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Primicia del libro de C. Cansino, Caja sin Pandora. La clausura del saber en la Universidad (México, Debate, en prensa, cap. 3)*

 
La presión trepadora desemboca en el ascenso de los mediocres […]. Se supone que el darwinismo ferozmente competitivo debería entronizar a los excelentes, no a los incompetentes. Pero las carreras trepadoras están llenas de pruebas supuestamente objetivas cuyos resultados no se miden tan fácilmente […]. Evaluar a una persona para un puesto o premio, evaluar la importancia de una obra, no puede ser exacto. Si, para evitar la discusión, todo se reduce a mediciones mecánicas, el resultado es absurdo. El candidato con más puntos puede ser un mediocre […]. La competencia trepadora no siempre favorece al más competente en esto o en aquello, sino al más competente en competir, acomodarse, administrar sus relaciones públicas, modelarse a sí mismo como producto deseable, pasar exámenes, ganar puntos, descarrilar a los competidores, seducir o presionar a los jurados, conseguir el micrófono y los reflectores, hacerse popular […]. La selección natural en el trepadero favorece el ascenso de una nueva especie darwiniana: el mediocris habilis.

Gabriel Zaid[1]

 I

Nunca las ciencias sociales y las humanidades en México[2] habían producido más obras, más libros, más artículos y más investigaciones de todo tipo como en la actualidad; nunca como ahora las editoriales universitarias le habían dado tanto espacio en sus acervos a la producción proveniente de las ciencias sociales y las humanidades; nunca como ahora habían existido tantos apoyos y recursos estatales para que los investigadores en estas áreas pudieran divulgar sus obras… y nunca como ahora se había publicado tanta chatarra como la que se atreve a publicar la inmensa mayoría de los científicos sociales y humanistas mexicanos, aunque nadie lo reconozca. En efecto, la producción de libros y artículos especializados en ciencias sociales y humanidades parece en la actualidad incontenible, pero muy poco de lo mucho que se publica, si acaso un modesto uno o dos por ciento, es digno de ser publicado, muy poco posee los mínimos indispensables de calidad y rigor como para ir a la imprenta, y muy poco califica como investigación especializada o como contribución original al avance del conocimiento en las ciencias sociales y las humanidades. Lejos de ello, las librerías universitarias y no universitarias están atestadas de libros y revistas especializadas que a nadie le interesan y que nadie compra, a no ser sus autores, libros insulsos y grises cuya única función es garantizar la promoción de sus autores como investigadores en el escalafón de sus respectivas universidades o en alguno de los diversos programas de estímulos a la investigación científica creados al cobijo del Estado, como el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP).

Como académico con muchos años de experiencia, he podido constatar con tristeza el terrible deterioro que han mostrado las ciencias sociales y las humanidades en el país. A estas alturas he visto de todo: libros colectivos integrados con las versiones estenográficas de las ponencias de un coloquio o seminario; libros de investigadores que sus propios autores se encargan de desaparecer del mercado por vergüenza de lo malos que son; refritos de un libro o un artículo al que su autor sólo le cambia el título o algún capítulo; libros y revistas especializadas ilegibles, plagados de faltas de ortografía, publicados sin el menor respeto por las reglas del estilo y la redacción; libros colectivos de varios artículos sin un eje temático definido que justifique su integración en el mismo volumen; libros y libros que sólo valen por el papel en que están impresos, una vergüenza para todas las editoriales universitarias y muchas no universitarias que con tal de hacer negocio con los investigadores ávidos de publicar le ponen su sello a auténticas baratijas. En ningún caso aplica mejor que en éste la sentencia de que la cantidad arruina la calidad. La actual inflación de libros y artículos especializados en ciencias sociales y humanidades es directamente proporcional a la contracción de las ideas y la ética científica o intelectual. Quizá en el pasado había también pocos trabajos rescatables en las imprentas universitarias, pues los criterios para publicar en ellas, salvo raras excepciones, han sido casi siempre extraacadémicos (relaciones de los investigadores con los directivos universitarios, influencias, palancas, padrinazgos intelectuales, etcétera),[3] pero la abrumadora abundancia de bazofia académica que se publica en la actualidad ha eclipsado los excesos y displicencias que pudieron haberse cometido en otros tiempos. Hoy cualquier investigador puede publicar un libro o artículo en la casa editorial o en las revistas especializadas de su universidad o de otras universidades, con o sin influencias en su medio, con tal de que disponga de los recursos para publicarlo gracias al apoyo otorgado por el Estado, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) o el PROMEP, con la consabida leyenda: “Este trabajo es parte de las actividades realizadas por el Cuerpo Académico tal y se publica con el respaldo de la partida tal…” En suma, nunca como ahora las ciencias sociales y las humanidades en México habían estado peor, tan visiblemente huérfanas de talento y calidad, sin una competencia sana que se traduzca en un real avance científico o humanístico, absolutamente desacreditadas como sus propios cultivadores, auténticos buscadores de “puntos” para promoverse en un medio cada vez más poblado y mediocre y donde todos hacen lo mismo para asegurar su porvenir y seguir viviendo de la academia. Todo ello sin mencionar que las ciencias sociales en general acusan una grave crisis producto de sus propias contradicciones y limitaciones para ofrecer con los métodos existentes saberes realmente científicos.[4] Y por si fuera poco, tampoco es un secreto para nadie que los títulos universitarios se han devaluado enormemente porque cada vez se otorgan de manera más discrecional, flexible y arbitraria, ya sea porque se ha suprimido como requisito la elaboración de tesis o porque los programas educativos, sobre todo los de posgrado, conceden los títulos sin ton ni son con tal de demostrar que cumplen con lo que se ha dado en llamar “eficiencia terminal”, que es un requisito para que dichos programas puedan seguir usufructuando recursos del CONACYT. En efecto, hoy cualquiera puede obtener un Doctorado, basta cursar los créditos respectivos y presentar una monografía o una tesina.

Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación de indefensión en las ciencias sociales y las humanidades en México?, ¿qué explica esta suerte de “chatarrización” sin precedentes en la producción científico social y humanística?, ¿por qué se ha dejado crecer sin control ni medida la mediocridad y la deshonestidad académica en las escuelas y facultades de ciencias sociales y de humanidades en el país? En mi opinión, como trataré de explicar en este ensayo, la respuesta hay que buscarla en el propio sistema de recompensas diseñado y puesto en marcha por el Estado mexicano para estimular la investigación científica y humanística, una política en el campo del desarrollo científico mal concebida e instrumentada que en los últimos treinta años en lugar de promover la investigación de excelencia ha propiciado la sobreproducción, pero de libros y artículos inútiles e insustanciales. Estamos pues, en presencia de una paradoja: la estrategia estatal para estimular la investigación científica, no obstante los recursos destinados al efecto (por lo demás siempre insuficientes), en lugar de lograr su cometido, lo ha inhibido por completo, generando todo tipo de simulaciones y perversiones en lo que a la investigación en ciencias sociales y las humanidades se refiere, una situación por lo demás muy cómoda para los miles de investigadores en estos campos del conocimiento, que con el tiempo han aprendido muy bien a sustituir la investigación seria, esforzada, profesional y de largo aliento, por rollos y maquinazos rústicos y aburridos, un juego perverso al que todos se acomodan y que nadie cuestiona porque siempre será más fácil vivir de la mediocridad que de la exigencia.

Por lo que concierne a este ensayo, me referiré exclusivamente a las ciencias sociales y a las humanidades en México, pues la problemática de las ciencias exactas, igualmente sumidas en el abandono y el retraso en nuestras universidades, es de otro tipo. En este caso, la producción científica tiene sus propias reglas y los resultados de investigación alcanzados sólo cuentan si se publican en las revistas especializadas con reconocimiento internacional en cada disciplina. Aquí la producción no puede ser por definición abundante sino selectiva. Ningún resultado de investigación en el campo de la neurofisiología en México, por poner un ejemplo cualquiera, tendrá valor científico si no aparece publicado en The Journal of Neurophysiology, la revista más reconocida mundialmente en el campo. Todo lo que un neurofisiólogo publique en otro lado no será más que divulgación científica, no investigación original. El problema aquí es que los investigadores en ciencias exactas en países subdesarrollados como el nuestro simplemente no pueden competir con sus pares en los países desarrollados, que les llevan años luz de ventaja. Dicho en otras palabras, los países pobres no producen Premios Nobel en ciencias duras, salvo quizá alguna muy rara excepción. Y pese a que no podemos meter en el mismo saco a las ciencias sociales y a las ciencias exactas, también estas últimas han sido víctimas a su modo del modelo de desarrollo científico estatal, pues los físicos, los biólogos, los químicos y demás científicos duros de nuestro país también han debido subirse al tren de la “puntitis”, publicando a diestra y siniestra, haciendo pasar por investigación científica lo que en realidad es, por las razones apuntadas, mera divulgación de la ciencia, lo cual no deja de ser un derrotero poco estimulante para un investigador científicamente correcto. Obviamente, los mejores talentos, los más honestos, pasarán a engrosar las filas de los cerebros fugados, o sea migrarán a las universidades estadounidenses o europeas. Un desenlace igualmente paradójico de un programa estatal de promoción científica que se propone precisamente retener en el país a nuestros cerebros. Por lo demás, no es casual que en el programa estatal de estímulos a los investigadores del país, el SNI, los investigadores de ciencias sociales y humanidades casi doblen en número a los de las ciencias exactas. Prueba más que evidente de la inflación irracional de las primeras y de la penuria estructural de las segundas.

 II

Hay una realidad que ya no puede ocultarse o minimizarse so riesgo de seguir alimentando un engaño con graves consecuencias para el desarrollo científico en el país. El sistema estatal de promoción de la ciencia en México no sólo ha sido insuficiente sino también contraproducente en relación con sus propios objetivos. Tal y como está concebido, promueve más la mediocridad que la excelencia, más la simulación que la honestidad, más la fuga de cerebros que su retención en el país. La situación ha llegado a niveles tan alarmantes que si no se corrige la estrategia cuanto antes la ciencia y la tecnología nacionales en lugar de coadyuvar al desarrollo de nuestro país serán un reflejo más del desastre y la ruina que hoy padecemos en todos los ámbitos. Para empezar, las estrategias y los programas oficiales de desarrollo científico deben distinguir de manera neta entre las ciencias sociales y las humanidades, por una parte, y las ciencias exactas, por la otra. Los criterios para calificar las aportaciones de los investigadores de unas y otras no pueden ser asimilados. De hecho, colocarlas en el mismo saco es uno de los peores errores cometidos por el SNI y que explica en buena medida los resultados descritos antes.

No voy a entrar aquí a discutir el carácter de cientificidad de las ciencias sociales ni cuál de ellas se ha aproximado o se ha alejado más en los hechos del canon de cientificidad dominante. Para mis fines me basta apuntar que las ciencias sociales en general no han alcanzado aún la “normalidad” que sí han conquistado las ciencias exactas,[5] lo cual se traduce en una pluralidad de paradigmas, enfoques y corrientes en disputa en el seno de cada disciplina social, donde lo que es metodológicamente correcto para algunos es incorrecto para otros. Todo ello se ha traducido en una producción incontenible de investigaciones y obras, sin contar con un rasero compartido por todos para medir su pertinencia metodológica y heurística, por no decir científica. Y con todo, hay obras en el campo de las ciencias sociales que trascienden y otras con las que no pasa nada, lo cual depende del rigor y la seriedad con la que fueron producidas o de la originalidad de sus planteamientos, independientemente del paradigma o la corriente en la que se mueven sus autores. Con ello quiero destacar el hecho de que una política institucional eficaz de promoción de las ciencias sociales lo que debe apoyar, estimular y calificar es la calidad y nunca la cantidad. De nada sirve publicar cinco libros y diez artículos al año si con ellos no pasa absolutamente nada, si no aportan nada relevante para la comunidad de pares. Lo mismo vale para las obras en el campo de las humanidades. Ahora bien, la calidad de una obra de ciencias sociales, por la pluralidad teórica que les es inherente, no puede establecerse en apego a un único criterio de cientificidad con el que comulgan los responsables de calificarla, pues sería un proceso a todos luces arbitrario. Lejos de ello, el mejor criterio es establecer con objetividad si la obra en cuestión ha sido influyente en su campo, si ha sido apreciada por sus pares tanto nacionales como en otros países, si se ha discutido con profusión, si ha sido premiada, si se ha publicado en una editorial seria, de preferencia no universitaria, si ha circulado abundantemente tanto en el país como en el extranjero, si se ha reseñado, si se ha traducido a otros idiomas, etcétera. Aunado a ello, dado que las ciencias sociales atienden o se proponen atender cuestiones que atañen directa o indirectamente a las sociedades actuales, debe ponderarse si las obras en cuestión han traspasado los muros de la universidad y han interesado a un público no lego, lo cual es una virtud que los científicos sociales deberían cultivar más de lo que lo hacen ahora, o sea escribir sus obras de manera clara, fluida y amena. En suma, lo que debe calificarse más que otra cosa es si la obra de un investigador se discute, o sea genera debate, modifica percepciones sobre los asuntos abordados, genera opinión pública, trasciende socialmente, algo muy distinto que en el caso de las ciencias exactas, donde lo que se califica es exclusivamente la contribución científica. Más específicamente, en las ciencias sociales y las humanidades la calidad de una obra no puede establecerse exclusivamente por su mayor o menor apego a los paradigmas científicos dominantes o de moda, lo cual siempre será arbitrario y subjetivo, sino por su mayor o menor trascendencia tanto para los pares como para la sociedad. De algún modo la obra escrita de los científicos sociales y los humanistas puede equipararse a la de los artistas, es decir, una obra es exitosa si logra colocarse en el gusto del público. Lo mismo vale para una canción, una novela, una obra de teatro o un libro especializado. En las ciencias sociales y las humanidades no caben o no deberían caber argumentos en defensa de un elitismo intelectual mal entendido, como decir que la ciencia es sólo para iniciados, por lo que sus cultivadores no deben preocuparse por trascender socialmente. Si los grandes científicos sociales, como Habermas, Adorno, Sartori, Dahl, Easton, Benjamin, Hirschman, Sen, y tantos otros, alcanzaron notoriedad mundial no es porque escribieron para públicos cautivos sino para públicos más amplios, no es exclusivamente por el rigor científico de sus obras sino por la originalidad y repercusión de sus ideas y planteamientos. Se puede ser más o menos riguroso en el empleo de los métodos de búsqueda de conocimientos, pero al final lo que crea escuela y discípulos son las propuestas y soluciones, la claridad argumentativa y la congruencia de los autores. Es el público en general, más que los iniciados, los que conceden y quitan autoridad intelectual y moral a los académicos, una lección nada despreciable para los investigadores empeñados en instalarse en su torre de marfil sin conexión con el mundo real, enclaustrados en sus cubículos como monjas, refugiados en sus elucubraciones hiperespecializadas que a nadie interesan. La ciencia social es social o no es, y las humanidades son humanas o no son.

Por otra parte, debe calificarse la congruencia de una obra, pues hacer pasar un trabajo como científico sin serlo en realidad es una simulación inaceptable. No basta con citar autores, plantear una hipótesis o presentar un marco teórico para que una obra sea científica. De hecho, este es un mal muy frecuente entre los científicos sociales obligados a barnizar sus obras de cientificidad aunque no hayan conducido ninguna investigación empírica rigurosa. Es mejor establecer claramente si una obra es un ensayo, lo cual no le resta mérito alguno, en lugar de revestirla de una cientificidad que no posee. Por lo demás, si lo que los investigadores presentan son resultados de investigaciones científicas empíricas, lo que deberá calificarse es la pertinencia en el empleo de los métodos y la formulación de las hipótesis, la congruencia con la que se mueven en el paradigma teórico de su elección. Pero aun en este caso no puede subestimarse la trascendencia de la obra más allá de los pocos expertos que además de ellos trabajan el tema investigado. Si en las ciencias exactas la especialización ha sido una condición sine qua non para el avance científico, en las ciencias sociales puede conducir a la irrelevancia y la parcialidad, cuestiones muy destacadas por quienes han analizado la crisis actual de las ciencias sociales.[6]

En esta misma línea, publicar artículos en revistas especializadas no debe ser un factor determinante a la hora de calificar la producción de los científicos sociales y los humanistas, no al menos como en el caso de los investigadores de las ciencias exactas, donde una publicación en el Journal más reconocido de su especialidad vale más que cien libros. En las ciencias sociales, por el contrario, los artículos publicados en revistas especializadas no trascienden como los libros, en parte porque tienen una circulación restringida o porque no se consumen más que por los propios especialistas. De hecho, en la mayoría de los casos, las revistas especializadas, por más reconocimiento que tengan, sólo sirven para abultar los curricula de los investigadores y para que estos obtengan puntos para su promoción, pues su receptividad es limitada y prácticamente no se discuten. Además, las revistas especializadas en México, sobre todo las que tienen reconocimiento oficial en el padrón de revistas científicas del CONACYT, se han convertido en auténticos feudos o cotos de poder académico donde siempre publican los mismos autores mediante criterios más de lealtad o de identificación de grupo que de calidad o de rigor.[7] La discrecionalidad con la que se integran los contenidos de estas revistas es tal que nadie confía en sus supuestos niveles de exigencia, como la existencia de arbitrajes neutrales o su cacareada inclusión en los índices internacionales de revistas científicas. Más aún, dada la poca o nula repercusión que tienen, a veces resulta más fructífero para los investigadores publicar sus artículos en revistas no especializadas pero de amplia circulación, revistas totalmente demonizadas o descalificadas por los puristas de la ciencia, quienes se refieren a ellas como publicaciones no académicas y de divulgación. Claro está que si lo que contara realmente es, como debe ser en las ciencias sociales y las humanidades, la repercusión social del trabajo de los investigadores, publicar en estas revistas tan estigmatizadas resulta más gratificante que hacerlo en las elitistas que nadie lee. En virtud de ello, esta diferenciación excluyente y discriminatoria entre artículos publicados en revistas especializadas y los publicados en revistas no especializadas pero masivas no se sostiene a la hora de calificar las publicaciones de los investigadores, sobre todo en las ciencias sociales y las humanidades, pues con frecuencia tiene más mérito publicar en las segundas en lugar de las primeras.[8] Obviamente, eso no significa que publicar artículos en las mejores revistas internacionales especializadas, o sea en revistas no mexicanas inmunes a las perversiones de nuestra maltrecha y contaminada academia, no tenga su mérito. De hecho, dichas revistas —un puñado en cada disciplina social o humanística— tienen niveles de exigencia tan altos que publicar en ellas es un auténtico triunfo y una garantía de que el trabajo publicado en sus páginas es original y valioso. Pero siendo realistas, un científico social sólo podrá publicar, si bien le va, uno o quizá dos artículos al año en revistas especializadas tan prestigiosas. Por lo que, de nuevo, es la calidad y no la cantidad lo que cuenta. Además, la inflación de revistas especializadas no es exclusiva de nuestro país. En todas partes existen revistas igualmente irrelevantes e intrascendentes como las nuestras. Saber discernir entre las revistas de excelencia y las mediocres debe ser pues, el criterio para calificar los artículos que ahí aparecen.

Llegados a este punto es posible hacer una primera recomendación para calificar los productos de investigación en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, y de paso revertir la tendencia dominante de publicación indiscriminada de libros y artículos chatarra. En su evaluación periódica ante el SNI o el PROMEP el investigador podrá reportar cuantas obras quiera pero deberá seleccionar sólo una (libro o artículo) con la que quiera ser evaluado, la que considere fue más influyente en su campo o la más rigurosa y seria producida durante el tiempo en revisión o la que recibió algún o algunos premios o reconocimientos. De entrada, quedan descartados las compilaciones de libros colectivos o los artículos publicados en libros colectivos, pues casi siempre se trata de volúmenes que no aportan nada destinados a inflar el curriculum de sus autores. Es más, ironizando un poco, quien presente obras de este tipo para demostrar su producción científica, debería ser expulsado en automático del SNI. Lo mismo vale para libros o volúmenes colectivos publicados con el auspicio del CONACYT o el PROMEP mediante recursos destinados a los así llamados “Cuerpos Académicos” (CA), una autentica aberración de la que hay que desconfiar, pues esta figura de pésimo gusto, como veremos más adelante, sólo ha alentado la formación de redes de investigadores cuyo único objetivo es publicar cuantas cosas se les ocurra a sus integrantes con el objetivo de promoverse en los escalafones establecidos. Aquí la calidad de las obras es lo que menos cuenta. De igual modo, habrá que reprobar todas las obras que se sometan a evaluación publicadas por imprentas universitarias, tanto públicas como privadas, o que sean publicadas por sellos comerciales en coedición con una universidad, pues si alguien ha alentado la mediocridad en la producción científica y humanística son precisamente las editoriales universitarias.[9] El desprestigio de las imprentas universitarias es tal que sólo con una medida drástica como ésta se puede revertir esta tendencia y obligarlas a ser más responsables y exigentes a la hora de publicar las obras de sus investigadores. Lo mismo vale para todas las tesis que se convierten en libros, pues salvo escasas excepciones, se trata de investigaciones elaboradas para cubrir un requisito formal, no de obras cuyo fin es el avance científico per se. Finalmente, habrá que reprobar también todos los libros que presenten los investigadores publicados en editoriales apócrifas que publican por pedido y a cuenta de los propios autores, pues estas obras, no pasan ningún control. De hecho, cada vez es más frecuente que los académicos publiquen por esta vía sus obras, o sea en ediciones que ellos mismos pagan, y que obliguen a sus alumnos a comprarlos para recuperar la inversión que hicieron. A estos académicos oportunistas y vividores habría que expulsarlos de por vida del SNI. La lista de editoriales fantasma de este tipo es inmensa, pero cualquiera puede identificarlas sin dificultad.[10] En suma, publicar libros de investigación no puede ser una prerrogativa exclusiva de los propios investigadores capaces de allegarse de recursos por los canales institucionales que hoy existen, sino un desafío, pues las editoriales comerciales serias y responsables también se verían obligadas a publicar sólo aquellos trabajos que conjugan calidad y novedad, o sea que sean originales y económicamente rentables, que despierten el interés del público en general y tengan mercado.[11]

Con este criterio de evaluación se desalienta entonces, la dinámica dominante de publicar por publicar para dar paso a la publicación exclusivamente de trabajos de calidad. Además, facilita la tarea de los evaluadores, quienes deberán concentrarse en una sola obra de cada investigador y no en cientos de publicaciones que nunca podrán leer a profundidad. Sería recomendable, asimismo, que el investigador evaluado se entreviste con el comité que lo evalúa para hablar personalmente de la obra que presentó y responda a las inquietudes que surjan, siempre y cuando, como veremos más adelante, se depuren las reglas de integración de dichos comités, los cuales están atravesados en la actualidad por todo tipo de suspicacias. Asimismo, por esta vía se revaloraría el trabajo científico y se depuraría el SNI de académicos oportunistas e inescrupulosos. A la larga, sólo los investigadores cuya obra trascienda y alcance reconocimiento nacional e internacional tendrían cabida en los programas oficiales de estímulos, lo que obligaría a los mismos a colocarse metas más exigentes que las que hoy tienen, a ser más competitivos, y a ser más selectivos a la hora de escoger donde publicar sus obras. No hay que olvidar que el sistema educativo, en general, y el subsistema científico, en particular, son por definición selectivos. Sólo los más capaces, los que demuestren suficiencia y calidad, pueden aspirar a permanecer en él. Suponer lo contrario sólo alienta la mediocridad y la irrelevancia que hoy nos ahoga.

III

En todo caso, lo que los sistemas de estímulos a los investigadores deben premiar o castigar periódicamente es ante todo la calidad de la investigación, o sea la obra escrita. Todo lo demás que hoy se considera consustancial al trabajo académico sólo puede ponderarse de manera complementaria y opcional, como asesorar tesis, coordinar equipos de investigación, impartir conferencias, organizar simposia y seminarios, formar redes de investigadores, pertenecer a CA, asistir a congresos, etcétera. De hecho, al igual que la displicencia con la que se aceptan obras chatarra en las evaluaciones de los investigadores, considerar estos aspectos secundarios a la hora de calificar el trabajo de los investigadores ha conducido a todo tipo de perversiones y simulaciones insostenibles, o sea que ha contribuido al profundo deterioro que hoy acusan las ciencias sociales y las humanidades en México. Para entendernos, pondré a continuación algunos ejemplos.

No cabe duda que asesorar una tesis es una gran responsabilidad para cualquier investigador, de una buena asesoría depende muchas veces que el producto del tesista sea relevante para la disciplina y se generen sinergias de trabajo en el futuro. Sin embargo, esta mística de la asesoría profesional de tesis se ha perdido por completo en los años recientes. Contaminada por las exigencias de la eficiencia terminal, la gran mayoría de los programas de posgrado promueven la titulación expedita sobre la calidad de las tesis. La consigna es titular a cuantos pasantes se pueda sin reparar en el rigor y la originalidad de las tesis presentadas. Así, me ha tocado ver académicos que dirigen semestralmente treinta tesis de posgrado y que todos se titulan con ellas en menos de un año, he visto tesis verdaderamente ilegibles, plagadas de errores de contenido y de estilo pero que alcanzaron honores, he visto tesis de doctorado tan elementales que una monografía escolar de preparatoria resulta infinitamente superior, he visto tesis que constituyen auténticos plagios de otras obras o tesis, y que son aprobadas sin el menor rubor, he visto como los coordinadores de un posgrado les sugieren a los egresados rezagados de su programa que contraten los servicios de un despacho profesional que se ocupa precisamente de ¡hacer tesis! por módicas sumas, mismos que han proliferado de manera incontrolada en todo el país. En casos extremos, cuando la permanencia de un posgrado en el Programa Nacional de Posgrado (PNP) del CONACYT depende de la eficiencia terminal, he visto titulaciones masivas de toda una generación con auténticas monografías escolares, he visto situaciones en las que el propio posgrado le otorga al estudiante becas muy cuantiosas con tal de que termine su tesis en tres meses, he visto como un jurado se traslada al lugar de residencia del tesista con tal de que haga su examen profesional, no importando lo lejos que se encuentre y lo oneroso que pueda resultar para la institución. Obviamente, en estas circunstancias, dirigir tesis ya no puede ser un criterio de evaluación valido para los investigadores, y dirigir muchas tesis al año debe ser más bien un motivo de desconfianza, una razón contundente para dudar de la responsabilidad y seriedad de los investigadores que lo hacen. Lo mismo vale para la participación de los investigadores como jurados en exámenes profesionales, pues lo único que demuestra es que los investigadores que acumulan exámenes de grado mantienen muy buenas relaciones con los grupos de poder que mesen la cuna en su institución.

Tal parece que el criterio prevaleciente para que un tesista elija a su director de tesis es que le asegure que se va a titular rápido y con el menor esfuerzo, una práctica que no sólo devalúa el trabajo de investigación sino que permite a muchos académicos crear auténticas redes clientelares y erigirse en caciques dentro de su universidad. Yo conozco a muchos. La recomendación aquí no puede ser otra más que las asesorías de tesis ya no tengan el peso que ahora tienen a la hora de evaluar a los investigadores. Si acaso, el investigador podrá presentar físicamente y de manera opcional una sola de las tesis que haya asesorado en el periodo a ser evaluado, aquella que considere más seria y original. Y si alguien reporta más de diez tesis asesoradas, para decirlo con un dejo de ironía, deberá ser expulsado de inmediato del SNI o del PROMEP por irresponsable. Por esta vía, se recuperaría la mística de las asesorías de tesis y nunca más se privilegiaría la cantidad de asesorías por sobre la calidad de las mismas. Por su parte, el CONACYT debe revisar seriamente sus criterios para mantener a los Programas de Posgrado dentro de sus programas de excelencia, pues hoy resulta evidente que la socorrida eficiencia terminal ha terminado por matar la investigación de alto nivel.

Formar o coordinar equipos de investigación tampoco puede ser un criterio relevante para evaluar a los investigadores en los campos de las ciencias sociales y las humanidades. Si lo que realmente cuenta son los resultados de la investigación, vale igual o más el trabajo de un investigador a título individual que el de un equipo. Es más, son tantos los engaños que ha conllevado la política de promoción de redes de investigación y de CA que el trabajo en solitario resulta casi siempre más honesto y valioso. Me resulta curioso, por ejemplo, ver a mis colegas angustiados en constituirse en CA, una invención de PROMEP tan absurda como inútil, para solicitar apoyos y recursos para publicar libros, organizar reuniones académicas y financiar sus viajes, y así aceitar el círculo perverso de los estímulos y los puntos. Lo paradójico de estos programas es que convierten a los académicos más en gestores que en investigadores. De hecho, son tantas las horas productivas que implica llenar formas, presentar reportes, hacer proyectos, justificar gastos, solicitar facturas, etcétera, para cumplir con las exigencias formales de estos programas, que a los investigadores les queda muy poco tiempo para investigar. A la larga, lo que termina premiándose son las habilidades de gestión de los investigadores más que sus productos de investigación, que por obvias razones serán casi siempre mediocres. Por lo demás, pertenecer a CA es lo peor que podía pasarle a los investigadores que se toman en serio su trabajo, pues ahora, para mendigar recursos, tienen que hacer de todo menos investigar, llámese asistir a congresos y seminarios, publicar libros colectivos al vapor, crear e integrarse a redes interinstitucionales, participar en comisiones de todo tipo, etcétera. Además, la terminología empleada es tan confusa como absurda (“CA en formación”, “CA en consolidación”, “CA consolidados”, “investigadores con perfil deseable” etcétera), todo diseñado para que no se realice investigación seria y de largo aliento, pues lo que importa es abultar la lista de productos del grupo para consolidarlo y seguir publicando bagatelas y hacer turismo académico con recursos del erario. Además, si a ello sumamos las interminables torturas burocráticas que los investigadores tienen que sortear cotidianamente en sus propias universidades para cumplir con los requisitos para obtener estímulos y allegarse de recursos, parece que todo está diseñado para inhibir lo único que debería contar, o sea la investigación.

Obviamente, no tengo nada contra las investigaciones colectivas. Con frecuencia son la única vía para emprender estudios multidisciplinarios complejos y ambiciosos que de otra manera no sería posible realizar. Pero por lo general, éstas son escasas por onerosas y engorrosas. De hecho, los únicos libros colectivos que deberían publicarse son los que resultan de investigaciones colectivas, donde todos los investigadores involucrados no hacen sino seguir un guión de investigación común, perfectamente definido en sus premisas y objetivos. Por todo ello, al final del día, es entendible porque los estudios que logran trascender son casi siempre trabajos de autor más que trabajos colectivos, razón más que lógica para relevar como criterio de evaluación, salvo a solicitud del investigador, la formación o coordinación de equipos de investigación. Ya es hora de desnudar las inconsistencias y contradicciones de un sistema que por la vía del otorgamiento de recursos premia más la capacidad de los investigadores de formar equipos que la de realizar investigación.

Una reflexión similar vale para criterios de evaluación como impartir conferencias, organizar simposia y seminarios y asistir a congresos. En los hechos, más allá de fomentar el turismo académico y asegurar la formación de redes y grupos de investigación y toda esa parafernalia inútil, la gran mayoría de las reuniones de académicos en eventos de todo tipo no sirve para nada. Hoy cualquier investigador puede organizar un evento y proveerse de ponencias para coordinar un libro, hoy cualquiera puede hacerse invitar a un seminario a cambio de ofrecer lo mismo a su anfitrión, hoy se hacen eventos de todo tipo con auditorios vacíos y audiencias cautivas de estudiantes a los que no les interesa estar ahí. Como académico he visto las cosas más ridículas y bochornosas que se puedan imaginar con respecto a estas reuniones. He visto congresos masivos donde para leer una ponencia te dan cinco minutos y además tienes que pagar 500 dólares, he visto coloquios donde los únicos asistentes son los ponentes, he visto ponentes que repiten la misma ponencia en decenas de reuniones, he visto seminarios donde no se permite la interacción con el auditorio, he visto soliloquios que nadie entiende, he visto ponentes cuyos planteamientos son destrozados por los asistentes, he visto conferencias magistrales en las que el público se sale a la mitad, he visto ponentes que no saben articular una sola idea, y he visto otros capaces de leer su ponencia por más de una hora sin ningún respeto por el público. Por todo ello, reportar cincuenta participaciones al año en reuniones académicas no significa nada, a no ser que constatar que el investigador en cuestión ha invertido mucho tiempo para viajar y poco para investigar seriamente. Lamentablemente, los sistemas actuales de estímulos académicos convierten a los investigadores en coleccionistas de constancias de participación en reuniones de todo tipo, y en acumuladores de millas gratis en las aerolíneas de su preferencia. La recomendación aquí es que los investigadores presenten para ser evaluados a lo sumo tres constancias de participación en reuniones académicas, las más serias y relevantes, aquellas donde el investigador no sólo pudo exponer en profundidad sus ideas ante un público considerable, sino que eventualmente fue remunerado para hacerlo, pues es un indicador adicional de reconocimiento profesional.

Además de los criterios de evaluación examinados, suelen ponderarse otros que de tan ridículos ni siquiera viene al caso revisarlos en detalle. Pienso, por ejemplo, en los puntos que da a un investigador haber ocupado una dirección o una coordinación o cualquier otro puesto burocrático dentro de la universidad, algo totalmente incompatible con lo que se busca calificar, o sea la investigación. Huelga decir que el trabajo burocrático mata al investigador, amén de que el ascenso en las estructuras de poder universitarias no se rige por criterios de excelencia académica sino de lealtades y componendas entre grupos de poder académicos. Es más, si el sistema de estímulos a la investigación fuera racional y congruente, en lugar de premiar a los investigadores-burócratas se debería suspender de forma automática cualquier tipo de apoyo a la investigación o de estímulos a aquellos investigadores que ingresan a la burocracia universitaria en cualquier nivel. Más aún, contrariamente a la lógica imperante, por cada cargo burocrático que haya ocupado un investigador en su trayectoria profesional habría que restarle puntos o se podría establecer una fórmula según la cual un investigador sólo podrá integrarse o reintegrarse al SNI cuando haya dejado la burocracia y cuando su trayectoria como académico sea mayor en años que su trayectoria como burócrata.

Otro criterio de evaluación absurdo son los premios o reconocimientos obtenidos por los investigadores. Obviamente, no me refiero a los premios obtenidos en concurso por obras escritas, sino a los premios y distinciones que otorgan discrecionalmente las universidades u otras dependencias públicas nacionales y que generan todo tipo de suspicacias, como premios al mérito o a la trayectoria, pues es consabido que casi siempre lo que se premian son lealtades de grupo más que la calidad de una obra. Lo mismo vale para muchas cátedras patrimoniales, creadas a modo para alimentar la hoguera de las vanidades y las sociedades de mutuo elogio, sin criterios de excelencia explícitos. Para nadie es un secreto que la meritocracia no es la regla en nuestras universidades, sino las lealtades y componendas entre grupos de poder facciosos. Y si de ser objetivos se trata, también es cierto que muchos de los concursos de obras escritas suelen estar viciados de origen y son concedidos discrecionalmente, lo cual también obliga a los evaluadores a discriminar muy bien el valor real de los premios reportados.

Finalmente, uno de los criterios de evaluación más absurdos es reportar periódicamente las citas o referencias que se hacen a las publicaciones de un investigador. Es absurdo, pensando en las ciencias sociales, porque si de por sí, como ya vimos, publicar artículos en revistas especializadas en México está contaminado por criterios extraacadémicos, como participar de o simpatizar con los grupos cerrados que controlan dichas publicaciones, estos mismos enclaves se encargan de filtrar o censurar cuanto articulo les llegue que cite a autores con los que no comulgan. A final de cuentas, lo que tenemos es una casa de citas selecta donde sólo entran los amigos, un club exclusivo que se reserva el derecho de admisión. En menor proporción, lo mismo ocurre con las revistas internacionales, a excepción de un puñado de ellas cuyo prestigio y posicionamiento en distintas disciplinas sociales les impide reproducir esquemas de selección de contenidos tan rupestres. Obviamente, esto no aplica en las ciencias exactas, donde las citas suelen ser un parámetro infalible para medir la relevancia de una contribución científica, aunque en este caso lo que cuenta no es la cantidad de citas sino la calidad de las mismas, pues por lo general los avances en un campo son tan especializados que sólo interesan a un puñado de investigadores que trabajan los mismos temas en unas cuantas universidades dispersas en el mundo. En efecto, sólo la ciencia supone una acumulación de saberes sobre la base de las investigaciones realizadas, por lo que cada nuevo descubrimiento se conecta con los descubrimientos precedentes, de ahí que los científicos puros sólo citan aquello que representó un avance previo y sin el cual el nuevo descubrimiento simplemente no hubiera tenido lugar. Algo muy distinto que las ciencias sociales, tan heterogéneas en sus paradigmas y tan flexibles en su entendimiento de lo científico, que todo se vale.

 IV

Nada de lo aquí expuesto tendría alguna viabilidad si no se modifican simultáneamente varias características estructurales y de concepción de los programas de estímulos a los académicos e investigadores, como el SNI y el PROMEP. En el caso del SNI, un programa creado en el seno del CONACYT hace treinta años para apoyar económicamente a los investigadores en una época en que se habían depreciado abruptamente los salarios en las universidades, así como para impulsar la investigación de excelencia, el principal problema es la opacidad con la que las comisiones evalúan a los investigadores y deciden mantenerlos o ascenderlos en el escalafón vigente por niveles, lo cual genera todo tipo de injusticias y molestias. El problema es estructural porque tal y como está diseñada la composición de las comisiones, sus integrantes adquieren enormes facultades y prerrogativas, se erigen en feudos cerrados y casi siempre toman sus decisiones de manera discrecional y arbitraria. Basta que en la comisión de un área de conocimiento participe un colega con el cual el investigador que deberá ser evaluado no mantiene una buena relación para que se obstaculice permanentemente su promoción en el sistema. En lo personal conozco cientos de casos de este tipo, absolutamente sorprendentes, considerando la trayectoria impecable de los perjudicados. Yo mismo he sido un damnificado recurrente de este proceso. Y si bien las comisiones se integran por elección de planillas por parte de la propia comunidad de investigadores, los puestos son disputados casi siempre por las elites del SNI (los pertenecientes al nivel III), auténticos mandarines de la academia, para seguir manteniendo o para incrementar sus privilegios e influencia en el medio. Es por ello que en cada evaluación siempre hay fallos absurdos, como ascensos de investigadores que no tienen los méritos suficientes ni siquiera para estar en el sistema, pero que ocupan cargos de dirección en alguna universidad o son amigos de algún miembro de la comisión respectiva, o el mantenimiento de otros en su mismo nivel aunque su obra cuente con reconocimiento internacional o tengan méritos infinitamente superiores a los que ostentan sus pares encargados de evaluarlos. Ridículo e injusto. Además, hasta la fecha no conozco un solo investigador que después de impugnar el fallo de su evaluación haya sido rectificado por las comisiones revisoras. Los argumentos para no hacerlo suelen ser verdaderamente insólitos: desde el “Usted tiene suficientes méritos para ascender, pero si lo hacemos, como es usted tan joven, se devaluarían los reconocimientos del sistema”, hasta los clásicos “Usted cuenta con libros y artículos muy importantes, pero sería recomendable que diversificara las publicaciones periódicas especializadas donde suele publicarlas” o “Usted cuenta con una destacada trayectoria, pero nunca ha dirigido un posgrado ni ha ocupado un cargo en su universidad”. Todos argumentos tan vacíos como contradictorios con lo único que debe reconocerse, la calidad de la investigación. Por todo ello se impone un cambio drástico en la composición de las comisiones. La propuesta es que se integren no por votación sino por insaculación de entre todos los miembros del SNI en cada área (sin distinciones del nivel en el que se encuentren), y que las comisiones se renueven en cada evaluación. Además, considerando las propuestas precedentes que teóricamente facilitan la tarea de evaluación (como la presentación de una sola obra por investigador), sería recomendable que la comisión entreviste personalmente a cada investigador y que en su presencia emita su dictamen. El contacto cara a cara entre pares puede coadyuvar a revertir la opacidad y la discrecionalidad que hoy predominan, considerando sobre todo que en cada disciplina todos los investigadores se conocen. Para el efecto, los criterios a considerar en la evaluación deben cambiar tal y como lo sugerí en los parágrafos precedentes. Un procedimiento similar puede instrumentarse para todas las demás comisiones del SNI, pues también generan mucha inconformidad, sobre todo aquellas responsables de evaluar las solicitudes de apoyo para proyectos de investigación o las que determinan la concesión de becas para estudiar en el extranjero, uno de los rubros más injustos de todos por su alta discrecionalidad. Quizá este procedimiento resulte un poco más oneroso que el vigente, por cuanto habría que movilizar cada año a los investigadores integrantes de comisiones responsables de evaluar a sus pares, pero a la larga se ganaría en confianza y transparencia.

La problemática del PROMEP es totalmente distinta. Como política federal de apoyo a los académicos de excelencia constituye un programa muy loable, pero ha contribuido sin proponérselo a lo que aquí he llamado la “chatarrización” de la ciencia. Además de que ser beneficiario del PROMEP en alguno de sus programas resulta para los investigadores absolutamente tortuoso y engorroso, por la cantidad de documentos que hay que recopilar y entregar periódicamente, ha creado una figura insostenible que ha metido a los investigadores en una dinámica muy absorbente y a la larga poco fructífera en términos de asegurar investigaciones de calidad: el trabajo en equipo mediante redes de investigación o CA. Tal pareciera, según esta concepción, que sólo el trabajo en equipo es relevante y que quien trabaja a título individual es un desadaptado. No viene al caso siquiera comentar una filosofía tan obtusa, pues las grandes obras de todos los tiempos en ciencias sociales y humanidades han sido producidas en solitario. Pero como la academia paga tan mal en México, la gran mayoría de mis colegas investigadores no ha podido sustraerse a los cánones impuestos por el PROMEP, y ahora colaboran en flamantes CA. Al igual que el SNI, este programa de estímulos también contempla niveles para los CA (algo así como “en formación”, “en consolidación” y “consolidados”), pero a diferencia del SNI, los que evalúan el desempeño de los CA y deciden su nivel no son investigadores, o sea pares, sino burócratas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con lo cual los fallos se toman exclusivamente en función de la cantidad de trabajo reportada por cada CA. En esta lógica, poco importa que los artículos o libros publicados sean mediocres, como los que resultan de juntar ponencias de un coloquio (de hecho, se exhorta a los investigadores a que publiquen libros colectivos de este tipo en los que colaboren como autores todos los integrantes del CA), poco importa que sus integrantes organicen o asistan a seminarios y congresos que a nadie interesan, poco importa que realicen investigaciones intrascendentes, poco importa que con sus productos no pase nada relevante en la disciplina en la que se mueven. Con tal que los investigadores trabajen en equipo y presenten muchas constancias o publicaciones que den fe de dicha colaboración, los CA asegurarán su permanencia o promoción en el programa y dispondrán de cada vez más recursos para hacer las mismas cosas inútiles e intrascendentes. Un círculo vicioso que sólo alimenta la mediocridad. En suma, el PROMEP tiene una concepción del quehacer científico viciada de origen. De ahí que mejorar el programa resulta mucho más difícil que en el caso del SNI. Se requiere una cirugía mayor que modifique radicalmente la filosofía del programa. Para empezar, en las ciencias sociales y las humanidades el trabajo en equipo no es garantía de nada. Excluir del programa a los investigadores solitarios es arbitrario e injustificado. En segundo lugar, fomentar la acumulación de constancias y publicaciones es lo peor que se puede hacer al quehacer investigativo serio y responsable. De hecho, la puntitis mata a la investigación de calidad. En tercer lugar, al meter a los investigadores en una búsqueda obsesiva de constancias y papelitos para ser merecedores de apoyos económicos, el PROMEP, en lugar de dignificar el trabajo académico, lo envilece o degrada.

  V

Si los programas oficiales de apoyo a los investigadores y de promoción de la investigación son responsables indirectos de la ruina de la investigación de calidad, el cuadro se completa con la situación endémica que atraviesan en general las instituciones de educación superior del país, sobre todo las públicas, pues es sabido que las privadas, salvo honrosas excepciones, sólo se ocupan de la educación y relegan la investigación.

En México, nuestro largo tránsito de un sistema autoritario de partido hegemónico a un sistema plural y competitivo, no se ha traducido en cambios que nos permitan vislumbrar una espiral virtuosa de progreso y desarrollo sostenido. Por lo general, lo que vemos es estancamiento y desinterés por parte de las autoridades para enfrentar los problemas acumulados. Este es el caso de la educación pública, en general, y de la educación superior, en particular. Las universidades públicas, salvo muy contadas excepciones, siguen pesando en sus entidades más por lo que representan que por los fines superiores que deben perseguir, o sea, son cotos de poder e influencia para los grupos y mafias locales, centros de disputas entre caciques y líderes, trampolín de camarillas políticas, zonas de incertidumbre económicamente muy rentables, en las que la educación y la investigación de excelencia son lo que menos importa, a no ser para que las burocracias universitarias justifiquen su permanencia en el poder con cifras infladas y maquilladas. Asimismo, se trata de instituciones retrogradas donde predominan las mafias cerradas, se castigan las insolencias, se compran lealtades, donde las autoridades no tienen que responder por sus acciones, lo que fomenta el dispendio y el desvío incontrolado de recursos; aquí la transparencia es una palabra vacía, una treta en manos de contadores astutos.

Por otra parte, las universidades públicas han pervertido sus funciones sustantivas. Desde este punto de vista, constituyen instituciones endémicas. El conocimiento ya no se produce en sus aulas y laboratorios. En su seno, la academia y la ciencia no le interesan a nadie. Los premios y promociones se otorgan casi siempre con criterios extraacadémicos; se apoyan investigaciones mediocres por las mismas razones, se publican revistas y libros que nadie lee y que sus autores sólo usan para promoverse en los escalafones de estímulos, para inmediatamente después esconderlos en sus cajones por vergüenza de que alguien los lea. Finalmente, pese a que en algunas universidades públicas existe el sufragio universal como mecanismo para elegir a la máxima autoridad universitaria, todo mundo sabe que lo menos que hay en estas instituciones es democracia, sino una simulación burda en la que son las propias mafias universitarias y políticas las que postulan a los contendientes que han de disputarse la rectoría, y después manipulan las elecciones a su conveniencia. De hecho, la democracia universitaria, ahí donde sobrevive, recuerda las prácticas fraudulentas más vergonzosas del otrora partidazo oficial durante la fase más cínica de nuestra dictadura perfecta.

La gran mayoría de las universidades públicas del país sólo pueden proyectarse mediante   la mentira y el engaño, pues cualquiera que las frecuenta conoce perfectamente sus enormes carencias; son instituciones donde la corrupción recorre todos sus vasos linfáticos, donde se compran auditorías y certificaciones a modo, donde se venden calificaciones y exámenes indiscriminadamente; donde la democracia sólo se utiliza retóricamente, pues en la práctica no hay nada que la sustente. Diariamente se destapa una cloaca de podredumbre donde quedan exhibidos rectores y funcionarios universitarios, como el reciente y escandaloso caso del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Enrique Agüera Ibáñez, señalado por mantener vínculos con el narcotráfico y por enriquecimiento inexplicable. Por todo ello, edificar universidades a la altura de las exigencias y necesidades de nuestro país parece una tarea imposible. Hay que desmotarlas por completo y volverlas a armar. Eliminar sus zonas de impunidad y sus abusos de autoridad, sus zonas de corrupción y opacidad, sus zonas de conformidad y mediocridad. La tarea es sin duda inmensa y arriesgada, pues tocar intereses tan enquistados en su seno podría desatar tempestades y represalias.

En este recuento de desastres, las universidades de más prestigio, como la UNAM, y los centros de investigación de élite, como el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), El Colegio de México (COLMEX), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y las demás pertenecientes al sistema SEP-CONACYT, tampoco salen bien libradas, pese a recibir los mayores subsidios y canonjías del Estado. La problemática aquí es distinta a la del resto de las instituciones públicas de educación superior, pero igualmente dramática. En el caso de la UNAM resulta inverosímil, por no decir ridículo, sobre todo para su muy vasta comunidad de estudiantes y académicos, colocarla como una de las mejores cien universidades del mundo, según una lista muy curiosa elaborada anualmente por un diario londinense. Es inverosímil porque si hay una institución de educación superior en México metastasiada sin remedio esa es precisamente la UNAM. Víctima de la masificación que alimentó durante décadas, la UNAM dejó hace mucho de ser una institución de calidad en la realización de sus tareas sustantivas. Botín de múltiples grupos de poder ha dilapidado irracionalmente sus recursos, sin planeación ni visión de futuro, al grado de que hoy, salvo pequeños reductos en su interior, como algunos cuantos institutos de investigación, ha dejado de ser competitiva en la enseñanza y en la investigación de alto nivel. Sus egresados son estigmatizados en el mercado laboral y relegados frente a la competencia proveniente de otras universidades, sobre todo privadas, como el Tecnológico de Monterrey (ITESM), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y la Iberoamericana (UIA). En lo personal, trabajé veinte años en la UNAM y cada vez que regreso a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de mi alma mater me duele constatar el estado de abandono en que se encuentra, la mediocridad de su planta docente, la ruindad de sus instalaciones, la ausencia de debate o la sobreideologización del mismo, la irrelevancia de sus publicaciones, el burocratismo que la asfixia, la persistencia de los grupos de poder de siempre y la incompetencia de sus directivos. Una situación que se repite en prácticamente todas las facultades y escuelas que la componen.

Por su parte, el conjunto de instituciones supuestamente de vanguardia dentro del sistema educativo, las pertenecientes al sistema SEP-CONACYT, y que monopolizan los mayores presupuestos federales otorgados en educación e investigación, también terminaron sucumbiendo a los caprichos de mafias oportunistas y ambiciosas. Además, al ser las instituciones consentidas del sistema de educación superior, sus investigadores, programas de enseñanza, revistas y proyectos de investigación suelen ser evaluados y aprobados por fast track, o sea de manera expedita y rápida, por consigna, independientemente de su calidad y relevancia. Algo muy distinto a lo que acontece con el resto de las instituciones de educación superior, donde las evaluaciones de sus investigadores y proyectos por parte del CONACYT o la SEP suelen ser implacables. Más aún, casi siempre las comisiones evaluadoras suelen integrarse por académicos provenientes de las instituciones de elite, lo cual contribuye lógicamente a incrementar la brecha entre éstas y todas las demás. Asimismo, las publicaciones de estas instituciones (libros y revistas), al contar con suficientes recursos para ser promocionadas, suelen estar infladas artificialmente, pues basta hurgar un poco en ellas para ver que son tan irrelevantes e intrascendentes como la mayoría de las que se publican en las universidades públicas y privadas. De hecho, los investigadores realmente destacados adscritos a estas instituciones, un puñado en cada una, no necesitan el espaldarazo de su universidad o centro de investigación, para publicar. Por honestidad intelectual, lo hacen por fuera y sin el patrocinio de su institución, pues sólo cuando una obra es excepcional no requiere el sello institucional para salir a la luz.

No obstante, la principal debilidad de estas instituciones supuestamente de punta hay que buscarla en otra parte: al erigirse en las instituciones educativas de excelencia se han convertido en cotos cerrados, endogámicos y elitistas que prefieren interactuar con sus pares en los países hegemónicos que con sus pares locales, bajo la premisa a todas luces falsa de que todo lo que provenga de Estados Unidos es digno de imitación. Estas instituciones disponen pues, de amplios recursos, pero suelen abrazar paradigmas y enfoques supuestamente de vanguardia pero que no tienen mayor repercusión en el país. Por esta vía, sus investigadores se legitiman pero no hacen sino vender espejitos a los incautos. El resultado, decíamos, es la importación acrítica de los vicios de la academia estadounidense, como el fetichismo con los métodos formales y estadísticos, la especialización en temas cada vez más irrelevantes y que nada tienen que ver con los grandes problemas nacionales, la descalificación por sistema de todo lo que no cumple con sus propios estándares metodológicos. Es obvio que su afán imitador les impide reconocer las desventajas de proceder así. Copiar patrones no es, necesariamente, una buena idea. Por el contrario, como señala el politólogo estadounidense Philippe Schmitter para el caso de la ciencia política, en las periferias la estrategia más exitosa no es la simple imitación sino la especialización en aquello que se hace mejor, “especialmente cuando la comunidad de politólogos es relativamente pequeña y por lo tanto sus productos de ‘nicho’ no amenazan el status o la tajada de mercado del productor hegemónico”.[12] O como diría el politólogo José Antonio Aguilar Rivera: “Hallarse en los márgenes debería significar una mayor oportunidad para la innovación, la experimentación y la diversidad. La tiranía del mercado no siempre es positiva. Sin embargo, en los enclaves lo que reina es un espíritu de conformidad. Imitar es lo que proporciona status. El problema es que al proceder de esta manera corremos el riesgo de adoptar, como criterios infalibles, meras modas teóricas provincianas que pueden resultar irrelevantes al final del día”.[13] En algunos casos, este juego de espejos ha llevado a situaciones ridículas, como exigir a los investigadores que laboran en estos institutos de elite, sobre todo a los más nobeles, a publicar una cuota anual de artículos en un conjunto de revistas especializadas nacionales y extranjeras escogidas previamente y supuestamente afines a los cánones metodológicos y científicos o a las modas teóricas importadas que buscan impulsar por imitación, y a prescindir de publicar en cualquier otra revista que no esté contemplada en la lista. Para esta academia de oropel, poco importa que lo que se publique en esas revistas especializadas tan apreciadas por ellos no lo lea absolutamente nadie. Otra razón para desconfiar de la supuesta excelencia de la que se ufanan estas instituciones. 

Pero las simulaciones no terminan ahí. En un país donde muchos se dejan deslumbrar por la grandeza de su vecino del Norte, estos investigadores sociales supuestamente “duros” saben explotar muy bien sus credenciales académicas y sus escarceos con la academia estadounidense para encumbrase en la administración pública o el gobierno, ya sea como asesores, consejeros electorales o funcionarios, con lo que abandonan en la práctica el quehacer científico. Huelga decir que si este es el destino natural de los científicos sociales puros en México, la ciencia social no sólo pervierte su objetivo primario, o sea contribuir al entendimiento de los fenómenos sociales mediante la investigación especializada, sino que se convierte en una mera “técnica” al servicio del poder. No es que la ciencia social no pueda tener aplicaciones prácticas o deba precaverse de tenerlas, ya sea en la administración pública o en la política profesional, el problema es que se instrumentalice a conveniencia para que ciertos investigadores se erijan en los “expertos” por moverse, precisamente, en las corrientes o paradigmas supuestamente más avanzadas de la ciencia social. Pero este último tema da para otro ensayo.

VI

No me cabe duda que las consideraciones y recomendaciones que he ventilado en este ensayo resulten incómodas para la mayoría de mis colegas y que por lo mismo tengan poca o nula viabilidad. En un medio que como el académico está tan acostumbrado a vivir de la medianía y la autocomplacencia siempre será preferible acomodarse a lo que hay que impulsar grandes transformaciones. Reconocer que las ciencias sociales y las humanidades están moribundas en México no resulta muy gratificante para quienes viven o sobreviven de ellas. Y sin embargo, sólo con medidas drásticas como las que he sugerido aquí u otras similares se puede aspirar a revertir la creciente simulación y deshonestidad que hoy prevalece en la academia mexicana. A grandes males, grandes remedios.

Para concluir, quisiera resumir en tres las paradojas que en mi opinión describen muy bien el estado de indefensión en que se encuentra la ciencia en México y que al mismo tiempo explican por qué resulta tan difícil revertir su deterioro:

1.  La estrategia estatal para estimular la investigación científica en lugar de lograr su cometido lo ha inhibido por completo, generando todo tipo de simulaciones y perversiones en lo que a la investigación se refiere, una situación por lo demás muy cómoda para los miles de investigadores, que con el tiempo han aprendido muy bien a sustituir la investigación seria, esforzada, profesional y de largo aliento, por rollos insustanciales, un juego perverso al que todos se acomodan y que nadie cuestiona porque siempre será más fácil vivir de la mediocridad que de la exigencia.

2. En ese sentido, el principal obstáculo para emprender una trasformación radical del actual sistema de recompensas a la investigación que tan dañino ha resultado al desarrollo científico no proviene de las propias estructuras burocráticas creadas al efecto, sino de las decenas de miles de investigadores generados por el mismo sistema y que han terminado por creerse indispensables para el avance científico nacional. La lógica que lleva a un investigador a abrazar esa conclusión es muy sencilla: “si el sistema me apoya para publicar cuanta estupidez se me ocurra es que mis estupideces son geniales, luego entonces yo soy un gran investigador”. Lo peor es que intentar criticar y exhibir la mediocridad de las investigaciones que se producen en el país te convierte en automático en un desadaptado, un amargado y un presuntuoso, y te condena al ostracismo de por vida por parte de tus colegas. De ahí que aspirar a que se revalore el quehacer científico en un medio tan contaminado por la mediocridad es una batalla en el desierto.

3. Hoy cualquiera en México puede ser investigador, con tal de que desarrolle el hábito de juntar papelitos y escribir todo lo que se le ocurra, o sea que la profesión más noble e ilustre del mundo, la investigación científica, por cuanto requiere de sus practicantes una gran dedicación, una vasta formación y preparación, mucha vocación y sacrificio, y una gran honestidad intelectual, se ha vuelto en México una de las más prostituidas e indignas. Digamos que una mala política de promoción científica terminó produciendo sus propios parásitos, los cuales se alimentan de la podredumbre del sistema. Seamos claros, con nuevas reglas de apoyo a la investigación, reglas más racionales y exigentes, más transparentes y menos contaminadas, sólo sobreviviría un pequeño porcentaje de las decenas de miles de investigadores que hoy avergüenzan y devalúan la profesión.


* Ponencia presentada en el I Congreso de los Miembros del Sistema Nacional de Investigadores, Querétaro, Qro., 5-8 de mayo de 2010. Cabe señalar que esta ponencia fue suprimida misteriosamente del portal del CONACYT donde se reproducen todos los trabajos del Congreso. El autor es Catedrático-investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (todavía).

[1] Gabriel Zaid, El secreto de la fama, México, Lumen, 2010, pp. 136-137.

[2] Para efectos de este ensayo me referiré exclusivamente a las ciencias sociales y las humanidades, aunque varias de sus conclusiones y recomendaciones apliquen también para las ciencias exactas o duras.

[3] El caso de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es en este sentido paradigmático. Desde hace años, su editorial publica más libros que cualquier otra en México, incluidas las comerciales, pero ninguna ha publicado más chatarra que ella, auténticos bodrios producto del influyentismo y la corrupción que la han asfixiado desde siempre. La existencia en su acervo de colecciones muy valiosas, no alcanza para eximir a la UNAM de sus excesos por el dispendio de recursos que ha supuesto la publicación indiscriminada de miles de obras de ínfima calidad. Huelga decir que las bodegas de la editorial universitaria están repletas de libros inútiles que terminan regalándose o vendiéndose por kilo. Y si esto ocurre con la UNAM, ya se pueden imaginar lo que pasa con el resto de las universidades públicas del país. Así, por ejemplo, ningún académico honesto puede vanagloriarse de publicar en las editoriales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) o la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), por mencionar algunas de las más desacreditadas. Peor aún, si lo hace bajo el sello editorial o el patrocinio de instituciones gubernamentales federales, estatales o paraestatales, como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Instituto Federal Electoral (IFE), el Gobierno de la Ciudad de México o el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), y muchas otras, pues todo mundo sabe que los libros publicados así responden a criterios muy alejados a los académicos, tales como justificar presupuestos, impulsar las carreras de investigadores que son parientes o amigos de funcionarios influyentes, etcétera. De ahí que todas estas publicaciones, las publicadas en editoriales universitarias y las publicadas con los auspicios de instituciones políticas no deberían calificar en las evaluaciones del SNI o el PROMEP, sino restarles puntos a sus autores.

[4] Al respecto, véase mi libro: C. Cansino, La muerte de la ciencia política, Buenos Aires, Sudamericana, 2008. 

[5] Dicho esto con la terminología y la orientación introducidas por Thomas S. Kuhn en su famoso ensayo: La estructura de la revolución científica (México, FCE, 1968).

[6] Véase, por ejemplo, C. Lefort, Ensayos sobre lo político, Guadalajara, UdeG, 1988; A. Maestre, La escritura de la política, México, Cepcom, 2000; R. Chartier, El mundo como representación, Barcelona, Gedisa, 1992; G. Balandier, El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales. Elogio de la fecundidad del movimiento, Barcelona, Gedisa, 1997.

[7] En este caso se encuentran revistas muy cuestionadas por los investigadores como Política y Gobierno, Revista Mexicana de Sociología, Perfiles Latinoamericanos, Foro Internacional, Estudios Sociológicos,  entre muchas otras.

[8] Claro está que, dentro de las no especializadas o de divulgación, hay de revistas a revistas. Para empezar, las revistas de este tipo (algunos las llaman “culturales”) de circulación masiva son escasas en México, y dentro de éstas muy pocas son rescatables. Las más conocidas como Nexos o Letras Libres son expresiones o derivaciones de grupos intelectuales cerrados y poderosos que en su tiempo se convirtieron en ideólogos del viejo régimen priista a cambio de todo tipo de privilegios, y que alguna vez acariciaron la idea de hegemonizar la agenda cultural del país. En estas revistas también se practica el exclusivismo y la discriminación de todos los que no participen o simpaticen del clan, por lo que hay que vender el alma al diablo para publicar en ellas. No sorprende entonces que los académicos que colaboran en ellas regularmente pertenezcan a los grupos más poderosos dentro del sistema de educación superior, las mafias académicas que por esta vía establecen intercambios de influencias y beneficios con los grupos intelectuales. Por ello, publicar en estas revistas, en lugar de honrar a los científicos sociales los desacredita, a no ser que aspiren a los reflectores, sacrificando la independencia intelectual. En segundo lugar, hay otro conjunto de revistas de buena circulación más autónomas y menos pretenciosas, si acaso una docena de ellas, como Este País, Istor, Metapolítica, Etcétera y Tierra Adentro, que son cuidadosas en la selección de sus contenidos, plurales y abiertas a diversas corrientes, por lo que publicar en ellas constituye una opción digna para los investigadores. Y luego un montón de revistas de buena circulación pero patrocinadas o financiadas por partidos políticos y grupos de poder, donde publicar desacredita por completo a los investigadores, tales como Examen, Vértigo, Memoria, Bien Común. Otra opción interesante e igualmente digna para los investigadores son algunos suplementos de diarios de circulación nacional o algunos semanarios.

[9] Las coediciones entre universidades y editoriales comerciales de dudosa seriedad se ha convertido en un negocio muy rentable para estas últimas. Los casos más conocidos son los de Plaza y Valdés, Porrúa Hermanos y Miguel Ángel Porrúa, en cuyos acervos es posible encontrar toneladas de chatarra supuestamente científica.

[10] Yo conozco varias, cuyos acervos dan pena ajena, tales como: “Tlamelahua”, “Ariete”, “Soriano”, “Eon”, “Arieli”, “Zenzontle”, “Lunarena” entre muchas otras.

[11] Me temo, sin embargo, que en el caso de las editoriales más conocidas en México suelen existir, más allá de la calidad de las obras sometidas a dictamen, varias aduanas infranqueables para quienes aspiran a publicar en ellas. En algunos casos, como en el Fondo de Cultura Económica (FCE), los comités editoriales están monopolizados por los mismos investigadores de elite que integran los comités dictaminadores del SNI, por lo que casi siempre reproducen aquí las mismas prácticas excluyentes y clientelares que emplean allá. En otros casos, como en la Editorial Siglo XXI, la regla no escrita es presentar obras afines a la línea ideológica que promueve la firma, de tal manera que quedan excluidas a priori todas las propuestas que no comulguen con una cierta tradición de pensamiento socialdemócrata. Finalmente, está el caso de editoriales como Cal y Arena o Clío, donde la condición para publicar es simpatizar o participar del clan o mafia intelectual que las creó, el grupo Nexos y el grupo Vuelta, respectivamente, lo cual no es muy gratificante para quien valora positivamente su independencia intelectual. Ante este panorama desolador, una alternativa más digna para los investigadores es intentar colocar sus obras en editoriales menos contaminadas por los intereses de grupos y facciones intelectuales locales, y más abiertas a las propuestas de todo tipo, como las pertenecientes a las conocidas firmas internacionales Random House Mondadori, Santillana, Planeta, Grupo Editorial Patria, McGraw-Hill, o en editoriales locales igualmente conocidas y más plurales, como Océano, Trillas, Gedisa, entre otras. Asimismo, pueden explorar el mercado editorial de otros países.

[12] P. Schmitter, “Seven (Disputable) Theses Concerning the Future of ‘Transatlanticised’ or ‘Globalised’ Political Science”, European Political Science, vol. 1, núm. 2, 2002, pp. 23-40.

[13] J.A. Aguilar Rivera, “El enclave y el incendio”, Nexos, México, núm. 373, enero, 2009, pp. 79-82.

Si Sergio Aguayo dirige tesis profesionales como escribe sus libros, ¡pobres tesis! A esta conclusión es inevitable llegar después de leer su reciente y muy promocionada obra Vuelta en U (México, Taurus, 2011), en la que Aguayo hace exactamente lo que no hay que hacer en una investigación que, como la suya, se ostenta de “científica” y “objetiva”. Me imagino a este académico asesorando a sus tesistas. Para empezar, a todos les ha de exigir lo que en los manuales de investigación se conoce comúnmente como “marco teórico”. Para el caso, no importa que dicho marco se integre arbitrariamente con lo que se tenga a la mano o lo que se conozca o se haya leído alguna vez sobre el tema investigado. Basta citar abundantemente autores y conceptos de manera más o menos ordenada y persuasiva para salvar el escollo. Paso seguido, les ha de requerir un modelo que contenga las variables que se buscarán documentar en la parte empírica de la investigación. Que el modelo se integre con variables provenientes de paradigmas teóricos contradictorios o irreconciliables entre sí es pecata minuta, pues lo primordial es que la propuesta parezca compleja y sesuda; asimismo, que las variables escogidas sean meras ocurrencias del investigador no tiene ninguna importancia, pues lo que cuenta es que su formulación sea mínimamente coherente y convincente. Finalmente, para la parte empírica de la investigación, el susodicho colega les ha de pedir a sus pobres tesistas recabar y presentar todos los datos que encuentren y que cuadren con las variables propuestas. Que se dejen en el camino datos que contradicen el modelo o desmientan lo que se quiere demostrar es culpa de los datos no del modelo empleado.

Así las cosas, Aguayo nos regala un libro que utilizaré profusamente en mis clases para ejemplificar la manera en la que no se debe hacer una investigación científica. Y en realidad, el problema ni siquiera es Aguayo, pues la suya es la manera de proceder de la inmensa mayoría de los científicos sociales del país, quienes hacen pasar por científicas sus investigaciones, aunque de científicas no tengan nada, o sea no emplean de manera sistemática y rigurosa algún método de control de sus hipótesis, no buscan establecer regularidades sobre los fenómenos estudiados que enriquezca la literatura teórica sobre los mismos, no proponen un esquema de análisis integral que refleje un conocimiento acabado de la literatura sobre sus respectivos objetos de estudio, etcétera. Lejos de ello, creen que basta citar autores, emplear conceptos sofisticados o llamarles “variables” a un conjunto de aspectos dispersos, para hacer pasar sus obras como científicas. El resultado es la producción indiscriminada de obras chatarra que no aportan nada novedoso ni hacen avanzar la acumulación de saberes sobre un tema. Y no es que defienda a ultranza una concepción purista de la ciencia o que todo lo mida con sus parámetros (hace tiempo que decidí cuestionar los fundamentos y preceptos de las ciencias sociales, como lo prueba mi libro La muerte de la ciencia política), sino que me parece deshonesto seguir alimentando un engaño y una simulación. No hay que revestir artificialmente de cientificidad una obra para que ésta tenga valor. De hecho, es frecuente que un ensayo sin mayores pretensiones empíricas pueda plantear tesis más originales y sensatas que una investigación científica, sin que eso le reste méritos.

El hecho es que Aguayo nos vende su libro no como un ensayo sino como un estudio científico, y como tal debe ser examinado. Obviamente, Aguayo sale reprobado, y no sólo porque su investigación no tenga nada de científica, sino porque proceder como él lo hace para estudiar lo que llama la “transición estancada” en México sólo puede conducir a lugares comunes o, lo que es peor, a violencias interpretativas, sin mencionar la larga lista de posicionamientos partiditas e ideológicos que salpican el libro y que no tienen nada de veraces. En suma, como veremos aquí, la obra de Aguayo no sólo no aporta nada original sino que tergiversa la realidad para acomodarla mañosamente a sus propios fines de búsqueda o preferencias políticas. Nada hay pues, rescatable en esta obra y sí mucho que reprocharle. No sólo alimenta un engaño en la forma sino también en el contenido, pues su lectura del presente mexicano más que iluminarlo lo oscurece, más que contribuir a demoler el “evangelio de la transición”, o sea la retórica dominante sobre este proceso, lo apuntala.

Comienzo por una afirmación categórica: el tema de la transición en México, o sea el proceso que nos ha conducido hasta la democracia incipiente que hoy tenemos, no es un asunto de interpretaciones. Me explico, si lo que se pretende es —como dice Aguayo a propósito de su propia investigación— describir de manera rigurosa, sistemática y objetiva (científica) el proceso de cambio político en México que condujo a la sustitución del régimen autoritario de partido hegemónico por la democracia actual, para lo cual se recurre a los conceptos y las categorías producidas por la literatura de las transiciones democráticas, no hay lugar (o no debería haberlo) a especulaciones subjetivas de ningún tipo. Nos puede gustar o no la teoría de las transiciones, podemos encontrar deficiencias o imprecisiones en la misma, pero si han de emplearse sus categorías para estudiar un caso concreto, ello debe hacerse correctamente. El sólo hecho de hablar de “transición” para referirse a un caso como el mexicano supone ya, se quiera o no, una cierta adhesión a este corpus teórico, o sea a sus premisas y categorías, por lo que usarlas arbitrariamente —como hace Aguayo— sólo puede conducir a distorsiones y abusos.

En lo personal, como lo he señalado en varias ocasiones, estoy muy lejos de comulgar con estos enfoques, pues me parecen muy deterministas y reduccionistas. Sin embargo, estoy convencido que bien empleados, o sea con conocimiento de causa, permiten una caracterización —que no interpretación— muy esclarecedora de nuestra realidad, una caracterización simple y llana, que nada tiene que ver con las interminables disputas políticas o ideológicas que la transición mexicana ha propiciado desde hace años y que Aguayo reedita innecesariamente con su nuevo libro. Más precisamente, el tema de la transición en México ha sido tan manoseado por todos (intelectuales, académicos, políticos, periodistas, analistas, etcétera), más con fines políticos que heurísticos, que ha terminado por ser uno de esos conceptos que significa todo y nada al mismo tiempo, por lo que se puede emplear para decir cuanta barbaridad se quiera. A ello ha contribuido no sólo la actualidad del tema, que por ese simple hecho suscita controversias, sino el total desconocimiento o el conocimiento superficial de la literatura politológica sobre el particular. Huelga decir que Aguayo cojea de ambos pies. Por una parte, quiere ofrecer una interpretación a modo de nuestro proceso de cambio para “demostrar” que estamos instalados actualmente en la “regresión autoritaria”, o sea que vivimos una “vuelta en U”, sobre todo a raíz del proceso electoral del 2006, cuya condición fraudulenta Aguayo da por hecho con argumentos tan endebles como insustanciales. Por otra parte, Aguayo no sólo exhibe ignorancia sobre la literatura politológica del cambio, pues en su elenco de autores están ausentes algunos de los más influyentes y decisivos, como Leonardo Morlino o Adam Pzeworski, sino que se atreve a mezclar en su “marco teórico” autores de tradiciones tan contradictorias como irreconciliables —como Juan Linz (partidario del individualismo metodológico) y Lucien Goldman (un marxista tan básico de los años setenta que sólo un incauto se atrevería a citar en la actualidad), o Guillermo O’Donnell (un funcionalista sistémico) y Hannah Arendt (una filósofa política neoaristotélica)—, en una suerte de eclecticismo forzado por imposible, lo cual es, justamente, lo que hay que evitar en cualquier investigación seria y responsable. Confeccionar un marco teórico no puede hacerse por ocurrencias, sino que es el momento en que el investigador serio no sólo muestra suficiencia en el manejo de toda la literatura de su tema sino que agota teóricamente todas las posibilidades para explicar su objeto, pues sólo así podrá discernir adecuadamente entre lo relevante de lo meramente contingente. En suma, parece que Aguayo ignora que si en las ciencias sociales todo se vale —como armar un “marco teórico” a modo— nada vale en ellas. En lo personal, prefiero desmarcarme abiertamente de las ciencias sociales, por sus muchas inconsistencias y simulaciones, que aferrarme a ellas para legitimar mi trabajo intelectual, como lo hacen Aguayo y la mayoría de mis colegas.

Sirvan estas premisas para recalcar que la “interpretación” (o sea, la lectura subjetiva, interesada y parcial) que Aguayo hace sobre la transición mexicana no tiene ningún sustento sólido ni ninguna veracidad. Ni “regresión” ni “vuelta en U”, ni “transición estancada”, etcétera. Repito, la caracterización de la transición mexicana no es una cuestión en disputa, sino un mero ejercicio descriptivo en el que, si todo se conduce correctamente, o sea en apego a las indicaciones y premisas propias de la teoría de las transiciones, no hay lugar a interpretaciones subjetivas o parciales. Dicho de otro modo, caracterizar el momento que vive nuestro país con las categorías de la transición no es un ejercicio relativista, donde todas las posiciones valen, pues si fuera el caso ninguna valdría. Estaríamos procediendo mal si asumiéramos a priori que cualquier interpretación sobre la transición mexicana es legítima por el simple hecho de que la realidad admite múltiples lecturas. Es incorrecto, pues el uso apropiado de la teoría de las transiciones, que no es otra cosa que el cúmulo de saberes existentes sobre dicho tema producto de miles de investigaciones empíricas, no admite digresiones de ningún tipo, es precisa, coherente e integral. Obviamente, esta observación (y la crítica que de ahí emana) sólo aplica si la interpretación en cuestión se dice deudora —como la de Aguayo— de la teoría de las transiciones y/o se mueve dentro de sus límites.

En suma, si Aguayo conociera medianamente la teoría de las transiciones y empleara adecuadamente sus conceptos, sabría que México no atraviesa por una regresión autoritaria o vuelta en U. Para empezar, México dejó atrás la transición cuando el PRI fue desplazado del poder por el PAN con la alternancia del 2000, pues la teoría indica que una transición democrática termina cuando desaparecen las estructuras de dominación centrales del viejo régimen autoritario, que en el caso de México fueron el presidencialismo omnímodo y el partido hegemónico. Por ello, seguir pensando a México en términos de “transición” no sólo es un error sino que entorpece el entendimiento del momento que realmente estamos viviendo. Por la vía de la alternancia la transición terminó y comenzó una nueva etapa —igualmente compleja que la etapa precedente pero que no debe ser confundida con ella, pues tiene su propia lógica y dinámica—, la etapa de “instauración democrática”. Dicha etapa supone básicamente la “destitución autoritaria”, o sea la neutralización y derogación de las viejas prácticas y leyes abiertamente autoritarias, amén de su deslegitimación social, y el rediseño institucional y normativo del nuevo régimen democrático, mediante una reforma integral a su Carta Magna. Dado que la instauración es un proceso, no está dicho que pueda durar indefinidamente o que presente avances y retrocesos. Si una instauración democrática es lenta y tortuosa, como la que vivimos en México después de la alternancia, no significa que estemos en una etapa regresiva sino en una que, en la medida que no se avance en las tareas de la instauración, presenta muchos riesgos, empezando por el colapso, o sea el derrumbe de lo poco o mucho que se ha conquistado hasta ahora. En esta perspectiva, a tono con la teoría de las transiciones, que nuestra democracia no mejore ni en lo electoral ni en eficacia ni en credibilidad, no significa que vivimos una “transición estancada”, como sostiene Aguayo, sino una “instauración estancada”. Asimismo, que el autoritarismo siga teniendo muchos anclajes en la nueva realidad democrática no significa que estemos atravesando por una “regresión autoritaria”, sino que tenemos una democracia incipiente y muy precaria. La precisión en este punto no es una cuestión baladí, pues de una adecuada caracterización depende el poder identificar mejor los desafíos que enfrentamos como país. Hoy las tareas por delante ya no son los de la transición (como derrocar al régimen autoritario), sino las de la instauración (como la Reforma del Estado). Podría poner muchos otros ejemplos, pero creo que con estos queda claro que la interpretación de Aguayo, amén de imprecisa, es irresponsable. Lejos de una regresión autoritaria, todo parece indicar que lo que tendremos en México es una larguísima instauración democrática, tan larga como la propia transición que la precedió, pues no existe en la clase política actual ni la voluntad ni las luces necesarias para entender la importancia del momento político en que le tocó ser protagonista. En todo caso, no es descabellado suponer que hay más posibilidades involutivas para el país en caso de que el PRI regrese a Los Pinos en el 2012 que en cualquier otro escenario, pues, en ausencia de reformas profundas al entramado normativo e institucional, necesarias para apuntalar nuestra maltrecha democracia, sus cuadros se montarían en lo que ya conocen perfectamente, por lo que bien podrían reeditar los viejos usos y costumbres, cuestión esta última que no deja de ser, lo admito, una mera especulación.

Además de esta deficiencia metodológica y conceptual de fondo, el libro de Aguayo está plagado de imprecisiones y ligerezas. Después de leerlo queda la duda sobre su verdadero propósito. Por momentos parece una crónica de hechos inconexos, por momentos un panegírico a favor de Andrés Manuel López Obrador, por momentos un recuento de cifras y datos inútiles, por momentos un manifiesto sobre el poder de las organizaciones no gubernamentales. En todo caso, me queda claro que es todo menos una investigación científica, pese a que obtuvo financiamientos millonarios por parte de universidades, fundaciones y organismos de apoyo a la ciencia, como el CONACYT, según se ufana su propio autor, lo cual, por los pobres resultados alcanzados, no dejar de ser deshonesto.

Buena parte del libro está destinado a definir los criterios que permiten establecer si una elección es fraudulenta o no, o sea “la intensidad e intencionalidad de las irregularidades”. Para ello, Aguayo examina las elecciones críticas de 1910, 1929, 1940 y 1952, y, en otros capítulos, las de 1988 y 2006, siendo ésta última la que más le preocupa al autor, pues está empeñado en demostrar que, empleando sus criterios de análisis, fueron elecciones fraudulentas. Para empezar, habría que recordarle a Aguayo que no sólo las elecciones que fueron impugnadas en su momento por los perdedores fueron fraudulentas, sino absolutamente todas las celebradas durante el viejo régimen. Por ello, lo importante no es, como insiste Aguayo, la “mecánica del fraude” sino las condiciones estructurales del fraude, o sea la naturaleza autoritaria del régimen posrevolucionario. Decir que unas elecciones son fraudulentas cuando el gobierno interviene con fondos públicos, cuando hay un control y manejo intencionado de la información, cuando hay una manipulación de la legislación electoral, etcétera, es irrelevante. Más aún, es impreciso, pues podría pensarse que en ausencia de esas variables sí se dieron elecciones correctas, lo cual no es cierto. Obviamente, ese no es el problema, sino la condición autoritaria del régimen priista, para el cual las elecciones eran tan sólo un mecanismo de legitimación diseñado a modo, o sea una simulación, donde la oposición no tenía ninguna posibilidad de disputar el poder al partido hegemónico. Por las mismas razones, extrapolar las variables del fraude propias de la era autoritaria para calificar las elecciones del 2006, o sea unas elecciones ciertamente controvertidas pero que ya tuvieron lugar en la era postautoritaria, es un auténtico disparate, pues son otras las condiciones y otras las variables que habría que documentar. Dicho de otro modo, lo que era relevante para calificar de fraudulentas unas elecciones en un régimen autoritario, elecciones que un conocido politólogo estadounidense llamó con buen tino “elecciones diferentes”, deja de serlo en unas elecciones en un régimen democrático. Que se desvíen fondos del erario para hacer proselitismo, que se manipule la información, o que se orqueste una campaña de denuesto en contra de un candidato, son asuntos menores, pues ocurren en todas las democracias y lo hacen todos los partidos. El problema aquí es más bien técnico, o sea si se contaron o no correctamente los votos. Con ello, no quiero minimizar el hecho de que nuestra legislación electoral vigente hace aguas por todas partes, por lo que más que proveer certidumbre alimenta la sospecha.

Otro problema grave del libro de Aguayo es la importancia que le confiere a ciertos hechos y la escasa atención que le presta a otros. Así, por ejemplo, Aguayo sostiene que la transición en México empezó con la reforma electoral de 1963, mientras que le concede poco peso a la de 1977. Ni al caso criticar una interpretación tan obtusa. Por su parte, sobre las elecciones de 1988 y sobre el salinato el libro de Aguayo no avanza ninguna hipótesis novedosa y sí comete varias impresiones. Para empezar, le concede a algunos intelectuales un peso decisivo en la apertura democrática del régimen al denunciar las irregularidades y exigir apego a la legalidad. Tal es el caso de ¡Héctor Aguilar Camín! Sí, el mismo que después se vendió a Salinas. Algo similar dice Aguayo de algunas organizaciones civiles, como Alianza Cívica, cuya participación en esos años es sobredimensionada por el autor, quien, casualmente, fue miembro activo de la misma. Como quiera que sea, Aguayo evade investigar los temas realmente cruciales para armar el rompecabezas de esos años: ¿por qué perdió el PRI en el 88 y por qué, con todo en contra, pudo imponerse fraudulentamente en esas elecciones? ¿Por qué Estados Unidos decidió apoyar al PRI de último momento si en los años previos fue criticado acremente por Washington? ¿Por qué no se concretó la alianza entre el PAN y el Frente Democrático en esos años? ¿Fue el salinato el sexenio más autoritario del viejo régimen y con qué costo para la democracia?, entre muchas otras preguntas clave.

Pero conforme el libro de Aguayo avanza al presente, las imprecisiones se multiplican. Decir que con la histórica alternancia del 2000 “culminan los esfuerzos y esperanzas de intelectuales, periodistas, líderes sociales, organizaciones cívicas, consejeros electorales y partidos políticos”, es como no decir nada, pues la verdad es que la gran mayoría de todos los actores enumerados por Aguayo fueron más bien cómplices del PRI y el viejo régimen hasta su caída más que sus detractores. Tal es el caso de la inmensa mayoría de los intelectuales vendidos, o de los periodistas medrosos y acomodaticios. Que algunas voces (muy pocas por cierto) hayan sido críticas y congruentes con una línea de independencia profesional e intelectual, no significa que la mayoría lo haya sido. Aquí Aguayo muestra una visión no sólo bastante condescendiente con sus colegas sino falsa. En cuanto a los consejeros electorales, Aguayo filtra la idea a todas luces imprecisa y tendenciosa según la cual la actuación del IFE en el 2000 fue “brillante” y la del 2006 decepcionante. Ya es hora de desmitificar el papel de aquel Consejo Electoral. La única diferencia entre éste y el del 2006 fueron 5 puntos de diferencias entre el primero y el segundo lugares. Dicho de otro modo, si la diferencia entre Fox y Labastida hubiera sido igual de estrecha a la de Calderón y López Obrador, la bomba les hubiera explotado igual, pues la legislación electoral era la misma y el perfil de los consejeros, también, o sea intelectuales oportunistas vinculados y de algún modo comprometidos con los partidos que los colocaron ahí. No cabe duda que a Aguayo le conviene reproducir los nuevos mitos de la historia oficial de la transición, pues él es uno de los beneficiados directos por ello.

Pero lo más débil del libro de Aguayo está por venir: el fraude del 2006 y el papel de las ONG’s. Sobre el primero, Aguayo recurre a todo lo que se le ocurre para demostrar que siempre existió un complot orquestado por muchos contra López Obrador para que éste no llegara a Los Pinos, como la campaña de denuesto en su contra que culminaría exitosamente con el famoso “Es un peligro para México”, la cual, supuestamente, generó un “pánico irracional” en el electorado. En suma, para Aguayo la campaña sucia contra el pobrecito de López Obrador fue la principal causante de su derrota electoral. El problema es que pensar así sólo puede hacerse en detrimento de los ciudadanos, o sea si se conciben como una masa inerte y dúctil fácilmente manipulable e incapaz de discernir por sí misma. Según esta interpretación, que López Obrador haya cometido errores garrafales durante su campaña o que ésta también haya sido bastante sucia, son asuntos irrelevantes, pues lo importante es el complot en su contra. En fin, aferrarse a ver las cosas en blanco y negro, diseccionar el mundo en buenos y malos es la mejor manera de ocultar la realidad, de simplificarla y poder justificar cualquier barbaridad. De ahí que a Aguayo le vengan bien las mismas categorías con las que evalúa el fraude en las elecciones de la era autoritaria para evaluar las del 2006. Pero volviendo a la cuestión de los ciudadanos, Aguayo critica las campañas sucias porque no respetan los hechos y no evitan la difamación, por lo que no comparte la opinión de quienes —me incluyo— defendemos a ultranza la libertad de expresión. Cómo hacerle entender a Aguayo que sin libertad de expresión absoluta e irrestricta simplemente no hay democracia y que si la ley electoral o cualquier otra posibilitan el más mínimo rescoldo de censura se trata de leyes antidemocráticas, una violación a los derechos más elementales de los seres humanos. No hay manera.

Pero la cuestión de fondo para quienes se aferran a “limpiar” la política profesional, cosa que de entrada es imposible, es asumir que dicho despropósito supone despreciar a los ciudadanos. En efecto, defender una ley electoral que prohíba las campañas negativas es creer que la sociedad es menor de edad, que los ciudadanos son incapaces de valerse por sí mismos. La pregunta es inevitable: ¿cómo alguien que dice defender a la sociedad civil puede al mismo tiempo despreciarla tanto? La respuesta está en el último capítulo, que según reza su título constituye una “guía para reactivar la democracia”. ¡Lo que nos faltaba!

En principio, Aguayo distingue entre ciudadanos conscientes y ciudadanos no conscientes. Sólo son conscientes los que participan en organizaciones civiles, porque buscan “modificar de raíz las causas estructurales de problemas específicos” y son los únicos ciudadanos inconformes, o sea todos los que no estamos en una ONG no somos conscientes ni estamos inconformes. Más aún, en el colmo de la insensatez, Aguayo dice que él sólo escribe para los ciudadanos conscientes. He aquí al “demócrata” Aguayo de cuerpo entero. ¿Hay que decir más? No, pero lo que sigue me divierte mucho. Según Aguayo, México es “un país machista, autoritario y racista”, en el que muy pocos buscan hacer algo para los demás, por lo que es muy meritoria la labor desinteresada y comprometida de las organizaciones civiles. De ahí, las simplificaciones caminan solas. Aguayo trata de demostrar que las organizaciones civiles fueron las auténticas protagonistas de la transición (sobre todo aquellas en las que él participó, faltaba más), y que la sociedad en general les debe mucho. A lo que le pregunto, ¿no será al revés? En México, la democracia es ante todo una conquista de la sociedad en su conjunto más que de organizaciones sociales “conscientes”, pues nadie se siente representado en ellas. En México el cambio se fraguó en las urnas. Que algunas ONG’s hayan tenido una participación activa por la defensa del voto y la democratización del país, no cambia las cosas ni admite simplificaciones absurdas como las que hace Aguayo. En pocas palabras, para nuestro autor la única sociedad que cuenta es la que participa en organizaciones civiles. Pero ahí no termina la cosa. Según Aguayo, sólo las organizaciones civiles pueden sacar a México del actual atolladero, por lo que recomienda que cada vez más ciudadanos se embarquen en el activismo social, siempre y cuando sigan el decálogo del activista social que él generosamente nos proporciona: tener clara la causa (el relato) por la que van a luchar; asesorarse con académicos informados y críticos; difundir la causa por todos los medios posibles; hacerse de recursos (que estos provengan de partidos o de funcionarios es pecata minuta, pues lo importante es la causa no la congruencia); relacionarse con la élite política; conectarse con redes sociales; etcétera. Con este elenco de acciones, Aguayo termina desnudando, sin proponérselo, a las ONG’s en todas sus contradicciones. No por casualidad la percepción que de manera dominante se tiene de ellas es poco favorable, sobre todo de las más consolidadas en presencia y proyección. Así, por ejemplo, se piensa de ellas que: son excluyentes y selectivas; se abrogan una representatividad social que nadie les ha dado; participar en ellas se ha vuelto un modus vivendi para sus miembros, en ocasiones muy rentable; no son congruentes, pues pueden pactar con cualquiera con tal de allegarse de recursos; con frecuencia subordinan sus causas sociales al bienestar de sus integrantes; se dejan cooptar con facilidad por partidos y funcionarios; son el trampolín para que algunos de sus miembros asciendan en la academia o la política; etcétera.

Aguayo no sólo se engaña a sí mismo sino que quiere engañar a los demás. No, señor Aguayo, los verdaderos héroes de este país somos los ciudadanos, los que seguimos creyendo que puede haber un México mejor, los que llevamos todos los días a nuestros hijos a la escuela, los que sobrevivimos con salarios de hambre y llevamos una vida digna, los que trabajamos de manera honrada todos los días, los que protestamos por la carestía de la vida, los que vamos al futbol los domingos para evadir nuestra tragedia cotidiana, los que seguimos yendo a las urnas a votar pese a la ruindad de nuestros políticos y partidos, los que queremos un país con paz antes que un país incendiado, los que asistimos a la basílica…, que participemos o no en una organización civil es francamente irrelevante. Nuestro activismo lo ejercemos todos los días, en la casa, en la fábrica, en la plaza pública, en las urnas, en la escuela, en el facebook, etcétera. Las conquistas democráticas son en primerísimo lugar nuestras, no de intelectuales vendidos, no de periodistas repetidores de la cochambre, no de políticos oportunistas y mesiánicos, no de organizaciones que supuestamente monopolizan la conciencia y la inconformidad sociales. No nos desprecie ni nos ningunee más, que de eso ya estamos hartos. Que el país esté secuestrado por una casta política voraz e inescrupulosa no nos hace cómplices sino víctimas. En los hechos, nadie ha estado a la altura de nosotros los ciudadanos, ni los políticos ni los partidos, ni los intelectuales ni los periodistas, ni las organizaciones sociales. Deje de mentir.

En suma, el libro de Aguayo es un auténtico galimatías. Como estudio científico no tiene nada, como ensayo le falta originalidad y estilo, como crónica de hechos le falta prosa y fluidez, y como panfleto pejista le falta enjundia e inteligencia. Por fortuna para él y para todos, este científico y activista social escribe pocos libros. En efecto, siempre será mejor compilar almanaques y bibliografías, cosa que hace muy bien, que pasear innecesariamente la estulticia.

Desde que se publicó mi libro La muerte de la ciencia política a fines de 2008 en su edición argentina, después de ser reconocido con el Premio de Ensayo La Nación/Sudamericana, ha sido objeto de innumerables comentarios y observaciones, mismos que me permiten ahora, en ocasión de la aparición de la edición mexicana, precisar con más detalle mi argumento central, o sea la tesis de la muerte de la ciencia política. La mayoría de las inquietudes suscitadas hasta ahora por mi ensayo encajan en alguna de las siguientes interrogantes: a) ¿por qué me refiero a la ciencia política en general o sin hacer mayores especificaciones, siendo que el punto de partida de mis reflexiones es la ciencia política estadounidense?; b) ¿no es “exagerado” o “prematuro” decretar la muerte de la ciencia política, aún reconociendo sus muchas limitaciones?; c) ¿si la ciencia política debe morir para renacer con una nueva aptitud, qué debe mandar a retiro y qué puede recuperarse?; y d) ¿acaso no hay nada digno de rescatarse de la ciencia política en sus versiones más cuantitativas y formalistas? Con el mejor ánimo de proseguir con el debate, reacciono a continuación a estas inquietudes y de paso ofrezco nuevas claves para incursionar en la lectura del presente libro.

¿Ciencia política estadounidense o ciencia política en general?

Si bien es cierto que el punto de partida de mis reflexiones sobre la muerte de la ciencia política es la disciplina tal y como ha venido configurándose en Estados Unidos en las últimas décadas, o sea una ciencia que, parafraseando a Giovanni Sartori (2004), “a fuerza de abrazarse al método cuantitativo y lógico-deductivo ha acabado elaborando un discurso superficial e intrascendente”, en ningún momento he querido circunscribir mi argumento a la ciencia política estadounidense. Lejos de ello, asumiendo que la ciencia no tiene (o no debería tener) nacionalidad, mi crítica se dirige más bien a la disciplina en general, aunque sería absurdo no reconocer que los desarrollos alcanzados por la ciencia política en Estados Unidos son casi siempre los que marcan la pauta en todas partes. No es extraño que así sea, pues la ciencia política tal y como la conocemos en la actualidad tuvo sus primeros impulsos en este país a mediados del siglo pasado (gracias, entre otras cosas, a la incorporación en la academia estadounidense de algunas de las mentes más brillantes de la época, provenientes de varios países, y que encontraron en Estados Unidos un terreno propicio para proseguir con sus investigaciones, cuestión que de entrada abona a la idea de la universalidad de la ciencia). Además, tan sólo Estados Unidos concentra en sus universidades al 80 por ciento de los politólogos en activo de todo el mundo, cifra más que elocuente para pensar en una suerte de imperialismo estadounidense de la disciplina. Es obvio entonces, que lo que ahí se genera termina “contaminando” al resto de los cultivadores de la ciencia política en el mundo. Digamos pues, que la ciencia política estadounidense, para bien o para mal, marca la pauta dominante, y toca a los politólogos de otros países sumarse o no, o sea estar a la vanguardia o relegarse, aunque aquí lo vanguardista no necesariamente sea algo valioso per se, ni mantenerse a la zaga, algo deplorable.

Por otra parte, lo cual representa una novedad de mi estudio respecto a otros igualmente críticos de la ciencia política dominante (como los de Ricci, 1985; Zolo, 1989 y Sartori, 2004), mis cuestionamientos a la disciplina no se dirigen exclusivamente a los métodos y enfoques que hoy concitan mayores adeptos, como el cuantitativismo, la elección racional o la teoría de juegos, sino a todos sin excepción, independientemente del mayor o menor peso o influencia que tengan en la actualidad en el seno de la disciplina, o sea que nunca me propuse descalificar a algunas perspectivas en particular con el objetivo no declarado de revalorar a otras, sino que el objeto de mi crítica es la ciencia política actual en toda su diversidad. Así, por ejemplo, dedico un capítulo completo a mostrar las inconsistencias de los enfoques que durante muchos años ocuparon el lugar de privilegio que hoy mantienen los enfoques cuantitativistas y formalistas, como las teorías funcionalista, desarrollista y sistémica (capítulo 3), mientras que en otro analizo las limitaciones de los enfoques institucionalistas y neoinstitucionalistas, en sus múltiples vertientes (capítulo 4). A las primeras, les reprocho su esquematismo, determinismo y simplismo; las concibo como una enésima versión formalista para aproximarse a lo político, tan o más reduccionista que los propios análisis económicos o racionalistas de la política que hoy predominan. A los segundos, les recrimino su injustificado énfasis en cuestiones estructuralistas y organizacionales en detrimento de cuestiones de orden estrictamente simbólico y cultural. Simultáneamente con ello, critico a la política comparada, deudora teóricamente de esos mismos enfoques, por el tipo de generalizaciones que produce, atrapadas por la exigencia más de medir y contrastar realidades que de pensarlas a profundidad. Pero mi principal crítica a la ciencia política en general es de índole conceptual: su entendimiento de la política como una actividad enclavada en el ámbito institucional más que como una parte constitutiva de lo social y que le da sentido y significado a la vida en común. En suma, más que concentrarme en la ciencia política estadounidense, examino a la disciplina en general, mediante un enfoque que he denominado “historia interna”, o sea incursionar en la génesis y evolución conceptual de la disciplina.

Pero aún reconociendo que la ciencia política asume derroteros distintos y particulares en cada país, la constatación de estas diferencias abona más a la tesis de la muerte de la disciplina en todas partes que a restarle fuerza. Me explico, si la ciencia política que mayoritariamente se practica en Estados Unidos parece haber llegado a un callejón sin salida por sus excesos cientificistas y formalistas, la que se practica en otros países suele ser peor por otras razones: o bien porque sus cultivadores terminan haciendo casi siempre malas copias de lo que hacen sus pares estadounidenses, o porque, en el intento de ser originales y no dejarse influenciar por las corrientes dominantes, se vuelven parroquiales y endogámicos, o bien porque la disciplina no se ha desarrollado plenamente y sigue casada con paradigmas rebasados o claramente acientíficos. Pongamos el caso de la ciencia política en México. Para empezar, no existe aquí una tradición consolidada de investigación especializada. La inmensa mayoría de las carreras y posgrados de ciencia política del país (y quienes ingresan a ellos) están orientados al ejercicio profesional en la administración pública, por lo que predomina la investigación aplicada (si se le puede llamar así a las asesorías y consultorías) sobre la investigación pura, con la consecuencia de que la mayoría de los politólogos terminan siendo burócratas o “asesores” o “consultores”, deambulando de oficina en oficina, acomodándose a lo que venga y exhibiendo sus muchas carencias teóricas y reflexivas. En segundo lugar, por lo que respecta al ámbito académico, resulta prácticamente imposible, salvo muy contadas excepciones, encontrar investigaciones de ciencia política rigurosas y sistemáticas de acuerdo a los criterios mínimos indispensables fijados por el método científico en cualquiera de sus vertientes. Lejos de ello, abundan los trabajos exploratorios y especulativos sobre diversos tópicos políticos, muy “eclécticos” en el empleo de métodos de control, barnizados de un lenguaje presuntamente científico, llenos de citas y referencias, pero que no tienen nada de científicos. Obviamente, no me refiero a la rica tradición de ensayística política que ha dado a México notoriedad mundial, gracias a escritores como Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Daniel Cosío Villegas, Octavio Paz, Gabriel Zaid, Roger Bartra, entre muchos otros, sino a las investigaciones especializadas que se hacen pasar por científicas pero que no cumplen con los criterios de cientificidad más elementales. En suma, más que ciencia política, lo que casi todos los politólogos mexicanos hacen es un simulacro de ciencia política, cosa que nadie pone en cuestión porque todos hacen lo mismo, amén de que el debate y la confrontación intelectual brillan por su ausencia. Hay muchas razones que explican esta deficiencia, desde la pesada herencia marxista que vacunó a varias generaciones de científicos sociales locales del virus positivista o empiricista, hasta la mala formación metodológica que se imparte en las aulas universitarias. Y el problema no es que estas “investigaciones” aporten poco o mucho para entender mejor la realidad que analizan, sino que se ostentan como científicas sin serlo, lo cual no deja de ser un engaño y una simulación, razón de más para enterrarlas también en el mismo cementerio. Los ejemplos de este proceder son innumerables, pero los interesados sólo tienen que hurgar un poco en la sección de ciencia política de cualquier librería o biblioteca para constatarlo personalmente. Me temo por lo demás que algo similar puede decirse de la ciencia política que se practica en el resto de Iberoamérica.

Pero en México también existen los politólogos adoradores del dato duro y los métodos cuantitativos y lógico-deductivos que miran con embeleso hacia Estados Unidos. Y si bien son una minoría enclaustrada en un par de instituciones de elite, como son el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) y el ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México), se creen superiores al resto de los politólogos porque imitan a sus pares estadounidenses y aparentan codearse con ellos; porque estudiaron sus doctorados en las universidades de Virginia o de North Carolina; porque publican en revistas en inglés, aunque nadie las lea en México, a no ser ellos mismos, en un soliloquio de vanidades, porque se citan profusamente entre ellos… El resultado es la importación acrítica de los vicios de la academia estadounidense, como el fetichismo con los métodos formales y estadísticos, la especialización en temas cada vez más irrelevantes y que nada tienen que ver con los grandes problemas nacionales, la descalificación por sistema de todo lo que no cumple con sus propios estándares metodológicos. Es obvio que su afán imitador les impide reconocer las desventajas de proceder así. Copiar patrones no es, necesariamente, una buena idea. Por el contrario, como señala el politólogo estadounidense Phillipe Schmitter (2002), en las periferias la estrategia más exitosa no es la simple imitación sino la especialización en aquello que se hace mejor, “especialmente cuando la comunidad de politólogos es relativamente pequeña y por lo tanto sus productos de ‘nicho’ no amenazan el status o la tajada de mercado del productor hegemónico”. O como diría el politólogo José Antonio Aguilar Rivera (2009): “Hallarse en los márgenes debería significar una mayor oportunidad para la innovación, la experimentación y la diversidad. La tiranía del mercado no siempre es positiva. Sin embargo, en los enclaves lo que reina es un espíritu de conformidad. Imitar es lo que proporciona status. El problema es que al proceder de esta manera corremos el riesgo de adoptar, como criterios infalibles, meras modas teóricas provincianas que pueden resultar irrelevantes al final del día”.

Pero las simulaciones no terminan ahí. En un país donde muchos se dejan deslumbrar por la grandeza de su vecino del Norte, estos politólogos científicamente “duros” saben explotar muy bien sus credenciales académicas y sus escarceos con la ciencia política estadounidense para encumbrase en la administración pública o el gobierno, ya sea como asesores, consejeros electorales o funcionarios, con lo que abandonan en la práctica el quehacer científico. Huelga decir que si este es el destino natural de los politólogos puros en México, los politólogos de vanguardia, la ciencia política no sólo pervierte su objetivo primario, o sea contribuir al entendimiento de los fenómenos políticos mediante la investigación especializada, sino que se convierte en una mera “técnica” al servicio del poder. No es que la ciencia política no pueda tener aplicaciones prácticas o deba precaverse de tenerlas, ya sea en la administración pública o en la política profesional, el problema es que se instrumentalice a conveniencia para que ciertos politólogos se erijan en los “expertos” por moverse, precisamente, en las corrientes o paradigmas supuestamente más avanzadas de la disciplina. A la hoguera pues, también ellos, por malos imitadores y por pusilánimes.

No puedo hacer aquí un análisis de lo que acontece en otros países y continentes, pero presumo que en todas partes se reproducen situaciones similares a la descrita para la ciencia política en México. Quizá en algunos países, en un intento por poner reparos a las modas foráneas, el resultado más visible sea cierto provincialismo o ensimismamiento en su producción politológica. En otros, la carrera por mantenerse en la vanguardia ha llevado a los cultivadores de la disciplina a los caminos de la hiperespecialización y la banalidad. Puede ser incluso que en algunos países existan escuelas y tradiciones propias de pensamiento politológico consolidadas así como un cierto celo por mantenerlas vivas, y que hayan realizado algunas contribuciones a la ciencia política universal (pienso sobre todo en las escuelas de política comparada en Italia y Francia), pero no dejan de ser islas minúsculas en el inmenso océano de la conformidad. El hecho es que hay una tendencia dominante en la ciencia política que marca la pauta, razón por la cual mi tesis sobre la muerte de la disciplina aplica por igual en todas partes.

¿Muerte o esclerosis de la ciencia política?

Para los fines de mi ensayo, hablar de la “muerte” de la ciencia política no es “exagerado” o “prematuro”, es simplemente una derivación lógica de mi argumentación. Obviamente, no me refiero al nivel de institucionalización alcanzado por la disciplina en todas partes (creación de programas universitarios, producción de libros y revistas especializadas, fundación de asociaciones y organizaciones profesionales, celebración de simposia y congresos, etcétera), pues si éste fuera el caso la conclusión sería que la ciencia política no sólo goza de cabal salud sino que conoce los desarrollos más sorprendentes si se compara con lo alcanzado por el resto de las ciencias sociales. Mi tesis más bien se refiere a los saberes dominantes que produce la disciplina y que, como explico profusamente en el libro, resultan insustanciales o insuficientes para dar cuenta de la complejidad de la política, debido sobre todo a la hegemonía que hoy mantienen los métodos cuantitativos y formalistas. En ese sentido, sostengo, si la ciencia política aspira realmente a ofrecer mejores y más completas explicaciones sobre los grandes temas de la política y superar así el hiperfactualismo y la trivialización al que la han condenado la tiranía del dato duro y los enfoques matemáticos, la disciplina deberá perecer tal y como la conocemos ahora para renacer en algo completamente distinto, en una ciencia menos contaminada de cientificidad y más sensible a la propia experiencia, o sea a la vida política, una disciplina menos constreñida por el método y más abierta al pensamiento, una disciplina menos obsesionada con la medición y la demostración y más porosa a la imaginación y la interrogación, una disciplina menos ceñida al dato duro y más predispuesta a captar lo simbólico. Para entendernos mejor, lo que propongo en última instancia es —para utilizar una expresión tan cara a los postestructuralistas y, para ser honestos, lejana a mis afinidades—, “deconstruir” la ciencia política, o sea desmontarla tal y como la conocemos para volverla a armar con otros supuestos totalmente distintos a los precedentes. Obviamente, se trata de un ejercicio intelectual que exige una buena dosis de imaginación, pero el esfuerzo bien vale la pena si aspiramos a sustraer a la ciencia política de su actual languidez e inutilidad.

Pero ya sea que hablemos de muerte, metamorfosis o deconstrucción, el propósito es el mismo: restituir a la ciencia política de espesor y densidad, volverla de nuevo una ciencia para la sociedad más que para iniciados, una ciencia que al reinsertar los grandes temas de la política entre sus preocupaciones contribuya a mejorar la vida de los pueblos y las naciones. En suma, sostengo, el verdadero desafío para quien se ocupa de desentrañar los asuntos políticos es pensar la política más que medirla.

Entiendo que una tesis como ésta incomode a los puristas de la disciplina o resulte chocante a los politólogos que aspiran a destacarse de quienes sólo opinan de los asuntos políticos sin rigor ni método, por lo que será despachada sin mayor consideración. Entiendo también que el argumento puede resultar inverosímil a primera vista, sobre todo si se tienen presentes los sorprendentes desarrollos institucionales de la disciplina en todas partes. Pero estoy dispuesto a defenderla por el bien de la disciplina en la que me formé. Que quede claro, hablar de la muerte de la ciencia política no es un mero recurso lingüístico o metafórico, ni una ardid consistente en tensar un argumento para propiciar una reacción. Por el contrario, ninguna expresión describe mejor que ésta la situación real de la disciplina, aunque sus propios cultivadores se nieguen a reconocerlo o reaccionen en contra con virulencia. Hay incluso quien ha criticado mi tesis poniendo como ejemplo el más reciente Congreso Mundial de Ciencia Política, celebrado en Chile en 2009, y que convocó a más de 3 mil politólogos de todo el mundo, en una clara muestra de la vitalidad de la disciplina. A lo que respondo: si la ciencia política está muerta como sostengo, la mayoría de quienes asisten a sus congresos caminan de muertito, navegan con la corriente dominante, aceptando a pie juntillas lo que los nuevos mandarines de la disciplina les venden, incapaces de poner en duda sus débiles e insustanciales contribuciones, deslumbrados por el oropel y los espejitos, repitiendo la cochambre. Solo los más perspicaces estarían dispuestos a aceptar que la ciencia política le ha dado la espalda a la vida, es decir a la experiencia política, y que, desconectada de la vida social y cultural de los pueblos, colonizada por métodos propios de otras disciplinas, ahogada por el dato duro y encorsetada por la hiperespecialización, huele a mortaja. Y aquí no caben atenuantes de ningún tipo, como suponer que los problemas de la ciencia política se deben más a su juventud que a cualquier otra cosa, por lo que habría que darle tiempo para madurar antes de desahuciarla, pues en realidad esta disciplina nació vieja, afectada de un mal congénito: suponer que lo político se puede aislar de lo social con el objetivo de estudiarlo científicamente, siendo que lo político, como explico en el libro, es el lugar decisivo de la existencia humana, el horizonte mismo de sentido de lo social, una actividad inseparable de la compleja trama de relaciones y vivencias que conforman la experiencia social.

¿Qué sí y qué no en el renacimiento de la ciencia política?

Según mi tesis, desarrollada a lo largo de la segunda parte del libro (“La ciencia política más allá de sus límites”), para superar el escollo en que se encuentra, la ciencia política no sólo debe relacionarse con otros saberes o perspectivas hasta ahora desdeñadas por el paradigma cientificista dominante, como pueden ser la filosofía, la filosofía política, el derecho, la historia de las ideas, la literatura, etcétera, sino que debe de algún modo fusionarse con ellas. En eso consiste precisamente, la metamorfosis que propongo. El diálogo o el contacto entre disciplinas resulta insustancial si la ciencia política no está dispuesta a “debilitar” (en su acepción posmoderna) los fundamentos empiricistas y formalistas que hoy la constriñen. En vista de esta limitante, lo que propongo es ir del objeto al método y no al revés, o sea que sean los temas o asuntos políticos a tratar los que marquen libremente la perspectiva metodológica y teórica a adoptar, la cual puede ser tan abierta, heterogénea y versátil como el objeto lo requiera, en lugar de que los temas estén determinados a priori por las preferencias y exigencias metodológicas en las que nos movamos. De lo que se trata entonces, es que la ciencia política se desborde hacia otros saberes y sea invadida por otras miradas y enfoques, en la perspectiva de ofrecer mejores respuestas a las grandes interrogantes que hoy nos coloca la complejidad política. En el intento, no hay más límite que la propia búsqueda de respuestas a las incógnitas que nos formulemos. Así, por ejemplo, puede darse el caso que nuestra búsqueda nos lleve a la literatura o al cine, las cuales encierran con frecuencia más sabiduría política que otras miradas más científicamente orientadas. Quizá por ello, mi propuesta resulte transgresiva a los ojos de muchos. Pero esto, por las razones expuestas, es más una virtud que un defecto.

Más específicamente, propongo en el libro (capítulos 7-10 y Conclusiones) cuatro vías para que la ciencia política renazca bajo nuevos supuestos y criterios, mucho más prometedores que los existentes actualmente: a) volver a los clásicos, o sea remplazar la cerrazón que la ciencia política dominante ha promovido en la práctica hacia los clásicos del pensamiento político por una actitud más receptiva hacia sus muchas enseñanzas b) revalorar la dimensión simbólica de la política, es decir los imaginarios sociales que dotan de sentidos y significados fuertes a la vida en común, a partir de reconocer la capacidad instituyente de lo social y su centralidad política en la configuración de los espacios públicos; c) desbordarse hacia otros saberes y nutrirse de otras disciplinas sin mayor limite que la búsqueda de mejores y más consistentes explicaciones sobre los asuntos que nos interesan; y d) ponderar sin prejuicios las distintas perspectivas teóricas que se han ocupado del objeto que estamos estudiando, a manera de un sobrevuelo de carácter metapolítico (o sea una teoría de la teoría política), que nos permita agotar teóricamente nuestro tema en todas sus posibilidades, antes de proceder con la indagación más empírica.

¿Qué podemos rescatar de los enfoques dominantes?

En ningún momento en mi ensayo me abrogo la exclusividad en lo que a la crítica a los enfoques cuantitativos y formalistas dominantes en la ciencia política se refiere. Si acaso aporto nuevos elementos para fundamentar dicho posicionamiento, sobre todo en los capítulos 2 y 5. De hecho, la principal crítica ni siquiera proviene de observadores externos a la ciencia política estadounidense, sino de la propia comunidad politológica local, empezando por el profesor de la Universidad de Columbia Giovanni Sartori (2004), hasta politólogos muy reconocidos como Robert Putnam y Theda Skocpol, ambos expresidentes de la American Political Science Association, quienes, en ocasión del 21° Congreso Internacional de Ciencia Política (Santiago, Chile, 2009), han exhortado a sus colegas a no mantenerse al margen de las grandes cuestiones políticas (“the big questions”). De hecho, hoy existe en Estados Unidos una percepción mucho más extendida de lo que yo mismo suponía sobre la inutilidad de la ciencia política tal y como se ha venido configurando en los últimos años. Resulta revelador que, por ejemplo, el senador republicano Tom Coburn propusiera recientemente que la National Science Foundation dejara de apoyar con recursos federales a los proyectos de investigación de ciencia política, con el argumento de que son “muy onerosos e inútiles”. Obviamente, las reacciones por parte de la comunidad politológica en defensa de su disciplina no se hicieron esperar, incluidos renombrados politólogos como Elinor Ostrom, reciente ganadora del premio Nobel de ¡Economía!, mas la duda ya estaba sembrada (The New York Times, 18 de octubre de 2009). Pero la crítica más demoledora proviene de un movimiento “rebelde” en el seno de la propia ciencia política estadounidense y que ha alcanzado gran notoriedad: el movimiento de los autodenominados “Perestroika”, cuya historia es muy peculiar y curiosa. Resulta que en el 2000 se envió por correo electrónico a cientos de politólogos estadounidenses un manifiesto en contra de la American Political Science Association y de su revista insignia, The American Political Sciencie Review, por promover y fomentar una perspectiva de la ciencia política centrada exclusivamente en métodos estadísticos y matemáticos, y por relegar otras perspectivas más sensibles a cuestiones históricas y culturales. Para sorpresa de los “instigadores”, el manifiesto motivó múltiples reacciones y cientos de adeptos, según da cuenta el interesante libro: Perestroika! The Raucous Rebellion in Political Science (Monroe, 2005), que reúne las opiniones de más de cincuenta politólogos estadounidenses partidarios de iniciar cuanto antes una revuelta en su disciplina. Es de destacar que en la lista figuran politólogos de gran renombre como Theodore J. Lowi, Ian Shapiro y David D. Laitin, entre otros. En todo caso, lo que estas anécdotas ponen de manifiesto es que hoy existe en Estados Unidos un clima más favorable para renovar a la ciencia política que el que yo mismo presuponía cuando escribí mi libro, entre otras cosas porque ignoraba la existencia del movimiento Perestroika.

Como quiera que sea, los politólogos “duros”, partidarios de los métodos matemáticos y estadísticos, comienzan a ser cuestionados por sus propios colegas. Y en honor a la verdad, yo no tengo nada en contra de su empleo, siempre y cuando se conciban como un complemento para controlar nuestras hipótesis y no el eje o la razón de ser de toda la investigación, frontera que suele diluirse en la práctica con mucha frecuencia. En consecuencia, estoy en contra de la tiranía del método, cualquier método, pero sobre todo de los cuantitativos y formalistas, en cuyo nombre sus partidarios absolutizan el saber. Estoy en contra del hiperfactualismo y la hiperespecialización, por cuanto conducen a la irrelevancia y la parcialización. Estoy en contra de subsumir a la ciencia política en la economía bajo la premisa de que toda actividad política admite ser reducida a esquemas lógico deductivos, como los del homo economicus de la elección racional o la teoría de juegos, o a cálculos matemáticos asépticos. En suma, si la ciencia política aspira a trascender el nivel de superficialidad que acusa actualmente, debido a los métodos cuantitativos y formalistas que le han hecho perder de vista la complejidad de lo social, debe corregir la miopía de sus supuestos metodológicos, o sea incorporar en su seno la experiencia de la filosofía política y nutrirse de otras disciplinas —las artes, la literatura— que le aporten sustento y le permitan una lectura social centrada en el ciudadano y no en la estadística.

*   *   *

No quisiera dejar pasar la oportunidad para agradecer al jurado que decidió otorgar al presente libro el Premio de Ensayo La Nación/Sudamericana 2008. A Natalio Botana, el politólogo más importante de Argentina, colega admirado y de cuyas obras he aprendido mucho; Guillermo Jaim Etcheverry, científico de renombre; Santiago Kovadloff, autor prolífico y traductor preciso (gracias por traducirnos a Pessoa, cuyo Libro del desasosiego ha sido una obsesión para mí); Bartolomé de Vedia, colega periodista y científico social, cuyas “Paradojas” son auténticas lecciones filosóficas, y para Paula Viale, incansable y profesional editora. En verdad me honra que todos ustedes hayan, primero, leído mi ensayo, y segundo, que lo hayan encontrado merecedor de un premio.

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