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LETRA_~11. Introducción

Nada hay más intangible e insustancial que los discursos políticos, más aún si son parte de una campaña electoral, o sea cuando están confeccionados deliberadamente para persuadir a los ciudadanos de las bondades de votar por un determinado partido o candidato, para lo cual los políticos suelen contratar los servicios profesionales de una nueva clase de mercaderes de la política, mejor conocidos como “consejeros”, “asesores” o “consultores”, auténticos charlatanes y oportunistas que diseñan campañas y fabrican la imagen pública de los candidatos con supuestas bases científicas emanadas de la comunicación de masas y el marketing político, y que le añaden la palabra “estrategia” a todo lo que proponen.[1] Por esta vía la política profesional termina siendo una mera técnica de persuasión muy distante de los objetivos superiores con los que llegó a asociarse alguna vez, como el arte de gobernar, la resolución de conflictos, la búsqueda del bien común, la defensa de la dignidad humana, la representación de intereses colectivos, etcétera.

Pero si el discurso político en las democracias modernas se ha vuelto algo tan superficial y vacuo, pretender analizarlo y calificarlo con supuestas bases científicas se vuelve, en mi opinión, un ejercicio tan insustancial como el propio objeto que examina. Francamente, no veo por ningún lado la utilidad de calificar las características finas de un discurso político, como su consistencia, su coherencia, su lógica argumentativa, su tono emocional, etcétera, ni de compararlos con otros discursos para ver cuál fue mejor y cuál peor, como si con ello se pudiera modificar la percepción que en su momento tuvo la sociedad sobre tal o cual discurso o sobre los políticos que los presentaron. En la actualidad, las sociedades suelen ser muy críticas y escépticas, y difícilmente se dejan engañar o seducir por el dicho de sus políticos. De ahí que la calificación rigurosa de los discursos políticos en campaña termina siendo una sofisticación para especialistas y curiosos, con escasa relevancia o impacto social.

No es casual que en cada nación del mundo la historia sólo registra un puñado de discursos políticos realmente memorables y que han pasado a la posteridad en el mar de palabras que se lleva el viento. Ahí quedan, por ejemplo, “Los sentimientos de la nación” de un Morelos o el discurso de Benito Juárez ante el Congreso para motivar la promulgación de las Leyes de Reforma, o el discurso del general Cárdenas para expropiar el petróleo o, más recientemente, el VI Informe de López Portillo donde planteaba la estatización de la Banca, o el apasionado discurso de Colosio en aquel funesto marzo: “veo un México…”, o el no menos recordado discurso en tribuna de Muñoz Ledo en respuesta al Primer Informe de Zedillo. A estos discursos habrá que sumar otros cinco o seis igualmente memorables y párele de contar. La verdad es que son muy pocos para una historia de tantos siglos y tantas gestas. Digamos pues, que los buenos discursos, los que serán recordados y transmitidos de generación en generación, no se dan en maseta, y que son los pueblos y nadie más los que los colocan en ese sitial de honor y gloria.

En virtud de lo anterior, en lugar de un análisis cuantitativista para evaluar y calificar los discursos de campaña en el proceso electoral federal de 2012, o sea un análisis del discurso basado en alguno de los muchos modelos que la literatura especializada ha generado para ello, me propongo en este artículo desarrollar un análisis sobre la consistencia y viabilidad de dichos discursos en contraste con el país que bocetan para el porvenir. Más específicamente, propongo un análisis del discurso político basado en tres interrogantes: a) ¿qué nos dicen los discursos de campaña sobre el futuro del país?, b) ¿qué tanto se corresponden los discursos de campaña sobre el futuro del país con los deseos y percepciones de la sociedad en general?, y c) ¿cuál es el grado de veracidad y la viabilidad real de dicha idea de futuro bocetado en el discurso? Mi tesis al respecto es que los discursos de campaña con los que nos bombardearon los candidatos a la presidencia de la República durante el proceso electoral de 2012 ni siquiera califican para un análisis serio de este tipo, pues la inmensa mayoría de ellos careció del más elemental principio de realidad, abusó de una retórica simplificadora y épica, exhibió una ignorancia apabullante sobre la problemática nacional y apeló más a sentimientos que a hechos duros y concretos, en una lógica implícita de subestimación de las capacidades de discernimiento de los electores.

Me queda claro que un análisis de este tipo ofrece muchas posibilidades para la reflexión, dependiendo de su profundidad y alcance. Lo ideal sería aplicarlo a todos los candidatos y a todos sus discursos de campaña, para establecer comparaciones sobre el grado de viabilidad de los mismos. Proceder así nos permitiría incluso establecer correlaciones significativas entre preferencias electorales y viabilidad de los discursos, o sobre las percepciones sociales de los problemas que aquejan a la sociedad y el país que anhelan y la capacidad de los discursos de reflejarlos con alguna fidelidad. Sin embargo, un análisis de este tipo rebasa por mucho las posibilidades de tiempo y espacio de este ensayo. En virtud de ello, me concentraré en el discurso político del candidato que a la postre se llevó el triunfo electoral, el candidato del PRI-PVEM (Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México), Enrique Peña Nieto. La razón es obvia. Sólo uno de los proyectos de futuro de los esbozados por los candidatos presidenciales en sus discursos de campaña, podrá ensayarse en el fututo inmediato, siempre y cuando así lo disponga el candidato ganador, y los demás quedarán en el olvido. Mejor concentrarse pues, en un discurso al que se le puede dar seguimiento durante los próximos seis años que en los discursos que se quedaron en la orilla.

Para tal efecto, debemos aceptar en principio que a un discurso de campaña no se le puede pedir más de lo que es: una propuesta retórica para el futuro, deliberadamente persuasiva, emotiva y estentórea, que busca concitar apoyos en forma de votos. Perder de vista esto nos puede llevar a conclusiones innecesariamente rígidas o categóricas, y en consecuencia improcedentes. Sin embargo, eso no significa que debamos concebir per se a un discurso de campaña como algo ilusorio e insustancial, que no compromete u obliga en alguna medida a quien lo prohíja. Lejos de ello, la democracia entraña compromisos y responsabilidades para los representantes políticos de una comunidad, empezando por darle contenido y cause a las promesas de campaña, gracias a las cuales un candidato logra conquistar el poder político. No por casualidad, la ciencia política ha elaborado recientemente un modelo de “calidad de la democracia”, en el que uno de sus componentes es precisamente lo que sus creadores intelectuales denominan “responsiveness” (reciprocidad, en una traducción propia), o sea el grado en que los políticos se responsabilizan con sus acciones de darle cause a sus promesas de campaña; es decir, según esta concepción, una democracia será mejor si los representantes políticos honran su palabra con hechos.

2. Una premisa teórica

Desde su constitución como una disciplina con pretensiones científicas, es decir empírica, demostrativa y rigurosa en el plano metodológico y conceptual, la ciencia política ha estado obsesionada en ofrecer una definición empírica de la democracia, o sea una definición no contaminada por ningún tipo de prejuicio valorativo o prescriptivo; una definición objetiva y lo suficientemente precisa como para estudiar científicamente cualquier régimen que se presuma como democrático y establecer comparaciones bien conducidas de diferentes democracias.[2]

El interés en el tema se ha movido entre distintos tópicos: estudios comparados para medir cuáles democracias son en los hechos más democráticas según indicadores preestablecidos; las transiciones a las democracias o democratizaciones; las crisis de las democracias, el cálculo del consenso, la agregación de intereses, la representación política, etcétera. Sin embargo, la definición empírica de democracia avanzada por la ciencia política, parece haberse topado finalmente con una piedra que le impide ir más lejos. En efecto, a juzgar por el debate que desde hace una década se ha venido ventilando en el seno de la ciencia política en torno a la así llamada “calidad de la democracia”, se ha puesto en cuestión la pertinencia de la definición empírica de democracia largamente dominante si de lo que se trata es de evaluar qué tan “buenas” son las democracias realmente existentes o si tienen o no calidad.[3]

El tema de la calidad de la democracia surge de la necesidad de introducir criterios más pertinentes y realistas para examinar a las democracias contemporáneas, la mayoría de ellas (sobre todo las de América Latina, Europa del Este, África y Asia) muy por debajo de los estándares mínimos de calidad deseables. Por la vía de los hechos, el concepto precedente de “consolidación democrática”, con el que se pretendían establecer parámetros precisos para que una democracia recién instaurada pudiera considerarse firmemente institucionalizada y legitimada, terminó siendo insustancial, pues fueron muy pocas las transiciones que durante la “tercera ola” de democratizaciones, para decirlo en palabras de Huntington (1991), pudieron efectivamente consolidarse. Por el contrario, la mayoría de las democracias recién instauradas si bien han podido perdurar lo han hecho en condiciones francamente delicadas y han sido institucionalmente muy frágiles. De ahí que si la constante empírica ha sido más la mera persistencia que la consolidación de las democracias instauradas durante los últimos treinta años, se volvía necesario introducir un conjunto de criterios más pertinentes para dar cuenta de manera rigurosa de las insuficiencias y los innumerables problemas que en la realidad experimentan la mayoría de las democracias en el mundo.

En principio, la noción de “calidad de la democracia” vino a colmar este vacío y hasta ahora sus promotores intelectuales han aportado criterios muy útiles y sugerentes para la investigación empírica. Sin embargo, conforme este enfoque ganaba adeptos entre los politólogos, la ciencia política empírica fue entrando casi imperceptiblemente en un terreno movedizo que hacía tambalear muchos de los presupuestos que trabajosamente había construido desde su constitución en los años cuarenta del siglo pasado en Estados Unidos y que le daban identidad y sentido. Baste señalar que el concepto de calidad de la democracia adopta criterios indiscutiblemente normativos e ideales para evaluar a las democracias existentes, con lo que se trastoca el imperativo de prescindir de conceptos cuya carga valorativa pudiera entorpecer el estudio objetivo de la realidad. Así, por ejemplo, los introductores de este concepto a la jerga de la politología —académicos muy reconocidos, como Morlino, O’Donnell, Schmitter, entre muchos otros—, plantean como criterios para evaluar qué tan buena es una democracia establecer si en los hechos dicha democracia se aproxima a (o se aleja de) los ideales de libertad e igualdad inherentes a la propia democracia, o si los políticos actúan en apego a la ley, rinden periódicamente cuentas de sus acciones y hacen valer con hechos su palabra.

Como se puede observar, al proceder así la ciencia política ha dejado entrar por la ventana aquello que celosamente intentó expulsar desde su constitución; es decir, elementos abiertamente normativos y prescriptivos. Pero más allá de ponderar lo que esta contradicción supone para la ciencia política, en términos de su congruencia, pertinencia e incluso vigencia,[4] el asunto muestra con toda claridad la imposibilidad de evaluar a las democracias realmente existentes si no es adoptando criterios de deber ser que la politología siempre miró con desdén. Dicho de otra manera, lo que el debate sobre la calidad de la democracia revela es que hoy no se puede decir nada interesante y sugerente sobre la realidad de las democracias si no es recurriendo a una definición ideal o normativa de la democracia que oriente nuestras búsquedas e interrogantes sobre el fenómeno democrático.

Tiene mucho sentido para las politólogos que han incursionado en el tema de la calidad de la democracia partir de una nueva definición de democracia, distinta a la que ha prevalecido durante décadas en el seno de la disciplina, más preocupada en los procedimientos electorales que aseguran la circulación de las elites políticas que en aspectos relativos a la afirmación de los ciudadanos en todos sus derechos y obligaciones, y no sólo en lo tocante al sufragio. Así lo entendió hace tiempo Philippe C. Schmitter, quien explícitamente se propuso en un ensayo muy citado ofrecer una definición alternativa: “la democracia es un régimen o sistema de gobierno en el que las acciones de los gobernantes son vigiladas por los ciudadanos que actúan indirectamente a través de la competencia y la cooperación de sus representantes” (Schmitter y Karl, 1993).

Con esta definición se abría la puerta a la idea de democracia que hoy comparten muchos politólogos que se han propuesto medir qué tan buenas (o malas) son las democracias realmente existentes. La premisa fuerte de todos estos autores es considerar a la democracia desde el punto de vista del ciudadano; es decir, todos ellos se preguntan qué tanto una democracia respeta, promueve y asegura los derechos del ciudadano en relación con sus gobernantes. Así, entre más una democracia posibilita que los ciudadanos, además de elegir a sus representantes, puedan sancionarlos, vigilarlos, controlarlos y exigirles que tomen decisiones acordes a sus necesidades y demandas, dicha democracia será de mayor calidad, y viceversa. En esa dirección contribuyó sobremanera el concepto de “democracia delegativa” acuñado por el politólogo argentino Guillermo O’Donnell en 1994. Según esta concepción, existen varias democracias en el mundo, como las de América Latina, en las que los ciudadanos carecen de toda posibilidad normativamente establecida para influir en los asuntos públicos más allá de poder elegir a sus representantes periódicamente. Por muchas razones, en estas democracias no maduró una serie de preceptos jurídicos que aseguraran que los ciudadanos fueran siempre el origen y el fin de todas las decisiones políticas que les competen. Más allá de reglas e instituciones electorales, cuestiones como el gobierno de la ley, la rendición de cuentas o la responsabilidad de los políticos ante los ciudadanos han sido intermitentes o francamente inexistentes. De ahí que se trate de democracias delegativas, pues una vez que los ciudadanos eligen a sus representantes, les delegan la función de gobernar por un tiempo determinado, durante el cual no podrán incidir de ninguna manera por carecer de las vías institucionales o jurídicas para hacerlo; es decir, no tienen la oportunidad de verificar y evaluar la labor de sus gobernantes una vez electos.

Llegados a este punto, sólo había que juntar los elementos dispersos para dar lugar a una noción de democracia pertinente para los efectos de medir su mayor o menor calidad en casos concretos. La síntesis y la propuesta más acabada elaborada hasta ahora se debe al politólogo italiano Leonardo Morlino (2003), quien con gran atingencia resume en cinco puntos los criterios para medir una democracia de calidad: a) gobierno de la ley (rule of law); b) rendición de cuentas (accountability); c) reciprocidad (responsiveness); d) qué tanto la democracia en cuestión se aproxima al ideal de libertad inherente a la democracia (respeto pleno de los derechos que se extienden al logro de un abanico cada vez mayor de libertades); y e) qué tanto la democracia en cuestión se aproxima al ideal de igualdad inherente a la democracia (implementación progresiva de mayor igualdad política, social y económica). Así, prosigue el autor, “una democracia de calidad o buena es aquella que presenta una estructura institucional estable que hace posible la libertad e igualdad de los ciudadanos mediante el funcionamiento legítimo y correcto de sus instituciones y mecanismos”.

A primera vista, la noción de democracia de calidad aportada por estos autores resulta muy sugerente para el análisis de las democracias modernas, a condición de considerarlo como un modelo típico-ideal que anteponer a la realidad siempre imperfecta y llena de contradicciones. Por esta vía se establecen parámetros de idoneidad cuya consecución puede alentar soluciones y correcciones prácticas, pues no debe olvidarse que el deber ser que alienta las acciones adquiere de algún modo materialidad en el momento mismo en que es incorporado en forma de proyectos o metas deseables o alternativas. Además, por las características de los criterios adoptados en la definición de democracia de calidad, se trata de un modelo abiertamente normativo y prescriptivo que incluso podría emparentarse sin dificultad con la idea de Estado de derecho democrático; es decir, con una noción jurídica que se alimenta de las filosofías liberal y democrática y que se traduce en preceptos para asegurar los derechos individuales y la equidad propia de una sociedad soberana y políticamente responsable.

La principal contribución del modelo de democracia de calidad es ofrecer una serie de criterios mínimos indispensables de carácter normativo para hablar de una democracia efectiva, a saber: gobierno de la ley, rendición de cuentas, reciprocidad, libertad e igualdad. En el seno de la disciplina en la que este modelo surge —la ciencia política—, quizá se desdibuje su potencial explicativo, pues se presupone que las democracias pueden contar con alguno o algunos de estos criterios sin dejar de ser democracias, si acaso son democracias imperfectas o en vías de consolidación. Contrariamente a este proceder, me parece que este modelo puede ser realmente valioso en la medida que no admita gradaciones en el momento de emplearlo para analizar regímenes políticos concretos. Dicho de otro modo, en estricto sentido, si en un país no operan todos los preceptos definidos por el modelo u operan de manera parcial no merece el nombre de democracia, por más que a ésta se le añadan distintos adjetivos para establecer sus insuficiencias o limitaciones (democracias “imperfectas”, democracias “inconclusas”, democracias “delegativas”, democracias “en transición”, democracias “incipientes”, etcétera). Quizá estemos en presencia de un régimen democrático en lo electoral, pero antidemocrático en todo los demás. No hay por qué temer a los términos. Además, como modelo normativo, el de la calidad democrática nos permite ganar en claridad acerca de las condiciones mínimas de carácter legal centradas en el ciudadano, indispensables para calificar de democracia a un determinado régimen. Ganar en claridad en aspectos tales como la rendición de cuentas, el imperio de la ley o la responsabilidad de los gobernantes es una condición para reconocer los déficits que deberán ser colmados tarde o temprano en la perspectiva de mejorar nuestras realidades políticas.

Además, se trata de criterios normativos fácilmente reconocibles, ya sea porque deberán estar formalizados claramente en las Constituciones nacionales vigentes a manera de garantías y derechos para todos los ciudadanos sin distinción; o porque su efectividad se deduce de las propias condiciones de libertad e igualdad existentes en la sociedad en cuestión. Desde este punto de vista, tiene mucho sentido asumir, por ejemplo, que sólo puede hablarse de democracia en sociedades donde las desigualdades extremas o la concentración inequitativa de la riqueza han disminuido de manera efectiva. Tiene sentido, porque la lógica sugiere que una democracia efectiva no puede más que atender las necesidades y las demandas de las mayorías, a las que se deben los gobernantes de turno, por lo que en presencia de desigualdades oprobiosas hay algo que simplemente no está funcionando. Lo mismo vale para la noción de libertad, que en este caso se traduce en derechos cada vez más efectivos y plenos para las minorías en un país.

Por todo lo anterior, encuentro pertinente en lo general el modelo de democracia de calidad. Recurrir a él desde América Latina, por ejemplo, constituye una herramienta de primera mano para advertir claramente los muchos déficit que los países de esta región tienen en materia de democracia. Además, este modelo, por el hecho de provenir de una tradición de pensamiento a estas alturas muy arraigada e influyente en Latinoamérica, heredera de la vasta literatura politológica sobre transiciones a la democracia, asegura su fácil incorporación a los esquemas de explicación dominantes entre sus intelectuales y académicos. En suma, su impacto está asegurado aquí porque de manera clara y concisa ilustra sobre un deber ser de la democracia históricamente ausente en prácticamente toda la región, pero igualmente indispensable para mejorar las reglas e instituciones políticas existentes.[5] Ahora de lo que se trata es de sumar a la definición mínima de democracia otras condiciones de carácter normativo que finalmente hagan las cuentas con el ciudadano, principio y fin de la democracia. No es aventurado anticipar un gran éxito al modelo de la calidad de la democracia en América Latina, pues existe ya en sus países una conciencia muy desarrollada en torno al papel central del ciudadano en la construcción de sus sociedades, papel que fue largamente escamoteado y ninguneado por las elites locales y que explica en parte la escasa atención que ha merecido en los arreglos normativos vigentes en prácticamente toda la región.

Con todo, por su origen politológico, este modelo sigue atrapado en los esquemas de democracia real dominantes en la disciplina. En ese sentido, para este enfoque, la democracia es ante toda una forma de gobierno basada en una serie de instituciones y procedimientos que regulan la circulación permanente de las elites mediante el sufragio efectivo. Como tal, una democracia puede ser perfectible en la medida que incorpore más derechos y garantías para que los ciudadanos puedan de manera efectiva vigilar, controlar y sancionar a sus autoridades. La adenda es en sí misma valiosa para enriquecer nuestro entendimiento de la democracia, pero ciertamente insuficiente para quien intuye que la democracia es mucho más que una forma de gobierno. Por ello, es menester considerar otros modelos de democracia para los cuales ésta es también una forma de sociedad, una forma de vida. El tránsito a este tipo de posiciones es importante, pues quizá las democracias realmente existentes pueden incorporar en sus arreglos normativos preceptos cada vez más justos y amplios para perfeccionarse, como sugiere el modelo de la calidad democrática, pero al mismo tiempo es muy probable que seguirán atrapadas en disputas mezquinas por el poder que por la vía de los hechos maniaten nuevamente a los ciudadanos y desactiven sus luchas y reivindicaciones. A final de cuentas, el entendimiento del poder en clave realista lleva a reconocer que el peso de los intereses creados no tiene reparos de ningún tipo y todo lo supedita a sus objetivos. De ahí que, aceptando la utilidad que en un primer momento puede tener el concepto y el análisis de la calidad democrática, es importante hurgar también en otros modelos de democracia, quizá menos realistas, para identificar la capacidad instituyente de la sociedad en una democracia y según la cual el que las elites busquen siempre imponer sus reglas y condiciones, más que una limitante es una condición de resistencia, subversión o afirmación creativa y participativa de la sociedad.

Además, en estricto sentido, el tema de la calidad de la democracia no es nuevo. Es tan viejo como la propia democracia. Quizá cambien los términos y los métodos empleados para estudiarla, pero desde siempre ha existido la inquietud de evaluar la pertinencia de las formas de gobierno: ¿por qué una forma de gobiernos es preferible a otras? Es una pregunta central de la filosofía política, y para responderla se han ofrecido los más diversos argumentos para justificar la superioridad de los valores inherentes a una forma política respecto de los valores de formas políticas alternativas. Y aquí justificar no significa otra cosa más que argumentar qué tan justa es una forma de gobierno en relación a las necesidades y la naturaleza de los seres humanos (la condición humana). En este sentido, la ciencia política que ahora abraza la noción de “calidad de la democracia” para calificar a las democracias realmente existentes, no hace sino colocarse en la tradición de pensamiento que va desde Platón —quien trató de reconocer las virtudes de la verdadera República, entre el ideal y la realidad— hasta John Rawls (1971) —quien también buscó afanosamente las claves universales de una sociedad justa—, y al hacerlo, esta disciplina pretendidamente científica muestra implícitamente sus propias inconsistencias e insuficiencias, y quizá, su propia decadencia. La ciencia política, que se reclamaba a sí misma como el saber más riguroso y sistemático de la política, el saber empírico por antonomasia, ha debido ceder finalmente a las tentaciones prescriptivas a la hora de analizar la democracia, pues evaluar su calidad sólo puede hacerse en referencia a un ideal de la misma siempre deseado pero nunca alcanzado.

Independientemente de estos derroteros e inconsistencias, considero que el modelo de calidad de la democracia puede ser útil para nuestro propósito de calificar el discurso de campaña de Peña Nieto sobre el futuro del país, en lo que respecta al grado de responsabilidad que entraña una vez que el susodicho asuma la presidencia. Para ello, retomo del modelo lo relativo a la responsiveness o responsabilidad de los políticos contraída ante los ciudadanos durante su campaña electoral. Según Morlino (2007, p. 30), la responsiveness alude a la correspondencia, responsabilidad o reciprocidad de las decisiones políticas a los deseos de los ciudadanos y la sociedad en general. Ahora bien, para medir el grado de responsiveness de una autoridad, como el Presidente de la República, se sugiere documentar sus discursos de campaña, que presumiblemente fueron avalados por la ciudadanía desde el momento que ésta decidió mayoritariamente elegir su oferta política entre otras en disputa, y contrastarlos con sus acciones de gobierno una vez en el cargo. De esta contrastación puede establecerse la correspondencia entre las promesas del gobernante y sus hechos, y conferirle un valor que resulta del porcentaje de promesas concretadas. Obviamente, un porcentaje muy bajo de promesas cumplidas (un 50 por ciento o menos) nos habla de una democracia de baja calidad, por cuanto los gobernantes democráticamente electos no satisfacen las expectativas generadas por ellos mismos entre los ciudadanos. Lo contrario vale para el caso de que los gobernantes materialicen en un porcentaje considerable sus promesas (un 80 o 90 por ciento). Huelga decir que en ninguna democracia puede aspirarse al 100 por ciento, pues son muchos los imponderables con los que se deben lidiar. No obstante ello, los buenos gobiernos son los que realistamente se aproximan más al ideal.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa —el discurso de campaña de Peña Nieto—, tenemos la limitante de no poder contrastar sus promesas con sus decisiones de gobierno, pues escribo este ensayo antes de que el candidato ganador asuma su responsabilidad como Presidente de la República. Es por ello que he optado por un ejercicio más libre de interpretación de los discursos a partir de la idea de futuro que subyace en ellos, una idea por definición altamente especulativa, pero no por ello imposible de confrontar con indicadores de la realidad precisos y objetivos. De corroborarse por esta vía mis intuiciones, quedará de manifiesto que en los discursos de campaña de Peña Nieto no sólo hay poco de rescatable, realistamente hablando, en cuanto a la idea de futuro que subyace en ellos, sino que incluso sería deseable que, dadas sus inconsistencias y contradicciones inherentes, ni siquiera se pusiera en práctica, pues de seguirlo a pie juntillas traería enormes perjuicios para el país. En consecuencia, paradójicamente, lo deseable en este caso es mantenernos en los próximos años con un bajo grado de responsiveness, aunque no califiquemos en los estándares internacionales de calidad democrática definidos por los especialistas. Obviamente, ironías aparte, poner las cosas en esos términos no habla nada bien de nuestra vapuleada democracia ni de nuestras posibilidades como país de un futuro mejor.

Pero antes de entrar en materia considero pertinente abordar, aunque sea someramente, un asunto de la mayor importancia para caracterizar nuestro presente y que ha ocupado el interés de muchos analistas: las implicaciones del regreso del PRI al poder para la democracia mexicana. Para ponerlo como interrogante, lo que hoy nos preguntamos muchos es si el regreso del PRI al poder significa una restauración autoritaria, una regresión o una mera alternancia de retorno. Considero pertinente el paréntesis, porque a final de cuentas las posibilidades de materializar la idea de futuro que se desprende de los discursos de campaña que llevaron a Peña Nieto a la presidencia estarán determinadas por factores reales y estructurales de poder, como la condición actual del régimen político. Obviamente, aunque no se abordarán aquí, lo mismo aplica para otros factores de gran importancia para México y el mundo, como la crisis global del capitalismo, el restablecimiento de políticas proteccionistas en Estados Unidos y otras potencias por efecto de la misma crisis, el fortalecimiento de los poderes fácticos a nivel global, etcétera.

3. La instauración fallida de la democracia

La transición mexicana a la democracia ha sido tan peculiar en su evolución y desenlace que muchos analistas prefieren desechar la así llamada “teorías de las transiciones” por considerarla inaplicable al caso mexicano. Sin embargo, proceder así es sólo un pretexto para evitarse la tarea de pensar con el rigor que exige el empleo de este corpus teórico, producto de años de investigación y miles de estudios de casos en todos los continentes. Además, desentenderse de esta teoría argumentando la especificidad del caso mexicano es una falacia, por cuanto cada proceso en consideración es único e irrepetible. De lo que se trata más bien es de enriquecer o depurar la teoría a partir de las particularidades de cada caso. Ciertamente, Se puede estar de acuerdo o no con esta literatura, pero si se emplean sus categorías para caracterizar un proceso específico, deberían al menos emplearse con rigor y evitarse así especulaciones superficiales y arbitrarias como las muchas que abundan entre los especialistas en México. En lo personal, he externado en varias ocasiones mis diferencias con la teoría de las transiciones,[6] pero a la hora de utilizar sus conceptos prefiero ceñirme a sus indicaciones antes que especular y alimentar la confusión. Dicho de otra manera, estudiar un proceso de transición específico con las categorías de la teoría de las transiciones no es un ejercicio arbitrario de imaginación o interpretación, sino uno riguroso de caracterización a partir de datos duros en el que no hay espacio para ocurrencias ni posicionamientos políticamente interesados. Eso corresponde más bien a los políticos profesionales, no a los académicos.[7] Dicho esto, la pregunta inevitable para quienes nos ocupamos de estudiar la política y la democracia en México es: ¿en qué momento de la transición a la democracia nos encontramos hoy, después del regreso del PRI al poder por la vía electoral?

He estudiado el tema de la transición mexicana en innumerables ocasiones y lo menos que quiero aquí es repetirme. Por ello sólo resumiré algunas cuestiones clave que me permitan aproximarme con mayores elementos a la interrogante apenas apuntada, no sin antes remitir a los interesados en el detalle a dichos textos.[8] En estricto sentido es incorrecto seguir describiendo a México con la categoría de “transición”, pues ésta concluyó en el 2000 con la alternancia. La explicación teórica es muy simple: una transición culmina cuando sucumben los pilares de dominación que caracterizaron a una determinada forma de ordenación política o régimen político. Sin duda éste es el caso de México, pues con la alternancia del 2000 sucumbieron tanto el partido hegemónico encarnado en el PRI (entendido como un partido no competitivo que basaba su dominio en factores extrademocráticos) como el presidencialismo (entendido como un poder ilimitado con enormes facultades constitucionales y metaconstitucionales), las dos estructuras sobre las cuales se sostenía todo el entramado institucional del viejo régimen priista.[9]

La alternancia en el poder marca pues, el fin de la transición mexicana, una transición muy larga y atípica que tuvo como eje las reformas electorales, dejando intacto el resto del entramado normativo. Dicha apertura limitada y controlada de la arena electoral fue más producto de las exigencias de un régimen autoritario por rasguñar legitimidad por la vía democrática en coyunturas de deterioro o abierta crisis política que de una voluntad democratizadora genuina por parte de las elites priistas. Como quiera que sea, la alternancia tiene lugar en una fase terminal del viejo régimen, atravesado por innumerables conflictos internos e incapaz de neutralizar el creciente repudio social en su contra. Con la alternancia y el fin de la transición se inaugura un nuevo proceso en México que la literatura especializada denomina “instauración democrática”.[10] Dicho proceso puede durar varios años y no hay ninguna seguridad de que culmine con éxito. La instauración democrática consiste básicamente en la derogación inmediata de las leyes y reglas antidemocráticas generadas durante el viejo régimen autoritario[11] y el diseño y aprobación de las nuevas reglas y normas acordes con las exigencias de un régimen democrático, o sea la aprobación de una nueva Carta Magna.

Cabe señalar que no ha habido hasta ahora ninguna transición democrática exitosa en el mundo que no haya pasado por una reforma integral de su Constitución, expresión normativa de los nuevos impulsos democráticos y renovadores. Como es obvio, en México no se ha podido materializar este requisito para instaurar la democracia y hacer tabla rasa del pasado autoritario. Lejos de ello, los impulsos democráticos surgidos con la alternancia han quedado atrapados en una normatividad obsoleta y predemocrática, alimentando todo tipo de perversiones y contradicciones, como parálisis decisionales, impunidad, abusos de autoridad, discrecionalidad y elecciones inauténticas o poco confiables. Huelga decir que sin una instauración democrática exitosa no se puede aspirar a consolidar la democracia. De hecho, sólo se puede consolidar lo que se instaura, y en México no ha prosperado hasta ahora la reforma del Estado o reforma constitucional que tanto se pregonó en su momento.

Con todo, hasta las elecciones de 2012 no había razones suficientes para decretar el fin de esta etapa o para hablar de una “instauración fallida”, si es que vamos a utilizar correctamente las categorías de la teoría de las transiciones. Ciertamente, en ausencia de un rediseño normativo del entramado político-institucional, México se había encaminado durante los años de la alternancia hacia un hibrido entre el autoritarismo y la democracia, un régimen con una democracia electoral visiblemente defectuosa aunque funcional, pero con grandes resabios autoritarios en el ejercicio del poder, cobijados y alentados por la pervivencia de las reglas del juego predemocráticas del viejo régimen. Además, dada la ausencia de referentes alternativos que anteponer a lo que los ciudadanos estábamos atestiguando, muchos comenzaron a dar por normal para una democracia lo que en realidad eran perversiones o desviaciones de la misma. Pero no todo estaba perdido, existía en el país una nueva y vigorosa pluralidad política, elecciones medianamente confiables y en algún lugar dormitaba aún la idea de que para avanzar en la democracia tarde o temprano tendría que reformarse la Constitución. Después de las elecciones del 2012 todo eso quedó en el pasado y no tenemos más remedio que caracterizar el momento político actual como una “instauración fallida” de la democracia, con tres posibles consecuencias: a) un impase en la democracia de larga duración; b) un colapso de la democratización en curso; y/o c) una regresión o restauración autoritaria disfrazada.

Para fines de análisis, por instauración fallida se entiende el fracaso del proceso de rediseño institucional y normativo que sentaría las bases del nuevo régimen democrático, ya sea por la imposibilidad y/o el desinterés de los actores políticos de llegar a acuerdos sustantivos en las arenas institucionales de negociación. En estos casos, es frecuente que los actores políticos, en especial los partidos, atribuyan la falta de consensos entre ellos a la pluralidad de posiciones a veces irreconciliables en el Congreso. Pero esto no deja de ser un ardid, pues la pluralidad constituye más bien un terreno idóneo para que los acuerdos que se tomen, si realmente hubiera voluntad de pactar, contemplen todos los intereses y posiciones presentes en la arena política. En virtud de ello, me inclino a pensar que la falta de acuerdos se debe más bien a cálculos políticos interesados, pues siempre será más rentable para los partidos políticos y los gobernantes moverse en la ambigüedad, la discrecionalidad y la impunidad que consienten las viejas reglas predemocráticas que hacerlo con nuevas más estrictas que inhiban o castiguen severamente ese tipo de conductas.

La tesis de la instauración fallida para caracterizar al México actual se sustenta en los siguientes hechos:

1. Si en tiempos de alternancia, con una nueva pluralidad en el Congreso, con el entusiasmo renovador surgido de la destitución en las urnas de un régimen autoritario de más de setenta años, no pudo concretarse la instauración democrática, o sea el rediseño institucional y normativo del nuevo régimen, esto menos ocurrirá con el regreso del PRI a Los Pinos en diciembre de 2012. No ocurrirá por varias razones, pero la principal es que no le interesa. Si hay un partido que se siente cómodo con las reglas del viejo régimen es precisamente el PRI, pues esas reglas no sólo fueron edificadas por este partido para perpetuarse en el poder, sino que nadie sabe aprovecharlas mejor que él para sus propios intereses. El PRI se siente como pez en el agua con esas reglas y sólo es cuestión de tiempo para que regresen las viejas prácticas clientelistas, corporativas y verticales que tantos beneficios le reportaron en el pasado a las cúpulas del partido.

2. La transición en México ha tenido como eje, antes y después de la alternancia, las reformas electorales, bajo la premisa a todos luces errónea de que bastaba perfeccionar las reglas de la competencia y la participación electoral para edificar una democracia. Es errónea porque un régimen político democrático es un todo integrado donde el sistema electoral es sólo uno de sus componentes. A la larga, de poco sirve pretender apuntalar una democracia con reformas electorales si junto con estas no se modifican cuestiones tan básicas para una democracia como el equilibrio entre los poderes, la forma de gobierno, el federalismo, la procuración de justicia, los medios de comunicación, la rendición de cuentas, entre miles de aspectos más.[12] De hecho, no se puede aspirar a consolidar la democracia electoral en ausencia de reformas al resto del edificio normativo e institucional. Huelga decir que si algo evidenció la elección presidenciales del 2012 fue precisamente el desgaste de la democracia electoral. Si las elecciones permitieron la alternancia en el 2000 con un buen margen de aceptación, hoy sólo producen desconfianza e incredulidad. Tal parece que con la normativa electoral vigente no gana el partido o el candidato más votado sino el que sabe aprovecharse mejor de las ambigüedades y vericuetos legales para comprar votos descaradamente, excederse ostensiblemente en los gastos de campaña, comprar encuestadoras para que funcionen como propaganda, comprar medios de comunicación para proyectarse y un sinnúmero de irregularidades más que enlodan y vuelven inequitativa de origen cualquier contienda electoral. A eso hay que sumar la sospechosa actuación del IFE (Instituto Federal Electoral) a todas luces parcial y discrecional a la hora de sancionar o no las querellas interpuestas por presuntos delitos electorales. Lo mismo puede decirse del TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) que terminó convalidando sin ningún pudor el cochinero que fueron estas elecciones. Es obvio entonces que si el PRI supo aprovechar esas reglas electorales maltrechas para regresar al poder lo menos que le interesa ahora es modificarlas para futuras contiendas, amén de que este partido contará a su favor con toda la maquinaría del poder, con recursos ilimitados y gran capacidad de movilización, tal y como ocurría en su época más gloriosa. Una razón más que evidente para decretar desde ahora el fin de la instauración democrática.

3. Todo gobierno requiere un umbral de legitimidad para mantenerse sin mayores sobresaltos. Dicha legitimidad puede ser de origen, la que proveen las urnas, o por gestión, la que se alcanza por un desempeño percibido como aceptable por parte de la sociedad. En el caso del próximo gobierno de Peña Nieto es evidente que los cinco puntos de diferencia obtenidos por él en las urnas respecto de su más cercano adversario no son suficientes para legitimarlo, considerando las grandes desconfianzas que suscitó su triunfo entre millones de mexicanos. De ahí que el nuevo presidente buscará invariablemente legitimarse por sus acciones. Ahora bien, si el PRI en el poder actúa como sabe hacerlo para neutralizar los efectos permisivos que heredará de los terroríficos gobiernos panistas,[13] lo más seguro es que obtenga buenos resultados para legitimarse. Pongo un ejemplo que por lo demás ya fue ensayado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que como se sabe es el principal maestro y mentor de Peña Nieto: si el gobierno pacta con alguno o algunos de los cárteles del narco (hoy es vox populi que el principal beneficiario de ese pacto serían “Los Zetas”), se podría “pacificar” el país, disminuir la violencia y el gobierno obtendría cuantiosos recursos provenientes del narco para impulsar políticas sociales y económicas de relumbrón.[14] Por esta vía Peña Nieto obtendría la legitimidad necesaria no sólo para neutralizar parte del descontento que hoy concita sino para desentenderse por completo de la exigencia de legitimarse mediante reformas electorales o reformas al régimen político, tal y como ocurrió con el gobierno de Salinas de Gortari, o sea que contará con un umbral suficiente de legitimidad como para posponer indefinidamente cualquier tipo de reformas democráticas. Es evidente que ese escenario más que factible abona igual que en los puntos anteriores a la tesis de la instauración fallida.

Hasta ahora hemos visto que con el retorno del PRI al poder la instauración democrática quedaría trunca por no decir abortada. Pero falta discutir si esto representa o no una restauración o regresión autoritaria.

Teóricamente, la idea de restauración autoritaria alude a un proceso donde se restituyen los componentes fundamentales del antiguo régimen después de un intervalo en el que dejaron de ser operantes. Por su parte, la regresión autoritaria supone un proceso de involución en los avances democráticos alcanzados en la era postautoritaria, lo que puede conducir al colapso definitivo del régimen democrático que apenas comenzaba a asentarse. Finalmente, la alternancia simple o de regreso significa básicamente que un partido que había sido destituido del poder central por la vía electoral regresa en una elección posterior, en el marco legal establecido y sin que ello represente per se una mutación en el ordenamiento político-institucional. Para variar, considerando estas categorías, el caso mexicano después de las elecciones del 2012 no entra plenamente en ninguna de ellas, sino que tiene un poco de cada una, aunque el desenlace final nos aproxima más a un autoritarismo de nuevo cuño que a una democracia incipiente. Veamos.

Con el regreso del PRI al poder es inevitable que se restituyan muchas de las prácticas autoritarias del pasado, por la sencilla razón de que durante la alternancia no se reformaron las leyes que las posibilitaban y estimulaban en la era autoritaria. Regresarán, por ejemplo, el corporativismo estatal tutelado por el Estado a través del PRI, el clientelismo como un instrumento para obtener apoyos y lealtades a cambio de dádivas, las imposiciones jerárquicas desde el vértice del poder presidencial, el ejercicio discrecional del poder central, entre otras muchas prácticas. Sin embargo, ahora existen ciertos condicionantes para el ejercicio del poder que no había en la era autoritaria y que difícilmente podrían ignorarse sin un alto costo para la legitimidad y la persistencia estable del nuevo gobierno. Se trata de límites específicos que al menos teóricamente nos impiden hablar inequívocamente de una restauración autoritaria, si acaso de una restauración parcial, tales como la existencia de un pluralismo lo suficientemente consolidado en todo el país como para dejarse doblegar por los embates restauradores; una ciudadanía más crítica y participativa que ya no se traga todo lo que le venden sus gobernantes y representantes políticos; una aceptación mayoritaria de la democracia como la vía más pertinente para dirimir los conflictos y elegir a los gobernantes, entre otros aspectos. Quizá todo ello funcione en el corto plazo como un baluarte contra una restauración autoritaria, aunque nada garantiza que así sea, pues el PRI en el poder podría reeditar a su conveniencia elecciones fraudulentas y simuladas semejantes a las que celebraba durante el viejo régimen con tal de mantener sus posiciones de poder. Lo peor del caso es que el PRI ni siquiera tendría que reformar o “ajustar” las leyes electorales vigentes para lograrlo, pues con las que hay es posible cometer impunemente todo tipo de irregularidades e ilícitos, tal y como quedó de manifiesto en las elecciones federales del 2012. Como quiera que sea, mientras ello no ocurra y por más que se reediten muchas de las prácticas autoritarias del pasado, sería impreciso caracterizar el retorno del PRI como una restauración autoritaria.

Dicho en otras palabras, sólo si el PRI optara por reproducirse en el poder mediante elecciones simuladas, inequitativas e impositivas similares a las que existían en la era autoritaria, sometiendo el pluralismo político y manipulando la voluntad popular, este partido recuperaría para sí su condición de partido hegemónico no competitivo que lo caracterizó durante décadas, o sea un partido que basa su hegemonía en factores extrademocráticos. Sólo entonces podríamos hablar propiamente de restauración autoritaria. Lo mismo puede decirse del presidencialismo, el otro pilar sobre el que se sostenía el viejo régimen. Sólo en un escenario en que el titular del Ejecutivo recobrara la centralidad incuestionada y todopoderosa de la era del presidencialismo imperial, ya sea imponiendo arbitrariamente su voluntad sobre los poderes Legislativo y Judicial, valiéndose para ello de todo tipo de argucias, chantajes y sobornos (situación por lo demás muy común en los gobiernos estatales donde gobierna el PRI), o actuando arbitraria y discrecionalmente a espaldas de los legisladores y ministros, sin apego alguno a la legalidad y sin ninguna responsabilidad frente a los gobernados, podríamos hablar propiamente de restauración autoritaria. Empero, nadie podría asegurar a estas alturas que este escenario no ocurra ahora que el PRI ha recuperado el poder central.

En virtud de las consideraciones anteriores, la categoría “regresión autoritaria” aplica mejor que la de “restauración autoritaria” para caracterizar el momento que estamos viviendo en México después de las elecciones federales de 2012, al menos por ahora. La razón es simple, mientras la restauración supone el restablecimiento fiel del viejo régimen después de un intervalo postautoritario, o sea la reposición para el caso mexicano de la condición hegemónica del PRI y del presidencialismo sin pesos ni contrapesos reales, la regresión alude simplemente a una involución respecto de los avances democráticos que se habían conquistado, colocando al país en una zona más próxima al autoritarismo que a la democracia. Dicha involución no supone, a diferencia de la restauración, regresar a un autoritarismo idéntico al que existía antes del intervalo postautoritario, sino simplemente colocar al país en una dirección cada vez más distante de la democracia. Sin embargo, mientras se mantenga la remota posibilidad de que el PRI pierda el poder mediante elecciones mínimamente correctas (pedir más a estas alturas, como transparencia, equidad o legalidad, es un eufemismo), la regresión autoritaria que hoy atestiguamos no dejaría de ser una muy sui generis si se consideran adecuadamente las indicaciones que la teoría establece. Me explico, que existen suficientes elementos para hablar hoy, con el regreso del PRI al poder, de una regresión autoritaria, es indudable, pero también podemos estar atestiguando la instauración incipiente de un híbrido institucional muy peculiar entre el autoritarismo y la democracia, igual que el viejo régimen priista, que para entendernos era un régimen formalmente democrático pero autoritario en la práctica. ¿Qué cambia entonces? Si durante los últimos años del viejo régimen lo que teníamos era un autoritarismo en transición a la democracia, ahora tenemos una democracia inconclusa en transición al autoritarismo (debido a la instauración fallida). Y respecto a la era de la alternancia postautoritaria, si antes del regreso del PRI al poder el país vivía un proceso de instauración democrática lento y débil, ahora experimenta una regresión autoritaria disfrazada, considerando que la instauración democrática quedará prácticamente confinada por no convenir a los intereses de los nuevos inquilinos en el poder.

Con respecto a la última categoría indicada al inicio, la de alternancia simple o de regreso, es indudable que aplica perfectamente para el caso del retorno del PRI, pues éste ocurrió por la vía de las urnas y en el marco legal establecido para el efecto. Sin embargo, el regreso del PRI al poder no constituye una alternancia más, como cualquier otra, pues lo que regresa es ni más ni menos que el partido que representa el eslabón con el pasado autoritario. Ni al caso discutir si hay una ruptura entre el viejo PRI y un supuesto nuevo PRI, pues es evidente que este partido ha sido incapaz de democratizarse y de adecuarse a las nuevas reglas democráticas. Sus dirigentes siguen funcionando con los mismos patrones y esquemas del pasado, pues son exactamente los mismos. En todo caso, la novedad de esta alternancia simple o de regreso radica en el hecho de que restituye en el poder al mismo partido que sometió al país al autoritarismo durante siete largas décadas, cuestión que posee una carga simbólica desconcertante y desmoralizante. De hecho, no existe en el mundo ningún caso semejante en que un mismo partido autoritario regrese al poder por la vía electoral. Nuevamente, México da la nota mundial y demuestra que hay pueblos sin memoria o incapaces de dejar en el pasado sus peores fantasmas y pesadillas, pueblos que entre la servidumbre voluntaria y la libertad a veces eligen penosamente la primera.[15]

Finalmente diré que existen suficientes evidencias para afirmar que la regresión autoritaria que experimentamos hoy en México fue pactada, o sea que el retorno del PRI al poder por la vía electoral contó con la complicidad de actores políticos clave de acuerdo a un plan preestablecido. Existen muchas razones para pensarlo, pero sobre todo las enormes suspicacias que generaron las elecciones presidenciales del 2012, donde observamos todo tipo de irregularidades, como la tibieza y parcialidad del árbitro electoral, el comportamiento insólito de ciertos personajes, la manipulación indiscriminada de las encuestas, la imposición mediática del candidato del PRI, etcétera.[16]

En suma, de acuerdo con esta caracterización, malos tiempos nos esperan a los mexicanos en lo que se refiere al proceso de democratización y afirmación de los derechos civiles y políticos que tan trabajosamente conquistamos en los años recientes. En ese contexto, las ideas promisorias de futuro implícitas en el discurso de campaña de Peña Nieto parecen tener un umbral de viabilidad poco plausible. Más aún, el verdadero desafío del nuevo inquilino en Los Pinos será hacer pasar por democráticas sus decisiones, en un contexto claramente regresivo o involutivo. Regresamos pues a la era de las simulaciones, a los tiempos de la democracia de fachada, a las retóricas oficiales de la democracia o “evangelio de la transición”.[17]

4. Las retóricas del porvenir

Mi insumo en esta parte son los discursos de campaña de Peña Nieto durante el proceso electoral de 2012 (alrededor de sesenta), incluyendo sus intervenciones en los dos debates presidenciales celebrados durante la contienda, así como su Plataforma Electoral Federal y Programa de Gobierno 2012-2018. Mi primera reacción sobre este conjunto de propuestas y declaraciones, además de la indigestión y cierto dolor de cabeza que me provocó leerlos y releerlos, es de perplejidad e incredulidad. Perplejidad, porque pintan a un candidato superdotado, casi un prohombre, que posee la fórmula mágica para solucionar todos los males del país y convertirlo en una potencia mundial. Incredulidad, porque nadie en su sano juicio puede dar crédito a tanto desatino disfrazado de optimismo.

Vistos en conjunto, los discursos de campaña de Peña Nieto constituyen un catálogo de buenos propósitos, soluciones prodigiosas, lugares comunes y poca sustancia. Sorprende que todas las propuestas y compromisos del candidato se originen en un diagnóstico de la actual problemática nacional absolutamente simplista y reduccionista. De ahí que la idea de futuro que emerge de esta lectura carezca de sustento sólido o de la más mínima veracidad. Por momentos, al leer estos discursos, me sentí en la era del viejo régimen, donde los candidatos faraónicos no tenían más límite que su imaginación para proyectar un país generoso lleno de prosperidad y grandeza. Resabio del pasado autoritario o estilo personal de perorar, el hecho es que nada diferencia a Peña Nieto de sus precursores priistas presidenciables a la hora de vender su proyecto de país para el porvenir.

Al parecer, doce años de alternancia no bastaron para modificar los viejos usos y costumbres priistas, como la grandilocuencia y el estruendo discursivo, la desmesura y la exageración para concitar apoyos, aunque dicha enfermedad, siendo justos, terminó contagiando a todos los partidos y a todos los políticos por igual. La prudencia y el buen juicio, la sobriedad y la moderación son virtudes poco cultivadas o apreciadas por la clase política en general. ¿Y cómo no prometer las perlas de la virgen si nada ni nadie obliga en nuestro país a los gobernantes a responder por sus dichos? Herencia de setenta años de dictadura perfecta, la política sigue concibiéndose en México como el botín de unos cuantos, como el reino de la impunidad, como el lugar donde todo se puede…

Por todo ello, hablar en México de calidad de la democracia parece una broma, un chiste de humor negro. Aquí simplemente están ausentes todos los indicadores de calidad que propone el modelo. Más aún, México desafía las premisas del modelo y lo deja muy mal parado, pues demuestra que para todos los fines prácticos se puede ser una democracia pero sin democracia, donde la calidad democrática, bien explotada discursivamente, es un eufemismo para el lucimiento personal de los políticos. Veamos. Nada hay más ilusorio en México que suponer que existe un autentico Estado de derecho (rule of law). Más que imperio de la ley lo que aquí tenemos es un imperio de la impunidad, la ilegalidad y la corrupción. Los ejemplos son tan cotidianos para todos los mexicanos que ni al caso ahondar en el tema. Y qué decir de la accountability (rendición de cuentas), una auténtica tomadura de pelo disfrazada de ley de acceso a la información. Si algo caracteriza al quehacer político en México es la opacidad y la discrecionalidad en todos los niveles de la administración pública. Siempre hay maneras para maquillar las cifras, justificar partidas, disfrazar licitaciones… Al final, nadie sabe y nadie supo. Pero eso sí, los políticos se llenan la boca a la menor provocación de “transparencia”, la palabra mágica que todo lo santifica y purifica.

En esas circunstancias, esperar que los representantes políticos respondan (responsiveness) por sus dichos, o sea que llenen de contenido sus promesas y compromisos, es simplemente un disparate. Si los ciudadanos en México estamos desprovistos de instrumentos legales para exigir cuentas a nuestros políticos, para vigilarlos y sancionarlos cuando se extralimitan en sus funciones, o incluso para revocarles el mandato en situaciones extremas de corrupción o abusos de autoridad, más aún lo estamos para exigir reciprocidad a nuestros representantes cuando ejercen el poder. En ningún lugar aplica mejor que en México la frase popular “prometer no empobrece, dar es lo que aniquila”. Finalmente, nada hay más insatisfactorio en México que la libertad y la igualdad. Si por libertad se entiende en el esquema de la calidad democrática la extensión de derechos a sectores sociales y minorías largamente marginados del mismo, para ejercer sin reparos de ningún tipo sus libertades elementales, nuestro país presenta en este rubro déficits históricos abismales. Baste mencionar la indefensión en la que viven los grupos indígenas del país o la discriminación o exclusión de las que siguen siendo objeto las mujeres. En cuanto a la igualdad, México es quizá el país más inequitativo del mundo. Aquí la pobreza sigue siendo extrema y muy extendida, así como reducida y concentrada en pocas manos la riqueza. En esas circunstancias, en nada enorgullece a un país como el nuestro contar con el hombre más rico del planeta, pues es la constatación más grosera de la desigualdad que nos cruza de norte a sur.

En suma, en un país de mentiritas como el nuestro,[18] el país donde todo se puede, prometer un México que renace de sus cenizas para convertirse en un dechado de virtudes y conquistas, para envidia del mundo, es pecata minuta. La fórmula, además, parece infalible para seducir incautos, pues se ha abusado de ella una y otra vez en el México posrevolucionario, y luego en el postautoritario, y aun antes, en las muchas dictaduras, imperios y repúblicas liberales y conservadoras del siglo XIX. El discurso de campaña de Peña Nieto, como veremos aquí, no es la excepción. Hay en su hechura y estilo todos los ingredientes de la escenificación épica tan socorridos en el pasado, la visión reificada de un futuro glorioso, la transmutación milagrosa de nuestros males endémicos en bienes tangibles y perdurables, como quien multiplica los panes para que todos coman o convierte el agua en vino para que todas beban felices. De ahí que Peña Nieto emerja de su prédica casi casi como el Mesías redentor, el sanador de las almas toscas, el salvador de los oprimidos o, en clave autóctona, el nuevo “tata”. Habrá que ver si le alcanzan sus ambiciones para convertirse también, de pasadita, en el “Jefe Máximo”, el “principal priista”, el “presidente imperial”, pues, como dijimos antes, la mesa está servida para que así lo sea.

Pero no toda la culpa es de Peña Nieto. Hay un resabio cultural heredado del viejo régimen muy arraigado en los mexicanos que nos predispone a renovar nuestras esperanzas como nación cada seis años, después de constatar con amargura que el último redentor nacional resultó un fiasco, que el poder lo transformó y alejó del pueblo, volviendo al país una pesadilla de la que sólo queremos despertar cuanto antes. Si es de la mano de un nuevo redentor que así sea. Total, “más pior no nos puede ir”. La historia se reproduce ad nauseam, pues todo complota para que así sea. Así como los ciudadanos solemos personificar nuestras tragedias en la figura del presidente en turno, descargando en Él nuestras frustraciones y congojas, el presidente en turno juega con este paternalismo cultural para enseñorearse y empoderarse. Es muy fácil, en esas circunstancias, que algunos gobernantes pierdan el piso. En casos extremos, este juego de espejos puede conducir a paroxismos delirantes o esquizofrénicos: “Defenderé el peso como un perro…”, “¿Y yo por qué…?”, “México es hoy un país más seguro”… Fenómeno que la sabiduría popular ha sabido representar magistralmente: “el poder marea”, “si el poder corrompe, el demasiado poder corrompe demasiado”…

Sirvan estas premisas para examinar ahora el contenido de los discursos de campaña de Peña Nieto. Como ya se dijo, mi interés es analizar su consistencia y viabilidad en contraste con el país que bocetan para el porvenir. Propongo para ello volver a las interrogantes planteadas al inicio: a) ¿qué nos dicen los discursos de campaña sobre el futuro del país?, b) ¿qué tanto se corresponden los discursos de campaña sobre el futuro del país con los deseos y percepciones de la sociedad en general?, y c) ¿cuál es el grado de veracidad y la viabilidad real de dicha idea de futuro bocetado en el discurso? Para fines de análisis, me concentraré en tres grandes temas que por lo demás reflejan muy bien el cúmulo de asuntos que inquietan a la nación en la actualidad: democracia, economía y seguridad.

4.1. Democracia

Por lo expuesto en el inciso 3, la palabra “democracia” en boca de Peña Nieto suena en realidad a engaño, burla e imposición. En efecto, el priista llega a la Presidencia mediante un proceso electoral plagado de irregularidades en que sus operadores políticos echaron mano de todos los recursos a su alcance, viejos y nuevos, previsibles e inimaginables, para lograrlo: compra descarada de votos en todo el país, compra de encuestadoras con fines propagandísticos, imposición mediática del candidato, y una lista interminable de acciones ejecutadas con precisión milimétrica, aprovechando las muchas oscuridades y ambigüedades legales vigentes en el marco normativo electoral. Asimismo, Peña Nieto representa todo lo contrario a la democracia, no sólo porque proviene del PRI, el eslabón que ata irremediablemente al país a un pasado autoritario de más de setenta años, sino porque pertenece al grupo priista más pernicioso y mafioso de todos, el conocido Grupo Atlacomulco ampliado, una suerte de Cosa Nostra o camorra priista, que cuenta entre sus miembros a finísimas personas, como Salinas de Gortari, Arturo Montiel y los hijos de Hank González. Con todo, ello no obsta para que Peña Nieto se presente en sus discursos de campaña como un demócrata genuino comprometido con los valores de la democracia, como la tolerancia, el respeto a las diferencias, la transparencia, la búsqueda de acuerdos, etcétera.

Sin embargo, si en algún tema de campaña Peña Nieto fue particularmente evasivo y abusó de las generalidades y los lugares comunes es precisamente en el de la democracia del porvenir. Así, por ejemplo, la idea que manejó en todas las ocasiones que abordó el tema fue que el país avanzará en su sexenio hacia “una democracia fuerte y consolidada, participativa y con gobernabilidad, respetuosa de la ley y el federalismo”.[19] “Proponemos consolidar —reitera en otro discurso— una gobernabilidad democrática como forma de ejercicio de gobierno fundada en la ley, el respeto, la tolerancia y la disposición a colaborar con todos”.[20] O este otro cargado de optimismo: “Nuestra democracia no es patrimonio de un candidato o de partido alguno. Nuestra democracia es patrimonio de todos los mexicanos de hoy y mañana, y como tal debemos conservarla y fortalecerla”.[21] Más general y ambiguo imposible. En este planteamiento que se repite hasta el cansancio en los discursos de Peña Nieto no hay nada rescatable, no hay un diagnóstico serio y puntual de los problemas y déficits de nuestra democracia, de la insatisfacción y malestar que producen todavía los procesos electorales, de las evidentes lagunas y contradicciones normativas en materia electoral, de los muchos retos que existen para avanzar hacia un auténtico Estado de derecho, de las inercias autoritarias que perviven en nuestra Constitución, etcétera. Nada. Sólo un conjunto de buenos deseos, dando por descontado que en materia de construcción de la democracia es poco lo que hay que hacer, pues supuestamente el país ha dado pasos firmes e irreversibles en esa dirección:

Algo que México ha logrado en los últimos años, que sin duda es un gran activo y que no podemos perder, ni debiéramos dejar que esto suceda, es nuestra democracia. Nos llevó años construirla. Le llevó años a la sociedad mexicana lograr esta condición democrática que hoy el país vive, y que permite una participación equitativa a los partidos políticos, espacios para participar más allá de lo que cada partido represente y tenga el respaldo entre la sociedad, todos los partidos tienen espacios igualitarios y equitativos para participar en la contienda y competencia democrática.[22]

Que Peña Nieto subestime por omisión los muchos problemas de nuestra maltrecha democracia tiene sentido, pues el PRI regresa fortalecido al poder por la vía electoral y vendiendo la idea de que fue este partido el que permitió la democracia en su momento, que fue respetuoso de la ley cuando perdió el poder, y que ahora regresa renovado y más democrático que nunca, gracias a la existencia de una democracia sólida y madura:

 [El PRI] ha sabido entender el cambio político que México ha experimentado, esta transición democrática que hemos tenido y se ha preparado para competir […], para potenciar y exhibir lo que han sido sus logros, reconocer sus errores y desaciertos, pero sobre todo, en el clima y en el marco de una competencia democrática, favorecer y privilegiar sobre todo la propuesta, el proyecto, la solución que queremos llevar a los mexicanos.

                De las competencias, no sólo en ésta que es la presidencial, en todas las competencias donde mi partido ha participado, hay que reconocer la actitud madura y civilizada que ha adoptado, donde ha defendido sus victorias, pero también ha sabido reconocer sus derrotas, y ésta debiera ser, entre otras, muestras de una actitud de avanzada, de madurez y de civilidad que hoy debieran tener los partidos políticos en esta competencia democrática.[23]

Obviamente, se trata de una perorara muy conveniente para un partido que como el ave Fénix regresa de sus cenizas. Pero poco hay de persuasivo en ello, pues cualquiera sabe que si la sociedad echó al otrora partido oficial del poder en el 2000 fue por hartazgo, y si ahora regresa es porque el experimento panista resultó un Frankenstein, no porque la gente esté convencida de la metamorfosis democrática del PRI o de las bondades de la democracia electoral.[24] Por esta vía retórica se crea una ilusión que poco ayuda a reconocer los problemas estructurales que hoy agobian a la democracia mexicana, una espejismo que sólo alimenta el conformismo y el inmovilismo, cuando en realidad, como he sostenido en otra parte, en materia de democracia todo está por hacerse en México.[25]

Por otra parte, recurriendo a un artilugio muy frecuentado durante el viejo régimen, y hoy francamente obsoleto, Peña Nieto hace depender el desarrollo democrático del desarrollo económico:

Nuestra preocupación y gran responsabilidad es revertir este estado de cosas en el país, dar un golpe de timón con el que la nación recupere el rumbo para que, en el corto y mediano plazo, demos respuestas concretas que permitan un combate frontal a la pobreza y a la desigualdad; que sea a través del desarrollo económico, con empleos formales y una mejor distribución de la riqueza nacional, como logremos no sólo la justicia social, sino poner a salvo la democracia, restaurar el Estado de derecho, darle sustentabilidad al crecimiento y recuperar nuestro prestigio y papel en el contexto internacional.[26]

La fórmula es retórica, porque por enésima ocasión se hace depender el desarrollo democrático de factores externos a la democracia, que de no concretarse condenan a aquélla a la parálisis. Una justificación muy cómoda para no comprometerse más de la cuenta con acciones especificas que permitan apuntalar la democracia, como la reforma del Estado o una auténtica reforma electoral, y para echarle la culpa de los pocos avances que se puedan alcanzar al respecto a la pervivencia de rezagos socioeconómicos muy arraigados en el país, imposibles de revertir en el corto plazo de un sexenio. La misma monserga de siempre, la del viejo régimen y la de los gobiernos de la alternancia, pero ahora más rupestre, pues si algo exhibe Peña Nieto al hablar de democracia es una total ignorancia. Salvo esto, nada hay en el discurso del próximo presidente de la República que no evoque la vieja perorata priista de la “justicia social”, el principio articulador del nacionalismo revolucionario, un fin superior y etéreo en nombre del cual se posponían todos los demás, como la propia democracia. Por esta vía claramente demagógica el viejo régimen pospuso setenta años la democratización del país, y lejos de materializar el ideario de justicia social que con tanta convicción y vehemencia repitieron sus emisarios condenó a millones de mexicanos a la más insultante y lastimosa de las desigualdades socioeconómicas.

De más está decir que al hacer depender el desarrollo democrático del desarrollo socioeconómico se vuelven a posponer indefinidamente las tareas sustantivas que demanda rehacer una democracia tan maltrecha como la nuestra. En otras palabras, lo prioritario en la óptica de Peña Nieto no es el estado de salud de la democracia sino las difíciles condiciones socioeconómicas del país, por lo que aliviando éstas mejorará en automático aquélla. Un argumento a todas luces falaz y tramposo, pues se trata de problemáticas distintas, igualmente importantes, y que requieren medidas específicas para encararlas con alguna posibilidad de éxito. El escenario inmediato para la democracia que se desprende de todo ello es poco promisorio y empata perfectamente con lo que ya apuntaba en el inciso 3 sobre la regresión autoritaria: con el retorno del PRI estamos más cerca del autoritarismo que de la democracia.

De ahí las generalizaciones en el discurso de Peña Nieto caminan solas, si la democracia no ha logrado convencer a todos —afirma—, es porque “cuando una sociedad no ve avances, mejoras, resultados, precisamente a partir del régimen democrático que ha consolidado, viene el desencanto que se convierte en un riesgo mismo para la democracia”.[27] Y es precisamente aquí donde Peña Nieto saca la varita mágica:

Por ello, he venido postulado de tiempo atrás que hoy se trata de lograr que nuestra democracia vaya más allá del mero terreno electoral y dé lugar a gobiernos eficaces que realmente den mejores resultados a la sociedad, a quienes gobiernan, a quienes se deben y para quien deben de trabajar.[28]

Al parecer, Peña Nieto tiene en sus manos la fórmula secreta de la eficacia, de un gobierno que al ofrecer resultados seducirá al gentío y sumará a su causa a las ovejas descarriadas; todos adorarán a partir de ahora la democracia y creerán de nuevo en las instituciones. Ni al caso comentar un argumento tan obtuso como éste. O el priista olvida que la gobernabilidad democrática, sustentada en la eficacia gubernamental, es muy difícil de alcanzar porque son muchos los intereses que hay que conciliar, más en un país donde el pluralismo político ha sido todo menos dócil con el gobernante en turno, o sobrestima sus propias capacidades ¿autoritarias? para imponer su voluntad al resto de los actores y para neutralizar sus efectos negativos. En todo caso, eficacia es precisamente lo que menos puede garantizar hoy en día un político a su pueblo en ninguna parte del planeta sin parecer arrogante o sin faltar a la verdad. Una fórmula tan gastada como insustancial en tiempos donde la economía de un país puede despeñarse porque cae la bolsa de Hong Kong.

Hasta aquí la retórica de Peña Nieto sobre la democracia. Nada que rescatar. Si acaso advertir que poco se le podrá exigir al respecto en el futuro, en sintonía con el principio de reciprocidad que postula el modelo de la calidad democrática, pues más allá de prometer eficacia en su gestión y una democracia sana, el priista ha preferido moverse en la superficie en este tema tan decisivo para el país. Si el diagnóstico de la democracia que subyace en su discurso es tan pobre, todo lo demás resulta irrelevante. Para Peña Nieto la democracia goza de cabal salud y sólo necesita mejor ventilación para desarrollarse al máximo. Y luego quieren que uno no sea suspicaz.

4.2. Economía

Si la retórica de Peña Nieto sobre la democracia raya en la tragicomedia, su retórica sobre la economía nacional del porvenir podría hacer llorar a los chinos y a más de una potencia emergente, porque México no sólo saldrá de su postración sino que en poco tiempo eclipsará los logros de aquéllos. De ese tamaño es el optimismo del priista a la hora de bocetar el México del futuro: “un país con una economía productiva, moderna, dinámica y competitiva, con crecimiento y empleo”; “un país justo, sin desigualdad ni pobreza, con equidad y calidad de vida, con una distribución más equitativa de la riqueza”.[29] Y si de prometer se trata, y ya entrados en gastos, por qué no de una vez triplicar el crecimiento:

Y me comprometo también a triplicar el crecimiento económico de México, para que realmente ofrezcamos a la sociedad presente y a las futuras generaciones, y especialmente a los jóvenes, oportunidades de empleo.[30]

[…] para pasar del 1.7 en promedio que ha crecido México en estos últimos 12 años, para lograr un crecimiento real, porque es posible y realizable, entre el 5 y el 6 por ciento.[31]

Pero no se le puede pedir cordura a un candidato que en su ignorancia reduce la economía a una simplificación extrema:

 […] cuando no se crece no se abren oportunidades de empleo. Y cuando los empleos que se generan no son suficientes, los que se propician son de baja paga, son mal remunerados, porque una mayor oferta presiona eventualmente a más empleos. No es el único factor, pero sin duda importante: mayor oferta, más empleo, mejor remunerado. Y esto tiene que ver con el crecimiento económico.[32]

De ahí las simplificaciones se encadenan sin remedio: para generar empleos se deben atraer inversiones y para atraer inversiones se deben ofrecer seguridades y ventajas competitivas a las empresas internacionales. Para ello se debe aprovechar la vecindad con Estados Unidos y potenciar las relaciones económicas con otros países y zonas productivas. Asimismo, en la medida que México sea más competitivo, se generan divisas que bien invertidas nos harán crecer de manera sostenida. Y una economía sana, productiva y competitiva, generará cada vez más empleos y prosperidad social:

Para que realmente México recupere su vos de liderazgo […] tenemos que lograr un mejor desempeño en nuestra economía que genere más empleos, y que a partir de ahí y que en una alianza permanente del gobierno y en una política industrial que siga el gobierno en apoyo a los emprendedores de nuestro país, lograr que la presencia de México en el mundo se amplié y sea mayor. Esto, el que tenga México esa presencia, en la zona Asia Pacífico, Sudamérica, Centroamérica, y muy señaladamente con América del norte para lograr esta integración productiva y competitiva frente al mundo en esa medida México tendrá un mayor desarrollo en su interior, pero hay que insistir: esto debe llevarnos primero a que las cosas cambien al interior, que volvamos a tomar el rumbo del crecimiento económico, de combatir eficazmente la pobreza de acabar con la inseguridad y de devolver a los mexicanos paz y libertad.[33]

Y ya desbordados de optimismo, por qué no prometer la erradicación de la pobreza, el hambre y la marginación:

Mi propuesta es muy clara, de llegar a ser presidente de México quiero logar un México incluyente y sin pobreza, un México donde realmente los mexicanos tengan mayores oportunidades, porque es la pobreza, sin duda, el tema más indignante y lastimoso entre los mexicanos. Es impensable que en esta época, en esta era, en pleno siglo XXI más de la mitad de los mexicanos vivan en condición de pobreza, y 21 millones de mexicanos pasen hambre y no sepan qué van a comer día a día.

                Pero esto es lo que tiene que cambiar, como presidente de México voy a cambiar esta condición, y propongo particularmente 3 acciones específicas: erradicar el hambre, erradicar la pobreza alimentaria en la que viven, insisto, más de 20 millones de mexicanos.[34]

Ojalá las cosas fueran tan simples como las pinta Peña Nieto, pero lamentablemente poco abona al optimismo en las actuales circunstancias del país. Pero de nuevo, en un país donde no se exigen cuentas y los representantes no tienen tampoco la obligación de ser responsables de sus dichos de campaña, todo se vale. En ese sentido, no hay nada en el discurso de Peña Nieto distinto al de sus predecesores en el cargo cuando buscaron el respaldo popular. Todos desbordaban optimismo y dibujaban un México extraordinario, y al final todos escondían la cola entre las patas, como el tristemente célebre perro que no pudo defender el peso. Algo debe tener de seductor el discurso de la grandeza que nos espera, del cuerno de la abundancia que nos colmará de bendiciones, que la gente sigue apostando cada sexenio por él, sabiendo de antemano que Santa Claus no nos quiere. De qué tamaño ha de ser la postración y la desesperación nacional como para depositar de nuevo su fe en el santo partido que precisamente nos arrojó al infierno en el pasado, condenándonos a la pobreza y la desigualdad que hoy promete erradicar. Ver para creer.

Por todo ello, no resulta descabellado que Peña Nieto sustente su optimismo nacional en los resultados que arrojó su gestión como gobernador en el Estado de México, una gestión que en su opinión fue exitosa en todos los sentidos. El argumento tendría fuerza, a no ser que si hubo un estado que en los últimos años ha visto un deterioro crítico en el crecimiento económico y en la calidad de vida de sus habitantes ha sido precisamente el Estado de México.

4.3. Seguridad

Si hay un tema sensible para los mexicanos y que preocupa sobremanera es precisamente el de la inseguridad. Como es sabido, el gobierno de Felipe Calderón incendió al país con una guerra inútil al narco, con la que pretendió legitimarse al inicio de su sexenio, pero que sólo trajo desgracia y luto. No voy a repetir aquí lo que todo mundo sabe al respecto, como las cifras de muertos y desaparecidos, los daños colaterales y las mentiras fabricadas con fines propagandísticos en torno a esta guerra fracasada,[35] simplemente diré que el asunto del narcotráfico y el crimen organizado exige una estrategia oficial radicalmente distinta para ser viable y revertir la espiral de violencia que ha desatado. Y en materia de estrategias no hay muchas opciones ni mucha ciencia: o se legaliza la producción, el consumo y la distribución de las drogas para neutralizar al narco o el Estado pacta con el narco. Obviamente, es difícil que un gobernante se pronuncie a favor de la primera opción, pues el lavado de dinero alimenta una economía subterránea que no sólo atenúa la escases de fuentes de trabajo y capitaliza el mercado nacional, sino que sus efectos permiten que un amplio sector de la burocracia y las fuerzas del orden obtengan cuantiosos recursos que el Estado no les provee. Por su parte, la segunda opción es políticamente incorrecta, y ningún político puede pronunciarse a su favor sin ser severamente cuestionado, pues lo que se espera es precisamente que condene al crimen organizado y lo enfrente.

En el caso de los discursos de campaña de Peña Nieto sobre el tema, hay muy poco que rescatar, pues se mantiene en lo políticamente correcto, no hay condenas enérgicas a los entuertos de Calderón, pero tampoco propuestas alternativas consistentes. Se podría afirmar incluso que Peña Nieto apuesta más a la continuidad de la estrategia de Calderón que a proponer modificaciones a la misma. Lo cual no obsta para exhibir una confianza excesiva en su capacidad para neutralizar los embates del narcotráfico: “México será un país sin violencia, con un gobierno eficaz para erradicarla”;[36] “Me comprometo a darle a México nuevamente paz, orden y tranquilidad”.[37] Sin embargo, a la hora de proponer estrategias concretas para lograr tan loables metas, Peña Nieto cae en los lugares comunes de siempre, o sea en más de lo mismo, como si esas fórmulas no se hubieran ensayado antes sin éxito o como si él contara con el talento y la visión que otros no tuvieron para convertir al agua en oro. Aquí sus propuestas en la materia:

1. Fortalecer la prevención del delito y la participación comunitaria para atender los factores de la delincuencia y no sólo sus consecuencias.

2. Preservar la vida y la integridad de las personas, de sus familias y su patrimonio, así como disminuir la violencia y elevar la eficacia con la que se combate al crimen organizado.

3. Aplicar una estrategia que tenga como soporte el respeto a los derechos humanos.

4. Mejorar la estructura y funcionamiento de los órganos encargados de la procuración y administración de justicia.

5. Asegurar que la actuación del Ministerio Público sea ajena a todo tipo de criterios que no sean de orden técnico jurídico, evitando la injerencia del titular del Poder Ejecutivo en la investigación y determinación de su competencia.

6. Fortalecer institucionalmente a los cuerpos de seguridad con nuevas tecnologías y equipamiento policial, así como privilegiar las acciones de inteligencia y estrategia en su accionar.

7. Crear un centro de inteligencia único que concentre, sistematice y ofrezca a las autoridades competentes toda la información necesaria para la efectiva lucha contra el crimen organizado.

8. Crear órganos de procuración de justicia y de policía especializados en la lucha contra el consumo y tráfico de drogas.

9. Alentar la participación de la sociedad en todas las acciones orientadas a la seguridad pública y a recuperar la paz social.

10. Valorar la propuesta de establecer mecanismos de auditoría ciudadana que coadyuven a mejorar los programas de seguridad pública y procuración de justicia.[38]

Pero más allá de los discursos, que como vemos no aportan nada original, hay buenas razones para suponer que Peña Nieto optará por negociar con el crimen organizado, que a final de cuentas es una creación alimentada y tolerada por el viejo régimen, un hijo bastardo del priato, y que Salinas de Gortari apapachó al grado de beneficiarse personalmente de sus relaciones con los capos del narco. Se trata, obviamente, de la única salida efectiva para disminuir la violencia sin llegar a los extremos de cancelar la “contribución económica” al país por parte del narco, legalizando las drogas. Más aún, ello le redituaría enormes beneficios económicos al gobierno de Peña Nieto para impulsar con éxito medidas sociales de relumbrón (Salinas verbi gratia), amén de que se mostraría eficaz ante la sociedad para disminuir la violencia que nos abruma a todos. Obviamente, todo eso ocurriría en lo oscurito, algo que dominan muy bien los artífices de la otrora dictadura perfecta. Bueno, eso es lo que sugiere la lógica, lo que está por verse es si el razonamiento lógico es posible para alguien que no ha leído un libro completo en toda su vida.

Hay muchos otros temas abordados en los discursos de campaña de Peña Nieto, como educación, seguridad social, política exterior, etcétera, pero si con los más importantes nos quedamos en la superficie, imagínense con los demás. Nada de rescatable hay en ellos. Mejor terminar aquí para pasar a las conclusiones.

5. Conclusiones

Qué mejor que retomar en esta parte final las preguntas formuladas al inicio y que orientaron mi búsqueda en este ensayo:

a) ¿Qué nos dicen los discursos de campaña de Peña Nieto sobre el futuro del país? Prácticamente nada. Peña Nieto prefirió explotar la retórica de la grandilocuencia que la reflexión mesurada, prefirió vender soluciones mágicas que medidas realistas y viables. De cumplirse las promesas de campaña de Peña Nieto México sería el mejor país del planeta, un lugar sin pobreza ni marginación, con pleno empleo, sin violencia ni traumas, próspero y competitivo, con educación de calidad y calidad de vida para todos, sin desigualdad ni monopolios, pujante y confiado en su futuro. Precisamente por eso, no hay nada en esta retórica digno de ponderarse, pues sólo nos vende sueños de opio, sueños que cualquiera puede comprar dada la postración en la que sobrevive el país después de doce años desperdiciados. Mejor tocar el cielo con una retórica idílica que el realismo frío y chocante de nuestro presente. Por todo ello, poco se le podrá exigir a Peña Nieto, pues su discurso del porvenir es tan intangible como irrealizable. Si acaso, los mexicanos sólo esperamos que las cosas no vayan peor que ahora. No creemos en las soluciones mágicas, sólo queremos vislumbrar una rendija para seguir respirando. Peña Nieto lo entendió, y por eso se fue a los extremos. Mejor pintar el país del futuro color de rosa, aunque nadie lo verá, que barnizar la frustración nacional con más frustración.

b) ¿Qué tanto se corresponden los discursos de campaña de Peña Nieto sobre el futuro del país con los deseos y percepciones de la sociedad en general? Prácticamente nada. Peña Nieto ganó la presidencia no porque su discurso rosa del porvenir haya seducido a los electores. Lejos de ello, los mexicanos hemos aprendido a golpes y estirones qué podemos esperar de nuestros políticos y qué no. No creemos en soluciones mágicas ni en promesas de marinero. El PRI regresa no porque haya ofrecido la mejor opción de futuro al país, sino porque muchos la concibieron como la menos mala de todas. Hace mucho que los mexicanos dejamos de votar con la esperanza a cuestas, pues sólo hemos recibido de nuestros gobernantes silencio y olvido; hoy votamos más bien para castigar la negligencia y para constatar si finalmente un gobernante nos tomará en cuenta o seguirá gobernando en el vacío, convencidos que algún día dará de sí el delgado hilo de la gobernabilidad y México podrá despertar entonces de su postración. Más valdría pues, que el próximo presidente no se crea el “elegido”, o que crea que sus promesas de campaña son la piedra filosofal que el pueblo estaba esperando. Pensar así es una ilusión tan vana y huera como la propia retórica del porvenir que Peña Nieto alimentó irresponsablemente en sus discursos de campaña.

c) ¿Cuál es el grado de veracidad y la viabilidad real de dicha idea de futuro bocetado en el discurso de campaña de Peña Nieto? Ninguna. Más aún, lo más seguro es que los mexicanos atestigüemos derroteros contrarios a los vislumbrados por el próximo presidente. En particular, poco cabe esperar en materia de democracia, pues el regreso del PRI nos aproxima más, por las razones expuestas, a una espiral involutiva y regresiva en los derechos políticos que habíamos conquistado hasta ahora. Con el regreso del PRI al poder regresan muchas de las prácticas y formas de hacer política con las que se perpetuó en el poder el siglo pasado: clientelismo, discrecionalidad, abusos de autoridad, imposiciones, corporativismo estatal, influyentismo, etcétera. Algo lamentable para un país que no terminaba de construir nuevos referentes políticos más próximos a las exigencias de una democracia. En suma, malos tiempos nos esperan a los mexicanos en materia de libertades y derechos elementales. Al tiempo.

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[1] En otra parte he calificado este tipo de estudios como “la bazofia de la ciencia política” (Cansino, 2008).

[2] La pauta fue establecida desde antes de la constitución formal de la ciencia política en la segunda posguerra en Estados Unidos, por un economista austriaco, Joseph Schumpeter, quien en un libro de 1942 (Capitalism, Socialism and Democracy) propuso una definición “realista” de la democracia distinta a las definiciones idealistas que habían prevalecido hasta entonces. Posteriormente, ya en el seno de la ciencia política, en un libro cuya primera edición data de 1957, Democrazia e definizioni, el politólogo italiano Giovanni Sartori insistió puntualmente en la necesidad de avanzar hacia una definición empírica de la democracia que permitiera conducir investigaciones comparadas y sistemáticas sobre las democracias modernas. Sin embargo, no fue sino hasta la aparición en 1971 del famoso libro Poliarchy. Participation and Opposition, de Robert Dahl, que la ciencia política dispuso de una definición aparentemente confiable y rigurosa de democracia, misma que adquirió gran difusión y aceptación en la creciente comunidad politológica al grado de que aún hoy, casi cuatro décadas después de formulada, sigue considerándose como la definición empírica más autorizada. Como se sabe, Dahl parte de señalar que toda definición de democracia ha contenido siempre un elemento ideal, de deber ser, y otro real, objetivamente perceptible en términos de procedimientos, instituciones y reglas del juego. De ahí que, con el objetivo de distinguir entre ambos niveles, Dahl acuña el concepto de “poliarquía” para referirse exclusivamente a las democracias reales. Según esta definición una poliarquía es una forma de gobierno caracterizada por la existencia de condiciones reales para la competencia (pluralismo) y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos (inclusión).

[3] Entre los principales animadores del debate sobre la calidad democrática destacan Guillermo O’Donnell (2004a y 2004b); Philippe C. Schmitter (2004); G. Birnham Powell, Jr. (2004); David Beetham (2004) y Leonardo Morlino (2003).

[4] Muy en la línea de lo que Sartori ha planteado recientemente sobre la crisis actual de la ciencia política (Sartori, 2004),

[5] En ese sentido, el modelo de calidad de la democracia me recuerda otro que en los años ochenta del siglo pasado tuvo gran influencia en América Latina, la “definición mínima” de democracia propuesta en su momento por el filósofo Norberto Bobbio (1984), pues con ella los latinoamericanos pudimos reconocer sin florituras ni afeites las condiciones mínimas que nos permitían hablar de democracia, en contextos donde el concepto había sufrido todo tipo de usos y abusos a manos de los políticos e ideólogos de turno.

[6] Véase, por ejemplo, Cansino (2008 y 2009a).

[7] El tema de la transición en México ha sido tan manoseado por todos (intelectuales, académicos, políticos, periodistas, analistas, etcétera), más con fines políticos que heurísticos, que ha terminado por ser uno de esos conceptos que significa todo y nada al mismo tiempo, por lo que se puede emplear para decir cuanta barbaridad se quiera. A ello ha contribuido no sólo la actualidad del tema, que por ese simple hecho suscita controversias, sino el total desconocimiento o el conocimiento superficial de la literatura politológica sobre el particular. Véase Cansino (2011b).

[8] Véase, por ejemplo, Cansino (1994, 1997, 2000, 2004, 2007, 2009a, 2009b y 2011a); Cansino y Covarrubias (2006 y 2007) y Cansino y Nares (2011).

[9] La categoría clásica de “partido hegemónico” se debe a Sartori (1976), la definición del presidencialismo mexicano como un “poder ilimitado con enormes facultas constitucionales y metaconstitucionales” se debe a Carpizo (1978), aunque también resulta ilustrativa la definición aportada por Krauze de “presidencialismo imperial” (2002). Con todo, el primero que sostuvo que el PRI y el presidencialismo constituían los pilares de dominación del régimen posrevolucionario en México fue Cosío Villegas (1972).

[10] Véase, por ejemplo, Morlino (1980 y 2007), Schmitter y O’Donnell (1986) y Cansino (2002).

[11] En transiciones desde dictaduras militares, estos regímenes suelen considerase estados de excepción destinados a disolverse tarde o temprano una vez que se hayan logrado los objetivos que propiciaron su irrupción, como poner orden en la economía, suprimiendo para ello derechos y garantías ciudadanas. Obviamente, este no es el caso del régimen político mexicano posrevolucionario que, sin ser democrático, nunca se concibió como excepcional o transitorio, sino como un régimen formalmente democrático, aunque por sus componentes autoritarios, fuera más bien una “democracia de fachada”. Véase Cansino (2009a).

[12] Sobre este tema, véase Cansino (2004), Cansino y Nares (2011) y CERE (2004).

[13] Está por aparecer un libro de mi autoría donde evalúo los saldos del panismo en el poder del 2000 al 2012 (Cansino, 2012b).

[14] Sobre el tema del narco en México, véase Cansino y Molina (2010).

[15] Sobre el tema de la cultura política en México remito a los interesados a Cansino (2012a).

[16] Sobre este tema remito a los interesados a Cansino (2012c).

[17] Así lleva por título un libro de mi autoría sobre el tema (Cansino, 2009).

[18] Sara Sefchovich dixit (2008).

[19] Plataforma electoral federal y programa de gobierno 2012-1018, marzo de 2012, p. 4. (http:// http://www.ife.org.mx /portal/site/ifev2/Plataformas_electorales/).

[20] Ibíd., p. 6.

[21] Manifiesto de Peña Nieto: “Por una presidencia democrática”, 21 de mayo de 2012 (www.enriquepenanieto.com/dia-a-dia/entrada/por-una-presidencia-democratica-manifiesto/).

[22] Discurso de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, 11 de mayo de 2012 (www.enriquepenanieto. com/sala-de-prensa/entrada/encuentro-en-el-universidad-iberoamericana).

[23] Ídem.

[24] Véase Cansino (2012b), donde analizo los saldos del panismo en el poder.

[25] Cansino (2010, cap. 6: “Una democracia toda por hacerse”).

[26] Plataforma electoral…, cit., p. 5 (subrayado mío).

[27] Discurso de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, 11 de mayo de 2012 (www.enriquepenanieto. com/sala-de-prensa/entrada/encuentro-en-el-universidad-iberoamericana).

[28] Ídem.

[29] Plataforma electoral…, cit., p. 5.

[30] Discurso de Peña Nieto en Comitán, Chiapas, 31 de marzo de 2012 (http://enriquepenanieto.com/sala-de-prensa/entrada/visita-a-comitan-chiapas).

[31] Discurso de Peña Nieto en Cd. Juárez, Chihuahua, 1 de abril de 2012 (http://enriquepenanieto.com/sala-de-prensa/entrada/compromiso-con-la-seguridad).

[32] Discurso de Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, 11 de mayo de 2012 (www.enriquepenanieto. com/sala-de-prensa/entrada/encuentro-en-el-universidad-iberoamericana).

[33] Peña Nieto en el Primer Debate Presidencial, 10 de junio de 2012.

[34] Ídem.

[35] A los interesados en ello los remito a mi libro sobre la guerra al narco: Cansino y Molina Carrillo (2010).

[36] Plataforma electoral…, cit., p. 9.

[37] Discurso de Peña Nieto en Aguascalientes, Aguascalientes, 21 de abril de 2012 (http:// enriquepenanieto.com/sala-de-prensa/entrada/en-el-encuentro-con-estructuras-territoriales-de-aguascalientes)

[38] Plataforma electoral…, cit., p. 5.

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