filósofo Norberto Bobbio (1984), pues con ella los latinoamericanos pudimos reconocer sin florituras ni afeites las condiciones mínimas que nos permitían hablar de democracia, en contextos donde el concepto había sufrido todo tipo de usos y abusos a manos de los políticos e ideólogos de turno.

[6] Véase, por ejemplo, Cansino (2008 y 2009a).

[7] El tema de la transición en México ha sido tan manoseado por todos (intelectuales, académicos, políticos, periodistas, analistas, etcétera), más con fines políticos que heurísticos, que ha terminado por ser uno de esos conceptos que significa todo y nada al mismo tiempo, por lo que se puede emplear para decir cuanta barbaridad se quiera. A ello ha contribuido no sólo la actualidad del tema, que por ese simple hecho suscita controversias, sino el total desconocimiento o el conocimiento superficial de la literatura politológica sobre el particular. Véase Cansino (2011b).

[8] Véase, por ejemplo, Cansino (1994, 1997, 2000, 2004, 2007, 2009a, 2009b y 2011a); Cansino y Covarrubias (2006 y 2007) y Cansino y Nares (2011).

[9] La categoría clásica de “partido hegemónico” se debe a Sartori (1976), la definición del presidencialismo mexicano como un “poder ilimitado con enormes facultas constitucionales y metaconstitucionales” se debe a Carpizo (1978), aunque también resulta ilustrativa la definición aportada por Krauze de “presidencialismo imperial” (2002). Con todo, el primero que sostuvo que el PRI y el presidencialismo constituían los pilares de dominación del régimen posrevolucionario en México fue Cosío Villegas (1972).

[10] Véase, por ejemplo, Morlino (1980 y 2007), Schmitter y O’Donnell (1986) y Cansino (2002).

[11] En transiciones desde dictaduras militares, estos regímenes suelen considerase estados de excepción destinados a disolverse tarde o temprano una vez que se hayan logrado los objetivos que propiciaron su irrupción, como poner orden en la economía, suprimiendo para ello derechos y garantías ciudadanas. Obviamente, este no es el caso del régimen político mexicano posrevolucionario que, sin ser democrático, nunca se concibió como excepcional o transitorio, sino como un régimen formalmente democrático, aunque por sus componentes autoritarios, fuera más bien una “democracia de fachada”. Véase Cansino (2009a).

[12] Sobre este tema, véase Cansino (2004), Cansino y Nares (2011) y CERE (2004).

[13] Está por aparecer un libro de mi autoría donde evalúo los saldos del panismo en el poder del 2000 al 2012 (Cansino, 2012b).

[14] Sobre el tema del narco en México, véase Cansino y Molina (2010).

[15] Sobre el tema de la cultura política en México remito a los interesados a Cansino (2012a).

[16] Sobre este tema remito a los interesados a Cansino (2012c).

[17] Así lleva por título un libro de mi autoría sobre el tema (Cansino, 2009).

[18] Sara Sefchovich dixit (2008).

[19] Plataforma electoral federal y programa de gobierno 2012-1018, marzo de 2012, p. 4. (http:// http://www.ife.org.mx /portal/site/ifev2/Plataformas_electorales/).

[20] Ibíd., p. 6.

[21] Manifiesto de Peña Nieto: “Por una presidencia democrática”, 21 de mayo de 2012 (www.enriquepenanieto.com/dia-a-dia/entrada/por-una-presidencia-democratica-manifiesto/).

[22] Discurso de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, 11 de mayo de 2012 (www.enriquepenanieto. com/sala-de-prensa/entrada/encuentro-en-el-universidad-iberoamericana).

[23] Ídem.

[24] Véase Cansino (2012b), donde analizo los saldos del panismo en el poder.

[25] Cansino (2010, cap. 6: “Una democracia toda por hacerse”).

[26] Plataforma electoral…, cit., p. 5 (subrayado mío).

[27] Discurso de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, 11 de mayo de 2012 (www.enriquepenanieto. com/sala-de-prensa/entrada/encuentro-en-el-universidad-iberoamericana).

[28] Ídem.

[29] Plataforma electoral…, cit., p. 5.

[30] Discurso de Peña Nieto en Comitán, Chiapas, 31 de marzo de 2012 (http://enriquepenanieto.com/sala-de-prensa/entrada/visita-a-comitan-chiapas).

[31] Discurso de Peña Nieto en Cd. Juárez, Chihuahua, 1 de abril de 2012 (http://enriquepenanieto.com/sala-de-prensa/entrada/compromiso-con-la-seguridad).

[32] Discurso de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, 11 de mayo de 2012 (www.enriquepenanieto. com/sala-de-prensa/entrada/encuentro-en-el-universidad-iberoamericana).

[33] Peña Nieto en el Primer Debate Presidencial, 10 de junio de 2012.

[34] Ídem.

[35] A los interesados en ello los remito a mi libro sobre la guerra al narco: Cansino y Molina Carrillo (2010).

[36] Plataforma electoral…, cit., p. 9.

[37] Discurso de Peña Nieto en Aguascalientes, Aguascalientes, 21 de abril de 2012 (http:// enriquepenanieto.com/sala-de-prensa/entrada/en-el-encuentro-con-estructuras-territoriales-de-aguascalientes)

[38] Plataforma electoral…, cit., p. 5.

1. Introducción

El 2011 vio el inicio de un conjunto de revueltas en el Norte de África y Oriente Medio que sorprendió al mundo, pues propició la caída de algunos de los dictadores más temibles y obstinados de esa parte del planeta, como Hosni Mubarak en Egipto, Muamar Gadafi en Libia, Ben Ali en Túnez, además de varias rebeliones en curso contra las dictaduras de los Asad en Siria y los Khalifah en Bahréin. Casi inmediatamente, la prensa mundial bautizó esos movimientos como la “Primavera árabe”, mientras que muchos analistas políticos, con más ignorancia que fortuna, los calificaron como la “Cuarta Ola de democratizaciones en el mundo”,[1] de acuerdo a una conocida terminología elaborada por el politólogo estadounidense Samuel Huntington en su libro La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX (1994).

                Como suele ocurrir, la prensa resultó más elocuente y efectiva que la academia a la hora de caracterizar estos movimientos populares, pues en estricto sentido, siguiendo a Huntington con rigor, la Primavera árabe no califica para ser concebida como una cuarta ola de democratizaciones, si acaso como la cola de la tercera ola iniciada a mediados de la década de los setenta del siglo pasado en el Sur de Europa.[2] Y no es que me preocupe preservar la pureza semántica de las categorías de Huntington, pues a final de cuentas las ciencias sociales son y seguirán siendo absolutamente promiscuas y eclécticas en el empleo de sus conceptos y métodos,[3] amén de que ni el libro mencionado ni su autor me merecen alguna consideración intelectual,[4] sino que una caracterización superficial o arbitraria de estos procesos puede llevarnos a descuidar o confundir las verdaderas transformaciones que han experimentado las democracias modernas en los últimos años, y que sí califican como una cuarta ola o ciclo de democratizaciones, si con ello se pretende destacar un proceso totalmente distinto, original y promisorio en el largo camino que nos ha conducido a la mayoría de las naciones del mundo hacia la democracia, una suerte de vuelta de tuerca en la democratización. Me refiero a los movimientos de indignados en varias partes del mundo, como España o Grecia en Europa, y Estados Unidos o México en América, por citar las experiencias más conocidas, y que al igual que los movimientos de la Primavera árabe iniciaron en el 2011.

                De ahí que me propongo en este ensayo examinar la novedad de estos movimientos sociales —tanto la Primavera árabe como los indignados— para la democracia, o sea su aporte simbólico y práctico en lo que llamaré la “democratización de la democracia”, así como desmitificar ciertas caracterizaciones apresuradas sobre dichos movimientos que en lugar de aclarar su significado y alcance lo oscurecen sin remedio. Mi tesis es que por efecto de algunos de estos movimientos sociales nos encontramos en una nueva era u ola de democratizaciones donde el dato realmente relevante es la afirmación o empoderamiento de la ciudadanía con respecto a la política institucional, una fase que cristaliza en ciernes el entendimiento de la democracia como forma de vida, y del espacio público, como el lugar decisivo de la política democrática.

2. La Primavera árabe

Los movimientos de la Primavera árabe no califican como “cuarta ola” porque no ofrecen ninguna novedad respecto a las democratizaciones que se han sucedido en el mundo desde los años setenta, o sea la tercera ola: se trata de transiciones desde dictaduras militares o personalistas, con protestas sociales más o menos consistentes e intermitentes, con fracturas en el grupo de apoyo de los dictadores que les restó centralidad, con la emergencia de nuevos actores políticos y que eventualmente asumen nuevos roles de oposición para promover cambios políticos estructurales, entre otras muchas coincidencias. Si acaso, estas transiciones presentan la particularidad de generarse en el seno de sociedades cruzadas por el clivaje religioso islámico y fundamentalista, ausente en las transiciones democráticas occidentales, el cual ha sido largamente utilizado a conveniencia por los tiranos de la región. Hecho que sin duda inhibirá que estos países transiten de manera inequívoca a regímenes democráticos efectivos y plenamente respetuosos de los derechos individuales, tal y como lo establecen los cánones occidentales. Lejos de ello, lo que veremos en el norte de África y el Medio Oriente en los próximos años serán largos e inciertos experimentos de transformación, cruzados por guerras civiles y conflictos religiosos seguramente violentos, así como intentos de varios países de la zona por interferir en los procesos de apertura iniciados en 2011 para conseguir así aliados frente a lo que los fundamentalistas consideran como sus verdaderos enemigos, como Israel o Estados Unidos.

                Pongamos como ejemplo los casos de Egipto y Libia. En el primero, Mubarak llegó al poder en 1981 mediante un golpe de Estado. Como cualquier tirano en el poder, Mubarak cometió todo tipo de crímenes y excesos, lo que a larga le valdría el repudio de su pueblo, no obstante ciertos logros económicos y diplomáticos alcanzados durante su mandato (como su mediación en 1993  en los acuerdos que llevaron al inicio de la autonomía palestina), gracias a las buenas relaciones que supo mantener con sus vecinos. En 2003 surgió un movimiento disidente, conocido popularmente como Kifaya, que buscaba una vuelta a la democracia y mayores libertades civiles, y que es el antecedente de las revueltas de 2011. Sin embargo, no fue hasta febrero de este año cuando se consiguió derrocar a Mubarak y su régimen mediante dos semanas de manifestaciones. El foco principal y permanente de la rebelión fue la famosa y representativa “Midan Tahrir” (Plaza de la Liberación), en el centro de El Cairo, donde se congregaban a diario varios cientos de miles de manifestantes. Recientemente, el 24 de junio de 2012, Egipto celebró las primeras elecciones presidenciales democráticas con más de un candidato de su historia, aunque sigue pendiente la aprobación de una nueva Constitución. Pese a estos avances indudables nadie podría afirmar todavía que Egipto se encuentra en una sendero democratizador claro e irreversible.

                El caso de Libia es muy similar. A principios del 2011, al calor de la Primavera árabe iniciada en Egipto y Túnez, se produce una serie de protestas y una parte de la población de Libia se manifiesta contra el régimen de Gadafi mientras otro segmento mantiene su apoyo. Mediante comités populares, los opositores lograron controlar varias ciudades, aunque el dictador opuso una férrea resistencia en la capital, con 120 mil leales al régimen. La prensa internacional señaló que Gadafi reprimió con gran dureza las manifestaciones mediante mercenarios y ataques aéreos, y en Bengasi al menos 130 militares fueron asesinados por negarse supuestamente a disparar contra el pueblo desarmado, mientras que varios ministros, embajadores y líderes religiosos abandonaron a Gadafi. La ONU (Organización de las Naciones Unidas) estimó en más de 2 mil los muertos civiles a manos del régimen, por lo que emitió la Resolución 1970 de su Consejo de Seguridad y solicitó una investigación internacional sobre la violenta represión y los crímenes de lesa humanidad de Gadafi.  El día 17 de marzo se aprobó la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, estableciendo una zona de exclusión aérea, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido lanzaban misiles Tomahawks sobre objetivos militares libios cerca de Trípoli, según la operación “Odisea al amanecer”. Posteriormente, países como España y Dinamarca se unieron a la ofensiva aliada contra Gadafi. El 22 de agosto, tras la batalla de Trípoli, el régimen de Gadafi se desmorona y el 20 de octubre de 2011 concluye este conflicto armado con la toma de Sirte, el último reducto gadafista en pie, y la muerte del tirano. De entonces a la fecha se han dado diversas tentativas para formar un gobierno provisional y de transición, pero el proceso ha estado atravesado por múltiples conflictos y resistencias.

                Pese a sus particularidades, los movimientos de la Primavera árabe ejemplificados aquí con Egipto y Libia comparten muchas similitudes: más que transiciones pactadas con una idea clara o precisa de la democracia como meta, han sido revueltas o revoluciones en contra de tiranías personalistas o para descabezar al régimen dictatorial; proponen una democratización a todas luces novedosa para las naciones involucradas, pues ninguna de ellas posee experiencias o referentes históricos democráticos que anteponer a sus persistentes tiranías; el deseo de libertad ha sido el impulso de sus protagonistas, aún a costa de arriesgar sus vidas; han tenido como detonante una caída brusca en las expectativas de vida de su población en el actual contexto recesivo mundial; han recurrido en mayor o menor medida a las redes sociales como vehículo para socializar su lucha y conquistar adeptos; han tenido el respaldo decisivo de Estados Unidos y otros países europeos, interesados en contar con países aliados en una zona tan conflictiva como esa; no tienen asegurada la democratización de sus respectivos países aún cuando hayan derrocado a sus respectivos tiranos.

                En suma, contrariamente a lo que afirman muchos despistados, los movimientos de la Primavera árabe no califican como cuarta ola, no sólo porque no presentan nada realmente nuevo en la tendencia democratizadora que arrancó hace ya más de cuarenta años, sino porque, lamentablemente, es difícil que desemboquen en un tiempo razonable en democracias liberales estables y ampliamente respaldadas, salvo quizá uno o dos casos.

                Pero esta no es la única confusión que los politólogos han alimentado al referirse a estos movimientos. Así, por ejemplo, hay quien incluye en la cuarta ola, además de la Primavera árabe, otros procesos democratizadores recientes en países de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), como Georgia (“Revolución de la Rosa”), Ucrania (“Revolución Naranja”), Kirguizistán (“Revolución de los Tulipanes”) o Azerbaiyán (la fallida “Revolución de la Sandía”), amén de incluir otros procesos en Oriente Medio, como la frustrada “Revolución Verde” en Irán o las muchas disputas internas en Líbano.[5] Todo lo cual ya raya en el absurdo, pues como sabe todo el mundo el impulso de la mayoría de estos movimientos no ha sido necesariamente democratizador sino separatista, etnicista o fundamentalista.

                Contrariamente a estas caracterizaciones imprecisas e insustanciales, los movimientos de los así llamados indignados generados a partir de 2011 en España sí tienen suficientes atributos novedosos e inéditos como para establecer que con ellos presenciamos el inicio de un nuevo ciclo en el proceso de democratización en el mundo, y cuyos alcances y posibilidades sólo podremos dimensionar en un futuro no muy lejano.

3. Los Indignados

Para entendernos, el movimiento de los indignados surge en España a raíz del 15 de mayo de 2011 (por lo que ahí se le conoce como el “Movimiento 15-M”) con una serie de protestas pacíficas de millones de ciudadanos con la intención de promover una democracia más participativa alejada del bipartidismo PSOE-PP (Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, respectivamente), percibido como nocivo y estancado, así como una “auténtica división de poderes” y otras medidas para mejorar la democracia. Cabe señalar que se trata de un movimiento apartidista (sin afiliación a ningún partido ni sindicato), pacífico, horizontal, espontáneo y transparente. Su lema constitutivo es “¡Democracia Real Ya!” Uno de los efectos inmediatos de las concentraciones masivas del 15-M a lo largo y ancho del país ibérico fue el adelantamiento de las elecciones generales, las cuales llevaron al poder al PP después de un gobierno de pesadilla del PSOE, agravado por la crisis económica, y aunque este movimiento no ha logrado materializar todas sus reivindicaciones sí ha sembrado una semilla que puede dar frutos en el futuro, pero sobre todo, como trataré de explicar más adelante, ha indicado al mundo un camino posible de la mayor importancia simbólica y práctica para la democratización de la democracia, algo que ni sus propios protagonistas imaginaban o dimensionaban ni remotamente.

                Como era de esperarse, el 15-M ha sido víctima de su propio éxito, pues muchos en el poder político y económico ven con preocupación el despertar y el empoderamiento de la sociedad, lo cual puede amenazar sus intereses y privilegios. De ahí que, no obstante la inmensa base social que apoya al movimiento,  se pueden encontrar en los medios y revistas especializadas españoles muchas críticas y descalificaciones para dividir y confundir a la opinión pública, desde los que sostienen que el movimiento terminó siendo cooptado por ciertos grupos políticos para su propia conveniencia hasta los que ven en estas formas de protesta expresiones arbitrarias y antidemocráticas por cuanto afectan los derechos de terceros, como el de transitar libremente por sus calles o abrir sus comercios. Quizá haya buenos argumentos para concederle a estas críticas el beneficio de la duda, pero también es cierto que el origen del 15-M es auténticamente ciudadano, apartidista y pacífico, y que los grandes movimientos sociales suelen contaminarse, desviarse o incluso pervertirse en el camino, un derrotero tan impredecible como posible, pero no por ello paralizante a priori.

                Este movimiento, como todos los que lo han secundado en el mundo, tiene la particularidad de haberse configurado y potencializado a través de las redes sociales, y en especial Twitter, que por la vía de los hechos se han convertido en la moderna ágora de deliberación pública, en la nueva plaza pública, con la peculiaridad de poder conectar en tiempo real a millones de personas, algo simplemente inconcebible hace unos cuantos años. Otra característica es su espontaneidad, pues surge en torno a una demanda sentida por amplios sectores de la población, los cuales se activan con la esperanza de ser escuchados por las autoridades, en una suerte de democracia deliberativa generadora de nuevos contenidos y valores vinculantes.

                En cuanto a los antecedentes intelectuales del 15-M cabe referir el libro ¡Indignaos! (2004) del escritor y diplomático francés Stéphane Hessel, quien plantea un alzamiento contra la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica, lo que convirtió su obra en un fenómeno mediático-editorial. Cabe señalar que Hessel fue uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, lo que le da gran autoridad moral para sostener en ¡Indignaos! que: “cuando los gobiernos no escuchan al pueblo la democracia se convierte en oligarquía”, algo que por lo demás habían afirmado varios intelectuales en varias partes desde hacía mucho tiempo, como Hannah Arendt (1958, 1993), Cornelius Castoriadis (1975), Claude Lefort  (1983, 1986), Pierre Rossanvalon (1998), Agapito Maestre (1994), entre otros muchos. Otro antecedente de los indignados, curiosamente, son los movimientos de la Primavera árabe, por cuanto enseñaron e inspiraron a las generaciones actuales más jóvenes, y que componen en su gran mayoría a los movimientos de indignados en todo el mundo, el poder de la resistencia y la protesta sociales, al grado de que pudieron derrocar a dictadores de la peor ralea como Mubarak y Gadafi.

               Bajo el influjo de los indignados en España, también se generó un movimiento similar en Gracia, donde vaya que existen buenas razones para la indignación. Aquí, también en 2011, las protestas han estado  exentas de banderas partidistas (lo han intentado los comunistas y tuvieron que salir corriendo), aunque no se puede negar una fuerte influencia izquierdista y un latente trasfondo de partidos progresistas (como en España), pero insisto, hay indignados de todos los colores e inclusive indignados sin color. La indignación griega tiene su origen en la española y como ésta también está organizada principalmente desde las redes sociales. Entre sus logros, el 31 de mayo de 2011 “encerraron” a sus políticos en el Parlamento, hasta que la policía consiguió crear un pasillo para que pudieran ir saliendo.

                En el caso del continente Americano destacan los movimientos de indignados en Estados Unidos y México. En el primer caso, el detonante fue la crisis económica de 2008 y la victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales de ese mismo año. Primero fue el Tea Party, surgido en 2009, para demandar la reducción del gasto público, los impuestos, la deuda externa y el déficit del presupuesto del gobierno federal. En el otro extremo del abanico político, nació otro movimiento popular, sin liderazgo ni propuestas definidas, unido en torno a una indignación común frente a los abusos de los grupos financieros estadunidenses. Ocupar Wall Street se ha extendido a más de 25 ciudades de la Unión Americana. Siguiendo el esquema de los indignados de España, la revista canadiense Adbusters lanzó un llamado a ocupar Wall Street en protesta contra los abusos del sistema financiero estadunidense que ha provocado alzas en vivienda, salud y educación, así como despidos masivos. El primer día sólo se reunieron menos de 300 jóvenes en el parque Zuccotti, cerca del corazón financiero de Manhattan. Tuvieron muy poca cobertura hasta que lograron la atención de los medios internacionales cuando 700 jóvenes fueron detenidos por la policía neoyorquina por manifestarse sin permiso en el puente Brooklyn y recibieron el apoyo de personalidades como Noam Chomsky, Susan Sarandon, Michael Moore o el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, quien escribió en el New York Times: “Tienen razón al acusar a Wall Street de ser una fuerza destructiva económica y políticamente. El movimiento empieza a verse como un acontecimiento importante con posibilidad de transformarse en un punto de quiebre”. En suma, Ocupar Wall Street es una protesta contra la usura de las corporaciones financieras que ocasionaron la crisis económica mundial hace cinco años y recibieron como “recompensa” un rescate de 2 billones de dólares. Es una condena contra la corrupción entre las élites política y económica, también llamada capitalismo de cuates o de truhanes (crony capitalism), en el cual los altos funcionarios gubernamentales buscan el apoyo financiero de las élites empresariales, y viceversa. Dinero a cambio de favores políticos, como el acceso monopólico a ciertos mercados, acceso preferente a empresas gubernamentales y acercamiento a los detentadores del poder político. Ocupar Wall Street también es un grito contra la creciente desigualdad: 46 millones de estadunidenses viven por debajo de la línea de pobreza y 25 millones no tienen empleo. No está claro hasta dónde llegará este movimiento ni cuáles serán sus consecuencias. A primera vista parecería que la protesta de Occupy Wall Street es afín al reclamo que hizo Obama contra los abusos de la élite financiera estadunidense, pero muy pronto quedó claro que nadie puede contra el imbatible poder del dinero: en su gabinete económico permanecieron los principales artífices del desastre financiero.

                En México, por su parte, las manifestaciones de los indignados han sido más bien esporádicas, poco nutridas, y se han articulado en torno a demandas de diverso tipo. Por una parte está el movimiento de indignados encabezado por el poeta Javier Sicilia en contra de la violencia en que el gobierno de Felipe Calderón ha sumido al país con una guerra inútil por sus resultados al crimen organizado. El movimiento se llama Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y ha logrado sentar a discutir el asunto de la violencia al presidente de la República, a gobernadores y a partidos en una muestra insólita de influencia y protagonismo ciudadano. Sin embargo, en términos prácticos, es muy poco lo que este movimiento ha logrado, más allá de concientizar a la población de la inutilidad de esta guerra tal y como ha sido desplegada por el Estado mexicano. Por otra parte, está el famoso movimiento estudiantil #YoSoy132 surgido espontáneamente para protestar por la imposición mediática tan burda como insultante del candidato priista a la Presidencia, Enrique Peña Nieto. Poco a poco este movimiento logró modificar las percepciones sociales sobre la democracia en México, al exhibir sus muchas inercias autoritarias y regresivas. Al final no cambiaron la historia, pues aspiraban a que el candidato de las televisoras no se llevara el triunfo, cosa que no lograron, pero mostraron una gran capacidad de organización y movilización, pero sobre todo desnudaron a las instituciones en sus perversiones y ambiciones, un paso de la mayor importancia en la necesaria democratización de la incipiente democracia mexicana.

4. Caracterizando la indignación

En términos teóricos, la novedad que los movimientos de indignados presentan en todo el mundo ya no tiene que ver con la instauración de regímenes democráticos desde dictaduras militares, tradicionales o carismáticas —como la Primavera árabe, al menos en el papel— sino con la profundización o perfeccionamiento de la democracia ahí donde ya se ha conquistado en lo general, es decir como forma de gobierno que regula el acceso al poder mediante el sufragio efectivo y el reconocimiento pleno del pluralismo político. Se trata más bien de movimientos sociales múltiples, masivos y heterogéneos que al expresar y canalizar su indignación hacia la política realmente existente y hacia sus representantes políticos en sus respectivos países visibilizan a la ciudadanía y le restituyen una centralidad política que aquéllos le han negado al gobernar en el vacío o a espaldas de la sociedad. En otras palabras, con su protesta los indignados impulsan un tránsito no sólo necesario sino decisivo para el porvenir de la democracia, desde democracias representativas, donde los políticos y partidos sólo apelan a los ciudadanos para obtener su voto, hacia democracias más participativas, donde los representantes no tendrán más remedio que gobernar cada vez más en tensión creativa con la propia ciudadanía, la cual ya no está dispuesta a seguir siendo ignorada o sacrificada en sus demandas y anhelos. En suma, estamos en presencia de movimientos sociales renovadores que al exigir ser escuchados por sus autoridades contribuyen a democratizar la democracia, o sea a sustraerle centralidad a los políticos profesionales en favor de los ciudadanos, principio y fin de cualquier democracia.

                Poner las cosas en esos términos tiene mucho sentido, pues es evidente para cualquiera que la democracia está en crisis en todas partes, no obstante haberse impuesto desde hace mucho en Occidente y en muchas otras regiones como la única forma de gobierno realmente legítima. Se trata sobre todo de una crisis de representación, pues los ciudadanos nos sentimos cada vez menos representados por nuestros gobernantes y partidos, por más que hayan sido elegidos democráticamente para representarnos y tomar decisiones en nuestro nombre. Lo que vemos en todas partes es un proceso de distanciamiento efectivo entre las élites políticas y la sociedad, una suerte de corto circuito que lleva a aquéllas a ignorar a ésta, a tomar decisiones impopulares, como si detentar el poder político los autorizara a gobernar en el vacío.[6] No por casualidad, uno de los temas más recurrentes de la filosofía política contemporánea ha sido precisamente el de repensar la democracia no sólo como forma de gobierno, sino sobre todo como forma de vida en común, como forma de sociedad, lo que supone concebir a la política democrática como el lugar decisivo de la existencia humana, y al espacio público como el lugar de encuentro de los ciudadanos en condiciones mínimas de igualdad y libertad, el espacio natural donde los individuos transparentan (en el sentido de hacer públicos) sus deseos y anhelos, sus frustraciones y congojas, y por esta vía instituyen con sus opiniones y percepciones los valores que han de regir al todo social, incluidos a los políticos profesionales.

                Según esta concepción, nada preexiste al momento del encuentro de ciudadanos libres, el momento político por antonomasia, sino que es ahí, en el intercambio dialógico incluyente y abierto, donde se llenan de contenido los valores vinculantes, sin más guión que la propia indeterminación; o sea, ahí donde se encuentran individuos radicalmente diferentes (como los que integran a cualquier sociedad plural) pueden generarse consensos, pero también acrecentarse las diferencias. Huelga decir que para esta concepción, todo es politizable, a condición de que sea debatible. En suma, según esta noción, los verdaderos sujetos de la política son los ciudadanos desde el momento que externan sus opiniones y fijan sus posiciones sobre todo aquello que les preocupa e inquieta en su entorno cotidiano.

                Lejos de lo que pudiera pensarse, esta forma de vivir la democracia siempre ha existido en las democracias realmente existentes, desde el momento que sólo este tipo de gobierno puede asegurar condiciones mínimas de igualdad ante la ley y de libertad a los ciudadanos, lo cual resulta indispensable para la expresión espontánea y respetuosa de las ideas. Sin embargo, también es verdad que la esfera del poder institucional suele ser ocupada por gobernantes y representantes que, como decíamos, lejos de gobernar en tensión creativa con la sociedad lo hacen en el vacío. Desde cierta tradición teórica, el fenómeno ha sido explicado como una colonización de la sociedad por los sistemas instrumentales del poder y el dinero que todo lo avasallan a su paso.[7] Otros autores, por su parte, ven en el elitismo de la política profesional, en cualquiera de sus manifestaciones posibles —como la oligarquía o la partidocracia—, el impedimento para que la sociedad sea considerada de manera más incluyente por quienes toman las decisiones en su nombre en una democracia representativa.[8]

                Pero independientemente de las explicaciones, lo interesante es señalar que no obstante los factores reales del poder que merman el impacto de la sociedad en la democracia, confinándola casi siempre a legitimar a los políticos profesionales y a los partidos mediante el sufragio, las sociedades nunca han dejado de expresarse, o sea que siempre, en mayor o menor medida, han condicionado el ejercicio del poder, necesitado siempre de legitimidad para conducirse. Es lo que algunos teóricos han denominado la capacidad instituyente de la sociedad desde sus imaginarios colectivos, o sea todo aquello que de manera simbólica construyen las sociedades desde su tradición, su historia, sus percepciones, sus temores y su interacción con otras sociedades.[9] Con lo que queda mejor ilustrada la concepción de la democracia como modo de vida en común. El impacto de esa capacidad o su intensidad pueden variar de una democracia a otra, pero siempre permanece in nuce, ya sea como acción o reacción, a pesar de lo que muchos políticos profesionales quisieran.

                Y es precisamente aquí donde adquiere sentido el aporte de los indignados a la democracia. Los indignados nos recuerdan que la democracia no puede edificarse en el vacío, sino en contacto permanente con la sociedad. Si la representatividad fue la fórmula que permitió que la democracia como forma de gobierno se concretara en sociedades complejas como las modernas, los indignados son una expresión ciudadana auténtica que restituye a la sociedad su centralidad y protagonismo frente a los déficits de representatividad que acusaba desde hace tiempo. De algún modo, los indignados llenan de contenido esa idea clásica de que el poder está en vilo, me refiero al poder ocupado por los políticos profesionales, pues su permanencia o caída depende siempre de una sociedad cada vez más crítica, informada y participativa.

5. De indignados a indignados

Para fines analíticos, conviene no confundir los movimientos de indignados surgidos a partir de 2011 con otras formas de protesta social precedentes, incluso las más cercanas en el tiempo, aunque compartan alguna o algunas de las características de aquéllas, como pudieran ser el “Movimiento Sin Tierra” brasileño, El Foro Social Mundial de Porto Alegre, los altermundistas, el movimiento “¡Que ser vayan todos!” en Argentina, entre muchos más. Digamos que para ser indignados, los movimientos deben cumplir en su totalidad con los siguientes requisitos: ser masivos, heterogéneos, plurales y populares; ser netamente ciudadanos y apartidistas; no contar con una ideología definida; ser tan espontáneos como las propias redes sociales que vehiculan permanentemente el sentir de sus partidarios; emerger en ordenamientos políticos democráticos, aunque la democracia institucional le quede a deber a sus respectivas ciudadanías; no aspiran a instaurar la democracia sino que la ejercen mediante el debate público entre todos, buscando consensos sin pretensiones dogmáticas; ser pacíficos e institucionales, aunque muchas veces busquen reformar las instituciones; dirigir sus reclamos a la autoridad, por cuanto compete a ella responder y atender las demandas sociales; pueden tener liderazgos sociales, pero casi siempre se dan formas de organización horizontales y colectivas, donde todos participan.

                De acuerdo con esta caracterización, queda claro que movimientos sociales como el Foro Social Mundial de Porto Alegre o los altermundistas, aunque muy influyentes y combativos, no califican como indignados, entre otras cosas porque están articulados en torno a una ideología más o menos precisa en sus contenidos, una ideología marxista o de izquierda, anti-neoliberal y anti-imperialista, o porque no fueron espontáneos sino convocados explícitamente por diversas organizaciones civiles y políticas.

                En términos culturales, los indignados aportan a la democracia un conjunto de valores de la mayor relevancia simbólica, pues son movimientos por principio tolerantes con las diferencias, sumamente incluyentes, horizontales en su organización y en la definición de sus acciones. Quizá por ello el verdadero antecedente de estos movimientos haya que buscarlo en la elección de Estados Unidos que llevó a Obama a la presidencia en 2008, por cuanto este hecho posee una carga simbólica inédita para las democracias del porvenir. En efecto, Obama es la constatación viva de que los pueblos cuando se lo proponen pueden reinventarse y llenar de nuevos contenidos los valores que Occidente ha defendido largamente pero nunca ha podido materializar plenamente, como la tolerancia y el respeto a las diferencias, el reconocimiento e inclusión activa de las minorías, la convivencia y la fraternidad más allá de diferencias étnicas, religiosas o ideológicas.

                El mensaje es simple y complejo a la vez, pero para entenderlo debemos hacer a un lado los resentimientos y resabios históricos, justificados o no, contra Estados Unidos, simplemente por el hecho de ser el país más poderoso del planeta. Si la paz es un ideal largamente anhelado y nunca alcanzado  por la humanidad, Obama representa, pésele a quien le pese (a pesar, incluso, de él mismo), el punto más alto conquistado hasta ahora en la búsqueda de ese ideal, es la constatación práctica, por haber alcanzado la presidencia de Estados Unidos siendo él parte de una minoría étnica histórica y largamente discriminada en su país, de que la humanidad sí puede alcanzar estadios superiores de igualdad y tolerancia impensables hace apenas unos cuantos años. Obama, en suma, es la encarnación viva de los ideales siempre pospuestos a favor del reconocimiento y el respeto entre los individuos y las naciones, independientemente de sus diferencias de cualquier índole. El mérito de ello pertenece al  pueblo estadounidense, el cual, a final de cuentas, es el que ha hecho posible este cambio histórico de mentalidades, el que ha exhibido la madurez que otros pueblos igualmente avanzados y supuestamente más progresistas del mundo no han alcanzado todavía, para reinventarse como nación y dejar atrás siglos de discriminaciones y prejuicios étnicos. De ese tamaño es la herencia (y la lección) de Obama para Estados Unidos y el mundo, y de esa magnitud es la transformación que su llegada a la presidencia ha representado para el pueblo estadounidense. Sin lugar a dudas, la presidencia de Obama marca una nueva era para la democracia en América y más allá.[10]

6. La nueva ágora virtual

Dado que las nuevas tecnologías de la comunicación y en particular las redes sociales constituyen el nuevo espacio público de la indignación ciudadana, conviene avanzar algunas ideas al respecto. 

               Ni duda cabe que las redes sociales constituyen en la actualidad la nueva ágora, el lugar donde se construye cotidianamente la ciudadanía y se definen los valores sociales. Si la representatividad fue la fórmula que permitió que la democracia como forma de gobierno se concretara en sociedades complejas como las modernas, las redes sociales son el vehículo moderno que restituye a la sociedad su centralidad y protagonismo frente a los déficits de representatividad que acusaba desde hace tiempo.

               Además, no podía ser de otra manera, pues si las sociedades modernas se han vuelto cada vez más complejas, es decir más pobladas, plurales, activas y heterogéneas, sus formas de expresión no podían limitarse a lo local, sino que para trascender debían irrumpir en el mundo complejo y global de las comunicaciones que sólo las redes sociales pueden ofrecer. Por eso, si en algún lugar se juega hoy la democracia, entendida como el espacio público donde los ciudadanos deliberan desde su radical diferencia sobre todos los asuntos que les conciernen, es en las redes sociales, un puente poderoso que pone en contacto en tiempo real a millones de individuos.

               Huelga decir que la comunicación que fluye en las redes sociales es abierta y libre, pues es un espacio ocupado por los propios usuarios sin más condicionante o límite que su propia capacidad de expresarse. Y no es que las redes sociales vayan a ocupar el lugar que hoy ocupa la representación política, sino que la complementa, la estimula, por cuanto sus mensajes y contenidos ya no pueden ser ignorados por los gobernantes so riesgo de ser exhibidos y enjuiciados públicamente en estos modernos tribunales virtuales. De hecho, los políticos profesionales están cada vez más preocupados por el impacto de las redes sociales, se saben vigilados, observados, y finalmente intuyen que ya no pueden gobernar a espaldas de la ciudadanía. Muchos quieren entrar en las redes sociales, congraciarse con sus usuarios, ser populares, pero no saben cómo hacerlo, pues los usuarios de las redes no se dejan engañar fácilmente, la crítica puede ser implacable. Los políticos profesionales se han dado cuenta por la irrupción de la sociedad en las redes sociales, que ya no pueden apropiarse arbitrariamente de la política, pues la política está hoy más que nunca en todas partes. En suma, las redes sociales reivindican al ciudadano, lo visibilizan frente a la sordina consuetudinaria de los políticos profesionales.

               ¿Por qué este rol que hoy desempeñan las redes sociales no lo realizaron antes otros medios de comunicación, como la radio y la TV? La pregunta tiene sentido, pues mucho antes que llegaran las redes sociales lo hicieron los medios electrónicos, mismos que nunca pudieron convertirse en un foro auténtico de y para los ciudadanos, pese a que muy pronto invadieron todos los hogares. Ciertamente, tanto los medios tradicionales (la prensa, la radio y la TV), como las redes sociales (Twitter, Facebook y otras), son medios de comunicación, pero sería un error meterlos en el mismo saco.

               La primera diferencia es que los medios tradicionales siempre han sido ajenos a la sociedad, siempre han respondido a los intereses de sus dueños, por lo que la comunicación que emiten es unidireccional, vertical, del medio al receptor, sin posibilidad alguna de interacción o diálogo con la sociedad. La TV y la radio pueden tener públicos cautivos y hasta fieles seguidores o incluso teléfonos en el estudio para retroalimentarse de sus audiencias, pero su razón de ser es comunicar desde los particulares intereses y valores que representan y buscan preservar. Por su parte, las redes sociales surgieron en Internet con la idea de conectar simultáneamente a miles de personas de manera horizontal, desde sus propios intereses y necesidades, sin mayor límite que su creatividad. En ese sentido, aunque Twitter o Facebook tienen dueños y sus acciones cotizan en la bolsa, su éxito reside precisamente en la libertad que aseguran a sus usuarios para comunicarse entre sí, al grado de que son los propios usuarios los que terminan ocupando las redes sociales desde sus propios intereses.

               Desde cierta perspectiva, si los medios tradicionales se convirtieron en el cuarto poder en la era moderna, dada su enorme penetración social y capacidad de influencia; las redes sociales se han convertido repentinamente en un quinto poder, un poder detentado por la ciudadanía por el simple hecho de ejercer ahí de manera directa y masiva su derecho a expresarse, a opinar de todo aquello que le inquieta.

               Por eso, si hay un lugar donde hoy se materializa la así llamada “acción comunicativa” que alguna vez vislumbró el filósofo Habermas, o sea la comunicación no interesada, horizontal, dialógica entre pares y libre del dominio de los sistemas instrumentales, ese es precisamente el que hoy ocupan las redes sociales,[11] aunque aún están en espera de mayores y mejores teorizaciones como las que han concitado durante décadas los medios tradicionales, sobre todo con respecto a su relación con la política y la democracia. Pero la tarea no es fácil. Ni siquiera tratándose de los medios tradicionales existe todavía consenso sobre la manera que impactan o influyen en la democracia.

               Para unos, los apocalípticos, como Giovanni Sartori, la TV llegó muy temprano a la humanidad y se ha vuelto contra ella, no sólo porque marca una involución biológica del homo sapiens al homo videns, sino porque alimentan la ignorancia y la apatía de una sociedad, lo cual es aprovechado por los políticos para manipularla de acuerdo a sus propios intereses.[12]

               Para otros, algunos posmodernos y culturalistas, como Gianni Vattimo, la TV amplió el espectro de la mirada de los ciudadanos, por lo que acercó a los políticos a la sociedad, los volvió más humanos y en consecuencia susceptibles de crítica y juicio, amén de que ofreció a los espectadores nuevos referentes provenientes de otras realidades, lo que les permitió, por simple contrastación, reconocer los límites y deficiencias de la suya.[13]

               Como quiera que sea, las preocupaciones intelectuales de lo que hoy se conoce como “videopolítica” o “teledemocracia” no son las de las redes sociales. Más aún, estos debates se volverán obsoletos conforme las redes sociales se vayan imponiendo en el gusto y el interés de las sociedades contemporáneas. No digo que los medios tradicionales desaparecerán o dejarán de tener súbitamente el impacto que hoy tienen, pero sí es un hecho que las redes sociales, por sus características intrínsecas asociadas a la libre expresión de las ideas, terminarán impactando y hasta colonizando a los medios tradicionales. De hecho ya lo hacen, con frecuencia éstos aluden a lo que se dice en Twitter o Facebook para tener una idea más precisa de lo que interesa y preocupa a la sociedad, y saben que permanecer al margen de las redes sociales los aislará sin remedio.

               No olvidemos además, que lo que se dice en los medios tradicionales también es motivo de deliberación pública para las propias redes sociales. Por ello, si hay una problemática a dilucidar asociada con el extraordinario avance de las redes sociales en las democracias modernas, no es si éstas “manipulan” o “desinforman” o no lo hacen, como se discute a propósito de los medios tradicionales, sino hasta qué punto podrán desarrollarse como espejos de la sociedad, como tribunales de la política institucional, antes que los poderes fácticos busquen minimizar su impacto mediante regulaciones y controles de todo tipo. De ese tamaño es el desafío que las redes sociales han abierto casi silenciosamente para los intereses de los poderosos, así como los riesgos que entraña su inusitado crecimiento.

7. A manera de conclusión

Si la democracia ha de ser concebida como algo más que una forma de gobierno, o sea como una forma de sociedad, de vida social, entonces los cambios en su seno, los más profundos y trascendentes, son los que acontecen en las percepciones y los imaginarios colectivos de los ciudadanos, o sea en sus valores. Sólo en la democracia, es decir en condiciones mínimas de libertad e igualdad, toca a los ciudadanos instituir desde el debate público y el diálogo permanente entre pares, los valores (y los contenidos de esos valores) que han de regir el todo social, incluida no sólo la ciudadanía sino sobre todo la autoridad.

                Esta perspectiva no sólo le hace justicia a la idea de soberanía popular inherente a la democracia sino que permite aprehender de manera más realista que otros enfoques, como los meramente institucionalistas, las verdaderas transformaciones que acontecen en las democracias modernas. Cambios en el sistema de partidos o en la composición de los poderes o incluso reformas constitucionales más o menos amplias son cambios morfológicos inherentes a todo régimen democrático, pero los verdaderos cambios de fondo son siempre los cambios culturales, los que tienen lugar en las mentalidades de los pueblos, en sus percepciones y anhelos. Y es precisamente aquí donde podemos reconocer lo verdaderamente “nuevo” de la democracia y el aporte de los indignados.

                Más precisamente, si no hace mucho parecía que con la democracia representativa no pasaba nada nuevo, en menos de una década muchas de estas convicciones se tambalearon aparatosamente y en su lugar han aparecido nuevas esperanzas. Y en este diapasón entre lo que comenzó a resquebrajarse y lo que en su lugar podía reconstruirse terminó por emerger lo nuevo, lo diferente, lo distinto, o sea algo que no estaba antes y que ya no puede soslayarse al hablar de la democracia.

Referencias

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[1] Véase, por ejemplo, Priego Moreno (2011), Gil Calvo (2011) y Sahagún (2011).

[2] Huntington falleció en 2008, pero en vida seguramente hubiera reaccionado frente al uso arbitrario de sus categorías.

[3] No por casualidad están en punto muerto: Cansino (2008).

[4] Véase mi crítica a Huntington en: Cansino (1998).

[5] Véase, por ejemplo, Priego Moreno (2011).

[6] Véase, por ejemplo, Cansino (2000).

[7] Me refiero a Habermas (1981).

[8] Agamben (2002), De Souza Santos (2002a, 2002b).

[9] Castoriadis (1975). Véase también Cansino (2010).

[10] Sobre este tema véase Cansino (2012).

[11] Habermas (1981).

[12] Sartori (1997).

[13] Vattimo (1988).

El presente artículo es una versión larga del que apareció con el mismo título en la revista Letras Libres del mes de abril de 2012

EL POPULISMO NUNCA SE HA IDO…

La categoría “populismo” ha sido adoptada desde hace mucho para describir y caracterizar una amplia gama de experiencias políticas en todo el mundo, pero existe un puñado de países donde su uso ha sido más recurrente y constante. México es uno de ellos. De hecho, el gobierno de Lázaro Cárdenas en los años treinta del siglo pasado —la primera gran experiencia populista en México—, inspiró muchos de los criterios hoy aceptados por la teoría para caracterizar el fenómeno. No es exagerado decir que analizar actores y prácticas populistas prescindiendo de dichos criterios sería arbitrario y poco ortodoxo, incluso en la actualidad. Quizá por ello, el populismo en México, desde el cardenismo hasta las experiencias más cercanas, ha sido objeto de innumerables estudios. Yo mismo ofrecí mi interpretación del tema en un libro relativamente reciente, en el cual adoptaba un modelo de análisis para clasificar las distintas experiencias populistas que hemos tenido en México a lo largo del siglo XX y a principios del XXI.[1] ¿Por qué entonces, volver al asunto? Por una sencilla razón: porque la tentación populista permanece latente en el México actual, aparece y reaparece con nuevos nombres y siglas, guarecida en los proyectos salvadores o redentores de nuevos caudillos, sobre todo en tiempos de desastre y desasosiego, como los actuales. De hecho, el populismo nunca se ha ido.

En lo que sigue retomaré algunos elementos de mi incursión precedente en el tema y actualizaré otros que me permitan no sólo clasificar las distintas experiencias populistas en México sino también evaluarlas por sus resultados concretos, asumiendo que el populismo tiene poco de virtuoso y sí mucho de peligroso por sus excesos retóricos y evidentes implicaciones subversivas antiinstitucionales. Al menos en México, más allá de sus resortes discursivos altamente persuasivos en tiempos de crisis, los costos del populismo han sido muy altos, y lejos de apuntalar el desarrollo, la democracia y la justicia social, los ha inhibido o retardado, pese a constituir sus banderas de lucha. Empero, en descargo del populismo, casi siempre se ha recurrido a él después de gobiernos grises y mediocres en su desempeño. Tal parece que el populismo aparece y reaparece pendularmente, impulsado por experiencias precedentes apagadas o deslucidas, pues bien empleado constituye un poderoso instrumento retórico para reavivar el interés social, reponer las bases de apoyo de los gobernantes y neutralizar las demandas populares. Así sucedió, por ejemplo, con los populismos de Luis Echeverría y José López Portillo, después de la muy desafortunada gestión de Gustavo Díaz Ordaz, o con el populismo de Carlos Salinas de Gortari, posterior al deslucido gobierno de Miguel de la Madrid, o más recientemente, con Vicente Fox, respecto de Ernesto Zedillo.

Para fines de análisis, consideraré en este ensayo cuatro momentos del populismo en México: a) el populismo clásico (Cárdenas), interesado sobre todo en incorporar a las masas al Estado en un esquema autoritario; b) el populismo de los setenta (Echeverría y López Portillo), caracterizado sobre todo por un excesivo gasto público combinado con un fuerte control político; c) el neopopulismo (Salinas de Gortari), caracterizado por una dinámica de inclusión de las masas, pero para la promoción de políticas de ajuste liberal; y d) el populismo de la alternancia (con un Fox más próximo a Salinas de Gortari, por sus resultados, y muy distante de Echeverría y López Portillo, por su discurso) obligado a coexistir con la democracia tanto discursiva como prácticamente.

LA SEMÁNTICA POPULISTA

Como un ave fénix, la categoría “populismo” resurge permanentemente en las ciencias sociales para caracterizar ciertas experiencias políticas difíciles de ubicar con las tipologías convencionales de regímenes o formas de gobierno. Hasta cierto punto, constituye el último recurso explicativo cuando todos los demás han fallado. No es casual que la literatura sobre el populismo se haya referido al mismo como un “fantasma” o “espectro” que recorre al mundo, pues alude a una realidad de contornos imprecisos y elusivos a primera vista. Y sin embargo, a fuerza de la costumbre, ha terminado por conquistar su derecho de piso en las ciencias sociales. Si acaso, la diversidad de acepciones producidas sobre el mismo, exige de sus adeptos una toma de partido explícita y precisa sobre cómo ha de entenderse.

En lo personal, para efectos de este ensayo, más que factores institucionales o decisionales, adoptaré una definición del populismo por sus características semánticas, o sea sus atributos discursivos constates, que me permitan decir qué experiencias aparentemente muy asimétricas entre sí son realmente populistas y cuáles son una equívoca aproximación al fenómeno. La mía es pues, una propuesta semántica, es decir, define al populismo por el uso y abuso de ciertos campos de sentido inherentes a las formas discursivas que genera. Así, por ejemplo, considero que sólo puede hablarse propiamente de populismo cuando la experiencia política analizada comparte los siguientes atributos semánticos, independientemente del tipo de régimen en el que se presenta: a) una pulsión simbólicamente construida que coloca al pueblo, gracias a una simbiosis artificial con su líder, por encima de la institucionalidad existente; b) un recurso a disipar las mediaciones institucionales entre el líder y el pueblo, gracias a una supuesta asimilación del primero al segundo; y c) una personalización de la política creada por la ilusión de que el pueblo sólo podría hablar a través de su líder. Huelga decir que cada uno de estos atributos implica una carga antinstitucional más o menos grave dependiendo de cada caso.[2]

Quizá está definición de populismo por sus atributos semánticos no satisfaga a quienes han intentado vestirlo de muchos afeites y adornos. Con todo, creo que el populismo difícilmente puede ser referido en la práctica a partir de una definición más estridente pero al final más distante de sus derivaciones empíricas, como las muchas que se ofertan en la literatura sobre el tema. Es importante considerar igualmente que el populismo, al dar cuenta de realidades muy diferentes y distantes entre sí, no pude definirse como simples formas desviadas o corruptas de la particular ordenación política en la cual enraíza, ya que lo corrosivo de sus formas y lo efímero de sus definiciones, le permiten viajar y asentarse sin gran dificultad en el interior de un régimen tradicional, abierta o soterradamente autoritario, así como en el seno de un régimen declaradamente democrático. Es decir, el tipo de régimen es, en efecto, una condición que nos ayuda a tener un mejor ámbito de entendimiento del fenómeno, pero no una condición sine qua non indispensable para pensarlo o caracterizarlo.

HAY DE POPULISMOS A POPULISMOS

La frecuencia con la que la etiqueta de populista aparece y reaparece en México, al menos en su historia reciente, es una razón más que suficiente para analizar puntualmente el fenómeno e intentar caracterizar con rigor las distintas experiencias presuntamente populistas que se han referido antes. En mi opinión, la presencia recurrente del populismo en México, tanto en el viejo régimen autoritario como en la incipiente democracia postautoritaria, se debe sobre todo a la pobre modernización de su sistema político, la cual se refleja en: a) escasa formalización o reglamentación de la institución presidencial, que abre la puerta al voluntarismo del líder; b) una cultura política propicia para el patrimonialismo, el paternalismo y el victimismo; c) un sistema que fomenta la concentración del poder en el vértice; d) una débil secularización social respecto del Estado; e) ausencia de un Estado de derecho democrático y f) escasa aceptación del valor de la ley erga omines.

En general, el populismo en México goza de mala reputación. A excepción del gobierno de Lázaro Cárdenas, los gobiernos populistas del viejo régimen, como los de Luis Echeverría, José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari, y aun los del nuevo, como el de Vicente Fox, han sido desastrosos para el país, tanto por sus resultados concretos (crisis económica, endeudamiento, pauperización, inflación, marginación, etcétera) como por haber postergado en su momento la tan necesaria modernización del sistema político mexicano. De hecho, el populismo en México tiene un origen abiertamente autoritario: cuando el Estado ha interpelado al pueblo con un discurso nacionalista, popular o clasista, se ha hecho más para controlar, manipular y tutelar a la sociedad que para aliviar sus necesidades. Huelga decir que el populismo en México siempre ha mantenido un pie en la premodernidad, pues sus motivaciones son organicistas, patrimonialistas, paternalistas y clientelistas.

A la hora de las clasificaciones, no siempre ha habido consenso. Que Cárdenas representa un populismo clásico es inobjetable, pero con el resto no pasa lo mismo. Para los tiempos de Echeverría y López Portillo, el concepto de populismo se había vuelto tan elástico que comenzó a emplearse para referirse a todo tipo de experiencias políticas a condición de que presentara alguno o algunos de los rasgos con los que solía asociarse tradicionalmente, tales como: un apelo directo al “pueblo” por parte del líder con fines de movilización y/o control; una marcada personalización del poder en la figura de un líder carismático; una política basada en criterios asistencialistas de beneficio popular; un discurso nacionalista y desarrollista exacerbado; una excesiva concentración del poder en manos del líder; etcétera. La cuestión se complica aún más cuando, a partir de los noventa, aparecen en escena líderes con rasgos populistas, pero muy alejados en sus convicciones personales a las reivindicaciones de justicia social enarboladas por sus predecesores, como Salinas de Gortari y Fox. Y si esto no bastara, cada una de estas experiencias populistas corresponde a distintos momentos del régimen político mexicano: el pasaje autoritario con Cárdenas, el pasaje semiautoritario con Echeverría y López Portillo; el pasaje semidemocrático con Salinas de Gortari y el pasaje democrático con Fox. En suma, hay de populismos a populismos…

Por lo que respecta al populismo clásico de Cárdenas, que coincide con los de Getulio Vargas en Brasil o Juan Domingo Perón en Argentina, surge en un contexto abiertamente autoritario y con fines autoritarios, por más que algunos analistas quieran ver en él una fuerza fundamental en la democratización del país gracias a la incorporación simbólica y efectiva de amplios sectores populares que se encontraban excluidos tanto política como económicamente.[3] En realidad, el objetivo no era democratizar, sino integrar al país y sentar las bases del Estado nacional. Para lograrlo, Cárdenas articuló con maestría la noción de soberanía nacional con la de soberanía popular, bajo la potente estructuración ideológica del nacionalismo revolucionario, que sería definitivamente enmarcada en la muy famosa política de masas del cardenismo.[4]

En los hechos, el populismo de Cárdenas significó la cancelación de cualquier atisbo de individualismo, por ello, se presentaba como una creación anti-democrática y anti-liberal.[5] De igual modo, cancelaba el mayor número posible de las formas de disenso, por ende, de las diferencias, ya que al suponer que todo está contenido en la masa, nada por afuera de ella puede tener su razón de ser políticamente hablando. Asimismo, se puede decir que esta confección conllevaba una fuerte virulencia lista a la acción, dispuesta a manifestarse como una pura expresión de fuerza política (por ejemplo, es el caso del llamado para pagar los costos de la expropiación petrolera) o de soporte popular en el gobierno (legitimidad). Por último, se le confiere a la masa un carácter de sujeto político pero sin autonomía, corroborando el enorme lastre que llevaría en las décadas siguientes a la sociedad mexicana hacia el letargo y la heteronomía o, dicho en un lenguaje próximo a la vorágine de aquel tiempo, hacia el corporativismo. Así, tenemos que Cárdenas aterrizó o, más bien, materializó como ninguno, el mix ideológico con el cual se había llegado a la Revolución Mexicana y con el cual se había salido de ella, pero acentuándolo y confundiendo más a la propia sociedad que, al esclarecer su horizonte y el mundo del porvenir que aún no sabía interpretar, la despersonalizaba para volverla un objeto de subjetivación pero también de sujeción.

Por último, en el caso de Cárdenas es innegable que concentró en su persona una excesiva personalización del poder que, al final, conllevaría a un culto “autóctono” y peculiar de su figura y sus capacidades de decidir por encima de las reglas impersonales del juego político, aunado a una legitimidad abiertamente carismática y tradicional. De hecho, debemos en buena medida al estilo personal de gobernar de Cárdenas muchos de los elementos que posteriormente caracterizarían al presidencialismo mexicano, entendido como una forma pervertida de gobierno presidencialista.

En muchas interpretaciones del cardenismo suelen obviarse los varios efectos perniciosos de largo plazo que este gobierno tuvo, por concentrarse en los aspectos positivos de corto plazo, como si esto fuera suficiente para exculpar al General de haber optado por un esquema entre bolchevique y fascista para el Estado mexicano, como si no hubieran entonces otras fórmulas posibles a las cuáles echar mano, como la propia democracia.

A diferencia del populismo clásico de Cárdenas, el populismo de los años setenta, que abarcó dos sexenios y dos presidentes sumamente controversiales —Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982)—, no constituyó un mecanismo centralmente orientado a integrar a las masas populares al sistema político, pues esto se logró y muy bien desde Cárdenas, sino que se caracterizó por una expansión excesiva del gasto público orientada a asegurar el control político. Sin embargo, más allá de esta diferencia de orientación, la resurrección del populismo en los setenta adoptó prácticamente todos los rasgos definitorios de los populismos clásicos o premodernos. De hecho, se puede decir que se trata de populismos clásicos tardíos.

Por lo que respecta a la estrategia discursiva, el populismo de los años setenta mostró una maleabilidad y oportunismo inusitados. El nuevo eje de la retórica oficial, tanto en Echeverría como en López Portillo, fue la “democratización” del sistema político, con lo cual se ofrecía ante todo una respuesta a las exigencias de participación de las clases medias en expansión y que, por su propia condición, habían adquirido mayor capacidad de cuestionamiento al régimen. Pero los años setenta también estuvieron marcados por la Guerra Fría, por un repunte del internacionalismo comunista, por golpes de Estado en América Latina, pretextando la amenaza roja. En el caso de México, los populismos de Echeverría y López Portillo enarbolaron un discurso con tonos claramente proclives al socialismo y explotaron cada oportunidad que tuvieron a su alcance para mostrar su afinidad con las causas de izquierda: apertura de las fronteras al exilio latinoamericano, encuentros permanentes con Fidel Castro, Salvador Allende y otros líderes socialistas, protagonismo de México en la defensa de las banderas políticas del Tercer Mundo, etcétera. En materia ideológica, por último, habría que añadir que tanto Echeverría como López Portillo fueron decididos promotor del nacionalismo, muy en sintonía con las enseñanzas de Cárdenas.

Huelga decir que ambos gobiernos fueron desastrosos para el país, en términos de crisis económica, rezagos sociales y democratización efectiva, por más que Echeverría promovió una presunta “apertura democrática” y López Portillo, una reforma política en 1977, experiencias que más que catalizar la democracia permitieron al régimen autoritario posponerla indefinidamente con paliativos o liberalizaciones políticas parciales y limitadas.[6]

El último tramo del siglo XX vio emerger en varios países de América Latina fórmulas populistas de nuevo cuño (neopopulismos), a medio camino entre el populismo clásico y un populismo de tendencia liberal, tales como Carlos Salinas de Gortari en México, Carlos Menem en Argentina, Fernando Collor de Mello en Brasil, Alberto Fujimori en Perú y Abdalá Bucaram en Ecuador, cuya particularidad fue haber sido promotores del neoliberalismo y la globalización en sus respectivos países. En el otro extremo, también emergieron líderes populistas abiertamente antiliberales, tales como Carlos Palenque y Max Fernández en Bolivia (que como tales son precursores de los populismos contemporáneos o neopopulismos de Hugo Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia), o López Obrador en México, que sin haber llegado a la presidencia mantiene afinidades ideológicas con este tipo de posicionamientos.

A diferencia de los populismos clásicos y tardíos, estos populismos neoliberales se dan en contextos democráticos o en procesos de democratización, lo que les confiere una legitimidad de origen con la que no contaron los primeros. Por otra parte, sin abandonar una retórica populista o “solidarista” con los marginados, tuvieron que suavizar los contenidos nacionalistas y antiimperialistas de otras épocas, pues les tocó ser promotores de la implantación de modelos neoliberales y que a la larga acarrearon en sus respectivos países enormes costos sociales, después de éxitos momentáneos. Otra característica común de estos populismos radica en sus desenlaces, casi siempre envueltos en el escándalo y la reprobación general, pues amén de impulsar modelos económicos que muy pronto se mostraron como excluyentes para amplios sectores de población y en consecuencia poco prometedores para solucionar los enormes rezagos acumulados, representaron en la mayoría de los casos graves retrocesos en lo que a conquistas democráticas se refiere. Así, por ejemplo, Salinas de Gortari en México supo aprovechar muy bien la legitimidad que le reportaron los éxitos iniciales de su Programa de Solidaridad como la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pero a costa de reposicionar en el país prácticas y estilos claramente autoritarios que trabajosamente habían comenzado a desandarse en los años precedentes. No deja de ser interesante cómo en América Latina el peso de la tradición terminó imponiéndose en una época que precisamente miraba hacia una nueva era de mundialización económica y liberalización de mercados, con el consiguiente adelgazamiento de los Estados sociales que de manera tan ostensible se edificaron en todos nuestros países. Es decir, la premodernidad de nuestros sistemas políticos pudo más que los impulsos modernizadores; los resabios autoritarios, más que los avances democráticos, condenando nuevamente a nuestros países a la debacle política y económica.

El gobierno de Vicente Fox compartió con el de Salinas de Gortari su talante liberal, con la diferencia de que el primero se da en el contexto de una democratización efectiva del régimen político mexicano. Para comenzar, hay que decir que el sexenio de Fox inició con fuertes expectativas de distintos sectores sociales y políticos, generadas por el llamado “bono democrático de la alternancia”. Es innegable, por ejemplo, el aumento del pluralismo político, junto a las expectativas generadas en torno a un presidente (cuya figura es muy peculiar en la política mexicana), así como la “normalización” del mecanismo electoral, que son algunas expresiones sintomáticas del grado de avance en dirección democrática del país. No obstante, a pesar del terreno ganado, el contexto político mexicano era entonces y sigue siendo ahora el de una insipiente democracia que día con día se esfuerza por no perder los logros, antes que asegurarlos o profundizarlos en el ámbito institucional, espacio que permitiría reflejar toda la congruencia de democratizar realmente el andamiaje neoautoritario que expresan en modo intermitente las instituciones públicas.

De hecho, a pesar de encarnar la alternancia democrática gracias a su oferta de cambio y renovación ampliamente respaldada, Fox dejó grandes pasivos a su paso, pero sobre todo no pudo o no quiso apuntalar la recién conquistada democracia mediante una reforma integral del Estado, lo cual debilitó la construcción de una adecuada governanza democrática en un contexto de pluralismo inédito.

El componente retórico populista de Fox puede establecerse en la negociación y las polémicas que encabezó desde la tribuna mediática, convirtiéndolo en uno de los primeros casos en el país de un político de imagen, que supo interpretar muy bien las potencialidades de los medios de comunicación en la actual situación. Su apuesta como gobierno de la alternancia, independientemente de sus pobres resultados, estuvo supeditado en tres puntos para cuidar su imagen frente a la opinión pública: a) su cercanía con la gente; b) su tolerancia para aceptar errores y críticas; y c) la percepción media ciudadana convencida de su honradez.[7] Precisamente por ello, es un caso que puede definirse como un populismo que discursivamente expresa una extraña mezcla de antipolítica recubierta con un fuerte y legítimo caparazón de democracia.

Finalmente, Fox encarna un tipo de legitimidad de corte carismático, gracias al cual contribuyó a cambiar la rigidez de las formas y las prácticas políticas tradicionales de nuestro país, incluyendo como parte de su personalidad (y de aquí su éxito) algunos rasgos extraordinarios a los ojos del público, al punto de volverse si bien no un traductor de las necesidades sociales, sí un certero interlocutor de la sociedad (por las maneras de hablar y presentarse en público), constituyendo una auténtica escenificación de la política.

LA TESIS DEL PÉNDULO

Según la tesis del péndulo que aventuraba al inicio, “El populismo resurge después de períodos más o menos largos de gobiernos grises y muy impopulares… De ahí que se pueda hablar de una espiral de muerte y resurrección del populismo; o sea que las tentaciones populistas resurgen cuando la impopularidad y mediocridad de las autoridades precedentes toca fondo, y viceversa, la discreción en la forma de gobernar se impone cuando las autoridades precedentes abusaron de una retórica populista que terminó agotándose en el ánimo de la sociedad.”[8]

Si esta tesis es válida, México se encontraría hoy nuevamente en la antesala de un gobierno populista, pues ni duda cabe que el actual sexenio de Felipe Calderón no sólo ha sido incapaz de conectar con la sociedad sino que es percibido por muchos como el principal responsable de la actual debacle que padece el país. Sin embargo, no basta que haya un terreno fértil para el populismo, también se requiere un nuevo caudillo que lo encarne y reposicione, un líder que concite los apoyos necesarios que lo catapulten al poder por la vía electoral. Ese caudillo existe, se llama Andrés Manuel López Obrador, pero a diferencia de seis años, ya no cuenta con el arrastre de entonces. Hoy las tendencias lo colocan en un lejano tercer lugar entre los candidatos que aspiran a la presidencia. Quizá el populismo de López Obrador ha sido más una etiqueta para desacreditarlo que una realidad, a juzgar incluso por su desempeño como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, muy alejado del estereotipo populista. No se puede descartar tampoco que la explotación de lo popular en la retórica de López Obrador, que sin duda existe, sea más una estrategia para llegar al poder que un canon para actuar en caso de lograrlo. Quizá nunca lo sepamos. Una cosa es cierta, de todos los candidatos a la presidencia, sólo López Obrador califica hoy como líder populista. Josefina Vázquez Mota, la candidata de Acción Nacional, está en las antípodas de López Obrador, y Enrique Peña Nieto, el abanderado del Revolucionario Institucional, sólo ha capitalizado el malestar hacia el partido en el gobierno, con lugares comunes e insustanciales.

En esa perspectiva, en caso de ganar cualquiera de estos últimos la presidencia, el péndulo se mantendrá por tiempo indefinido en el otro extremo del populismo, ya sea en el improductivo continuismo calderonista, que poco abona al optimismo, o en el reposicionamiento del otrora “partido oficial”, que como tal no se ha desentendido del todo de sus viejos y antidemocráticos estilos de gobernar. Por todo ello, quizá estemos frente a una paradoja. Tan grande es hoy el malestar social hacia la clase política en general, tan evidente el desencanto por las promesas incumplidas por parte de los gobiernos de la alternancia, tan dramática la parálisis nacional inducida por una casta política cínica y corrupta que ha secuestrado al país y que gobierna en el vacío…, que quizá lo que México necesite hoy más que nunca es precisamente una gran sacudida, un vuelco que reposicione a la sociedad como principio y fin del quehacer gubernamental, un terremoto que estremezca a la política institucional por lo mucho que ha dejado de hacer, restituyéndole algo de decoro y legitimidad, un estremecimiento que reconcilie a la sociedad con sus representantes, confrontando lo que haya que confrontar de una muy extraviada institucionalidad democrática… ¿Una sacudida populista? Tal vez.


[1] C. Cansino e I. Covarrubias, En el nombre del pueblo. Muerte y resurrección del populismo en México, México, Cepcom, 2006.

[2] Una perspectiva de este tipo puede encontrarse en G. Olivera, “Revisitando el síntoma del ‘populismo’”, Metapolítica, México, vol. 9, núm. 44, noviembre-diciembre de 2005, pp. 52 y ss.

[3] Véase, por ejemplo, F. Freidenberg, La tentación populista. Una vía al poder en América Latina, Madrid, Síntesis, 2007 y E. Laclau, La razón populista, Buenos Aires, FCE, 2005.

[4] Véase A. Córdova, La política de masas del cardenismo, México, ERA, 1974.

[5] E. Krauze, La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano (1940-1996), México, Tusquets, 1997, p. 25. Véase también J.A. Aguilar Rivera, “El liberalismo cuesta arriba, 1920-1950”, Metapolítica, México, vol. 7, núm. 32, noviembre-diciembre de 2003, p. 36.

[6] Véase C. Cansino, La transición mexicana. 1977-2000, México, Cepcom, 2000.

[7] J. A. Aguilar Rivera, “Fox y el estilo personal de gobernar”, en S. Schmidt (coord.), La nueva crisis de México, México, Aguilar, 2003, p. 149.

[8] C. Cansino e I. Covarrubias, cit., pp. 9-10.

“Sólo el caos ilumina el orden”

Ilya Prigogine

 

 

Instrucciones de uso

Muchos creen que la política profesional es una actividad para iniciados, por cuanto la mayoría de lo que acontece en sus entrañas, como negociaciones, pactos, intrigas, rupturas, etcétera, es inaccesible o invisible para los ciudadanos. Digamos que el gran teatro político esconde para los espectadores muchos secretos, y sólo alcanzamos a ver lo que los propios actores políticos quieren que veamos de ellos. Sin embargo, en algunas ocasiones, entre acto y acto, se asoman casualmente algunas imágenes o detalles que modifican de golpe nuestra perspectiva inicial. Se trata de situaciones inesperadas que bien miradas e interpretadas pueden esclarecer lo que antes parecía confuso o fragmentario, son como las piezas faltantes de un rompecabezas que sólo al colocarlas en su lugar le dan sentido a la figura hasta entonces incomprensible y confusa.

Sirva esta imagen para ilustrar lo que aquí sostendré sobre la campaña electoral en curso en México. Hasta hace poco lo que todos veíamos era una contienda normal y sin grandes sobresaltos en la que uno de los candidatos presidenciales había logrado colocarse muy por encima de sus adversarios en las preferencias electorales, y donde estos últimos hacían esfuerzos denodados por remontar sus posiciones de arranque. Sin embargo, había algunos hechos aislados que parecían no tener mucho sentido y que por lo mismo se perdían en la vorágine de noticias y declaraciones. Así, por ejemplo, puestos como interrogantes, ¿quién filtró a los medios una conversación telefónica privada de la candidata de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, con la que claramente se dañaría su imagen?; ¿por qué Vázquez Mota parece desprotegida por sus propios correligionarios, con un equipo de campaña ineficaz y poco profesional?; ¿por qué se ha deteriorado visiblemente la salud de Vázquez Mota? Y en el caso del candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué aparece tan relajado en su campaña, pese a estar tan abajo en las encuestas?, ¿por qué mantiene su infecundo e intrascendente discurso de la “reconciliación amorosa”, cuando la lógica sugiere que debería retomar cuanto antes los contenidos contestatarios y radicales que lo catapultaron hace seis años?

La pieza que faltaba

A primera vista, estas interrogantes pueden parecer irrelevantes y no tener conexión entre sí. Pero un hecho circunstancial nos obliga a reconsiderarlas y redimensionarlas en una perspectiva distinta. Me refiero al fallecimiento hace unos días del expresidente Miguel de la Madrid, y todo lo que este acontecimiento movió entre la clase política.

En primer lugar, llama la atención que los medios de comunicación más importantes e influyentes del país, ya sean electrónicos como escritos, se hayan sumado unánimemente a los reconocimientos públicos que ensalzaban la trayectoria y el legado del personaje. Así, por ejemplo, la idea que deslizaron, apostando a la desmemoria nacional, es que a De la Madrid le tocó gobernar en un tiempo lleno de complicaciones y adversidades, y que pese a ello lo hizo de manera ejemplar, con valentía y patriotismo. Obviamente, eso es insostenible a menos que se violente a conveniencia la historia. Más aún, no hubo un solo artículo editorial en la prensa nacional lo suficientemente crítico que retratara verazmente la triste realidad de aquel sexenio tan deplorable y nefasto para los mexicanos. Lejos de ello, los articulistas más dóciles a la línea de sus respectivos diarios optaron por eximir al personaje de sus desatinos con argumentos tendenciosos y baladíes. Este es el caso de Ricardo Alemán quien escribió en Excélsior que “El PRI tiene en De la Madrid un símbolo poderoso para apuntalar su victoria”; o de la sentida despedida, en El Universal, de Ricardo Raphael a su tío, “Un hombre limpio y honesto que sirvió con coraje a la patria”; o de Sergio Sarmiento en Reforma, para quien “De la Madrid sólo heredó la irresponsabilidad de sus antecesor en el cargo”; o López Dóriga en Milenio, quien consideró injustas muchas de las acusaciones que se prodigan a De la Madrid; o Mauricio Merino, quien en el colmo del paroxismo afirmó en El Universal que “De la Madrid ha sido el mejor presidente de México”; o el propio Carlos Marín, Director de Milenio, quien para quedar bien con toda la “familia revolucionaria”, no sólo justificó por razones de salud las acusaciones infundadas de De la Madrid hacia Carlos Salinas de Gortari en recordada entrevista concedida a Carmen Aristegui, sino que reivindicó el legado del propio Salinas de Gortari.

Y aún así, es fácil comprender que los medios de comunicación, en función de sus propias apuestas para el futuro, prefieran quedar bien con el o los candidatos que consideran más seguros con tal de no comprometer los financiamientos y canonjías oficiales. Más específicamente, en plena campaña electoral, criticar a De la Madrid implicaba criticar a Peña Nieto, por sus filiaciones priistas, y de paso ganarse innecesariamente el desaire de éste. Bien explotado por sus adversarios, De la Madrid representaría precisamente, todo lo nefasto que Peña Nieto encarna.

Rompecabezas resuelto

Pero si el comportamiento de los medios frente a este acontecimiento tiene sentido por los muchos intereses en juego, que llevan a la sumisión o la lambisconería de los mismos hacia el probable próximo inquilino de Los Pinos, alimentando un juego de simulaciones y engaños lo suficientemente sutil como para no evidenciar sus preferencias y perder credibilidad por ello, el comportamiento de actores políticos clave frente al mismo acontecimiento resulta mucho más difícil de desentrañar, como el hecho de que el presidente de la República, Felipe Calderón, se sumara inexplicablemente al cortejo de elogios hacia De la Madrid, al grado de interrumpir una reunión en el extranjero con mandatarios de Norteamérica, y precipitar su viaje de regreso para estar presente en los funerales. Es inexplicable, porque De la Madrid representa todo lo que el panista Calderón combatió en su juventud como opositor al viejo régimen priista: el autoritarismo, la corrupción, la simulación, la demagogia, el encubrimiento… La pregunta clave aquí es: ¿por qué Calderón se sumó a los elogios a De la Madrid, traicionando sus propias convicciones y biografía, aún a sabiendas de que criticar al expresidente y asociarlo con Peña Nieto podía ser capitalizado por la candidata de su partido, desesperada por remontar su desventaja? Obviamente, esta interrogante está conectada con las otras apuntadas arriba, y su adecuada respuesta nos permitirá completar el rompecabezas del actual proceso electoral.

Sostener que Calderón actuó como lo hizo en razón de su investidura de Jefe de Estado es francamente ridículo, sobre todo porque el presidente no se limitó a hacer una guardia de honor y expresar sus condolencias por el deceso, sino que optó por elogiar públicamente la trayectoria de De la Madrid, aún en contra de sus convicciones de otro tiempo: “Un mexicano ejemplar, creador de instituciones e incansable luchador contra la corrupción”. Tampoco resulta convincente el análisis de quienes sostienen, como Ciro Gómez Leyva en Milenio, que “Calderón prefirió la reconciliación sobre el rencor en un acto de gran calado republicano y democrático”. No convence porque “reconciliar” sólo puede significar en este contexto redimir al autoritarismo de antaño y mancillar la memoria de varias generaciones de panistas que lucharon contra el viejo régimen. De hecho, ningún panista de cepa le siguió el juego a Calderón. Y mucho menos creíble resulta la versión de José Carreño Carlón en El Universal según la cual el presidente quiso simplemente “mandar un mensaje de civilidad para sentar las bases de un armisticio que tanta falta hará después de la elección”. No es creíble porque la reconciliación no ha sido una prioridad de Calderón en todo su sexenio. La explicación hay que buscarla pues, en otra parte.

No hace mucho, 22 mil mexicanos interpusieron una demanda ante la Corte Penal Internacional de la Haya contra el presidente Calderón por crímenes de lesa humanidad. Como era de esperarse, la prensa y los medios cerraron filas entonces con Calderón y criticaron acremente esta iniciativa por “insustancial”, “ridícula” e “infundada”. Hasta el momento, la demanda no ha prosperado y la Corte no se ha pronunciado, pero el hecho reveló intempestivamente a Calderón un escenario trágico más que factible de su propio futuro una vez que abandone Los Pinos. No viene al caso discutir aquí la mayor o menor consistencia o pertinencia de la demanda contra Calderón, pero es un hecho que millones de mexicanos se sienten agraviados por la guerra al narcotráfico emprendida por el presidente, que sólo ha dejado a su paso muerte, violencia y luto; una guerra fallida llena de mentiras y engaños, como el número de muertos reportados oficialmente (40 mil) que contrasta visiblemente con la cifra aportada hace poco por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos (150 mil), y que para muchos ha sido más un exterminio indiscriminado que un combate entre el Estado y el crimen organizado. Pero es indudable que Calderón no puede tomar a la ligera las muchas señales de malestar que sus malas decisiones han generado y que hacen que su sexenio sea percibido por millones como funesto y criminal.

En esa perspectiva poco halagüeña, a Calderón no le quedan muchas opciones a no ser que pacte con su sucesor en el cargo inmunidad y protección a cambio de respaldo electoral. Es muy probable a estas alturas que ese pacto ya se haya sellado, y que el affaire De la Madrid haya sido una muestra clara de la voluntad y el compromiso asumido por Calderón. Obviamente, me refiero a un pacto secreto entre Calderón y Peña Nieto, a quien seguramente Calderón, a partir de sus propias encuestas, ya considera su sucesor en el cargo. Hay momentos en la biografía de los líderes en que las convicciones pasan a segundo término para privilegiar pragmáticamente los intereses personales. Calderón terminará su sexenio desacreditado y muy cuestionado, pero por la vía de un pacto con el PRI y Peña Nieto habrá logrado, cuando menos, la inmunidad necesaria para su retiro. ¿Descabellado? Para nada. Si alguien ha mostrado ser pragmático y astuto es precisamente Calderón, un político lo suficientemente hábil y perverso para torcer las cosas a su conveniencia.

Con esta pieza se completa el rompecabezas, y lo que antes aparecía caótico se aclara. Es evidente que Vázquez Mota ha comenzado a padecer en carne propia la traición de Calderón y con ella la de muchos panistas en los que antes confiaba. Hoy es investigada y espiada por el propio gobierno que dice respaldarla, sin apoyo suficiente del PAN para armar un equipo mínimamente competitivo en la actual contienda. No es casual que Vázquez Mota comience a decaer en su estado de salud, por más que ella lo desmienta con valentía y coraje. No es casual tampoco que el candidato de las izquierdas mantenga una campaña bastante relajada y de bajo perfil, con banderas deslavadas e insustanciales. Lo más probable es que también López Obrador se sabe derrotado y ha pactado con los ganadores un retiro digno y tranquilo en “La Chingada”, su apacible quinta en el sureste mexicano. Y finalmente, tampoco es casual que todos los medios de comunicación hayan cerrado filas con el PRI y su candidato. Si alguien tiene clara la película son precisamente los dueños de los medios. De ahí que sólo hay que dejarse llevar tranquilamente por la corriente para llegar a feliz puerto sin sacrificar credibilidad o imagen. Para ello están sus pseudoperiodistas con complejo de estrellas, auténticas comparsas del poder y la mezquindad, y las encuestadoras, auténticas prostitutas que se venden sin reparo al mejor postor.

 Atando cabos

De ser correcto el razonamiento, estaremos atestiguando un hecho insólito en la historia de las transiciones en todo el mundo: una “regresión pactada”, o sea un acuerdo cupular que posibilita el regreso pacífico y ordenado del PRI al poder (mediante la fórmula de una “alternancia de regreso”) por convenir así al presidente en funciones (adquirir de su sucesor el respaldo suficiente para blindarse ante eventuales demandas en su contra). Obviamente, el pacto estaría legitimado por un proceso electoral democrático que definirá a los ganadores y a los perdedores, pero sesgado de origen, y en esa medida violentado o manipulado, por acuerdos entre las elites políticas. Quizá la regresión no aplique al régimen en su conjunto, pues reeditar el autoritarismo de antaño sería a estas alturas poco rentable en términos de legitimidad para la clase política en su conjunto, pero si se estaría volviendo a una situación claramente regresiva en que las elecciones no se resuelven en las urnas sino discrecionalmente en los corrillos del poder. Huelga decir que este desenlace es insólito para cualquier transición, pues las involuciones de la democracia al autoritarismo suelen tener como detonante rupturas y crisis, no ocurren de manera pacífica y mucho menos pactada. Pero si nuestra transición ha sido sui generis por qué no habría de serlo nuestra inminente regresión al priismo, disfrazada de democracia.

Ojalá se tratara simplemente de una especulación descabellada, pues aceptarla sería tanto como reconocer una vez más que los ciudadanos sólo somos testigos pasivos de intrigas palaciegas, que la democracia sólo existe para legitimar los juegos de poder más allá del poder, que al menos en estas elecciones todo está cocinado y lo que hagamos o dejemos de hacer los ciudadanos es irrelevante. Y sin embargo, siempre cabe una alternativa. Quizá llegó la hora de pensar seriamente la anulación del voto o la abstención, para mostrar al menos que cada vez somos más los ciudadanos inconformes con las componendas de los poderosos. Que sepan de una vez los gobernantes que gobernarán en el vacío, para una minoría crédula, porque cada vez somos más quienes los despreciamos.

 

 

Reproduzco aquí el prólogo del libro que con este titulo comenzará a circular en marzo. Es un balance desapacionado del panismo en el poder, 2000-2012

 

El presente libro constituye una suerte de ruptura en mi trayectoria intelectual, pero sobre todo en mis convicciones y expectativas personales acerca de mi país. Hace apenas cinco o seis años simplemente no me visualizaba escribiendo un ensayo tan crítico como éste sobre los pobres resultados alcanzados durante doce años por el Partido Acción Nacional (PAN) al frente del gobierno federal. Hubiera preferido que este libro no llegara, pues eso hubiera significado que el desastre del que se da cuenta en él nunca ocurrió. Pero hoy los hechos ya no se pueden encubrir ni matizar, y están en espera de ser explicados con objetividad. En principio, mi tesis es que el PAN no supo gobernar ni leer adecuadamente el momento político en que le tocó ser protagonista, y si bien es cierto que los dos gobiernos emanados del PAN a partir del año 2000 —el de Vicente Fox Quezada y el de Felipe Calderón Hinojosa— no son los únicos responsables de la ruina del país, sí son los principales.

Pero decía que este libro representa un parteaguas en mis convicciones personales. Me explico. Durante años fui un crítico implacable del viejo régimen, por su condición autoritaria y las muchas simulaciones y engaños que la clase política gobernante y el otrora “partido oficial”, el inefable PRI (Partido Revolucionario Institucional), fabricaron para perpetuarse en el poder, incluida la supuesta apertura política del régimen en dirección democrática inaugurada en 1977. Prueba de ello son mis libros: Construir la democracia. Límites y perspectivas de la transición democrática en México (1994), Después del PRI. Las elecciones de 1977 y los escenarios de la transición en México (1997). En estos libros e innumerables ensayos y artículos pugné por una auténtica democratización del régimen y por una acuerdo incluyente y amplio para refundar al Estado mexicano sobre bases realmente democráticas, o sea para construir un genuino Estado de derecho. Posteriormente, en vísperas de la alternancia del 2000, que para fines prácticos representa el fin de la transición mexicana y del régimen priista así como el inicio de la instauración de un nuevo régimen postautoritario, publiqué un libro en el que además de examinar el largo proceso que nos condujo a ese momento crucial fijaba las tareas para el futuro en la perspectiva de sentar las nuevas reglas y el nuevo andamiaje institucional para el país. El libro se llamó simplemente: La transición mexicana: 1977-2000 (2000). En él no sólo anticipaba el desenlace que todos constatamos, sino que dejaba ver un gran entusiasmo por lo que se avecinaba. Posteriormente, una vez concretada la alternancia en el poder, me sumé a los esfuerzos de muchos mexicanos para reformar al Estado, en especial participé activamente en la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado (CERE), cuyos trabajos se resumen en el volumen colectivo: Comisión de Estudios para la Reforma del Estado. Conclusiones y propuestas (2004). La conclusión lógica de estos esfuerzos no podía ser más que insistir en la necesidad de una nueva Constitución para el país o de una reforma integral a la misma, como única vía para concretar el cambio que se había dado en las urnas y encaminar los destinos nacionales hacia un horizonte genuinamente democrático. Cabe señalar que la CERE propuso reformas al 98 por ciento de los artículos de nuestra Carta Magna. En lo personal, mis convicciones sobre esta cuestión quedaron plasmadas en el libro: El desafío democrático. La transformación del Estado en el México postautoritario (2004). Pero todos estos esfuerzos renovadores quedaron muy pronto relegados de la agenda y el interés de la clase política y con ello se fue diluyendo la posibilidad de edificar una nueva normatividad e institucionalidad más congruente con las exigencias y las necesidades de una democracia. Lejos de ello, se mantuvieron intactas las reglas del viejo régimen autoritario con las consecuencias que todos conocemos: parálisis decisionales, afirmación de la partidocracia, desencanto prematuro con la democracia, resurgimiento de prácticas discrecionales, abusos de autoridad, incompetencia para gobernar,  etcétera. Y sin embargo, ante la perspectiva de que un candidato de corte populista se apoderara del gobierno y terminara por aniquilar la maltrecha y frágil institucionalidad democrática que nos habíamos dado, publiqué en vísperas de las elecciones presidenciales de 2006 un libro para desalentar esa opción y seguir apostando por la vía institucional: En el nombre del pueblo. Muerte y resurrección del populismo en México (2006). En la misma línea de inquietudes, apareció un año después mi libro: Por una democracia de calidad. México después de la alternancia (2007). Pero la ilusión democrática que mantuve desde los tiempos de la alternancia se fue convirtiendo paulatinamente en desencanto y molestia conforme la clase política en general, y los gobiernos panistas en particular, se fueron desentendiendo de sus preceptos hasta conducirnos al desastre en el que hoy nos encontramos. Así, ya con este tono menos entusiasta y más pesimista, publiqué los libros: El evangelio de la transición y otras quimeras del presente mexicano (2009) y Política para ciudadanos. Cartografía del presente mexicano (2009), que como tales constituyen los antecedentes directos de este nuevo libro que hoy presento con el propósito de evaluar los saldos del panismo en el poder.

No he querido hacer este recuento de mi trayectoria intelectual para aburrir a los amables lectores sino para mostrar con hechos que el tono crítico del presente libro no es producto de una posición que haya mantenido a ultranza en contra del PAN y los gobiernos panistas, sino que resulta simplemente de la exigencia de explicar con objetividad las razones que llevaron al país a la ruina en la que estamos inmersos. Como muchos mexicanos saludé con entusiasmo y esperanza la llegada del PAN al poder, y como muchos también hoy no puedo más que declararme engañado y traicionado por su falta de visión y compromiso con la nación. Como muchos mexicanos, yo voté por el PAN y por el cambio en el 2000, y como muchos también, frente a la perspectiva de ser gobernados por un populista recalcitrante, refrendé mi voto al PAN en 2006. No tengo problema alguno en reconocerlo, pues además lo hice público en su momento en mis colaboraciones periodísticas en El Universal (“Fox a pesar de Fox”, en el 2000, y “la hora del ciudadano” en el 2006). Más aún, frente a las muchas críticas que el foxismo y el calderonismo fueron alimentando a su paso por el “círculo rojo”, mantuve una posición prudente y cautelosa sin dejar de señalar lo que a mi juicio eran errores graves en su desempeño. Debo confesar incluso que nunca creí que pudiera existir un gobierno peor que el de Fox, pero me equivoqué.

Por lo demás, los saldos del desastre nacional son visibles para todos. A nivel económico, la crisis mundial del capitalismo tomó a México por sorpresa, ahondando dramáticamente los problemas y rezagos ya acumulados. Durante doce años de panismo, la economía no ha podido remontar sus niveles negativos, y hoy estamos a casi diez puntos bajo cero acumulados de crecimiento interno. El desempleo, por su parte, registra cifras históricas, y que han llevado a multiplicar el trabajo informal y la pérdida del poder adquisitivo de los mexicanos. En estas circunstancias, sólo los grandes consorcios y trasnacionales han podido sobrevivir no sin dificultades al deterioro económico generalizado, condenando al quiebre y la desaparición a miles de pequeñas y medianas empresas. En cuanto a las industrias estratégicas del Estado, como Petróleos Mexicanos (PEMEX), las cifras indican que su debacle comenzó con el PAN en el poder. Nadie se explica la razón de ello, considerando que nunca en la historia de la paraestatal, el país había dispuesto de tantos recursos excedentes por la venta del petróleo en una coyuntura internacional particularmente favorable en lo que a los precios del crudo se refiere. Lo mismo puede decirse del sector industrial en general, que a falta de una política responsable los últimos gobiernos, ha conocido sus peores niveles en los años recientes. Y así también, el campo, la ganadería, la manufactura, etcétera, sectores cada vez más olvidados por las autoridades y que sobreviven de milagro. En términos sociales, el deterioro es dramático. La pobreza y la marginalidad han alcanzado niveles similares a los de países africanos, y la descomposición social nos condena cada vez más a vivir bajo la zozobra, secuestrados por la delincuencia y el crimen organizado. México dejó hace tiempo de ser un país seguro y vivible. Asimismo, los signos de la crisis y la ineptitud gubernamental se muestran con crudeza en la educación pública, la salud, la procuración de justicia, la seguridad pública, etcétera, donde las cuentas sólo pueden hacerse en negativo, fracaso tras fracaso. Pero si las crisis económica y social son escandalosas, la crisis política es todavía peor. La ilusión democrática de los tiempos de la alternancia simplemente quedó pulverizada por una casta política insensible, ambiciosa e inescrupulosa, incapaz de anteponer los intereses de la nación a sus intereses de grupo o de partido. Hoy no sólo se ha ahondado el malestar hacia los políticos profesionales sino que los ciudadanos no encontramos por ninguna parte algo parecido a un proyecto de nación para el futuro, que nos permita albergar algún optimismo, antes bien nos encontramos en la total indigencia. Además, el PAN en el poder ha reeditado y consentido prácticas que debieron quedarse en el pasado autoritario y que hoy sólo exhiben a una clase política cada vez más cínica e incongruente: corrupción incontenible, impunidad, abusos de autoridad, negligencia, demagogia, disputas mezquinas, componendas, cruzadas moralinas, etcétera. Y los gobiernos panistas no sólo fueron incapaces de impulsar y promover auténticas reformas estructurales que le dieran viabilidad al país, como las reformas energética, laboral y fiscal, sino que se desentendieron muy pronto de la reforma del Estado, que como tal era indispensable para apuntalar la democracia y dotarla de nuevos contenidos y valores opuestos a los autoritarios que se construyeron durante el viejo régimen. En suma, el PAN en el poder nos queda a deber a todos los mexicanos. El problema es que el desastre al que nos ha condenado es de tal magnitud que resarcir o revertir el daño se antoja imposible en muchos, pero muchos, años.

Por todo ello, afirmar que México está en ruinas, como reza el título del presente libro, no es un juicio de valor sino un juicio de hecho. Con la expresión sólo pretendo levantar acta de una realidad imposible de ocultar, independientemente de nuestras simpatías o antipatías partidistas o políticas. De hecho, al examinar críticamente los saldos del desastre del panismo en el poder no pretendo bajo ninguna circunstancia minimizar o subestimar la responsabilidad de los demás actores políticos en dicho desenlace, ni sobrevalorar o exaltar indirectamente los supuestos logros del pasado antes de la alternancia. Por lo que respecta al primer aspecto, es indudable que la debacle tiene muchos padres. Más aún, ningún actor político o partido o autoridad ha estado a la altura del desafío abierto con la alternancia del poder. Ninguno sin excepción supo leer adecuadamente la importancia histórica del momento y actuar en consecuencia. Lejos de ello, fueron más las tentativas por parte de los adversarios del PAN para golpear, desacreditar y exhibir a los gobiernos panistas en sus incompetencias e incongruencias, que por sumar esfuerzos por el bien de la patria. Además, desde el momento que el pluralismo es una nueva realidad en todo el país, por lo que todos los partidos comparten funciones de gobierno, ya sea a nivel estatal o local, y todos se reparten las posiciones en los congresos estatales, los logros o los fracasos no tienen exclusividad. Y sin embargo, el principal responsable de la debacle no puede ser más que los gobiernos federales emanados del PAN en la medida que les corresponde a ellos por mandato directo encabezar y dirigir los destinos nacionales. En cuanto al segundo aspecto, es muy común desacreditar una gestión o una autoridad para sacar raja de ello. Pienso, por ejemplo, en el libro del expresidente Carlos Salinas de Gortari La década perdida (2008), que al criticar acremente a los gobiernos de sus sucesores en el cargo, los de Ernesto Zedillo y Fox, su propio gobierno quedaba muy bien parado. Obviamente, dicho por Salinas de Gortari, uno de los mandatarios más cuestionados y odiados de la historia moderna del país, el ardid no sólo resultaba tendencioso sino ridículo. Para nada me he propuesto en este libro algo parecido. Por el contrario, criticar los gobiernos del PAN no pretende exaltar a los precedentes gobiernos del PRI, por mera contrastación. Lejos de ello, creo que muy poco, si no es que nada, hay de rescatable del viejo régimen. Mi posición al respecto, por lo demás, la he fijado en innumerables libros y ensayos. Más aún, mi tesis es que mientras el PRI depredó inmisericordemente al país durante siete décadas, el PAN lo arruinó estúpidamente en una. Una tesis, ciertamente, nada optimista para nuestra generación, pero necesaria si aspiramos todavía a cambiar una historia de agravios y desatinos que hoy nos condena trágicamente al naufragio.

Sólo me resta hacer algunas precisiones sobre el contenido del presente libro. En primer lugar, aunque decidí dividirlo de manera muy convencional, o sea según los grandes temas de la agenda nacional (como Economía, Política, Educación, etcétera), el lector no encontrará un tratamiento convencional de cada aspecto, o sea con estadísticas y descripciones monográficas de los avances y retrocesos alcanzados en cada rubro. Lejos de ello, propongo una mirada de autor de uno o más aspectos vinculados con cada tema, a partir de mis propias obsesiones e inquietudes intelectuales. Así, por ejemplo, en el capítulo de Economía, más que un recuento de cifras y datos para documentar el derrumbe de la economía, lo que ofrezco es una reflexión sobre la manera errática y burda como el gobierno de Calderón decidió encarar la crisis mundial del capitalismo, para de ahí extrapolar algunas consideraciones más generales sobre la gestión panista en su conjunto; en el capítulo de justicia, por su parte, más que una panorámica de los muchos déficit y problemáticas que subsisten en la materia, ya sea en la procuración de justicia o en la defensa de los derechos humanos o en la transparencia, me concentro en la justicia electoral, un aspecto con frecuencia desdeñado por los especialistas, pero igualmente importante para evaluar el tema de la justicia bajo los gobiernos panistas; y así por el estilo procedo con el resto de los temas. En virtud de ello, segunda precisión, cada capítulo es independiente y responde a sus propias inquietudes. Sin embargo, sólo visto en conjunto, el lector encontrará las claves necesarias para evaluar la difícil situación que vive el país. Finalmente, dado que el presente libro aparece antes de completarse el segundo gobierno panista, quizá algunas de sus tesis pudieran resultar prematuras. La prudencia sugiere esperar antes de emitir un juicio definitivo. Sin embargo, he optado deliberadamente por adelantar mis conclusiones movido por cuando menos dos razones: a) no vislumbro en el horizonte cercano nada extraordinario que pudiera alterar radicalmente el derrotero del actual gobierno, más bien anticipo una espiral de cada vez mayor ingobernabilidad e inestabilidad; y b) los intelectuales casi siempre reflexionamos sobre nuestra realidad y nuestro tiempo con la esperanza no confesa de poder incidir o influir positivamente en el rumbo de los acontecimientos. El presente estudio no es la excepción. Más que un afán destructivo, lo que me motivó a escribirlo es pensar que puede contribuir de algún modo a modificar las cosas si es que el diagnóstico se valora positivamente. En ese sentido, nada sería más satisfactorio para mí que en los próximos meses ocurriera algo inesperadamente favorable para el país, aunque ello me obligue a corregir o atemperar el pesimismo y la dureza de mis actuales consideraciones sobre el panismo en el poder.

No dudo que las tesis de este libro puedan ser reivindicadas por los adversarios del PAN para capitalizarlo a su favor en futuras contiendas electorales. Lamentablemente, no está en mis manos impedirlo, aunque mi objetivo, como ya externé, está muy lejos de ello. En todo caso, es indudable que el PAN tuvo en sus manos una oportunidad excepcional para cambiar la historia del país y convertirse en el artífice de una nación más democrática, justa y próspera, pero la desperdició por incompetencia y falta de visión. Quizá es tiempo de depositar los destinos de la nación en una fuerza política alternativa, siempre y cuando se comprometa a trabajar en tensión creativa y permanente con la sociedad. El problema es que, por más que busco, no encuentro esa opción por ninguna parte.

Sólo desde la pedantería intelectual alguien puede afirmar que ha escrito un libro que “le abrirá los ojos a los mexicanos”. Pues bien, ese es el caso del libro más reciente de Denise Dresser, intitulado El país de uno. Reflexiones para entender y cambiar a México (México, Aguilar, 2011). Ojalá fuera sólo una estrategia de ventas, pero no lo es. Dresser realmente se cree una iluminada capaz de aclararnos el brumoso paisaje mexicano, inaccesible, según la autora, para la mayoría. Sin embargo, a poco andar el lector descubre que el de Dresser no sólo es un ensayo que no aclara nada, sino que termina violentando los hechos que examina con tal de seguir un script preestablecido por ella misma desde el inicio. El resultado es una obra de simplificaciones vulgares, desvaríos explicativos y violencias argumentativas.

Es comprensible que cuando un país entra en desgracia, como el México actual, los intelectuales busquen explicaciones de su postración y planteen soluciones para salir del atolladero. El problema es que muchos de ellos, más allá de sus buenos deseos, se convierten en parte del problema, en cómplices de la tragedia, por cuanto reproducen una visión que se levanta sobre premisas falsas y hasta peligrosas que sólo alimentan la impotencia y la frustración. Ese es el caso del libro de Dresser, que se suma al de otros igualmente superficiales e imprecisos publicados en los últimos 2 o 3 años, como el de Jorge G. Castañeda (Mañana o pasado. El misterio de los mexicanos), Carlos Elizondo Meyer Serra (Por eso estamos como estamos), Agustín Basave (Mexicanidad y esquizofrenia), entre otros.

Lo que emparenta a esta literatura es una obsesión por descargar en los “mexicanos” todas las desgracias que nos aquejan, ya sea por razones culturales muy arraigadas, como el conformismo, la apatía, el desinterés…, o simplemente usando sustantivos generalizadores que ocultan y engañan, como “México”, “los mexicanos”, “la sociedad”… Decir, por ejemplo, que “Los mexicanos estamos mal porque no hemos hecho las tareas que exige la modernización…” es culpar a una entelequia, es decir, es no culpar a nadie, pues cuando “todos” somos responsables, nadie lo es; al socializarse las culpas con un “nosotros” abstracto, todo queda en el aire. La tesis de toda esta literatura puede resumirse en la siguiente frase: México es un desastre, permanece atrasado, sigue inmerso en la corrupción y la impunidad, con enormes rezagos sociales y económicos, con una democracia hecha trizas, huérfano de un verdadero Estado de derecho, con un Estado rebasado por los poderes fácticos, inmerso en la violencia y la inseguridad… Y si esto es así es porque los mexicanos lo hemos tolerado… Nuestros males endémicos son el espejo de una sociedad instalada en la indolencia, la permisividad y la dejadez. Obviamente, el argumento es altamente persuasivo, pues nadie pondría en duda que nuestras desgracias son ante todo nuestras y de nadie más, o sea de una sociedad mexicana supuestamente disfuncional que arrastra taras desde el momento mismo de su fundación nacional. Sin embargo, aunque es fácil caer en sus redes, no deja de ser una falacia y un ardid bastante conveniente para sacar de foco los problemas y eclipsar las responsabilidades. Por eso, quizá los diagnósticos críticos que se hagan de la problemática actual del país en este conjunto de libros sean más o menos acertados, pero las conclusiones y las propuestas para enfrentarlos terminan siendo paralizantes o asépticas. Ese es, precisamente, el caso de la obra de Dresser que nos ocupa. Veamos

El guión del libro de Dresser transita entre el ser —o sea su diagnóstico del atolladero nacional— y el deber ser —o sea sus sugerencias y recomendaciones para salir del mismo—. Desde el Prólogo se anuncia este derrotero: “El pesimismo, el fracaso, el desencanto y el silencio infectan a México”. Por eso es “Imperativo que los mexicanos evalúen a su país y a sí mismos con más honestidad. Sin las anteojeras de los mitos y los intereses y los lugares comunes que buscan minimizar los problemas… En México mostramos una peligrosa inclinación por ordenar superficialmente la realidad en vez de buscar su transformación profunda… Somos una nación que no logra encarar sus problemas con la suficiente franqueza”. Nada más insubstancial que recurrir hasta la reiteración al “nosotros”, a “los mexicanos”, a “la nación”, a “México” para construir un discurso que se pretende explicativo, pero que no logra desmarcarse en absoluto de los discursos políticos que Dresser tanto crítica. Si el recurso a la idea abstracta y genérica de la nación por parte de un político es demagogia, en un académico es insensatez.

Pero hay un peligro más grave aún en el itinerario propuesto por Dresser: la descalificación o estigmatización a priori de un pueblo o una comunidad para justificar una búsqueda intelectual, la suya, que no es otra que la de “iluminar” a los ciegos, la de prepararlos para la batalla que les restituirá su dignidad perdida. En efecto, la imagen no podía ser más elocuente: “los mexicanos — piensa Dresser— nos quedamos siempre en la superficie, rechazamos la profundidad, preferimos mirar a otra parte, y en esa deshonestidad cobarde nos volvemos cómplices de la barbarie que nos agobia”. Cuánto desprecio a la sociedad encierra esta afirmación, pero sobre todo, cuánta ignorancia. Para empezar, no hay un solo México ni los mexicanos somos un conglomerado monolítico y cerrado. En segundo lugar, decir que los mexicanos minimizamos los problemas es no entender a los mexicanos, es un cliché con el cual los intelectuales se autoerigen como los depositarios de la verdad y el saber superior. Dresser observa desde su torre de marfil y desde ahí pontifica, sin más contacto con los mexicanos que sus libros y periódicos, y sin más referentes que los paisajes de lo popular que observa desde la ventana de su auto reluciente.

Pero las descalificaciones simplistas salpican cada página, en una cadena de clichés que avergonzaría a los mismísimos maestros de la mexicanidad, como Alfonso Reyes, Samuel Ramos, José Gaos y Octavio Paz: “los mexicanos reverenciamos al status quo, lo que nos convierte en espectadores pasivos”, “somos fatalistas, resignados y conformistas”, “la falta de un gobierno competente está en el corazón de nuestra historia”… Se nota a leguas que la politóloga Dresser, marcada por su formación anglosajona, ignora esa literatura tan profusa como inquietante sobre la identidad de lo mexicano. Ignora, por ejemplo, a Reyes, quien afirmó con sabiduría que nuestro estoicismo no es conformismo sino un acto callado de libertad frente a la represión y el sometimiento. Por ello, Dresser comete el mismo error de muchos otros estudiosos de querer leer a México con criterios importados, con raseros ajenos a nuestra idiosincrasia y nuestro ser, dando por resultado contrastaciones inútiles. Por esa vía, por ejemplo, sólo cabe lamentar que los mexicanos no seamos tan emprendedores como los estadounidenses, o tan trabajadores como los japoneses. Ni cómo explicarle a Dresser que los mexicanos simplemente no somos y nunca seremos como los estadounidenses ni como los japoneses… Y con ello no pretendo defender una idea idílica o purista de la mexicanidad para justificar o edulcorar nuestros males endémicos, sino simplemente advertir las inconsistencias de proceder como lo hace Dresser.

Desde el Prólogo, Dresser afirma que los mexicanos hemos sido dejados, somnolientos, conformistas, apáticos, resignados, recipientes vacíos, “ciudadanos vasija”.  Por eso, hemos creado un país estancado, atrasado, sin movilidad social, un país de migrantes. Y de ahí, Dresser pasa a su credo (declaración de fe) que no es otro que “volver a México un país de ciudadanos”, “vivir en la indignación y la inconformidad”, pues si los ciudadanos no despiertan, seguiremos en el atraso. Me pregunto si en verdad Dresser no se ha dado cuenta que su argumento en lugar de mover a una transformación social, a una mayor concientización, reproduce la misma lógica ocultadora y negadora de lo social propia de los discursos políticos que ella supuestamente condena. En efecto, decir que en México no hay ciudadanos, o que los mexicanos estamos aletargados, no sólo no le hace justicia a los hechos, sino que legitima indirectamente los excesos y las incompetencias de los gobernantes. Es el discurso mediante el cual una casta política inescrupulosa y cínica se exime de sus responsabilidades, es la retórica que transfiere a la sociedad los males que la agobian, el ardid perfecto de una élite política que se afirma en sus privilegios, negando a la sociedad. Por eso, el “credo” de Dresser en lugar de ser contestatario o emancipador,  es el que mejor le va a los gobernantes; en lugar de exhibirlos, los cura en salud. Por esa vía, Dresser se vuelve cómplice de lo que critica; un derrotero, por lo demás, muy frecuentado por intelectuales o pseudointelectuales supuestamente críticos, pero que al final del día le hacen el caldo gordo a los políticos, hombres y mujeres de ideas que sólo saben acomodarse a todo, y que han hecho de la crítica un modus vivendi muy rentable. Si los políticos profesionales niegan de facto a la sociedad cada vez que abusan de sus cargos, o actúan impunemente, o violan las leyes a su conveniencia…, o sea actúan a espaldas de la sociedad, los intelectuales también lo hacen cada vez que conciben a la sociedad como apática, ignorante, dejada, conformista. Así como el político justifica sus incompetencias en la supuesta dejadez de la sociedad, los intelectuales justifican su vocación crítica e iluminadora, en la supuesta acriticidad e ignorancia de la sociedad, en un juego de afirmación/negación bastante conveniente para las elites, políticas e intelectuales.

El problema es que muchos de estos pseudointelectuales llegan a ser tan persuasivos, sobre todo cuando gozan de fama mediática, que siempre hay incautos que compran sus argumentos sin chistar, y hasta terminan concibiéndose a sí mismos como parte del problema que aqueja a la nación. Pero la realidad es muy distinta. Si México ha conquistado en tiempos recientes avances democráticos se debe única y exclusivamente a la propia sociedad, si México dejó atrás setenta años de dictadura perfecta fue gracias a sus ciudadanos, si hoy tenemos más derechos y garantías que antes es porque los ciudadanos decidimos luchar por ellos. En México, los ciudadanos hemos tenido que abrirnos paso en nuestras aspiraciones y reivindicaciones con todo en contra, con una casta política corrupta e ineficaz, con poderes fácticos que rebasan al Estado, con partidos instalados en la mezquindad de sus privilegios, con elites políticas e intelectuales que nos siguen “invisibilizando”… Y no se trata de anteponer un discurso idealista de la sociedad frente a la presunta maldad del Estado, sino simplemente de levantar acta de una realidad sistemáticamente negada y ocultada por pseudocríticos mediáticos como Dresser, y que ahí está esperando ser interpretada convenientemente, sin las anteojeras pedantes de académicos de cubículo ni la labia adornada de líderes mediáticos oportunistas, sino desde la experiencia, desde la vida, desde la cotidianidad. Quien no entiende que debajo de esa aparente apatía y conformismo de un pueblo masacrado y doblegado perennemente anida incólume un hambre de justicia, paz y prosperidad, no entiende nada. Quien no entiende que los mexicanos hemos tenido que abrirnos paso trabajosamente con todo en contra, sometidos por siglos de privilegios, oligarquías, castas, partidocracias, populismos, dictaduras… y que aún así no nos han doblegado, no entiende nada. Quien no entiende que las conquistas, grandes o pequeñas, alcanzadas en México han sido exclusivamente conquistas de una sociedad avasallada pero también inconforme, no entiende nada. Quien no entiende que vivir en México, en un país secuestrado por una casta política cínica y voraz, ocupado por poderes fácticos monopólicos, en un país sumido en la violencia, la inseguridad y el saqueo por parte de las élites, convierte a sus ciudadanos en auténticos héroes, héroes por vivir y trabajar honradamente, por migrar para mejorar sus condiciones de vida, por votar apostando por un futuro de paz y leyes…, simplemente no entiende nada… 

Sólo quien desprecia a un pueblo e ignora sus verdaderos resortes culturales e históricos puede hacerlo cómplice o responsable de su tragedia. Dresser lo hace y eso la pinta de cuerpo entero. No es casual que en su elenco personal de héroes nacionales coloque a políticos trepadores como Javier Corral, a magistrados que en un mes cobran lo que gana toda la nómina de una maquila, como José Ramón Cossío, a ambientalistas en mustang como Andrés Lajous, a periodistas de cabina que navegan con la bandera de críticos para lucrar mejor como Carmen Aristegui, a intelectuales acomodaticios como Sergio Aguayo o Jesús Silva Herzog… Obviamente, en su lista de héroes no hay espacio para los tarahumaras, para la señora que vende tamales para completar el gasto, para los obreros que burlan su infortunio jugando futbol los domingos en canchas de piedras y vidrios, para los feligreses que caminan durante días para arrodillarse ante la Virgen de Guadalupe, para los empleados que sólo llegan a dormir a sus casas dormitorio de sus ciudades dormitorio, después de atravesar durante horas las urbes; a las mujeres y hombres que todos los días se juegan la vida cada vez que salen a sus trabajos o escuelas; para activistas caídos en su lucha por justicia, como Nepomuceno y Maricela…  Para ellos sólo hay el dedo flamígero de la paladina de la justicia, la condena despiadada de la nueva redentora nacional.

Sólo quien desprecia a un pueblo e ignora sus verdaderos resortes culturales e históricos, puede  afirmar que ese pueblo está infectado de pesimismo, de inmovilismo, por lo que sólo sabe victimizarse. Lo que para Dresser es pesimismo y victimización en realidad es coraje, frustración, dolor, por constatar diariamente como los poderosos saquean al país, como actúan impunemente, como tuercen la ley a su conveniencia, como las élites nos mienten y se enriquecen a nuestras costillas. Dresser sostiene que a ese pueblo le falta indignación, siendo que los mexicanos estamos instalados desde hace mucho en la indignación, vivimos en la indignación, comemos indignación… es ya un estado de ánimo permanente. Francamente, no sé que más tiene que hacer este pueblo vapuleado para ser digno a los ojos de esta moderna Torquemada de las Lomas, si sólo vivir y sobrevivir en México es un triunfo diario.

Sólo quien desprecia a un pueblo e ignora sus verdaderos resortes culturales e históricos, no puede entender que los mexicanos no queremos más violencia, sino vivir en un país en paz y con justicia; no queremos abusos e impunidad, sino leyes y derechos; no queremos gobernantes corruptos, sino representantes honestos y responsables; no queremos revoluciones ni guerras civiles, sino instituciones y elecciones; no queremos autoritarismos ni dictaduras, sino democracia y libertades; no queremos rezagos sociales y económicos, sino prosperidad y equidad… Y todos los días luchamos por ello, trabajamos para ello. Que no lo hagamos con los cánones que Dresser considera dignos no significa que seamos apáticos o resignados. Los ciudadanos hacemos lo que podemos hacer y lo hacemos con coraje, valentía y esperanza. Pedirle más a una sociedad que como la nuestra, en su gran mayoría, trabaja honestamente, soportando salarios de hambre, lleva a sus hijos a escuelas donde la educación es lo que menos importa, paga impuestos todos los días al consumir bienes básicos, soporta el abandono de gobernantes y partidos que sólo miran por su beneficio, critica todos los días el cinismo y la corrupción de sus gobernantes…  es francamente un despropósito de intelectuales engañabobos.

Sólo quien desprecia a un pueblo e ignora sus verdaderos resortes culturales e históricos, puede  afirmar que a los mexicanos somos conformistas, que nos falta participación y ser ciudadanos. Ridículo, en pocos países como México hay tantas marchas y manifestaciones de protesta, tantas huelgas y plantones, tantas movilizaciones de solidaridad con las víctimas de desastres, tanta afluencia a las urnas, tanta discusión en las calles, tanta indignación… Además, los ciudadanos en México somos más ciudadanos que los de muchos otros países, porque aquí nadie nos ha regalado nada, aquí hemos tenido que luchar denodadamente por nuestros derechos, por ser escuchados y tomados en cuenta. Pero Dresser solo ve a “mexicanos [que] les sobra conformismo y les falta descontento”, y como “los ciudadanos conformistas engendran políticos mediocres”, no nos queda más que flagelarnos por nuestra postración. No cabe duda, Dresser vive en un país que no es el de uno, o sea el de la inmensa mayoría de los mexicanos, sino que vive en el México de unos cuantos, de aquellos privilegiados que solazan sus conciencias trepadoras culpando al resto de la pobreza y la marginación, de los abusos y la negligencia de las autoridades, del atraso y el estancamiento…  Allá ellos y su mala conciencia. ¡Fuera máscaras!

Sólo quien desprecia a un pueblo e ignora sus verdaderos resortes culturales e históricos, puede  afirmar que los mexicanos vivimos en un país que sentimos ajeno, porque nos ha sido robado por las elites y los dictadores. Cierto, a México se lo han apropiado siempre las elites y los dictadores, pero nunca nos ha sido ajeno. A veces lo abandonamos, cuando la necesidad nos lleva a migrar, pero lo llevamos a todas partes y en todas partes lo reproducimos, con un orgullo y una nostalgia que jamás entenderán los anglosajones. Quizá no anhelemos las frivolidades de Dresser, como “las enchiladas del Sanborns, el cine de Cuarón, los libros de Poniatowska, la casa de Luis Barragán…”, pero sí a la familia, a los vecinos, a la tierra y a los volcanes…

Sólo quien desprecia a un pueblo e ignora sus verdaderos resortes culturales e históricos, puede  afirmar ilusamente que “Un día habrá un diputado que suba a la tribuna y exija algo en nombre de la gente que lo ha elegido… Y entonces México será otro”. Depositar las soluciones en el origen de los problemas no sólo es insensato sino tendencioso. No Sra. Dresser, los mexicanos creemos en fantasmas y leyendas, pero no somos estúpidos. No se engañe y no engañe a sus lectores.

Sólo quien desprecia a un pueblo e ignora sus verdaderos resortes culturales e históricos, puede endilgarle el permanecer atrapada en “ideas muertas”, ideas tan arraigadas en nuestra cultura política como lozas de granito imposibles de remover, “ideas atávicas que nos convierte en un país de masoquistas”, como la defensa patriótica sobre nuestros recursos naturales (principalmente el petróleo), la defensa de los monopolios públicos o privados, la idea de que la educación más que mejorarla hay que ampliarla, o suponer que México no está preparado para reformas democráticas, como la reelección legislativa o las candidaturas independientes… Para empezar, el elenco de lo que Dresser llama “ideas muertas” es ridículo y arbitrario, y muy pocos coincidirían con él. En segundo lugar, si perviven ideas atávicas como éstas eso sólo ocurre en el seno de las propias elites políticas, económicas e intelectuales por resultarles rentables o convenientes. No son lastres que comparta la sociedad o que aniden en sus imaginarios como dogmas inquebrantables. Si alguien en México ha exhibido un espíritu de renovación y cambio ha sido precisamente la sociedad mexicana, que en ese sentido camina años luz muy por delante de sus elites.

Sólo quien desprecia a un pueblo e ignora sus verdaderos resortes culturales e históricos, puede endilgarle que vea todo lo podrido que lo rodea como algo normal, como rutinario; que perciba la violencia y el saqueo como inevitables; que vuelva normal lo que es anormal en otras partes; que se resigne a vivir en la inseguridad y los secuestros. Basta Sra. Dresser. No confunda miedo con cobardía, no confunda precaución con ceguera, no confunda silencio con rutina. La inmensa mayoría de los mexicanos no tenemos blindaje integrado y por eso debemos seguir bregando, hacer de la necesidad virtud. Vivir en la zozobra permanente, amenazados, sometidos, secuestrados… no es aceptar la inexorabilidad de nuestra tragedia, es sólo adaptarse a las circunstancias para seguir viviendo, para proteger a nuestros hijos, para evitar desafiar a la suerte en una calle oscura… No Sra. Dresser, aquí no hay nada de normalidad, sólo cautela e indignación, protesta cotidiana para que la autoridad haga su trabajo y termine de una buena vez con la espiral de violencia que padecemos. No se atribuya la exclusiva de reclamos que son de todos, que viven en todos.

Sólo quien desprecia a un pueblo e ignora sus verdaderos resortes culturales e históricos, puede reprocharle que no sea genuinamente multicultural, que acepte dócilmente la discriminación y la marginación, o incluso que alimente en su seno la discriminación y la marginación de manera hipócrita, pues no acepta su propia condición racista y xenófoba. No  Sra. Dresser, no nos mida con sus criterios anglosajones. Dese una vuelta el domingo por la Basílica para que vea en persona una auténtica sociedad multicultural, multiétnica y multirracial, algo simplemente imposible de ver en un país como Estados Unidos donde existen todas las razas pero no se tocan, no se mezclan, no conviven. El multiculturalismo como categoría y obsesión de intelectuales liberals sólo podía surgir en sociedades fragmentadas, divididas, guéticas, como la estadounidense. Es una categoría simplemente insustancial para sociedades mestizas como la mexicana, pero eso es algo que usted no ve ni entiende. Nuestro mestizaje generó otros fantasmas culturales, cierto, pero no el del aislamiento o la incomunicación entre razas, porque el multiculturalismo lo llevamos en la piel. Ese problema lo resolvimos hace quinientos años.

Sólo quien desprecia a un pueblo e ignora sus verdaderos resortes culturales e históricos, puede pensar que los ciudadanos no reaccionan contra los abusos porque “estamos mal educados y no sabemos lo importante que es la educación”. No Sra. Dresser, que la educación en México sea un desastre no significa que los mexicanos la despreciemos o no le demos valor. Usted simplemente ignora las historias cotidianas de sacrificio y esfuerzo de millones de familias mexicanas para que sus niños y jóvenes vayan a la escuela y a la universidad, para que completen sus estudios, aún sabiendo que la educación dejó hace mucho de ser un medio de ascenso social, destinando recursos a ese propósito, pese a que son escasos… 

Basta, podría seguir con esta crítica ad nauseam, pues cada página del libro de Dresser está plagada de errores e imprecisiones. Con lo dicho, creo que el lector se habrá dado cuenta que Dresser no conoce el país de uno, lo boceta con colores llamativos pero sin idea de lo que está pintando. El resultado es un bodegón de principiante, una naturaleza más muerta que su Avatar de redentora que sólo los incautos le compran, un retrato deforme de una realidad que la autora simplemente no entiende, salpicada arbitrariamente de frases y citas forzadas de escritores y académicos que en lugar de aclarar las cosas las emborronan sin remedio. 

Pero si las premisas del libro son endebles, el edificio tampoco se sostiene, empezando por el diagnóstico que sobre nuestro país realiza la autora. Desafío a cualquier lector medianamente informado sobre la realidad mexicana a que me señale al menos un aspecto que ignorara y del cual se haya enterado gracias a la lectura de este libro. Seguramente no hay nada. Veamos.

Que en México hay un “andamiaje de privilegios que aprisiona la economía y la vuelve ineficiente”, no sólo lo sabemos, sino que lo sufrimos todos los días; que en México las elites políticas y económicas actúan para su beneficio y por eso no introducen cambios, como las reformas estructurales, también lo sabemos; que el gobierno funciona como “distribución del botín”, no es nada nuevo; que los legisladores disponen de recursos exorbitantes e injustificados, también; que los partidos sólo actúan para su beneficio, es algo tan sabido que la sociedad los califica con 1.5 de 10 puntos posibles de confianza; que la economía está concentrada en unos cuantos monopolios y que las autoridades no hacen nada para generar mayor competencia, lo lamentamos todos los días… En fin, para qué seguir con tanta nimiedad.

Y si el análisis de Dresser sobre los males del país es insustancial y fatuo, sus críticas a partidos, políticos, líderes sindicales y empresarios con nombres y apellidos raya en el lugar común, una lista de agravios impunes que guardamos los mexicanos en el baúl y que Dresser simplemente desempolva para alimentar con ellos su falsa imagen de crítica implacable de los corruptos, de salvadora nacional. Si al menos sus críticas fueran imparciales o equitativas, pero son todo lo contrario, sesgadas y tendenciosas, propias de alguien que tensa sus juicios hasta donde no representen un riesgo para ella, para su propio juego político, interesado en frenar a toda costa el retorno al poder del PRI (y en particular de Enrique Peña Nieto) o la llegada del PRD (y en particular de Andrés Manuel López Obrador), pues mientras sean oposición su crítica no la compromete sino que la hace aparecer como implacable. Muy distinta es la crítica al PAN y a los dos gobiernos emanados de él, saturados de incompetencias pero que cuentan en su descargo con el hecho de que heredaron un país destrozado muy difícil de recomponer en tan poco tiempo. Lo cual no deja de ser una falacia. Obviamente, cuando la crítica está sesgada o manoseada de origen deja de ser crítica para convertirse en panfleto, en pasquín, que es precisamente lo que hace Dresser.

“Gracias al PRI —señala Dresser— el narcotráfico se infiltra en el Estado y se enquista allí… Fox y Calderón no son responsables del problema”. No Sra. Dresser, tan responsable es el PRI por haber alentado y protegido este negocio durante décadas, como Felipe Calderón por incendiar al país con una guerra fallida, antes que proponer soluciones drásticas, como la legalización de las drogas; una guerra de mentiras ¿A quién quiere engañar? Hoy el país, además de estar sometido por el crimen organizado, está inmerso en una espiral de violencia que simplemente no debió generarse.

Por lo demás, no hay nada en su recuento de daños del PRI que se desconozca: el charrismo sindical de Gamboa Pascoe, la prepotencia de Beatriz Paredes, los excesos de López Portillo, el enriquecimiento ilícito de los Salinas de Gortari, el cinismo del profesor Hank, la corrupción de Elba Esther Gordillo, Roberto Madrazo, Ulises Ruiz, los escándalos de Arturo Montiel y Mario Marín, las mentiras de Peña Nieto… En suma, el PRI del clientelismo, de los abusos de autoridad, de las mafias, del saqueo indiscriminado de recursos, de la corrupción desmedida, del Pemexgate, de la impunidad, de los sobornos, de la cooptación silenciosa de intelectuales, de la represión, de la matanza del 68, de las camarillas… Por Dios, ¿en verdad no tiene nada mejor Sra. Dresser? Le recuerdo que la sociedad mexicana rescindió al PRI en las urnas en 2000 precisamente por esa lista de atropellos. Ni al caso remover escombros. ¿Cuánto malestar e insatisfacción debe haber con los gobiernos del PAN que hoy se asoma desafiante la posibilidad del retorno del PRI?, ¿cuánta desesperación y frustración debe haber en nuestra sociedad que muchos piensan que ese pasado ominoso era menos cruel que nuestro presente truncado? Ese es el dato duro realmente significativo para los tiempos que vienen: el PAN no supo leer el momento histórico que le tocó vivir, no estuvo a la altura de los desafíos de los nuevos tiempos, arruinó al país estúpidamente, traicionó a un pueblo que creyó en su promesa de cambio y renovación. Aquí no caben las justificaciones. Decir que “el gran error del PAN fue creer que podrían practicar mejor el juego diseñado por el PRI, en vez de cambiar sus reglas” suena muy complaciente. En realidad, el PAN sí podía cambiar esas reglas, prometió a la nación hacerlo, tenía todo para hacerlo, pero muy pronto se dio cuenta que mantenerlas intactas era muy rentable para hacer lo mismo que hizo el PRI durante décadas: mentir, robar, ocultar, engañar…

Y para seguir con las necedades, ¿a qué viene a estas alturas enjuiciar a la “famiglia Salinas” y al “Don Corleone” de la política mexicana? Si alguien sabe que Carlos Salinas de Gortari fue un déspota, un tirano, un mafioso, un político perverso y despreciable, somos los mexicanos. Cierto, nunca pagó por sus crímenes, pero la sociedad ya lo juzgó y lo condenó hace tiempo. Ese veredicto es parte de nuestra historia y nadie nos lo puede arrebatar. ¿A quién quiere impresionar Sra. Dresser? ¿En qué momento trasformó su complacencia con el desempeño de Salinas, sus adulaciones al entonces presidente (tal y como lo expone sin rubor en su ensayo de 1993 “Neopopulist Solutions to Neoliberal Problems: Mexico’s National Solidarity Program”) en odio y dardos envenenados? Usted, Sra. Dresser, como sus colegas mercenarios, intelectuales repetidores de la cochambre que sólo saben acomodarse a lo que hay, también ha jugado convenientemente. ¿A quién quiere engañar? Por lo visto, la congruencia no ha sido precisamente una de sus virtudes. Por lo demás, sólo a usted se le ocurriría citar profusamente a Héctor Aguilar Camín, el ideólogo de Salinas, el más arrastrado de los intelectuales de este país, para diseccionar las intenciones ocultas de ¡Salinas! Eso ya no es incongruencia, sino insensatez.

¿Y qué decir de los juicios de Dresser a la clase empresarial, a los oligopolios, a Televisa y a Carlos Slim? Nada, pues no hay nada nuevo en ellos, nada que no se sepa. Pero como la Sra. Dresser reproduce en su libro la crítica que le hizo a Slim en un artículo que le valió el Premio Nacional de Periodismo, me permito reproducir aquí también el comentario que escribí sobre el mismo: “Me acuerdo que cuando leí este artículo en su momento no daba crédito a tanta ‘mala leche’ y perversidad. Quienes lo leyeron se acordarán que Dresser ‘regañaba’ en este artículo al empresario, a quien calificaba de voraz e inescrupuloso, ambicioso y monopólico, insensible y antipatriota, incongruente y mentiroso, colocándose ella, supuestamente, en los zapatos de los ciudadanos, de los agraviados, de los damnificados por la avaricia del hombre más rico del mundo, de los pobres y de las víctimas de la desigualdad y la injusticia social. El artículo de Dresser seduce al gentío más sensiblero porque es el típico discurso que busca solazar de algún modo las conciencias intranquilas y golpeadas por la crisis de millones de mexicanos, buscando un culpable de nuestros males y escupiéndole en la cara todo lo despreciable e insultante que nos resultan él, su riqueza y su éxito como empresario. Como tal, Dresser emplea una vieja estrategia política, consistente en identificar a un enemigo para justificar ciertas acciones y legitimar una posición, da lo mismo que el enemigo sean los judíos, la madre patria, los inmigrantes, los herejes, el imperio, el neoliberalismo o la burguesía, lo importante es exhibirlo y denostarlo hasta generar el deseo colectivo de acabar con él. En este caso, Dresser escogió a Slim, y todo el mundo se identificó de inmediato con el linchamiento público del empresario, como si con ello pudiéramos salvar nuestras almas atormentadas. Por esta vía, además, si bien los agraviados nos curamos en salud fugazmente, no hacemos más que descargar en el enemigo de turno nuestras propias frustraciones y miserias, pues siempre será más cómodo culpar a los demás de nuestras desgracias que reconocer nuestra propia responsabilidad en las mismas. Y no es que no haya nada que reprocharle a Slim, pero de ahí a convertirlo en el principal culpable de nuestra postración nacional es un despropósito a todas luces tendencioso e injustificado. No me sorprende que una periodista sin escrúpulos recurra a estrategias tan perversas y subliminales para ganar lectores y fans, pues el medio se alimenta de ese y otros males, como el ‘amarillismo’, el ‘estrellismo’ y el ‘chayotismo’, pero que los profesionales del periodismo responsables de evaluar el trabajo de sus pares premien este tipo de trabajos tan insustanciales y huecos sólo causa perplejidad. ¿Realmente no se dieron cuenta de lo que estaban premiando? Si el panfleto de Dresser contra Slim fue el mejor artículo del año, entonces nuestro periodismo está para llorar. Por lo demás, que un artículo de opinión sea muy comentado y difundido mediáticamente, como el de Dresser, no significa per se que tenga calidad. Sería bueno entonces, que el Consejo aclarara lo que está premiando: impacto o calidad. Además, si alguien carece por completo de autoridad moral para linchar a los empresarios y a los monopolios es precisamente Dresser, quien ha vivido cómodamente desde hace años trabajando para la clase empresarial, dictando conferencias y cursos muy jugosos a las principales corporaciones empresariales y de hombres de negocios, en contubernio con Televisa y otros monopolios, gracias a lo cual se ha convertido en la ‘intelectual’ mejor pagada de México. Pero la congruencia no es una virtud bien cultivada por nuestros hombres y mujeres de ideas.”

Pero si de simplificaciones se trata, nada hay más simple (y ridículo) que achacar a lo que Dresser llama “Los diez mandamientos del político mexicano” las razones de la “disfuncionalidad” de nuestra democracia: “1. Amarás el hueso sobre todas las cosas… 2. Tomarás el nombre de la democracia en vano… 3. Santificarás las fiestas patrias con puentes vacacionales… 4. Honrarás a los líderes de tu partido…” Disculpará el lector que no siga, pero ya me indigeste de tanta gansada. Y se supone que esta es la parte irónica del libro…ja…ja…ja…

Pero lo peor está al final: las recomendaciones de la ciudadana Dresser para cambiar el país: una auténtica lista de obviedades propia de Perogrullo: ser irreverente frente al poder, concebir al voto como un derecho esencial, estar informados sobre el acontecer nacional, hacer marcaje personal a los diputados, apoyar las reformas, denunciar que la guerra al narco no ha funcionado, denunciar los monopolios, recoger la basura afuera de mi casa, conectarme a las redes sociales… ¿Y para esto tanta tinta? No me cabe la menor duda. El de Dresser es el peor panfleto que he leído en los últimos años. No rescato de él ni una sola coma.

No sé en qué momento Dresser se metamorfoseó en la emisaria de las causas populares, en la redentora de los pobres y los excluidos, en la vocera de los ciudadanos, y tampoco sé si realmente ella se lo cree, pero me queda claro que si hay alguien a quien no le va ese papel es precisamente a ella. Desde el relumbrón de sus trajes de diseñador y la eterna inmutabilidad de su peinado, desde su voz impostada y sus manoteos estudiados, clamar por justicia para los menesterosos resulta tan frívolo como cómico. Tampoco sé cómo la periodista compagina su nuevo rol de Viridiana de las Lomas con sus múltiples y muy rentables “asesorías” a políticos, funcionarios, dependencias públicas y partidos políticos, todo lo cual no hace sino exhibirla de cuerpo entero, comenzando por su poco aprecio por la independencia intelectual. Por todo ello, pero sobre todo por sus escasas contribuciones y el bajo perfil de las mismas, no deja de sorprenderme la creciente influencia y penetración que Dresser ha venido alcanzado en los medios. En realidad, como académica no ha hecho nada relevante (o mejor, no ha hecho nada), a no ser que sumar varias denuncias de plagio por parte de diversos colegas; más allá de sus artículos periodísticos y sus compilaciones de entrevistas a mujeres, no cuenta con obra intelectual alguna. Que ha sido hábil para posicionarse en los medios nadie lo pone en duda, pero que haya llegado a los sets con un trabajo intelectual mediocre y precario, tampoco. Son quizá los resabios de nuestro provincialismo, pues con lo que tiene Dresser nunca hubiera destacado en su país de origen, Estados Unidos, ni como periodista, ni como intelectual, ni como académica, pero aquí en México la premiamos y encumbramos.

 

 

El presente texto es una primicia del libro: C. Cansino, Los #DecálogosHeréticos de @cesarcansino (México, Océano, 2012)

No es una conjetura ni una ocurrencia, es simplemente la ponderación de un hecho que está esperando por explicaciones persuasivas. Que las redes sociales se han convertido en el espacio público por excelencia del siglo XXI, en la moderna ágora de deliberación y confrontación de ideas y opiniones, es una realidad incontrovertible. ¿Pero esta condición es suficiente para postular que la democracia en el futuro se jugará de manera decisiva en las redes sociales? Mi respuesta es un sí rotundo y definitivo. Veamos por qué.

1. Quien conoce mi obra sabe que desde hace mucho tiempo he defendido una concepción de la democracia que la percibe no sólo como una forma de gobierno sino como una forma de vida, una forma de sociedad. Este ajuste respecto de las concepciones dominantes nace de la necesidad de (re)colocar a los ciudadanos en el centro de la vida pública, de restituirles su condición de sujetos políticos, sustraída por los políticos profesionales, quienes se arrogan para sí ese monopolio. De hecho, mi tentativa teórica en innumerables libros y ensayos ha sido concebir a la política como el lugar decisivo de la existencia humana, y al espacio público como el lugar de encuentro de los ciudadanos en condiciones mínimas de igualdad y libertad, el espacio natural donde los individuos transparentan (en el sentido de hacer públicos) sus deseos y anhelos, sus frustraciones y congojas, y por esta vía instituyen con sus opiniones y percepciones los valores que han de regir al todo social, incluidos a los políticos profesionales.[1] Según esta concepción, nada preexiste al momento del encuentro de ciudadanos libres, el momento político por antonomasia, sino que es ahí, en el intercambio dialógico incluyente y abierto, donde se llenan de contenido los valores vinculantes, sin más guión que la propia indeterminación; o sea, ahí donde se encuentran individuos radicalmente diferentes (como los que integran a cualquier sociedad plural) pueden generarse consensos, pero también acrecentarse las diferencias. Huelga decir que para esta concepción, todo es politizable, a condición de que sea debatible. En suma, según esta noción, los verdaderos sujetos de la política son los ciudadanos desde el momento que externan sus opiniones y fijan sus posiciones sobre todo aquello que les preocupa e inquieta en su entorno cotidiano.

2. Lejos de lo que pudiera pensarse, esta forma de vivir la democracia siempre ha existido en las democracias realmente existentes, desde el momento que sólo este tipo de gobierno puede asegurar condiciones mínimas de igualdad ante la ley y de libertad a los ciudadanos, lo cual resulta indispensables para la expresión espontánea y respetuosa de las ideas. Sin embargo, también es verdad que la esfera del poder institucional suele ser ocupado por gobernantes y representantes que lejos de gobernar en tensión creativa con la sociedad lo hacen en el vacío, generándose un corto circuito entre ellos y la sociedad. La crisis de las democracias representativas contemporáneas tiene su estro en este hecho cada vez más evidente. Desde cierta tradición teórica, el fenómeno ha sido explicado como una colonización de la sociedad por los sistemas instrumentales del poder y el dinero que todo lo avasallan a su paso.[2] Otros autores, por su parte, ven en el elitismo de la política profesional, en cualquiera de sus manifestaciones posibles —como la oligarquía o la partidocracia—, el impedimento para que la sociedad sea considerada de manera más incluyente por quienes toman las decisiones en su nombre en una democracia representativa.[3] Pero independientemente de las explicaciones, lo interesante es señalar que no obstante los factores reales del poder que merman el impacto de la sociedad en la democracia, confinándola casi siempre a legitimar a los políticos profesionales y a los partidos mediante el sufragio, las sociedades nunca han dejado de expresarse, o sea que siempre, en mayor o menor medida, han condicionado el ejercicio del poder, necesitado siempre de legitimidad para conducirse. Es lo que algunos teóricos han denominado la capacidad instituyente de la sociedad desde sus imaginarios colectivos, o sea todo aquello que de manera simbólica construyen las sociedades desde su tradición, su historia, sus percepciones, sus temores y su interacción con otras sociedades.[4] Con lo que queda mejor ilustrado mi entendimiento de la democracia como un modo de vida. El impacto de esa capacidad o su intensidad pueden variar de una democracia a otra, pero siempre permanece in nuce, ya sea como acción o reacción, a pesar de lo que muchos políticos profesionales quisieran.

3. Entonces, si la democracia ha de ser concebida cabalmente como el gobierno del pueblo, como una moderna república (res-pública), y en ese sentido como una forma de sociedad y no sólo de representación política, la idea de espacio público-político resulta crucial. Sin embargo, por muchas razones, la concepción clásica del ágora o la plaza pública fue minada en la modernidad no sólo en la práctica sino incluso semánticamente. Así, lo “público” terminó asociándose con el Estado, o mejor, con el ejercicio del poder, y lo “privado”, con todo aquello que atañe a lo social, incluidas sus preferencias políticas, amén de los consabidos ámbitos de lo familiar, lo mercantil o lo religioso.[5] La inversión conceptual está tan introyectada culturalmente que muchos ciudadanos la asumen a pie juntillas, al grado de concebirse a sí mismos como “apolíticos”, para desmarcarse de los políticos profesionales, los cuales son percibidos casi siempre como una raza aparte de egoístas y cínicos. Sin embargo, con la caída del Estado benefactor hace cuatro décadas (que asumía como suyo el deber de procurar bienes y servicios a la sociedad), y con la crisis de la democracia representativa (que se expresa en un malestar creciente de los ciudadanos al sentirnos cada vez menos representados por nuestros gobernantes), las democracias modernas han visto un proceso gradual de activación social que ha venido a restituirle a la sociedad un rol mucho más destacado que al que estaba confinado en el pasado inmediato.[6] Sin duda, en ese proceso jugaron un papel decisivo las sociedades en los países comunistas en los años noventa del siglo pasado, que decidieron asaltar las plazas y las calles para demandar las libertades que les negaron sus dictaduras durante décadas. La caída del Muro de Berlín es por ello el símbolo inequívoco no sólo del derrumbe de los regímenes comunistas sino también del resurgimiento de la sociedad en clave postotalitaria. De ahí en adelante, las sociedades en las democracias viejas y nuevas se han venido activando y movilizando con distintas intensidades y modalidades, recuperando para sí un protagonismo político que los inquilinos del poder les habían sustraído arbitrariamente.[7] Incluso antes del crucial 1989, muchas democracias occidentales experimentaron grandes movilizaciones sociales por reivindicaciones de todo tipo hasta entonces ignoradas o pospuestas en los andamiajes normativos de sus naciones, como los derechos de las mujeres, de los homosexuales, de los jóvenes, o por cuestiones ecológicas, entre muchas otras causas. Posteriormente, las sociedades comenzaron a agruparse en organizaciones no gubernamentales (ONG’s) para tomar en sus manos la defensa de derechos de todo tipo insuficientemente garantizados por sus Estados o para impulsar proyectos e iniciativas que consideraban necesarios, pero que olímpicamente habían sido desentendidos o ignorados por las autoridades. Al tiempo que este proceso avanzaba en todas partes, aportando una energía social inédita a los ámbitos de decisión vinculantes, y acotando por esa vía al poder ocupado por partidos y gobernantes, emerge un nuevo ingrediente que viene a complementar e incluso a modificar radicalmente el espacio público-político tal y como se conoció hasta entonces: las así llamadas redes sociales.

4. Por efecto de la irrupción de las sociedades democráticas en los asuntos públicos, mediante la deliberación colectiva de todo aquello que les atañe, o incluso mediante la gestión de bienes colectivos, lo público dejó de ser competencia exclusiva de lo estatal. De hecho, en las democracias modernas cada vez más lo político está contenido en lo social, y las sociedades son cada vez más protagonistas de su historia. Sin embargo, poner las cosas en esos términos ha tenido que enfrentar fuertes resistencias por parte de los enfoques teóricos dominantes en las ciencias sociales y las humanidades, casadas con preconcepciones institucionalistas o estatalistas que le conceden poco espacio o impacto a la cuestión social. Justo por esas resistencias he tenido que decretar sin miramientos la muerte de la ciencia política en un libro al mismo tiempo premiado y denostado por mis pares intelectuales.[8] Para esas perspectivas cerradas y dogmáticas en el plano empírico, una concepción alternativa como la que he resumido aquí resultaba no sólo incómoda sino incluso “radical”. Puesto en esos términos, su alegato no deja de ser curioso porque en su perspectiva lo radical no es otra cosa que lo que en realidad es consustancial a la democracia y que le había sido negado teóricamente, o sea volver a colocar a la sociedad en el centro de lo público-político. ¿Puede haber algo más básico y elemental que eso? Claro que no, pero las rigideces de los paradigmas cientificistas dominantes les impiden a sus partidarios ver lo evidente. Ciertamente, una perspectiva como la mía tiene un componente de radicalidad que asusta a los científicos porque rompe todos sus esquemas y certidumbres: la indeterminación de la democracia. En efecto, concebir a la democracia no sólo como una forma de gobierno sino también como una forma de vida implica asumir sin reservas la total indeterminación de la democracia, desde el instante en que se acepta que nada preexiste al momento de encuentro de individuos libres y radicalmente diferentes, o sea que sólo en el espacio público-político se definen y redefinen permanentemente los valores y los contenidos de esos valores que han de articular al todo social. Siguiendo con esta lógica, debemos aceptar que las sociedades no siempre elijen lo mejor para ellas sino con frecuencia optan por retrocesos en sus propias libertades y conquistas. Se trata de un elemento de incerteza al que no se puede renunciar si es que realmente nos asumimos como demócratas o si se prefiere como “demócratas radicales”. Cabe recordar que pretender mantener lo social bajo control, en el marco de un guión preconcebido, es un rasgo propio de mentalidades totalitarias. De hecho, como bien nos enseñó la más grande filósofa de todos los tiempos, Hannah Arendt, la única manera de entender a cabalidad la democracia es concibiéndola como el justo opuesto del totalitarismo.[9] Ahora bien, adscribirse a esa concepción alternativa de la democracia exige abandonar las perspectivas deterministas, institucionalistas o formalistas largamente dominantes en las ciencias sociales, incapaces de aprehender la dimensión simbólica de la democracia, que no es otra cosa que lo que las sociedades quieren, sus anhelos, sus deseos, sus aspiraciones… Y eso no se registra con sondeos cuantitativos sino simplemente con la experiencia, con la ocupación simbólica, como lo hace cualquier ciudadano, de la calle, la plaza pública y de cualquier otro espacio de interacción social. Obviamente, pensar lo público-político en la actualidad no puede hacerse sin considerar a las nuevas redes sociales, la moderna ágora virtual de la democracia.

5. A veces me pregunto qué hubieran pensado los precursores intelectuales de esta manera alternativa de concebir la democracia, como Castoriadis, Lefort y la propia Arendt, si les hubiera tocado en vida ver y participar de las redes sociales que hoy han irrumpido masivamente en nuestras sociedades. Creo que todos verían cristalizadas en ellas sus principales tesis sobre la democracia como forma de vida. Y es que de algún modo las redes sociales restituyen a los ciudadanos una centralidad simbólica que les había sido escamoteada en la práctica cotidiana de las democracias realmente existentes. Como es sabido, lo que distingue a las democracias de los modernos de las democracias de los antiguos es la representación.[10] Si en la antigüedad griega los ciudadanos podían dirimir directamente los asuntos de la polis, la complejidad de las sociedades modernas exigía incorporar mecanismos indirectos de representación para encausar la voluntad de los ciudadanos. Los jacobinos se dieron cuenta muy pronto que la voluntad general nacida caóticamente de la Asamblea podía conducir a una nueva tiranía, tan cruel y voraz como la de los monarcas absolutos que se intentaba derrocar, la tiranía de las mayorías. Por eso, después de la malograda experiencia revolucionaria francesa, los primeros experimentos exitosos de democracia —la inglesa y la estadounidense—, tuvieron como eje la idea moderna de la representatividad. Una fórmula que permitió al mismo tiempo preservar las ideas ilustradas de la soberanía del pueblo y la supremacía de los derechos individuales, y conferir a la sociedad una forma de estructuración política legítima y promisoria. Sin embargo, la representación consintió la afirmación de élites partidistas que con el paso del tiempo terminaron monopolizando el quehacer político, relegando nuevamente a la sociedad a roles accesorios, como la legitimación mediante el sufragio de las propias élites. Por ello, si las democracias modernas estás en crisis es porque los ciudadanos nos sentimos cada vez menos representados por nuestros representantes, o sea es una crisis de representación, caracterizada por un alejamiento o incluso un corto circuito entre representantes y representados.[11] Pero como suele suceder, el malestar social se ha abierto paso frente a la ignominia. Primero fueron los movimientos sociales, luego la sociedad volcándose en las plazas públicas, luego organizándose en ONG’s, y ahora ocupando las redes sociales, gracias a la masificación de las nuevas tecnologías de la información. En esta perspectiva, las redes sociales constituyen la nueva ágora, el lugar donde se construye cotidianamente la ciudadanía y se definen los valores sociales. Las redes sociales nos recuerdan que la democracia no puede edificarse en el vacío, sino en contacto permanente con la sociedad. Si la representatividad fue la fórmula que permitió que la democracia como forma de gobierno se concretara en sociedades complejas como las modernas, las redes sociales son el vehículo moderno que restituye a la sociedad su centralidad y protagonismo frente a los déficits de representatividad que acusaba desde hace tiempo. Además, no podía ser de otra manera, pues si las sociedades modernas se han vuelto cada vez más complejas, es decir más pobladas, plurales, activas y heterogéneas, sus formas de expresión no podían limitarse a lo local, sino que para trascender debían irrumpir en el mundo complejo y global de las comunicaciones que sólo las redes sociales pueden ofrecer. Por eso, si en algún lugar se juega hoy la democracia, entendida como el espacio público donde los ciudadanos deliberan desde su radical diferencia sobre todos los asuntos que les atañen, es en las redes sociales, un puente poderoso que pone en contacto en tiempo real a millones de individuos. Huelga decir que la comunicación que fluye en las redes sociales es abierta y libre, pues es un espacio ocupado por los propios usuarios sin más condicionante o límite que su propia capacidad de expresarse. Y no es que las redes sociales vayan a ocupar el lugar que hoy ocupa la representación política, sino que la complementa, la estimula, por cuanto sus mensajes y contenidos ya no pueden ser ignorados por los gobernantes so riesgo de ser exhibidos y enjuiciados públicamente en estos modernos tribunales virtuales. De hecho, los políticos profesionales están cada vez más preocupados por el impacto de las redes sociales, se saben vigilados, observados, y finalmente intuyen que ya no pueden gobernar a espaldas de la ciudadanía. Muchos quieren entrar en las redes sociales, congraciarse con sus usuarios, ser populares, pero no saben cómo hacerlo, pues los usuarios de las redes no se dejan engañar fácilmente, la crítica puede ser implacable. De algún modo, las redes sociales llenan de contenido esa idea clásica de que el poder está en vilo, me refiero al poder ocupado por los políticos profesionales, pues su permanencia o caída depende siempre de una sociedad cada vez más crítica, informada y participativa.[12] Los políticos profesionales se han dado cuenta por la irrupción de la sociedad en las redes sociales, que ya no pueden apropiarse arbitrariamente de la política, pues la política está hoy más que nunca en todas partes. En suma, las redes sociales reivindican al ciudadano, lo visibilizan frente a la sordina consuetudinaria de los políticos profesionales.

6. ¿Por qué este rol que hoy desempeñan las redes sociales no lo realizaron antes otros medios de comunicación, como la radio y la TV? La pregunta tiene sentido, pues mucho antes que llegaran las redes sociales lo hicieron los medios electrónicos, mismos que nunca pudieron convertirse en un foro auténtico de y para los ciudadanos, pese a que muy pronto invadieron todos los hogares. Ciertamente, tanto los medios tradicionales (la prensa, la radio y la TV), como las redes sociales (Twitter, Facebook y otras), son medios de comunicación, pero sería un error meterlos en el mismo saco. La primera diferencia es que los medios tradicionales siempre han sido ajenos a la sociedad, siempre han respondido a los intereses de sus dueños, por lo que la comunicación que emiten es unidireccional, vertical, del medio al receptor, sin posibilidad alguna de interacción o diálogo con la sociedad. La TV y la radio pueden tener públicos cautivos y hasta fieles seguidores o incluso teléfonos en el estudio para retroalimentarse de sus audiencias, pero su razón de ser es comunicar desde los particulares intereses y valores que representan y buscan preservar. Por su parte, las redes sociales surgieron en Internet con la idea de conectar simultáneamente a miles de personas de manera horizontal, desde sus propios intereses y necesidades, sin mayor límite que su creatividad. En ese sentido, aunque Twitter o Facebook tienen dueños y sus acciones cotizan en la bolsa, su éxito reside precisamente en la libertad que aseguran a sus usuarios para comunicarse entre sí, al grado de que son los propios usuarios los que terminan ocupando las redes sociales desde sus propios intereses. Desde cierta perspectiva, si los medios tradicionales se convirtieron en el cuarto poder en la era moderna, dada su enorme penetración social y capacidad de influencia; las redes sociales se han convertido repentinamente en un quinto poder, un poder detentado por la ciudadanía por el simple hecho de ejercer ahí de manera directa y masiva su derecho a expresarse, a opinar de todo aquello que le inquieta. Por eso, si hay un lugar donde hoy se materializa la así llamada “acción comunicativa” que alguna vez vislumbró el filósofo Habermas, o sea la comunicación no interesada, horizontal, dialógica entre pares y libre del dominio de los sistemas instrumentales, ese es precisamente el que hoy ocupan las redes sociales,[13] aunque aún están en espera de mayores y mejores teorizaciones como las que han concitado durante décadas los medios tradicionales, sobre todo con respecto a su relación con la política y la democracia. Pero la tarea no es fácil. Ni siquiera tratándose de los medios tradicionales existe todavía consenso sobre la manera que impactan o influyen en la democracia. Para unos, los apocalípticos, como Giovanni Sartori, la TV llegó muy temprano a la humanidad y se ha vuelto contra ella, no sólo porque marca una involución biológica del homo sapiens al homo videns, sino porque alimentan la ignorancia y la apatía de una sociedad, lo cual es aprovechado por los políticos para manipularla de acuerdo a sus propios intereses.[14] Para otros, algunos posmodernos y culturalistas, como Gianni Vattimo, la TV amplió el espectro de la mirada de los ciudadanos, por lo que acercó a los políticos a la sociedad, los volvió más humanos y en consecuencia susceptibles de crítica y juicio, amén de que ofreció a los espectadores nuevos referentes provenientes de otras realidades lo que les permitió, por simple contrastación, reconocer los límites y deficiencias de la suya.[15] Como quiera que sea, las preocupaciones intelectuales de lo que hoy se conoce como “videopolítica” o “teledemocracia” no son las de las redes sociales. Más aún, estos debates se volverán obsoletos conforme las redes sociales se vayan imponiendo en el gusto y el interés de las sociedades contemporáneas. No digo que los medios tradicionales desaparecerán o dejarán de tener súbitamente el impacto que hoy tienen, pero sí es un hecho que las redes sociales, por sus características intrínsecas asociadas a la libre expresión de las ideas, terminarán impactando y hasta colonizando a los medios tradicionales. De hecho ya lo hacen, con frecuencia éstos aluden a lo que se dice en Twitter o Facebook para tener una idea más precisa de lo que interesa y preocupa a la sociedad, y saben que permanecer al margen de las redes sociales los aislará sin remedio. No olvidemos además, que lo que se dice en los medios tradicionales también es motivo de deliberación pública para las propias redes sociales. Por ello, si hay una problemática a dilucidar asociada con el extraordinario avance de las redes sociales en las democracias modernas, no es si éstas “manipulan” o “desinforman” o no lo hacen, como se discute a propósito de los medios tradicionales, sino hasta qué punto podrán desarrollarse como espejos de la sociedad, como tribunales de la política institucional, antes que los poderes fácticos busquen minimizar su impacto mediante regulaciones y controles de todo tipo. De ese tamaño es el desafío que las redes sociales han abierto casi silenciosamente para los intereses de los poderosos, así como los riesgos que entraña su inusitado crecimiento.

7. Llegados a este punto, conviene precisar que no todas las redes sociales existentes en la supercarretera de la información están dotadas de las características necesarias para convertirse en lo que aquí he llamado el lugar decisivo de la democracia. Ante todo, tienen que ser populares, pues de lo que se trata es de propiciar la interacción abierta y plural de miles de usuarios en tiempo real. En la actualidad, las únicas dos redes sociales que cumplen este requisito son Twitter y Facebook, y al parecer ninguna otra de las muchas que existen en internet parece amenazar su hegemonía. Ahora bien, no obstante que Facebook llegó primero, ha venido perdiendo adeptos frente al rápido crecimiento de Twitter, y creo no exagerar al decir que sólo es cuestión de tiempo para que Twitter desplace definitivamente a Facebook y se convierta en la red social más popular a nivel mundial. Huelga decir que esta tendencia se debe ante todo a las características intrínsecas de Twitter y de las que adolece Facebook, y que además lo aproximan más a la idea de espacio público que aquí he defendido. En efecto, Facebook nació como un medio para poner en contacto a amigos y conocidos, y en buena medida así se ha mantenido, en cambio Twitter nació para poner en contacto a individuos entre sí simplemente porque resulta interesante o enriquecedor tenerlos como interlocutores. Además, la fórmula de los 140 caracteres por tweet posibilitó la interacción ágil, dinámica y abierta de todos con todos, materializando la idea de un ágora donde todos pueden opinar y ser escuchados. Asimismo, tener la posibilidad de participar de los TT (trending topics o temas que marcan tendencia) y debatir de todo aquello que preocupa a la sociedad en tiempo real, generando una suerte de termómetro de los intereses sociales, abona al potencial de Twitter respecto de otras redes sociales. Por estas y muchas otras virtudes es que sostengo que la democracia se jugará cada vez más en Twitter. De hecho, el potencial de Twitter ha quedado ya de manifiesto en las múltiples expresiones de indignación que tuvieron lugar en varias partes del mundo a lo largo de 2011, ya sea convocando a movilizaciones o simplemente repudiando a los tiranos y presionando para derrocarlos. Si Twitter ha contribuido a todo ello, imagínense lo que puede hacer en una elección, exhibiendo las contradicciones de los candidatos, reprobando sus dichos y acciones, o elogiando la sensatez y la capacidad de otros. Se podrá objetar que las redes sociales siguen siendo irrelevantes frente a las poderosas audiencias que aún conservan los medios tradicionales, o que los usuarios de Twitter son todavía un porcentaje muy reducido de la población de un país, lo cual es hasta cierto punto cierto, pero los grandes cambios ocurren cuando hay una masa crítica capaz de impulsarlos, y hoy esa masa crítica reside invariablemente en Twitter.

8. Sin embargo, en un mundo de intereses tan poderosos, las redes sociales pueden ser víctimas de su propio éxito. No es descabellado suponer que tarde o temprano alguien buscará neutralizar su impacto, mediante regulaciones y controles legales de todo tipo, con lo que perderán la frescura y la independencia que hoy disfrutan. De hecho, al estar inmersas en el mercado, ya existen en Twitter mecanismos velados de censura para modificar los TT por dañar la imagen de un político o un partido. La lógica es simple, si un TT puede comprarse por parte de firmas comerciales para promocionar productos y servicios, también pueden ser comprados por los políticos para los mismos propósitos. Asimismo, si los TT pueden comprarse es lógico que también haya interesados en erogar dinero para que algunos temas desaparezcan del TT cuando afectan a alguien. Este tipo de censura ya se ha desplegado en Twitter, que no por ser una red social ocupada libremente por los usuarios, deja de ser un negocio multimillonario. Sin duda, este tipo de cuestiones minan la credibilidad de Twitter, pero es un riesgo inminente que, paradójicamente, toca a los propios usuarios denunciar, exhibir y hasta castigar con su eventual abandono en casos extremos, lo que amenazaría la propia rentabilidad comercial de Twitter. Además de estas prácticas, han emergido otras igualmente dañinas, como la compra indiscriminada de seguidores virtuales por parte sobre todo de políticos profesionales para mostrarse con ello muy populares, o la creación de bots o réplicas mediante las cuales esos mismos políticos reproducen mensajes de apoyo para sí mismos o críticas a sus adversarios, en un juego perverso de simulaciones que contamina la comunicación en Twitter. Como quiera que sea, parece que los propios usuarios de esta red social han creado sus propias vacunas para denunciar y exhibir este tipo de conductas. De lo que se desprende que el potencial de las redes sociales como espacios genuinos de deliberación pública depende en buena medida de la responsabilidad con la que se muevan en ellos sus propios usuarios. En esa perspectiva, y dicho a título personal, soy partidario de que los usuarios de Twitter lo hagan con sus nombres y apellidos verdaderos y no de manera anónima, o sea con nombres ficticios o seudónimos, pues en esa medida las opiniones ganan en credibilidad, y el debate se vuelve más transparente y democrático.

9. Suele pensarse que el primero en utilizar a su favor el potencial de algo desconocido hasta entonces marcará una tendencia o un patrón. Sin duda ese fue el caso de la campaña presidencial de Barack Obama, quien supo aprovechar las redes sociales, en particular Facebook, para ganar la presidencia de Estados Unidos en 2008. El caso de Obama ha motivado múltiples estudios y libros al grado de considerarlo un paradigma de éxito de lo que hoy se conoce como “cibercampaña”.[16] Ninguna campaña antes de ésta fue capaz de aglutinar por internet a tantos simpatizantes, recaudar tanto dinero para la propia campaña, y mantener un contacto tan directo y permanente con los votantes, elementos todos que sin duda redituaron en el contundente triunfo de Obama. Sin embargo, se equivocan rotundamente quienes creen ver en esta experiencia el modelo a seguir para desarrollar campañas exitosas en la nueva era de la información. Y esto es así por una simple razón, las redes sociales cambian tan vertiginosamente como las propias tecnologías informáticas. Hoy, por ejemplo, a diferencia de la campaña de Obama, más que apoyarse en Facebook para conectar con sus simpatizantes, un candidato en campaña deberá hacerlo por Twitter si es que realmente quiere trascender. Ello se debe a que Twitter ha desplazado a Facebook en lo que al debate de los asuntos públicos se refiere, y ofrece de inmediato, gracias a los TT que genera permanentemente, un barómetro que mide el impacto de los contendientes. Empero, no hay nada más difícil para un político en campaña que conquistar a los tuiteros, que suelen ser críticos y perspicaces, y que saben o intuyen que sus opiniones trascienden a la sociedad en su conjunto y pueden cambiar el rumbo de una elección, sobre todo en el contexto de comicios con amplios márgenes de indecisos, debido a una pobre oferta política o partidista. Una cosa es cierta, las elecciones en el futuro se jugarán cada vez más en Twitter y cada vez menos en los medios tradicionales o en los mítines o plazas públicas.

10. Hay muchas razones para anticipar que éste será precisamente el caso de las elecciones que tendrán lugar en México para elegir presidente de la República el 1 de julio de 2012. He aquí las más importantes: a) prevalece una amplia franja de indecisos (según cálculos de alrededor del 50 por ciento) del electorado y de ellos un buen porcentaje son tuiteros en busca de definición; b) el 70 por ciento de los indecisos son jóvenes, como el 90 por ciento de los tuiteros, y el voto joven siempre ha sido decisivo en las elecciones en México en la era postautoritaria; c) un buen porcentaje de los tuiteros constituye lo que se conoce como la “masa crítica” de una sociedad, capaz de impulsar y estimular los cambios que el país requiere, amén de que han hecho de Twitter su medio natural de expresión y deliberación pública; d) a diferencia de las elecciones en el pasado inmediato, ahora los medios tradicionales jugarán un papel secundario, pues la nueva ley electoral les prohíbe hacer cualquier tipo de proselitismo durante las campañas, mientras que TW permanece todavía libre de controles y regulaciones, o sea sólo pertenece a quien lo habita; e) al ser un espacio público abierto y horizontal, la moderna ágora de deliberación ciudadana, Twitter constituye el espejo más veraz de las percepciones sociales; nadie puede abstraerse de lo que ahí se defina, ni los políticos, ni los partidos ni los propios medios tradicionales; f) ni los políticos que con dinero manipulan los TT podrán imponer su voluntad sobre la de millones de tuiteros; pues éstos han creado sus propios mecanismos para exhibir a los tramposos; g) sólo en Twitter se exhibirán sin censura los claroscuros de los candidatos, sus defectos y virtudes, cuestión que sin duda influirá en las preferencias electorales; h) Twitter se ha convertido en el medio de socialización política más influyente, muy por encima de Facebook, sobre todo entre la población joven y universitaria; i) los medios tradicionales no pueden permanecer indiferentes a Twitter so riesgo de mostrarse parciales y perder credibilidad; y j) lo que se dice en Twitter impacta cada vez más a la sociedad e incluso empieza a colonizar a otros medios de comunicación tradicionales, los cuales ya se dieron cuenta que permanecer al margen de Twitter es condenarse al aislamiento y el olvido.[17]


[1] Véase en particular C. Cansino, La revuelta silenciosa. Democracia, espacio público y ciudadanía en América Latina, México, BUA, 2010.

[2] Véase en particular J. Habermas, Teoría de la acción comunicativa, 2 vols., Madrid, Taurus, 1987 y J. Habermas, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, Madrid, Trotta, 1998.

[3] Véase, por ejemplo, U. Rödel, G. Frankenberg y H. Dubiel, Die demokratische Frage, Frankfurt, Suhrkamp Verlag, 1989.

[4] C. Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, Madrid, Tusquets, 1980.

[5] Para mayores elementos sobre este particular remito a C. Cansino, “Estado”, voz para el Léxico de la Política (eds. L. Baca, J. Bokser, I. H. Cisneros, et. al.), México, UNAM/FLACSO/FCE, pp. 222-229.

[6] Véase sobre este tema P. Rossanvalon, La nueva cuestión social: repensar el Estado providencia, Buenos Aires, Manantial, 1998

[7] Véase al respecto, C. Cansino y S. Pineda (coords.), La modernidad exhausta. Posiciones sobre nuestro tiempo veinte años después de la caída del Muro de Berlín, México, UACJ, 2012.

[8] C. Cansino, La muerte de la ciencia política, Buenos Aires, Debate, 2008.

[9] H. Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Taurus, 1974.

[10] La cuestión fue puesta en esos términos por G. Sartori, Democratic Theory, Michigan, Wayne State University Press, 1965.

[11] Al respecto véase C. Cansino, “La crisis de la democracia representativa y la moderna cuestión social”, Revista de la Universidad de México, México, UNAM, núms. 588-589, enero-febrero de 2000, pp. 45-47.

[12] Véase al respecto, C. Lefort, La invención de la democracia, México, FCE, 1990 y A. Maestre, El poder en vilo, Madrid, Tecnos, 1994.

[13] J. Habermas, La teoría de la…, cit.

[14] G. Sartori, Homo Videns. La sociedad teledirigida, Madrid, Taurus, 1997.

[15] G. Vattimo, “Pero el Apocalipsis no llegará por los mass-media”, Topodrilo, México, UAM-Iztapalapa, núm. 3, julio de 1988, pp. 23-25

[16] Véase, por ejemplo, R. Harfoush, Yes we did. Cómo construimos la marca Obama a través de las redes sociales, Madrid, Gestión, 2010.

[17] Los datos aquí reproducidos fueron obtenidos de diversas páginas y blogs especializadas en el comportamiento de Twitter, como eduarea.wordpress.com o estwitter.com

Primicia del libro: C. Cansino, La nueva democracia en América, México, Océano, 2011 (Cap. 2)

 

 

 

Primicia del libro: C. Cansino, La nueva democracia en América, México, Océano, 2011 (Cap. 2)

Casi siempre los grandes cambios en la historia son más bien lentos e imperceptibles en el corto plazo. Sin embargo, algunos hechos, debido a su impacto y sonoridad, se revelan inmediatamente como parteaguas históricos. Este es el caso tanto del fatídico 11-S (los ataques terroristas a Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001) como del 4-N (las elecciones estadounidenses del 4 de noviembre de 2008), que marcan un antes y un después para la humanidad, en muchos órdenes de la vida social. Ambos acontecimientos, uno trágico y otro feliz, tienen en común que ocurrieron en el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, y cada uno, a su modo, ofrece lecciones capitales para todo el planeta.

La importancia de ambos acontecimientos está fuera de toda duda. Generaron cambios tan trascendentes que sólo con el tiempo los podremos valorar en su justa dimensión. Por lo que respecta al 11-S, modificó para siempre la visión geopolítica y estratégica dominante sobre los aliados y los adversarios. De manera dramática, después de un impasse de poco más de una década a raíz de la distensión del bloque comunista, Occidente tuvo que reconocer de golpe el potencial destructivo del terrorismo islámico como nueva amenaza a su estabilidad.

Por su parte, Washington cambió su estrategia de política exterior y sus prioridades militares hacia lo que se ha dado en llamar la “guerra preventiva”: atacar antes de ser atacado, y en cuyo nombre desplegó una ofensiva bélica contra Irak. Además, la reacción militar inmediata de Estados Unidos contra el terrorismo y sus aliados —en un inicio contra el régimen talibán en Afganistán—, dejó ver el verdadero tamaño del imperio. Asimismo, en mayor o menor medida, todas las potencias occidentales sin excepción, han debido reforzar sus sistemas de seguridad así como canalizar mayores recursos en defensa militar.

Por otra parte, el 11-S ha alterado muchos patrones de comportamiento y ha estimulado nuevas actitudes. Así, por ejemplo, sobre todo en el caso de los estadounidenses, se apoderó de ellos una sensación de vulnerabilidad, con todo tipo de reacciones paranoicas y de temor. Paralelamente, sobre todo en Europa, resurgieron con nueva fuerza los sentimientos xenófobos, belicistas y antisemitas, tal y como lo sugiere el repunte electoral de importantes partidos y candidatos ultraconservadores. En el otro extremo, debido al “éxito” del 11-S para el terrorismo fundamentalista o al constatar los terroristas el daño que podían infligir al mundo para alcanzar sus objetivos, han surgido nuevos grupos organizados similares al que finalmente se adjudicó el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. Asimismo, se incrementó considerablemente la ambigüedad de la relación entre Occidente y el mundo musulmán, con la consecuencia inevitable del recrudecimiento del conflicto palestino-israelí.

Por último, a nivel de las mentalidades, o sea de los modos de pensar y de estar en el mundo, también presenciamos grandes cambios. Obviamente, el 11-S no sólo vulneró radicalmente muchas certidumbres del pasado en todo el planeta, sino que generó aquí y allá distintas reacciones, muchas veces contradictorias, con respecto a las implicaciones y las consecuencias del propio acontecimiento y que terminaron imponiéndose como imaginarios colectivos sobre el fundamentalismo, el terrorismo y el imperio.

En muchos países, por ejemplo, la condena inicial a los actos terroristas se metamorfoseó rápidamente en un repudió más o menos explícito al gigante herido, al imperio del Norte, que, según esta percepción, por fin experimentaba en carne propia las consecuencias de su desmedida e inescrupulosa ambición, de su prepotencia con el resto del mundo. Es decir, predominó el resentimiento histórico hacia el imperio, con lo que se perdió de vista la dimensión real de la tragedia: el terrorismo no tiene nacionalidad, ni rostro, ni piedad, ni justificación; sus víctimas somos todos, todas las razas, todos los credos, todos los géneros, en una palabra, la especie humana toda. Hablar desde el resentimiento es creer que la violencia no nos toca, que no puede tocarnos, siendo que el terrorismo ya nos ha trastornado a todos sin distinción.

Ciertamente, el conflicto iniciado con los actos terroristas del 11-S nos ha excedido a todos. La dimensión del acontecimiento nos rebasó sin remedio. De ahí que muchos han titubeado entre asumir un pacifismo irreductible o reconocer la dimensión conflictiva, bélica, de la política en circunstancias de excepción. Sin embargo, si ya el terrorismo es la negación misma de la política (la cual no es otra cosa que diálogo y mutuo reconocimiento entre individuos iguales ante la ley y radicalmente diferentes en todo lo demás), una guerra santa es una invitación a la locura, a desandar siglos de luchas en favor de la libertad de conciencia, para sucumbir de nuevo ante el pensamiento único. De ahí que Occidente no podía más que actuar, reaccionar, repeler.

Pero si el gobierno de George Bush parecía decidido a no modificar un ápice sus convicciones sobre la manera de enfrentar la crisis provocada por el 11-S y que llevaron a Estados Unidos a iniciar una nueva guerra en Oriente Medio, los estadounidenses decidieron reinventarse como nación en las históricas elecciones del 4-N, empezando por la concepción dominante hasta entonces de seguridad nacional. Decidieron, por ejemplo, dejar atrás dos siglos de prejuicios étnicos y discriminaciones raciales al elegir por primera vez a un presidente afroamericano, el demócrata Barack Obama, con lo que mantener obstinadamente posiciones racistas en Estados Unidos se vuelve a partir de ahora insustancial, algo simplemente contradictorio con el ser americano cristalizado en las urnas; decidieron también reconciliarse con la democracia y resignificarla en sus contenidos y posibilidades; pero sobre todo, decidieron aventurarse en el camino de la esperanza ofertado por el candidato demócrata, un camino quizá más arriesgado e incierto que el de la simple y llana seguridad nacional de los años traumáticos, pero mucho más promisorio y reconfortante para el espíritu de un pueblo acostumbrado a sobreponerse a los infortunios. Pero en el ínterin, como ya se dijo, el agravio islámico llevó a Estados Unidos a iniciar una guerra cruenta en Oriente Medio, una guerra que polarizó a todas las naciones y los gobiernos del planeta, y cuyos resortes y manifestaciones aún están en espera de dilucidarse con rigor.

LA POLÍTICA DE LA FUERZA
¿Cómo repensar el fenómeno de la guerra a raíz de los actos terroristas del 11-S en Estados Unidos? ¿Qué novedades introduce este hecho y su secuela bélica en Afganistán e Irak? ¿Cómo aproximarnos intelectualmente a tales innovaciones? Mi tesis en este capítulo es que todas las interpretaciones elaboradas hasta entonces para pensar la guerra, incluidas las posteriores a 1989, han quedado hoy rebasadas; es decir, el conflicto iniciado con el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York ha sido tan desconcertante y excepcional que nos ha tomado a todos por sorpresa y sin suficientes categorías o sin categorías adecuadas para intentar dar cuenta del mismo. De ahí la necesidad de repensar la guerra, el terrorismo y el fundamentalismo con nuevos contenidos.

Huelga decir que el 11-S replantea de manera dramática para el mundo la conjunción entre civilización y barbarie que acontecimientos como el holocausto perpetrado por los nazis o los Gulag soviéticos o las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki inauguraron para el siglo pasado. En aquellas experiencias, la barbarie del campo de concentración y el genocidio perpetrado sobre personas inocentes se conjuntó con los avances técnicos y científicos al servicio del exterminio. Ahora, con la experiencia del 11-S, la relación entre barbarie y civilización es todavía más cruda, o ¿puede haber acaso algo más retrógrado que matar (y matarse) en nombre de Dios en pleno siglo XXI o escenificar una guerra manifiestamente desproporcionada entre el país más poderoso del mundo y uno de los más débiles (me refiero a Afganistán), independientemente de la validez o no de los argumentos esgrimidos por los protagonistas para justificar su acción?

Apenas una década antes de estos hechos, en 1989, otro acontecimiento crucial modificó para siempre nuestra percepción del mundo y exigió para el intelecto un cambio radical de paradigmas. Con la caída del Muro de Berlín se instaló entonces un “nuevo orden mundial” y, por ende, la necesidad de pensar con nuevos contenidos el tema de la paz y la seguridad internacionales. Así, por ejemplo, había que mandar a retiro para siempre las nociones de “Guerra Fría” o de “bipolaridad” que tan socorridas fueron para interpretar la realidad planetaria desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Desde ese año crucial, muchos especialistas e intelectuales en general procedieron a repensar el tema de la guerra con nuevos elementos. Posteriormente, acontecimientos como la Guerra del Golfo (la primera) y el conflicto de la ex Yugoslavia mostraron que las viejas categorías para pensar la guerra ya no servían más para dar cuenta de la complejidad de estos nuevos conflictos que introducían variables inéditas. Es así que en diversas latitudes se produjeron numerosos trabajos e interpretaciones que comenzaron a pensar seriamente el fenómeno de la guerra en el marco de un mundo que había dejado ya de ser bipolar. Desde entonces se imponía la necesidad de revalorar aspectos tales como el fundamentalismo religioso, el clivaje étnico, el terrorismo, etcétera.

Pese a su valor intrínseco, todas estas interpretaciones sobre la guerra posteriores a 1989 se tornaron otra vez insustanciales después del 11-S, pues nunca había ocurrido algo semejante, independientemente de que el terrorismo había tenido múltiples expresiones en el pasado. Obviamente, para ilustrar esta tesis se impone una revisión de dicha literatura que tuvo como referente sobre todo a las guerras del Golfo y el Kosovo. En particular, pasaré revista a las tesis de Michael Walzer sobre la “guerra justa”, de Samuel Huntington sobre el “choque de civilizaciones”, de Norberto Bobbio sobre el “tercero ausente” y de Hans Magnus Enzensberg sobre el “derecho de injerencia”. Claro está que al considerar primordialmente estas contribuciones tan cercanas en el tiempo, a lo sumo quince años, no intento subestimar las contribuciones más añejas y que hoy son consideradas clásicas sobre el tema, como las de Carl von Clausewitz, Raymond Aron, Hannah Arendt, Ernst Jünger, Maurice Merleau-Ponty, Walter Benjamin y muchos más, y que sin duda también habría que revisitar a la luz de los acontecimientos del 11-S. Paso seguido, intentaré mostrar los aspectos inéditos que el 11-S introduce y que vuelven hasta cierto punto inactuales todas estas propuestas explicativas.

VARIACIONES SOBRE UN MISMO TEMA
El primer autor que me interesa comentar es Walzer (2000 y 2001), conocido representante de la filosofía política estadounidense, quien ha publicado diversos trabajos a propósito de la Guerra del Golfo. A partir de una reflexión sobre la guerra de Vietnam, contra la cual él militó, pero analizando igualmente la operación estadounidense (“causa justa”) en Panamá, la “guerra de los seis días” y la intervención militar en el Golfo, Walzer se pregunta: ¿existe una “realidad moral de la guerra”?, ¿puede haber una guerra justa?

Contrario a la tradición clásica, que va de Tucídides a Hobbes, y más contemporáneamente del pacifismo de los años treinta a la anti-OTAN de 1999, Walzer responde afirmativamente: la guerra es una actividad que supone el ejercicio del juicio moral, no es ajena a la ética, no está más allá del bien y el mal. En ese sentido, sí es posible determinar, de los campos en conflicto, cuál sostiene una guerra justa (en el entendido de que no pueden existir guerras justas en los dos extremos). Es justa una guerra —concluye Walzer— cuando se trata de defender un país o un territorio que ha sido arbitrariamente invadido por un agresor.

La densa obra de Walzer se opone entonces a un doble discurso. Por una parte se enfrenta a los ultrarrealistas para los cuales, en situaciones de guerra, no existe ninguna regla moral y todo se reduce a estrategia. Por otra parte, critica a los utopistas o a los pacifistas, que con su purismo ideológico rechazan la vía de las armas en cualquier circunstancia. Para el filósofo estadounidense, por el contrario, temas como los de la soberanía y la integridad territorial sí justifican en algunas circunstancias la vía de las armas. Queda claro que Walzer no se rige por un legalismo puro. Por el contrario, para él, proteger a las poblaciones desplazadas o masacradas puede ser un imperativo más grande que el de respetar las fronteras en cuyos límites actúan las dictaduras.

Sin duda que la interpretación de Walzer nos permite apreciar mejor y hasta juzgar en el terreno ético los conflictos armados de la nueva era. En particular, Walzer fue muy crítico de la guerra de Vietnam, pero se mostró favorable a la Guerra del Golfo y partidario de la intervención en el Kosovo.

Pero volviendo al 11-S y sus secuelas, encuentro la interpretación de Walzer sobre la guerra muy pertinente, sobre todo si nuestro interés fuera exclusivamente analizar y valorar este nuevo conflicto en el ámbito de lo ético. Sin embargo, contrariamente a las prioridades de este autor, me parece que una de las novedades que introduce el 11-S, como veremos en su momento, es que obliga a quien reflexiona sobre sus implicaciones a asumir una posición más política que ética. Además, esta nueva querella introduce elementos que Walzer, por obvias razones, no pudo considerar y que hoy saltan con una enorme carga simbólica: el fundamentalismo religioso, el choque de civilizaciones, el terrorismo más brutal, la guerra bacteriológica, etcétera. De ahí que habrá que buscar otros referentes además de Walzer para avanzar en la dirección que nos hemos propuesto.

En 1996, después del colapso del comunismo, el controvertido politólogo estadounidense Huntington publicó un libro que para muchos fue premonitorio de lo que está ocurriendo hoy a raíz de los actos terroristas en Estados Unidos. El libro se llama The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order y despertó desde su aparición una gran polémica y hoy adquiere una renovada actualidad. Con todo, el libro cometía varios excesos y hacía grandes generalizaciones que en lugar de iluminar los actuales acontecimientos podrían oscurecerlos.

Según Huntington, el fin del conflicto ideológico Este-Oeste después de 1989 favorece el resurgimiento de las identidades culturales, susceptibles de impulsar o estimular guerras por el dominio cultural y religioso. Más allá de la guerra entre Estados-nación (siglo XIX) o entre ideologías (siglo XX), llegó la hora de un conflicto entre civilizaciones; civilizaciones que se oponen, a partir de realidades históricas muy diferentes, y de tensiones lingüísticas y religiosas de todo tipo: occidental, confuciana, japonesa, islámica, hindú, eslava-ortodoxa, latinoamericana, africana. De paso, Huntington anuncia el declive de Occidente, temática que por lo demás no es nueva, y suscita un vivo debate en razón de que el politólogo estadounidense piensa a las civilizaciones con un excesivo determinismo histórico, casi eterno, y porque ignora igualmente las tendencias centrípetas del mundo contemporáneo (mundialización e interdependencia que cruzan a los Estados entre sí).

Huntington tiene el mérito de señalar la solidaridad profunda de las culturas que forman una civilización. Pero, por las exigencias de su demostración, ha ignorado la importancia, el espesor y la intensidad del conflicto, que lejos de oponer a las civilizaciones entre sí, las atraviesa a cada una de lado a lado. De ahí que Huntington se queda corto y no nos permite reconocer la especificidad del conflicto iniciado a partir del 11-S, que es también un conflicto entre la tradición y la modernidad, entre el arraigo y la errancia, entre la fe y la libertad. Por otra parte, así como es plausible concebir un choque entre ideologías o entre naciones, así también es difícil imaginar un choque entre entidades tan ambiguas, tan privadas de unidad y de contorno, y tan poco estructuradas como las civilizaciones, aunque habrá que reconocer al menos que el 11-S y sus secuelas sí han obligado a definir al mundo entre Occidente, por una parte, y no Occidente, por la otra, al menos esa parte de Oriente que se reconoce en el Islam. Pero incluso aquí, las generalizaciones son excesivas.

Cabe recordar que el fundamentalismo religioso nos ha hecho reparar a todos en los muchos matices, concepciones y maneras de ser que atraviesan al propio mundo islámico.

En suma, el culturalismo de Huntington es una explicación estrecha recibida con agrado por los expertos de la mundialización y la globalización para explicar sus fracasos: la culpa la tiene la cultura, la religión, madre de la cultura. Sin embargo, el encuentro siempre complejo de cultura, economía y política no nos permite aceptar tan dócilmente nociones de fronteras culturales de choque de civilizaciones. Hay que reconocer que la realidad es más compleja de todo lo que podemos aceptar. Nuestro esfuerzo teórico debe trabajar las conexiones (que no las fronteras) entre los tres campos: cultura, política, economía. Además, el concepto de identidad cultural o civilización es falsamente claro.

Una tercera reflexión sobre la guerra a partir de 1989 tiene que ver con lo que se ha llamado el “derecho de injerencia”. En este punto son destacables las contribuciones del filósofo alemán Enzensberg (1997), quien sostiene que nada puede justificar la injerencia de un país en otro. Para Enzensberg, no puede haber un criterio universal de justicia: “La moral es el refugio del eurocentrismo. Es tiempo de reconocer los fantasmas de una moral omnipotente”. De ahí que el pensador alemán critique las intervenciones de Estados Unidos en Somalia o de los europeos en Kosovo. Podemos reconocer que este argumento tiene razón en un punto: no existe un único criterio para definir qué es justo con respecto a un conflicto o una guerra. Con todo, mientras no exista un organismo multinacional capaz de definir y negociar en condiciones equitativas y eficaces una política planetaria o estrategias frente a situaciones de excepción habrá que reconocer también —más con Walzer que con Enzensberg— el derecho de las naciones a defenderse frente a la arbitrariedad de otras o de intervenir cuando ha sido vulnerada su integridad.

En este último punto resulta particularmente ilustrativo el filósofo italiano Bobbio (1998), quien ha escrito numerosos trabajos sobre lo que él llama el “tercero ausente”; es decir, un organismo multinacional facultado por un derecho internacional perfectamente establecido y acordado en sus contenidos capaz de dirimir controversias internacionales con estricto apego a la legalidad. Bobbio ha mostrado que todas las instancias que se han creado para el efecto han sido francamente insuficientes para cumplir eficazmente con este propósito. De ahí que cualquier justificación de la guerra en términos de justa o injusta se torna insustancial a la luz de un derecho internacional y un tercero hasta el momento ausentes. Parece que Bobbio da en el clavo al subrayar la importancia del derecho internacional para preservar la paz y la seguridad planetarias. Sin embargo, su propuesta no es nueva y sólo evidencia el largo trecho que aún hay que caminar para acercarnos a un orden internacional o macronacional donde prospere la concordia entre las naciones. Pero poco nos ayuda para pensar aquí y ahora un conflicto que como el iniciado el 11-S nos ha arrebatado a todos la tranquilidad.

LAS OTRAS INTERPRETACIONES
Hasta esta parte intenté mostrar que prácticamente todas las interpretaciones elaboradas para pensar las guerras posteriores a 1989, tales como las guerras del Golfo o la del Kosovo, han quedado hoy, después del 11-S, rebasadas. En lo que sigue intentaré mostrar los elementos de novedad que introduce el conflicto iniciado con los terribles actos terroristas en Nueva York y El Pentágono que vuelven inactuales todas estas interpretaciones. Vuelvo pues a la pregunta inicial: ¿cómo repensar el fenómeno de la guerra a raíz de los actos terroristas del 11-S? Comenzaría señalando, a contrario, cómo no debe pensarse la guerra si es que pretendemos hoy decir algo sensato sobre la misma.

Los artilugios del resentimiento
Sin duda, el impacto espectacular de aquellos aviones en las Torres Gemelas de Nueva York sacudió nuestras conciencias de por vida. De golpe tuvimos que reconocer la fragilidad de nuestras seguridades, la ambigüedad de nuestra condición humana, las propensiones a la violencia, el peso todavía vigente de las ideologías, los extremos de la sinrazón. Muchas torres se derrumbaron aquel día, pero sobre todo los sueños de un futuro donde la tolerancia y el respeto a la vida humana terminarían por imponerse. Ya nada es igual. El nuevo siglo quedó despojado muy temprano de ese ideal. Y si con ello no bastara, no pasó mucho tiempo para que la condena inicial a los actos terroristas se trasformara en un repudió por parte de muchos pueblos y naciones hacia Estados Unidos que, según esta percepción, por fin experimentaba en carne propia las consecuencias de su prepotencia y enseñoramiento con el mundo. ¡Qué locura!, ¡qué insensatez!

Sin duda hay muchas razones históricas, económicas y culturales que explican el resentimiento de muchos pueblos del mundo hacia Estados Unidos. Sólo así puede entenderse porque en muchas partes se pasó casi inmediatamente del asombro y el repudio a la violencia terrorista a la fustigación del imperio: “Estados Unidos es el imperio del mal y sólo está recibiendo lo que ha dado durante años”, “En nombre de la libertad y la democracia, Estados Unidos ha cometido los peores atropellos en contra de los pueblos del mundo” y un interminable etcétera de disparates. De hecho, cada pueblo que hoy asoma un dejo de satisfacción con la desgracia estadounidense, aunque lo encubra retóricamente para no quedar exhibido como intolerante, podrá apelar a su propio recuento de los daños en su relación con Estados Unidos para justificar su posición.

Sin embargo, más allá de las razones de todo tipo que explican un comportamiento o un posicionamiento de este tipo, quiero llamar la atención sobre el hecho de que mirar un acontecimiento desde el resentimiento, es decir, con la mediación del rencor, es la mejor manera de no verlo o de no querer verlo tal cual es. Mirar desde el resentimiento es no mirar, pues el resentimiento sólo saca a la luz lo peor de nosotros mismos, nuestras propias frustraciones, para proyectarlas sobre un otro siempre peor o que se desea peor. Mirar desde el resentimiento es como pretender curarnos en salud, pero al hacerlo nos negamos a nosotros mismos.

Nadie lo ha expresado mejor que María Zambrano, la mejor filósofa en lengua española de todos los tiempos, quien publicó sobre el tema del resentimiento un libro maravilloso, La agonía de Europa (1945), cuando este continente entró en desgracia durante la Segunda Guerra Mundial. Cambie el lector en la siguiente cita de este libro “Europa” por “Estados Unidos” y seguramente entenderá mejor lo que estoy tratando de decir: “Todo desastre permite manifestarse a las gentes en su cruda realidad; es el medio de revelación más exacto de cuantos se conocen: Sobre todo para los bajos fondos de la conciencia, que en circunstancias normales viven ocultos. Así, el resentimiento. Ante la caída de algo que se ha mantenido victorioso durante siglos, el acumulado rencor se desata, sale a la luz sin máscara. Es su hora. Es la hora de la satisfacción de todas las impotencias. Es, también, la hora de los recién llegados. Y al resentimiento incumbe la primera parte de la acción destructora que sólo después las armas consolidan. Europa, como toda realidad histórica victoriosa y resplandeciente, ha tenido la virtud de producir solapados enemigos, de engendrar el rencor en las obscuras cavernas en que se cría. Hoy, este rencor se junta y extiende con tremendo ímpetu negativo; corroe, deshace, borra, va convirtiendo al mundo en un vacío espacio desolado. […] lo terrible del rencor es su esencial apostasía; el que se resuelva siempre, ciego, contra aquello que podría salvarle. La criatura resentida destruye lo único a que podría asirse, se alza en contra de sus principios, que no por odiados dejan de ser también suyos; de ser lo que podrían sostener al desesperado espíritu.”

En suma, siguiendo las lecciones de Zambrano, hablar desde el resentimiento histórico nos impide ver. Cargamos de humo y escombros lo que debería ser inobjetable: el terrorismo no tiene nacionalidad, ni rostro, ni piedad, ni justificación; sus víctimas somos todos. Ciertamente, la guerra sólo puede anticipar muerte y destrucción. Al igual que el terrorismo, la guerra es condenable. En el recuento de los daños, no existen guerras justas, ni guerras santas. La guerra, por más justificación que tenga, sólo deja luto y dolor a su paso. Y sin embargo, hoy no puede negarse la dimensión hobbesiana de la política so riesgo de sucumbir a manos de quienes atentan contra nuestra libertad. No nos confundamos, habría que enfatizar, el terrorismo no es un engaño, es una triste realidad que habrá que enfrentar enérgicamente. Quien anteponga “razones” a este hecho, quien insista en mirar las cosas desde el resentimiento, se niega a ver los acontecimientos en toda su crudeza. Con ello no justifico la guerra, sólo apelo a la sensibilidad.

La teoría de la sospecha
Mirar con el prisma del rencor es como no mirar, es perder de vista lo obvio, para vestirlo con nuestras propias frustraciones e impotencias. Por esta vía es fácil concluir que los atentados terroristas del 11-S sólo podían ocurrir en Estados Unidos, cuya historia de soberbias y prepotencias lo condenan al repudio generalizado. Pero al pensar así perdemos de vista lo básico: el atentado terrorista fue un atentado contra Occidente, y en ese sentido contra los valores que nos constituyen culturalmente, como la libertad, la igualdad y la tolerancia, así como contra la dignidad humana y los derechos humanos. De ahí precisamente la ironía del rencor: al condenar al otro, al congratularnos hipócritamente por su desgracia, nos negamos a nosotros mismos, negamos los propios principios que nos dan sentido e identidad. Por eso, el resentimiento saca a la luz lo peor de nosotros mismos, la bazofia, la podredumbre humana. Pero esta no es la única lectura miope que ha prosperado a raíz del conflicto del 11-S. A continuación quisiera comentar otras dos que me parecen sumamente peligrosas: la teoría de la conspiración y la teoría del relativismo cultural.

Hasta la fecha, varios años después del atentado, siguen escuchándose por ahí voces que sostienen que no puede descartarse que Estados Unidos, o mejor algún sector políticamente influyente en este país, haya planeado cuidadosamente el atentado con algún objetivo premeditado. Hay quien viste esta interpretación con expresiones más o menos rimbombantes, pero a la larga, retóricas, tales como el “síndrome sacrificial”, que lleva a los imperios en decadencia a sacrificar vidas humanas o a orquestar situaciones límite con el objetivo de buscar un enemigo en quien descargar su furia, y por esta vía repotenciar la economía (una economía de guerra) o revitalizar la simbología en torno a la grandeza del imperio. Obviamente, por esta vía se pueden decir todos los disparates que se quieran; se puede decir, por ejemplo, en el colmo de la insensatez, que fueron las Torres Gemelas las que embistieron a los aviones y no al revés como todo el mundo cree. Especular siempre será más fácil que pensar, pues a la larga no se tiene que demostrar nada, basta atar algunos cabos para afirmar cualquier cosa. Mas cuando a un charlatán se le pide que revele sus fuentes no tiene más remedio que descubrir su engaño.

Pero las teorías de la conspiración no sólo no se sostienen por especulativas sino por sus propios contenidos. Todas ellas se alimentan de una profunda sospecha que les hace dudar de las verdaderas intenciones de cualquier acción. Creen que la perversidad humana es el motor oculto de la historia y que basta escarbar un poco en cualquier hecho para encontrar sus señales. Obviamente, por este camino no hay posibilidad de diálogo, ni de pensamiento, ni de acción. El mundo es una gran conspiración donde los poderosos mueven los hilos a su conveniencia, por lo que los individuos somos sus cautivos. Nada pues, tiene sentido, o mejor, nosotros, la gente común y corriente, no podemos pretender darle sentido a un guión escrito por otros. Vivimos en una gran “matrix” donde hacemos como si vivimos pero en realidad no existimos. Me parece que posiciones de este tipo sólo pueden ser abrazadas por quienes tienen un profundo desprecio por el ciudadano, por la deliberación pública, en suma, por la política, entendida como la posibilidad real de los ciudadanos libres de definir con los demás nuestro presente y nuestro entorno. Las teorías de la conspiración y de la sospecha infinita son por ello teorías antidemocráticas que sólo conducen a defender un individualismo privatista y contemplativo, un individuo refugiado en lo privado, como protegiéndose de un mundo perverso que sólo puede vivirse trágicamente. En suma, una versión más del totalitarismo que da la espalda al individualismo democrático, es decir, a la deliberación pública, a la interacción comunicativa entre individuos iguales (ante la ley) y radicalmente diferentes (en todo lo demás).

El relativismo cultural
Quisiera referirme, por último, a otro tipo de interpretaciones sobre el tema en cuestión y que en buena medida es hermana de las anteriores —o al menos comparte con ellas la antipatía hacia Estados Unidos—. Me refiero al relativismo cultural.

Desde hace ya varios años un concepto ha inundado a las ciencias sociales, el de “multiculturalismo”. En realidad, este concepto surge en la filosofía política anglosajona, en el marco de las teorías comunitaristas, y de ahí ha sido exportado a todas partes. Con esta noción quiere llamarse la atención sobre el crisol de culturas que hoy están presentes en muchos Estados-nación como consecuencia de la globalización y los flujos de migración mundiales. Obviamente, el asunto suscita un sinnúmero de interrogantes a las que la filosofía política, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, ha tratado de dar respuesta. Así, por ejemplo, salta inmediatamente el problema de la convivencia multiétnica o el de la alteridad, o sea el reconocimiento del otro o de los otros en sus usos y costumbres particulares, sobre todo de minorías étnicas, en circunstancias en las que estas usanzas entran en contradicción con el techo normativo que define la condición de ciudadanía en una nación. Por esta vía, sobre todo en las múltiples traducciones del tema del multiculturalismo a otras latitudes más allá de sus fronteras de origen, se ha llegado a defender una suerte de relativismo cultural, en mi opinión muy peligroso, según el cual cada cultura es distinta y tiene su propio valor, por lo que bajo ninguna circunstancia se deben cuestionar sus principios articuladores.

Y es aquí donde el multiculturalismo se liga con el tema de la guerra. Algunos críticos de la intervención militar estadounidense y de sus aliados en Afganistán como consecuencia de los actos terroristas que se imputaron a un grupo protegido y alentado por los talibán en ese país, no necesariamente basan su cuestionamiento en un pacifismo irreductible, lo cual hasta cierto punto sería loable, sino en un relativismo cultural absurdo según el cual se ha orquestado en Occidente toda una campaña mediática para desprestigiar las costumbres y las tradiciones del pueblo afgano bajo el régimen talibán. Por este camino se ha llegado incluso a sostener que si Occidente cuestiona el fundamentalismo islámico por atentar contra los derechos humanos o la dignidad humana, Occidente cae invariablemente en lo mismo que critica, es decir, en otro fundamentalismo igualmente peligroso, un fundamentalismo que no acepta la diferencia cultural y sólo reconoce como universalmente válidos sus propios principios articuladores.

Obviamente, por esta vía no hay nada que hacer, es una invitación al inmovilismo. Cualquiera que critique, por citar un ejemplo, la violación de los derechos más elementales de las mujeres en Afganistán o en el mundo islámico (como la obliteración de la que son objeto o el sometimiento que padecen), termina siendo un intolerante, amén de poner en evidencia su excesiva exposición a los medios que han terminado por dictarle irremediablemente lo que debe pensar y creer. No voy a profundizar aquí en el desprecio implícito que este tipo de posiciones tiene hacia los ciudadanos y hacia su capacidad de elección, es decir, de acción política. Me concentraré más bien en un aspecto que me parece sumamente delicado en cualquier discurso relativista: su trasfondo totalitario. Por fortuna, contamos con el excelente libro que sobre el multiculturalismo publicó no hace mucho el conocido politólogo italiano Giovanni Sartori, La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros (2001), y que nos ofrece algunas claves al respecto.

Sartori nos muestra que lo político tiene que ver ante todo con la experiencia política concreta, con el sentido, o sinsentido, de la polis (sociedad política), con la calidad de la vida ciudadana, con la excelencia de sus habitantes. Por eso, en la experiencia política, hecho e idea son inseparables. No están, por un lado, las ideas y, por otro, los hechos, la vida. La idea está contaminada de experiencia, de vida, y, los hechos, cargados de sentido o sinsentido políticos. El hecho político, el acontecimiento, nos lanza hacia la idea que nos descubre a la sociedad política en su generalidad, en sus principios. Esa idea puede estar en activo, puede contener un principio eficaz de vida, de perfección, de excelencia, pero puede que no. Es posible que los hechos nos lancen al vacío: allí donde no podemos discriminar entre lo bueno y lo malo, lo peor y lo mejor, porque, sencillamente, todo vale. Pero, como argumenta Sartori, si todo vale, nada vale. Lo valioso deja de serlo al instante. De ese relativismo radical se nutre el multiculturalismo.

Este es uno de los problemas capitales de nuestro tiempo, por no decir el problema capital. El trabajo del pensamiento político debería de dirigirse a idear una forma de vida en común, es decir, una ciudad no desgarrada por el dogma relativista. Una ciudad que se reconozca, pues, en la búsqueda de la excelencia; una ciudad que destierre la mediocridad, en favor del trabajo de la inteligencia; el victimismo, en favor de la superación personal; y el estancamiento y autodestrucción, en favor de un horizonte de perfeccionamiento abierto a todos los individuos. Este es el empeño de Sartori.

¿Cuál es entonces la solución multiculturalista? Muy sencilla. Cuanto peor le vaya a la solidaridad democrática, esto es, a la solidaridad basada en una sociedad de individuos libres, mejor le irá a la solidaridad étnica, esto es, a la solidaridad basada en la raza y la religión. No olvidemos que el multiculturalismo es un programa ideológico, cuyo mejor hallazgo es que los problemas de convivencia entre individuos de orígenes culturales diversos, se resuelve concediendo a todos los agraviados por la historia, y a sus culturas de origen, la carta de plena ciudadanía. Sartori nos advierte: si estamos dispuestos a abandonar la tolerancia democrática por la intolerancia multiculturalista, el pluralismo democrático por el totalitarismo multiculturalista, el Estado de derecho y la ley igual para todos por el arbitrio de la tradición o el mandamiento religioso; en una palabra, si estamos dispuestos a abandonar la libertad por la “servidumbre de la etnia”, tendremos que mudarnos de barrio y, quizá, de sociedad.

EN CONTRA DEL PENSAMIENTO ÚNICO
En el apartado anterior expuse lo que a mi juicio eran las peores maneras para acercarnos a un acontecimiento tan complejo como el 11-S, visiones todas que a la larga entorpecen el pensamiento y nos impiden aprehender el hecho en su singularidad. Se trata de lecturas fáciles o viscerales que por desgracia han prosperado entre muchos: el resentimiento hacia el imperio herido, las teorías de la sospecha o de la conspiración y las interpretaciones culturalistas que postulan un relativismo cultural. Para concluir, quisiera exponer ahora lo que a mi juicio podrían ser algunas claves para repensar la guerra en la actualidad.

En primer lugar, habría que subrayar que los atentados terroristas representan un golpe contra todo el mundo que valora la dignidad humana y los derechos humanos. Si Occidente es esa parte del planeta que ha albergado preferentemente esos valores, entonces se ha atentado primordialmente contra Occidente, aunque hoy la aspiración de alcanzar cada vez mayores espacios de libertad y de participación es prácticamente universal, incluso en muchas sociedades islámicas.

En segundo lugar, los actos terroristas del 11-S marcaron el inicio de esta nueva guerra que hoy nos involucra a todos. Fueron los terroristas islámicos y los gobiernos que los protegen, quienes declararon la guerra al mundo, no Estados Unidos y sus aliados en el momento de atacar a Afganistán o Irak. Que la respuesta bélica por parte de Occidente haya sido la más adecuada o eficaz, sólo el tiempo se encargará de determinarlo. Para muchos observadores no era prudente ni estratégicamente adecuado hacer una guerra convencional, es decir, militar, contra un enemigo no convencional, en este caso el terrorismo internacional. Por esta vía, se insistía, es más fácil que los ejércitos aliados se debiliten y desgasten a que alcancen en tiempos razonables sus objetivos concretos. Otros hubieran preferido una estrategia de inteligencia y de presiones y sobornos internacionales, como las que realiza sistemáticamente Estados Unidos en todo el mundo, antes que enfrascarse en un conflicto bélico. Pero independientemente de la estrategia más adecuada para responder al ataque terrorista, una cosa es cierta: el mundo occidental no podía quedarse cruzado de brazos y colocarse a merced de los intolerantes. De ahí que de golpe Occidente tuvo que reconsiderar la dimensión hobbesiana de la política, antes que doblegarse al enemigo.

Más precisamente, a este conflicto hay que verlo sobre todo en su dimensión política, más que llevarlo al terreno de los absolutos morales: un conjunto de terroristas apoyados por gobiernos totalitarios y a partir de una interpretación fundamentalista de los libros sagrados del Corán, decide atacar Occidente en nombre de Alá y decretar el inicio de una guerra santa (Yihad) contra sus enemigos occidentales, empezando por Estados Unidos, el más malo y perverso de todos. Obviamente, en nombre de Dios se pueden cometer los peores atropellos y locuras. No hay escrúpulos ni reservas. De ahí que Occidente no podía más que reaccionar con la misma intensidad a la agresión.

Desde este punto de vista, por último, no se puede descalificar la contraofensiva estadounidense y sus aliados en Afganistán e Irak con argumentos tan endebles del tipo: “aquí se enfrentan dos posiciones fundamentalistas igualmente perversas y extremas: el fundamentalismo islámico y el fundamentalismo norteamericano; uno basado en una interpretación particular de los libros sagrados islámicos, y otro en un concepto de libertad que es convertido en categoría de valor universal”. Lecturas de este tipo me parecen simplemente absurdas. Por mi parte, como un individuo que cree en la democracia y el respeto a los derechos humanos, no estoy dispuesto a que se equiparen mis convicciones con las que profesa un fundamentalista islámico. A favor del “fundamentalismo” occidental habría que argumentar, precisamente, que no posee fundamentos, es decir, que por la vía de los hechos nuestras sociedades están permanentemente revisándose y reinventándose, pues no hay valores dados de una vez y para siempre. En las sociedades democráticas los valores se definen y redefinen continuamente en los espacios públicos, incluido el valor de la libertad. Prueba de ello, como veremos más adelante, son los comicios del 4-N, mediante los cuales Estados Unidos decidió reinventarse como nación. Por todo ello, para fijar una primera posición, prefiero este “fundamentalismo” occidental propio de sociedades democrático-liberales a aquel otro que me dicta lo que debo creer y pensar, propio de sociedades teocráticas. La diferencia es clara: vivir contra los dogmas o vivir de y para los dogmas.

Si Sergio Aguayo dirige tesis profesionales como escribe sus libros, ¡pobres tesis! A esta conclusión es inevitable llegar después de leer su reciente y muy promocionada obra Vuelta en U (México, Taurus, 2011), en la que Aguayo hace exactamente lo que no hay que hacer en una investigación que, como la suya, se ostenta de “científica” y “objetiva”. Me imagino a este académico asesorando a sus tesistas. Para empezar, a todos les ha de exigir lo que en los manuales de investigación se conoce comúnmente como “marco teórico”. Para el caso, no importa que dicho marco se integre arbitrariamente con lo que se tenga a la mano o lo que se conozca o se haya leído alguna vez sobre el tema investigado. Basta citar abundantemente autores y conceptos de manera más o menos ordenada y persuasiva para salvar el escollo. Paso seguido, les ha de requerir un modelo que contenga las variables que se buscarán documentar en la parte empírica de la investigación. Que el modelo se integre con variables provenientes de paradigmas teóricos contradictorios o irreconciliables entre sí es pecata minuta, pues lo primordial es que la propuesta parezca compleja y sesuda; asimismo, que las variables escogidas sean meras ocurrencias del investigador no tiene ninguna importancia, pues lo que cuenta es que su formulación sea mínimamente coherente y convincente. Finalmente, para la parte empírica de la investigación, el susodicho colega les ha de pedir a sus pobres tesistas recabar y presentar todos los datos que encuentren y que cuadren con las variables propuestas. Que se dejen en el camino datos que contradicen el modelo o desmientan lo que se quiere demostrar es culpa de los datos no del modelo empleado.

Así las cosas, Aguayo nos regala un libro que utilizaré profusamente en mis clases para ejemplificar la manera en la que no se debe hacer una investigación científica. Y en realidad, el problema ni siquiera es Aguayo, pues la suya es la manera de proceder de la inmensa mayoría de los científicos sociales del país, quienes hacen pasar por científicas sus investigaciones, aunque de científicas no tengan nada, o sea no emplean de manera sistemática y rigurosa algún método de control de sus hipótesis, no buscan establecer regularidades sobre los fenómenos estudiados que enriquezca la literatura teórica sobre los mismos, no proponen un esquema de análisis integral que refleje un conocimiento acabado de la literatura sobre sus respectivos objetos de estudio, etcétera. Lejos de ello, creen que basta citar autores, emplear conceptos sofisticados o llamarles “variables” a un conjunto de aspectos dispersos, para hacer pasar sus obras como científicas. El resultado es la producción indiscriminada de obras chatarra que no aportan nada novedoso ni hacen avanzar la acumulación de saberes sobre un tema. Y no es que defienda a ultranza una concepción purista de la ciencia o que todo lo mida con sus parámetros (hace tiempo que decidí cuestionar los fundamentos y preceptos de las ciencias sociales, como lo prueba mi libro La muerte de la ciencia política), sino que me parece deshonesto seguir alimentando un engaño y una simulación. No hay que revestir artificialmente de cientificidad una obra para que ésta tenga valor. De hecho, es frecuente que un ensayo sin mayores pretensiones empíricas pueda plantear tesis más originales y sensatas que una investigación científica, sin que eso le reste méritos.

El hecho es que Aguayo nos vende su libro no como un ensayo sino como un estudio científico, y como tal debe ser examinado. Obviamente, Aguayo sale reprobado, y no sólo porque su investigación no tenga nada de científica, sino porque proceder como él lo hace para estudiar lo que llama la “transición estancada” en México sólo puede conducir a lugares comunes o, lo que es peor, a violencias interpretativas, sin mencionar la larga lista de posicionamientos partiditas e ideológicos que salpican el libro y que no tienen nada de veraces. En suma, como veremos aquí, la obra de Aguayo no sólo no aporta nada original sino que tergiversa la realidad para acomodarla mañosamente a sus propios fines de búsqueda o preferencias políticas. Nada hay pues, rescatable en esta obra y sí mucho que reprocharle. No sólo alimenta un engaño en la forma sino también en el contenido, pues su lectura del presente mexicano más que iluminarlo lo oscurece, más que contribuir a demoler el “evangelio de la transición”, o sea la retórica dominante sobre este proceso, lo apuntala.

Comienzo por una afirmación categórica: el tema de la transición en México, o sea el proceso que nos ha conducido hasta la democracia incipiente que hoy tenemos, no es un asunto de interpretaciones. Me explico, si lo que se pretende es —como dice Aguayo a propósito de su propia investigación— describir de manera rigurosa, sistemática y objetiva (científica) el proceso de cambio político en México que condujo a la sustitución del régimen autoritario de partido hegemónico por la democracia actual, para lo cual se recurre a los conceptos y las categorías producidas por la literatura de las transiciones democráticas, no hay lugar (o no debería haberlo) a especulaciones subjetivas de ningún tipo. Nos puede gustar o no la teoría de las transiciones, podemos encontrar deficiencias o imprecisiones en la misma, pero si han de emplearse sus categorías para estudiar un caso concreto, ello debe hacerse correctamente. El sólo hecho de hablar de “transición” para referirse a un caso como el mexicano supone ya, se quiera o no, una cierta adhesión a este corpus teórico, o sea a sus premisas y categorías, por lo que usarlas arbitrariamente —como hace Aguayo— sólo puede conducir a distorsiones y abusos.

En lo personal, como lo he señalado en varias ocasiones, estoy muy lejos de comulgar con estos enfoques, pues me parecen muy deterministas y reduccionistas. Sin embargo, estoy convencido que bien empleados, o sea con conocimiento de causa, permiten una caracterización —que no interpretación— muy esclarecedora de nuestra realidad, una caracterización simple y llana, que nada tiene que ver con las interminables disputas políticas o ideológicas que la transición mexicana ha propiciado desde hace años y que Aguayo reedita innecesariamente con su nuevo libro. Más precisamente, el tema de la transición en México ha sido tan manoseado por todos (intelectuales, académicos, políticos, periodistas, analistas, etcétera), más con fines políticos que heurísticos, que ha terminado por ser uno de esos conceptos que significa todo y nada al mismo tiempo, por lo que se puede emplear para decir cuanta barbaridad se quiera. A ello ha contribuido no sólo la actualidad del tema, que por ese simple hecho suscita controversias, sino el total desconocimiento o el conocimiento superficial de la literatura politológica sobre el particular. Huelga decir que Aguayo cojea de ambos pies. Por una parte, quiere ofrecer una interpretación a modo de nuestro proceso de cambio para “demostrar” que estamos instalados actualmente en la “regresión autoritaria”, o sea que vivimos una “vuelta en U”, sobre todo a raíz del proceso electoral del 2006, cuya condición fraudulenta Aguayo da por hecho con argumentos tan endebles como insustanciales. Por otra parte, Aguayo no sólo exhibe ignorancia sobre la literatura politológica del cambio, pues en su elenco de autores están ausentes algunos de los más influyentes y decisivos, como Leonardo Morlino o Adam Pzeworski, sino que se atreve a mezclar en su “marco teórico” autores de tradiciones tan contradictorias como irreconciliables —como Juan Linz (partidario del individualismo metodológico) y Lucien Goldman (un marxista tan básico de los años setenta que sólo un incauto se atrevería a citar en la actualidad), o Guillermo O’Donnell (un funcionalista sistémico) y Hannah Arendt (una filósofa política neoaristotélica)—, en una suerte de eclecticismo forzado por imposible, lo cual es, justamente, lo que hay que evitar en cualquier investigación seria y responsable. Confeccionar un marco teórico no puede hacerse por ocurrencias, sino que es el momento en que el investigador serio no sólo muestra suficiencia en el manejo de toda la literatura de su tema sino que agota teóricamente todas las posibilidades para explicar su objeto, pues sólo así podrá discernir adecuadamente entre lo relevante de lo meramente contingente. En suma, parece que Aguayo ignora que si en las ciencias sociales todo se vale —como armar un “marco teórico” a modo— nada vale en ellas. En lo personal, prefiero desmarcarme abiertamente de las ciencias sociales, por sus muchas inconsistencias y simulaciones, que aferrarme a ellas para legitimar mi trabajo intelectual, como lo hacen Aguayo y la mayoría de mis colegas.

Sirvan estas premisas para recalcar que la “interpretación” (o sea, la lectura subjetiva, interesada y parcial) que Aguayo hace sobre la transición mexicana no tiene ningún sustento sólido ni ninguna veracidad. Ni “regresión” ni “vuelta en U”, ni “transición estancada”, etcétera. Repito, la caracterización de la transición mexicana no es una cuestión en disputa, sino un mero ejercicio descriptivo en el que, si todo se conduce correctamente, o sea en apego a las indicaciones y premisas propias de la teoría de las transiciones, no hay lugar a interpretaciones subjetivas o parciales. Dicho de otro modo, caracterizar el momento que vive nuestro país con las categorías de la transición no es un ejercicio relativista, donde todas las posiciones valen, pues si fuera el caso ninguna valdría. Estaríamos procediendo mal si asumiéramos a priori que cualquier interpretación sobre la transición mexicana es legítima por el simple hecho de que la realidad admite múltiples lecturas. Es incorrecto, pues el uso apropiado de la teoría de las transiciones, que no es otra cosa que el cúmulo de saberes existentes sobre dicho tema producto de miles de investigaciones empíricas, no admite digresiones de ningún tipo, es precisa, coherente e integral. Obviamente, esta observación (y la crítica que de ahí emana) sólo aplica si la interpretación en cuestión se dice deudora —como la de Aguayo— de la teoría de las transiciones y/o se mueve dentro de sus límites.

En suma, si Aguayo conociera medianamente la teoría de las transiciones y empleara adecuadamente sus conceptos, sabría que México no atraviesa por una regresión autoritaria o vuelta en U. Para empezar, México dejó atrás la transición cuando el PRI fue desplazado del poder por el PAN con la alternancia del 2000, pues la teoría indica que una transición democrática termina cuando desaparecen las estructuras de dominación centrales del viejo régimen autoritario, que en el caso de México fueron el presidencialismo omnímodo y el partido hegemónico. Por ello, seguir pensando a México en términos de “transición” no sólo es un error sino que entorpece el entendimiento del momento que realmente estamos viviendo. Por la vía de la alternancia la transición terminó y comenzó una nueva etapa —igualmente compleja que la etapa precedente pero que no debe ser confundida con ella, pues tiene su propia lógica y dinámica—, la etapa de “instauración democrática”. Dicha etapa supone básicamente la “destitución autoritaria”, o sea la neutralización y derogación de las viejas prácticas y leyes abiertamente autoritarias, amén de su deslegitimación social, y el rediseño institucional y normativo del nuevo régimen democrático, mediante una reforma integral a su Carta Magna. Dado que la instauración es un proceso, no está dicho que pueda durar indefinidamente o que presente avances y retrocesos. Si una instauración democrática es lenta y tortuosa, como la que vivimos en México después de la alternancia, no significa que estemos en una etapa regresiva sino en una que, en la medida que no se avance en las tareas de la instauración, presenta muchos riesgos, empezando por el colapso, o sea el derrumbe de lo poco o mucho que se ha conquistado hasta ahora. En esta perspectiva, a tono con la teoría de las transiciones, que nuestra democracia no mejore ni en lo electoral ni en eficacia ni en credibilidad, no significa que vivimos una “transición estancada”, como sostiene Aguayo, sino una “instauración estancada”. Asimismo, que el autoritarismo siga teniendo muchos anclajes en la nueva realidad democrática no significa que estemos atravesando por una “regresión autoritaria”, sino que tenemos una democracia incipiente y muy precaria. La precisión en este punto no es una cuestión baladí, pues de una adecuada caracterización depende el poder identificar mejor los desafíos que enfrentamos como país. Hoy las tareas por delante ya no son los de la transición (como derrocar al régimen autoritario), sino las de la instauración (como la Reforma del Estado). Podría poner muchos otros ejemplos, pero creo que con estos queda claro que la interpretación de Aguayo, amén de imprecisa, es irresponsable. Lejos de una regresión autoritaria, todo parece indicar que lo que tendremos en México es una larguísima instauración democrática, tan larga como la propia transición que la precedió, pues no existe en la clase política actual ni la voluntad ni las luces necesarias para entender la importancia del momento político en que le tocó ser protagonista. En todo caso, no es descabellado suponer que hay más posibilidades involutivas para el país en caso de que el PRI regrese a Los Pinos en el 2012 que en cualquier otro escenario, pues, en ausencia de reformas profundas al entramado normativo e institucional, necesarias para apuntalar nuestra maltrecha democracia, sus cuadros se montarían en lo que ya conocen perfectamente, por lo que bien podrían reeditar los viejos usos y costumbres, cuestión esta última que no deja de ser, lo admito, una mera especulación.

Además de esta deficiencia metodológica y conceptual de fondo, el libro de Aguayo está plagado de imprecisiones y ligerezas. Después de leerlo queda la duda sobre su verdadero propósito. Por momentos parece una crónica de hechos inconexos, por momentos un panegírico a favor de Andrés Manuel López Obrador, por momentos un recuento de cifras y datos inútiles, por momentos un manifiesto sobre el poder de las organizaciones no gubernamentales. En todo caso, me queda claro que es todo menos una investigación científica, pese a que obtuvo financiamientos millonarios por parte de universidades, fundaciones y organismos de apoyo a la ciencia, como el CONACYT, según se ufana su propio autor, lo cual, por los pobres resultados alcanzados, no dejar de ser deshonesto.

Buena parte del libro está destinado a definir los criterios que permiten establecer si una elección es fraudulenta o no, o sea “la intensidad e intencionalidad de las irregularidades”. Para ello, Aguayo examina las elecciones críticas de 1910, 1929, 1940 y 1952, y, en otros capítulos, las de 1988 y 2006, siendo ésta última la que más le preocupa al autor, pues está empeñado en demostrar que, empleando sus criterios de análisis, fueron elecciones fraudulentas. Para empezar, habría que recordarle a Aguayo que no sólo las elecciones que fueron impugnadas en su momento por los perdedores fueron fraudulentas, sino absolutamente todas las celebradas durante el viejo régimen. Por ello, lo importante no es, como insiste Aguayo, la “mecánica del fraude” sino las condiciones estructurales del fraude, o sea la naturaleza autoritaria del régimen posrevolucionario. Decir que unas elecciones son fraudulentas cuando el gobierno interviene con fondos públicos, cuando hay un control y manejo intencionado de la información, cuando hay una manipulación de la legislación electoral, etcétera, es irrelevante. Más aún, es impreciso, pues podría pensarse que en ausencia de esas variables sí se dieron elecciones correctas, lo cual no es cierto. Obviamente, ese no es el problema, sino la condición autoritaria del régimen priista, para el cual las elecciones eran tan sólo un mecanismo de legitimación diseñado a modo, o sea una simulación, donde la oposición no tenía ninguna posibilidad de disputar el poder al partido hegemónico. Por las mismas razones, extrapolar las variables del fraude propias de la era autoritaria para calificar las elecciones del 2006, o sea unas elecciones ciertamente controvertidas pero que ya tuvieron lugar en la era postautoritaria, es un auténtico disparate, pues son otras las condiciones y otras las variables que habría que documentar. Dicho de otro modo, lo que era relevante para calificar de fraudulentas unas elecciones en un régimen autoritario, elecciones que un conocido politólogo estadounidense llamó con buen tino “elecciones diferentes”, deja de serlo en unas elecciones en un régimen democrático. Que se desvíen fondos del erario para hacer proselitismo, que se manipule la información, o que se orqueste una campaña de denuesto en contra de un candidato, son asuntos menores, pues ocurren en todas las democracias y lo hacen todos los partidos. El problema aquí es más bien técnico, o sea si se contaron o no correctamente los votos. Con ello, no quiero minimizar el hecho de que nuestra legislación electoral vigente hace aguas por todas partes, por lo que más que proveer certidumbre alimenta la sospecha.

Otro problema grave del libro de Aguayo es la importancia que le confiere a ciertos hechos y la escasa atención que le presta a otros. Así, por ejemplo, Aguayo sostiene que la transición en México empezó con la reforma electoral de 1963, mientras que le concede poco peso a la de 1977. Ni al caso criticar una interpretación tan obtusa. Por su parte, sobre las elecciones de 1988 y sobre el salinato el libro de Aguayo no avanza ninguna hipótesis novedosa y sí comete varias impresiones. Para empezar, le concede a algunos intelectuales un peso decisivo en la apertura democrática del régimen al denunciar las irregularidades y exigir apego a la legalidad. Tal es el caso de ¡Héctor Aguilar Camín! Sí, el mismo que después se vendió a Salinas. Algo similar dice Aguayo de algunas organizaciones civiles, como Alianza Cívica, cuya participación en esos años es sobredimensionada por el autor, quien, casualmente, fue miembro activo de la misma. Como quiera que sea, Aguayo evade investigar los temas realmente cruciales para armar el rompecabezas de esos años: ¿por qué perdió el PRI en el 88 y por qué, con todo en contra, pudo imponerse fraudulentamente en esas elecciones? ¿Por qué Estados Unidos decidió apoyar al PRI de último momento si en los años previos fue criticado acremente por Washington? ¿Por qué no se concretó la alianza entre el PAN y el Frente Democrático en esos años? ¿Fue el salinato el sexenio más autoritario del viejo régimen y con qué costo para la democracia?, entre muchas otras preguntas clave.

Pero conforme el libro de Aguayo avanza al presente, las imprecisiones se multiplican. Decir que con la histórica alternancia del 2000 “culminan los esfuerzos y esperanzas de intelectuales, periodistas, líderes sociales, organizaciones cívicas, consejeros electorales y partidos políticos”, es como no decir nada, pues la verdad es que la gran mayoría de todos los actores enumerados por Aguayo fueron más bien cómplices del PRI y el viejo régimen hasta su caída más que sus detractores. Tal es el caso de la inmensa mayoría de los intelectuales vendidos, o de los periodistas medrosos y acomodaticios. Que algunas voces (muy pocas por cierto) hayan sido críticas y congruentes con una línea de independencia profesional e intelectual, no significa que la mayoría lo haya sido. Aquí Aguayo muestra una visión no sólo bastante condescendiente con sus colegas sino falsa. En cuanto a los consejeros electorales, Aguayo filtra la idea a todas luces imprecisa y tendenciosa según la cual la actuación del IFE en el 2000 fue “brillante” y la del 2006 decepcionante. Ya es hora de desmitificar el papel de aquel Consejo Electoral. La única diferencia entre éste y el del 2006 fueron 5 puntos de diferencias entre el primero y el segundo lugares. Dicho de otro modo, si la diferencia entre Fox y Labastida hubiera sido igual de estrecha a la de Calderón y López Obrador, la bomba les hubiera explotado igual, pues la legislación electoral era la misma y el perfil de los consejeros, también, o sea intelectuales oportunistas vinculados y de algún modo comprometidos con los partidos que los colocaron ahí. No cabe duda que a Aguayo le conviene reproducir los nuevos mitos de la historia oficial de la transición, pues él es uno de los beneficiados directos por ello.

Pero lo más débil del libro de Aguayo está por venir: el fraude del 2006 y el papel de las ONG’s. Sobre el primero, Aguayo recurre a todo lo que se le ocurre para demostrar que siempre existió un complot orquestado por muchos contra López Obrador para que éste no llegara a Los Pinos, como la campaña de denuesto en su contra que culminaría exitosamente con el famoso “Es un peligro para México”, la cual, supuestamente, generó un “pánico irracional” en el electorado. En suma, para Aguayo la campaña sucia contra el pobrecito de López Obrador fue la principal causante de su derrota electoral. El problema es que pensar así sólo puede hacerse en detrimento de los ciudadanos, o sea si se conciben como una masa inerte y dúctil fácilmente manipulable e incapaz de discernir por sí misma. Según esta interpretación, que López Obrador haya cometido errores garrafales durante su campaña o que ésta también haya sido bastante sucia, son asuntos irrelevantes, pues lo importante es el complot en su contra. En fin, aferrarse a ver las cosas en blanco y negro, diseccionar el mundo en buenos y malos es la mejor manera de ocultar la realidad, de simplificarla y poder justificar cualquier barbaridad. De ahí que a Aguayo le vengan bien las mismas categorías con las que evalúa el fraude en las elecciones de la era autoritaria para evaluar las del 2006. Pero volviendo a la cuestión de los ciudadanos, Aguayo critica las campañas sucias porque no respetan los hechos y no evitan la difamación, por lo que no comparte la opinión de quienes —me incluyo— defendemos a ultranza la libertad de expresión. Cómo hacerle entender a Aguayo que sin libertad de expresión absoluta e irrestricta simplemente no hay democracia y que si la ley electoral o cualquier otra posibilitan el más mínimo rescoldo de censura se trata de leyes antidemocráticas, una violación a los derechos más elementales de los seres humanos. No hay manera.

Pero la cuestión de fondo para quienes se aferran a “limpiar” la política profesional, cosa que de entrada es imposible, es asumir que dicho despropósito supone despreciar a los ciudadanos. En efecto, defender una ley electoral que prohíba las campañas negativas es creer que la sociedad es menor de edad, que los ciudadanos son incapaces de valerse por sí mismos. La pregunta es inevitable: ¿cómo alguien que dice defender a la sociedad civil puede al mismo tiempo despreciarla tanto? La respuesta está en el último capítulo, que según reza su título constituye una “guía para reactivar la democracia”. ¡Lo que nos faltaba!

En principio, Aguayo distingue entre ciudadanos conscientes y ciudadanos no conscientes. Sólo son conscientes los que participan en organizaciones civiles, porque buscan “modificar de raíz las causas estructurales de problemas específicos” y son los únicos ciudadanos inconformes, o sea todos los que no estamos en una ONG no somos conscientes ni estamos inconformes. Más aún, en el colmo de la insensatez, Aguayo dice que él sólo escribe para los ciudadanos conscientes. He aquí al “demócrata” Aguayo de cuerpo entero. ¿Hay que decir más? No, pero lo que sigue me divierte mucho. Según Aguayo, México es “un país machista, autoritario y racista”, en el que muy pocos buscan hacer algo para los demás, por lo que es muy meritoria la labor desinteresada y comprometida de las organizaciones civiles. De ahí, las simplificaciones caminan solas. Aguayo trata de demostrar que las organizaciones civiles fueron las auténticas protagonistas de la transición (sobre todo aquellas en las que él participó, faltaba más), y que la sociedad en general les debe mucho. A lo que le pregunto, ¿no será al revés? En México, la democracia es ante todo una conquista de la sociedad en su conjunto más que de organizaciones sociales “conscientes”, pues nadie se siente representado en ellas. En México el cambio se fraguó en las urnas. Que algunas ONG’s hayan tenido una participación activa por la defensa del voto y la democratización del país, no cambia las cosas ni admite simplificaciones absurdas como las que hace Aguayo. En pocas palabras, para nuestro autor la única sociedad que cuenta es la que participa en organizaciones civiles. Pero ahí no termina la cosa. Según Aguayo, sólo las organizaciones civiles pueden sacar a México del actual atolladero, por lo que recomienda que cada vez más ciudadanos se embarquen en el activismo social, siempre y cuando sigan el decálogo del activista social que él generosamente nos proporciona: tener clara la causa (el relato) por la que van a luchar; asesorarse con académicos informados y críticos; difundir la causa por todos los medios posibles; hacerse de recursos (que estos provengan de partidos o de funcionarios es pecata minuta, pues lo importante es la causa no la congruencia); relacionarse con la élite política; conectarse con redes sociales; etcétera. Con este elenco de acciones, Aguayo termina desnudando, sin proponérselo, a las ONG’s en todas sus contradicciones. No por casualidad la percepción que de manera dominante se tiene de ellas es poco favorable, sobre todo de las más consolidadas en presencia y proyección. Así, por ejemplo, se piensa de ellas que: son excluyentes y selectivas; se abrogan una representatividad social que nadie les ha dado; participar en ellas se ha vuelto un modus vivendi para sus miembros, en ocasiones muy rentable; no son congruentes, pues pueden pactar con cualquiera con tal de allegarse de recursos; con frecuencia subordinan sus causas sociales al bienestar de sus integrantes; se dejan cooptar con facilidad por partidos y funcionarios; son el trampolín para que algunos de sus miembros asciendan en la academia o la política; etcétera.

Aguayo no sólo se engaña a sí mismo sino que quiere engañar a los demás. No, señor Aguayo, los verdaderos héroes de este país somos los ciudadanos, los que seguimos creyendo que puede haber un México mejor, los que llevamos todos los días a nuestros hijos a la escuela, los que sobrevivimos con salarios de hambre y llevamos una vida digna, los que trabajamos de manera honrada todos los días, los que protestamos por la carestía de la vida, los que vamos al futbol los domingos para evadir nuestra tragedia cotidiana, los que seguimos yendo a las urnas a votar pese a la ruindad de nuestros políticos y partidos, los que queremos un país con paz antes que un país incendiado, los que asistimos a la basílica…, que participemos o no en una organización civil es francamente irrelevante. Nuestro activismo lo ejercemos todos los días, en la casa, en la fábrica, en la plaza pública, en las urnas, en la escuela, en el facebook, etcétera. Las conquistas democráticas son en primerísimo lugar nuestras, no de intelectuales vendidos, no de periodistas repetidores de la cochambre, no de políticos oportunistas y mesiánicos, no de organizaciones que supuestamente monopolizan la conciencia y la inconformidad sociales. No nos desprecie ni nos ningunee más, que de eso ya estamos hartos. Que el país esté secuestrado por una casta política voraz e inescrupulosa no nos hace cómplices sino víctimas. En los hechos, nadie ha estado a la altura de nosotros los ciudadanos, ni los políticos ni los partidos, ni los intelectuales ni los periodistas, ni las organizaciones sociales. Deje de mentir.

En suma, el libro de Aguayo es un auténtico galimatías. Como estudio científico no tiene nada, como ensayo le falta originalidad y estilo, como crónica de hechos le falta prosa y fluidez, y como panfleto pejista le falta enjundia e inteligencia. Por fortuna para él y para todos, este científico y activista social escribe pocos libros. En efecto, siempre será mejor compilar almanaques y bibliografías, cosa que hace muy bien, que pasear innecesariamente la estulticia.

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